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Ana Corbacho: “Menos tramitología y más educación agilizarían el crecimiento económico”

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Entrevista a la jefa de la Misión para el Perú del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue coeditora del informe Desarrollo en las Américas en el 2013 e ingresó al BID en el 2010 como asesora económica sectorial. Su trabajo se ha enfocado en mercados emergentes de Europa Oriental y América Latina. Su especialización incluye análisis macroeconómico y de política fiscal y la infraestructura pública, entre otros.

Por: Magda Quispe

Se habla mucho del Perú y su “impresionante” desempeño económico en la región  ¿cómo analiza ello?
Del lado del crecimiento, el Perú es uno de los países que esperamos que sea uno de los más dinámicos en la región. Es un país que está en un proceso de recuperación y que tenemos perspectivas de un repunte en el crecimiento económico importante para el año próximo y los años venideros. Desde el punto de vista fiscal es uno de los países con bajos niveles de deuda pública tanto bruta como neta; o sea, contando con esos ahorros fiscales más bajos de la región le da un margen de maniobra importante y tiene un marco de política fiscal sólido que está anclado en reglas que permiten dar credibilidad a una trayectoria fiscal temporalmente más laxa para luego apuntalar el crecimiento.
¿Cuál debería ser la prioridad del Perú?
Un desafío para el Perú y los otros países exportadores de materias primas, en un escenario de precios de metales bajos por un largo tiempo que le están quitando empuje al crecimiento de largo y mediano plazo, es buscar alternativas de crecimiento que no dependan tanto del sector minero, a través de la diversificación. Esa agenda es fundamental, si bien no va a rendir frutos de manera inmediata se va a generar que la capacidad de dinamizar la actividad económica del Perú mejore. Por ello es necesario reformas estructurales con las que se puedan apuntalar un potencial más elevado del país.
¿Qué se debe hacer?   
Hay que simplificar la tramitología, la burocracia, para poder realizar proyectos de inversión, de innovación en el país. Esa es una agenda muy importante que tiene que continuar, y la reforma de educación que es muy ambiciosa con la que se invierte en capital humano, que es uno de los motores fundamentales para el potencial de crecimiento. Y respecto de la agenda social, cuanto más personas están incorporadas a la actividad formal de la economía con inclusión, servicios de calidad, entonces más potencial puede tener esa economía para crecer de forma sostenida y con equidad. Además, hay que buscar otros focos como la agenda de la diversificación para dinamizar ciertos sectores en el Perú que tal vez en el pasado han estado un poco rezagados.
¿Y cómo van los avances del Perú en torno a la clase media?
Hay que reconocer el enorme progreso del Perú. Es uno de los países de la región con más avance en sacar a las familias de la pobreza. Hemos visto que la tasa de pobreza cayó de 60% hace una década a menos del 23% en el 2014, lo que se traduce en cerca de un tercio de la población pasando de una clase vulnerable a clase media. Hay que continuar con esto, y es a través de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido, los programas sociales que dan beneficios a esas poblaciones vulnerables, pero que apuesten al futuro de esas familias con capital humano, trabajo formal, de calidad. Es una agenda que va de la mano del crecimiento. El Perú está en camino a mantener la clase media, pero la idea es que estos esfuerzos sean a largo plazo. También, una agenda importante es la inclusión financiera y el mercado laboral formal, porque la informalidad en el Perú es muy elevada y no solo genera problemas de exclusión sino también de productividad.
¿Es necesario una reforma laboral?
Una