OECD: Perspectivas económicas de América Latina 2015 – PERÚ

Tendencias recientes en educación

Perú dedica un 2.8% de su PIB a la educación, situándose como uno de los países de la región con un nivel de gasto proporcionalmente más bajo en este rubro.

Perú se acerca a los niveles de cobertura de la OCDE en pre-primaria y primaria, con un avance significativo en pre-primaria pasando del 58% al 74% de la población entre 2000 y 2012. En todos los niveles de educación, la cobertura supera los promedios regionales. Sin embargo, la tasa de supervivencia en primaria se sitúa en el 74%, 11 puntos porcentuales por debajo del promedio regional, brecha que se cierra en educación secundaria inferior. La esperanza de vida escolar se acerca al promedio regional y la brecha con la OCDE es de casi cuatro años de escolaridad.

La igualdad en el acceso supera los promedios regionales en todos los niveles y para los diferentes quintiles de ingresos. Esto se observa en particular en el alto acceso a secundaria del quintil más desfavorecido, que con un 72% supera en 16 puntos la media regional. Igualmente, sE observa una destacable igualdad de acceso por género a todos los niveles educativos.

En cuanto a calidad y desempeño, de las 65 economías participantes en PISA 2012, Perú obtuvo el más bajo resultado en el examen de matemáticas. Esto encierra además importantes desigualdades: el diferencial de resultados entre los estudiantes de más bajos recursos y los más favorecidos equivale a 2.5 años de educación (103 puntos). Al diferenciar por el idioma usado en el hogar, el desempeño de los estudiantes quechua es inferior al de los hispanohablantes (con una brecha equivalente a más de dos años de escolaridad; ver gráfico en el link de abajo) y no se explica por el estatus socioeconómico de estos estudiantes.

Políticas recientes en educación

Para mejorar la calidad del sistema educativo, en 2012 el gobierno promulgó la Ley de Reforma Magisterial que revaloriza la carrera docente estableciendo un único marco normativo con un sistema meritocrático para regir la carrera de los docentes a través de procesos evaluativos públicos y transparentes.

Los logros reportados en la educación pre-primaria, principalmente en zonas rurales, están vinculados a la implementación de programas integrales de primera infancia. Estos programas buscan alcanzar en 2016 la cobertura total en los distritos beneficiarios del programa de transferencias condicionadas Juntos y el 86% para el ámbito nacional. Este esfuerzo no solo ha implicado elevar el financiamiento público para dotar de infraestructura y equipamiento a las escuelas atendidas, sino también implementar criterios de educación intercultural bilingüe y mecanismos de acompañamiento pedagógico.

El gobierno está contemplando planes de infraestructura para extender la jornada horaria completa en secundaria hacia el 2021. Asimismo, se trabaja en una política nacional para la enseñanza del inglés y la reintroducción de la educación física en el sistema educativo público.

Para reducir la brecha de infraestructura, el gobierno lanzó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) para mejorar la planificación y ejecución de las obras públicas de manera concertada entre los diversos niveles de gobierno y fomentar la participación privada.

Finalmente, la reciente Ley Universitaria establece la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que supervisará la calidad de la educación, fiscalizará el uso de sus recursos y se encargará de autorizar o denegar la creación de nuevas universidades. Asimismo, se reformará el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, para ajustar los procesos de acreditación.

Para apoyar estas iniciativas, el gobierno se comprometió a incrementar el presupuesto del sector en un 0.5% del PIB por año para alcanzar una cifra del 6% en 2021.

En: keepek

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Suecia es el primer estado de la UE que reconoce a Palestina como Estado independiente

El Gobierno de Suecia ha decidido este jueves reconocer a Palestina como estado independiente como un «acto de responsabilidad» destinado a impulsar el proceso de paz en Oriente Medio, según ha señalado la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström. Suecia se convierte en el primer Estado de la UE en dar este paso. Israel ha llamado a consulta a su embajador en Suecia. Mientras que la UE señala que reconocerá Palestina cuando sea conveniente.

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El Gobierno sueco ha reconocido oficialmente este jueves al Estado palestino, tal como había anunciado que haría tras la victoria socialdemócrata en las elecciones.

“Con esta decisión, queremos llevar una nueva dinámica al estancado proceso de paz”, ha destacado la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallstrom, en declaraciones a los periodistas. El mero anuncio ya había generado críticas desde el Gobierno de Israel, aunque Wallstrom ha dicho que el país nórdico no toma partido en el conflicto.

Suecia, que aspira a abrir la vía del reconocimiento a Palestina en la UE –es el primer país del bloque en dar este paso–, enmarca esta decisión en un “momento crítico”.

Wallstrom ha afirmado que quieren dar un gesto de apoyo a las facciones palestinas moderadas, para que puedan avanzar hacia un estatus similar al del Ejecutivo israelí en el proceso de paz.

La ministra de Exteriores ha advertido de que, en el último año, las decisiones de Israel sobre los asentamientos han “complicado” la solución de dos Estados y “la violencia ha vuelto a Gaza”, escenario de una operación militar este verano con más de 2.000 muertos.

(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)

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Sobre la corrupción: Carrusel de la contratación y el caso Nule

El escándalo del Cartel de la contratación, también denominado como Carrusel de la contratación, es un caso de corrupción política desarrollado en la ciudad de Bogotá y que se da durante la administración del ex alcalde Samuel Moreno Rojas del Polo Democrático Alternativo en 2010. La polémica estalló el 25 de junio de dicho año cuando salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, ex congresista de la República, al empresario sebastian, que cuya empresa que llevaba su apellido manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la capital colombiana. La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio, la cual llegó a presentar casi dos años de retraso.

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Sistema Weberiano y Neo-Weberianismo

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El neo-weberianismo representa una visión sobre las reformas administrativas que se diferencia mucho de la nueva gerencia Pública o neo-gerencialismo, siendo esta última la corriente predominante en iberoamérica desde hace al menos quince años. El neo-weberianismo resulta menos conocido en ambientes académicos, puesto que fue ignorado durante bastante tiempo por la literatura anglosajona, pero se trata de la corriente de reformas que ha tenido mayor influencia en Europa continental desde principios de la década de los 90, como constatan Pollit y bouckaert en su importante estudio comparativo sobre reformas de la administración pública en países desarrollados (Pollit y bouckaert 2004, 99).

Mientras que el neo-gerencialismo propone adoptar las técnicas y el espíritu de la gestión privada, para reformar y mejorar el rendimiento de la administración pública, el neo-weberianismo propone, en cambio, modernizar la gestión manteniendo el «espíritu del servicio público», que caracteriza a las burocracias europeas tradicionales y que fuera brillantemente analizado por max Weber (1921).

En este contexto, la teoría de redes es un aporte fundamental, que ayuda a implementar una gestión del estado en cooperación «horizontal» con otros actores sociales. Se trata de un rasgo muy importante en el neo-weberianismo, la búsqueda de un estado más cercano al ciudadano, que coopere con asociaciones de la sociedad civil en un plano de horizontalidad (el modelo clásico weberiano reclamaba para el estado, en cambio, una posición jerárquicamente superior a la de otros actores).

La nueva gerencia Pública, en síntesis, se corresponde con una corriente de ideas muy influyente desde la década de 1980, para la cual las formas clásicas de organización estatal constituyen un obstáculo para la provisión eficiente de servicios públicos. El estado debe reducirse por tanto al mínimo, o bien debe parecerse tanto como sea posible a la empresa privada. Frente a esta orientación privatizadora, los países de europa continental deciden modernizar las organizaciones públicas, pero manteniendo e incluso reafirmando el rol del estado y el espíritu de servicio público que se consolida en los servicios civiles de carrera desde el siglo XIX.

El estado neo-weberiano responde a la preocupación por hacer más flexibles, democráticas y participativas las agencias estatales, pero sin sacrificar en absoluto la idea de «espíritu de servicio» que se representa en la figura del servidor público o funcionario.

Se trata de una distinción normativa fundamental: mientras que la nueva gerencia Pública propone borrar la distinción entre el ámbito público y el ámbito de la empresa privada, sobre todo en lo que concierne a la motivación de los agentes, el neo-weberianismo pone un fuerte énfasis en mantener dicha noción de servicio como un factor motivacional intangible. La nueva gerencia Pública tiene la tendencia contraria en este punto, puesto que promueve la remuneración por rendimiento, basada en la introducción de perspectivas cuantitativas en la evaluación de programas, como fue descrito en la sección anterior.

La idea del servicio público había sido destacada por Weber en sus análisis de la burocracia, a saber, la necesidad de distinguir entre el mercado y el sistema administrativo como ámbitos de acción que responden a lógicas muy diferentes, y por ende, a diferentes esquemas de motivación.

En cuanto corriente de reformas administrativas, el neo-weberianismo se concentra en aspectos organizativos, diseños de carreras profesionales en el servicio civil, así como en los procedimientos para establecer relaciones entre el estado y la sociedad civil. Algunos de estos elementos corresponden a las ideas clásicas de Weber, mientras que otros son un añadido más reciente. Vamos a considerar entonces ambos aspectos, siguiendo básicamente la exposición de Pollit y bouckaert (2004, 99), que definen del siguiente modo los principios centrales de un estado neo-Weberiano en nuestros días.

Principios weberianos clásicos:

1. Afirmación del papel del estado como principal agente para la solución de problemas sociales.

2. Afirmación del papel de la democracia representativa como factor de legitimación del aparato del estado.

3. Afirmación del papel del derecho administrativo, adecuadamente modernizado, para preservar los principios básicos que conciernen a la relación entre el estado y el ciudadano.

4. Afirmación de la idea del servicio público con características distintivas respecto a su estatuto, cultura, condiciones de ingreso y permanencia en la carrera.

Los nuevos principios, añadidos al weberianismo (elementos «neo»):

1. Cambio de la orientación interna concentrada en reglas burocráticas, hacia una orientación externa, que atiende a las perspectivas y exigencias de los ciudadanos. Esto se logra no a través de mecanismos propios de la empresa, sino mediante la creación de una cultura profesional de calidad y servicio.

2. Introducción de mecanismos que complementan (pero no reemplazan) la democracia representativa, incluyendo mecanismos de consulta y participación de los ciudadanos en la gestión administrativa.

3. Promoción de una orientación por resultados para substituir parcialmente a la preocupación por el estricto cumplimiento de reglas de procedimiento. Cambio del diseño de controles ex ante a controles ex post, aunque sin abandonar completamente los primeros.

4. Profesionalización del servicio civil, pero con menor énfasis en el derecho relevante para el área de actividad del servidor público, y mayor énfasis en la adquisición de habilidades organizativas (incluso gerenciales) para el logro de resultados requeridos por los ciudadanos.

En: Reinventando el Estado

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Proyecto de ley de nuevo servicio civil abarca a 500 mil trabajadores

Presidente ejecutivo de SERVIR, Juan Carlos Cortés, precisó que propuesta considera a servidores públicos de regímenes laborales de los DL 276, 728 y CAS, que representan al 40% de trabajadores estatales. Iniciativa, que estará lista en el último trimestre del año, no incluirá las carreras especiales.

Por: Rocío Maldonado y Francesca García

La reforma del Estado es un tema pendiente para el Gobierno y esta no será posible mientras no se enfrente el problema de los recursos humanos del sector público, como lo reconoció el propio presidente Ollanta Humala durante su último mensaje de Fiestas Patrias.

En la actualidad existen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre generales y especiales, lo que inevitablemente favorece el desorden en la administración pública, pues cada uno de ellos contempla distintos derechos y deberes para los servidores públicos.

Tres son los regímenes laborales generales y los más conocidos: carrera administrativa (Decreto Legislativo 276), régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) y Contratación Administrativa de Servicios – CAS (Decreto Legislativo 1057); los cuales agrupan al 40% del alrededor de millón 300 personas que emplea el Estado.

Sin embargo, la mayoría (59%) se encuentra con las carreras especiales, que agrupa a los profesores, los profesionales de la salud, los magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y políticos, entre otros. El restante 1% lo constituyen los gerentes públicos, quienes se rigen por el Decreto Legislativo 1024, así como quienes están en la planilla del PNUD.

Además, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) ha identificado que existen más de 500 normas sobre el servicio civil, más de 102 escalas remunerativas en 82 entidades del Poder Ejecutivo, más de 400 reglas diferentes que regulan el pago a los servidores públicos y más de 198 conceptos de pago, entre remunerativos y no remunerativos.

Un nuevo servicio civil

Frente a este caótico panorama, el jefe de Estado aseguró que su administración impulsará la Reforma del Servicio Civil, para lo cual, dijo, se está elaborando un proyecto de ley para una nueva carrera pública que estará basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Juan Carlos Cortés, explicó que la propuesta que se trabaja y que estaría lista para el último trimestre de este año, se enfoca en los regímenes laborales generales (DL 276, 728 y CAS) y no en las carreras especiales.

“Es básicamente para el ámbito administrativo: ministerios, gobiernos regionales y locales, que son aproximadamente 500 mil personas”, precisó.

Cortés resaltó que el proyecto de ley que se trabaja es más que una nueva carrera pública porque no solo comprenderá a los profesionales y técnicos, sino que regulará también a los funcionarios, empleados de confianza, directivos y personal de apoyo, quienes actualmente no están comprendidos en la carrera administrativa.

Además, dijo que la idea de esta reforma en el servicio civil es integrar los regímenes laborales generales e incorporar el tema remunerativo, aspecto que no fue considerado en anteriores intentos de reforma.

“Vemos las diferencias salariales que hay entre los tres regímenes y puede ser que dos personas que están trabajando igual, desarrollando las mismas funciones tengan remuneraciones distintas. Eso tenemos que regularlo de manera diferente”, dijo.

El funcionario aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la voluntad de hacer este cambio fundamental, tal como lo ha demostrado en las reuniones de la comisión encargada de elaborar el proyecto de ley del nuevo servicio civil.

El grupo de trabajo se reúne desde febrero de este año y está integrado por la Secretaría de Gestión Pública (PCM), el MEF, el Ministerio de Trabajo y SERVIR, que tiene a su cargo la secretaría técnica.

Cortés señaló que todavía no se ha estimado la inversión que demandará implementar la nueva ley de servicio civil, pues recién en los próximos dos meses se ha previsto realizar el mapeo de costos.

Reforma progresiva

Elena Alvites, especialista en temas de reforma del Estado de la Universidad Católica, observó que uno de los grandes obstáculos que podría enfrentar la reforma del servicio civil es que pueda ser asumida dentro del presupuesto público.

“Una reforma de los recursos humanos en el Estado tiene que ser progresiva porque no necesariamente nuestros recursos financieros alcanzarán para hacerlo en un año. Entonces se podría empezar por algún tipo de nivel de servidores”, indicó.

Alvites consideró también que la ley del servicio civil debe establecer remuneraciones que sean competitivas en relación al sector privado para atraer a profesionales con méritos al Estado.

“La línea de carrera debe estar basada en la meritocracia(…)A largo plazo eso puede garantizar un servicio civil mucho más eficaz e institucionalizado que llegue a donde tiene que llegar en los tres niveles de Gobierno”, refirió.

Subrayó que cambiar a directivos y funcionarios en cada gobierno no hace sostenible políticas públicas en educación o salud, por lo que la reforma del servicio civil en el país es necesaria y urgente.

Por su parte Sinesio López, ex asesor de la PCM en temas relacionados a la reforma del Estado, consideró que ordenar la administración pública es el primer paso en la reforma del Estado.

“Si se hace una buena reforma en el servicio civil es un avance porque todas las decisiones del Estado pasan por la administración pública”, dijo.

Sostuvo que la reforma clave debe estar orientada a los ministerios sociales, que en su opinión no funcionan, a diferencia del MEF; BCR, la Sunat, que son “islas de modernidad”.

Además, López consideró fundamental incrementar la presión tributaria a fin de tener los recursos necesarios para iniciar cualquier reforma.

Los intentos de reformar el servicio civil en el Perú

SERVIR da cuenta de cuatro iniciativas dirigidas a ordenar el servicio civil en el país a partir de 1990. Así el primer intento lo constituye el cierre de la carrera administrativa (DL 276) durante el gobierno fujimorista. Se producen despidos masivos y crean nuevas modalidades de contratación y formas de ingreso a la administración pública (DL 728 y Servicios no Personales).

El segundo comprende de 1995 a 1997. Se desactiva el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se inicia el proceso de modernización del Estado.

El tercer intento de reforma va de 2000 al 2006. Se trata de establecer la institucionalidad pública y las normas sobre ética e integridad pública. Se aprueba la Ley Marco del Empleo Público (28175).

El cuarto se inicia con la creación de SERVIR, como rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Se cambia el término empleo público por el de servicio civil.

En cifras

42 mil : personas ingresan a trabajar al Estado cada año.

40% : servidores estatales están en los regímenes DL 276, DL 728 y CAS.

102 : Es el número de escalas remunerativas en 82 entidades del Poder Ejecutivo.

Claves

Cerrado. En la actualidad no existe carrera pública en el Perú, pues el Decreto Legislativo 276 fue cerrado en los años 90 durante el gobierno fujimorista.

Sin ascenso. El DL 728 ni el CAS contempla el ascenso, pues el servidor público que aspire a otro puesto y mejor remuneración debe renunciar al cargo que desempeña.

En: Larepublica.pe

Sepa más: El Servicio Civil Peruano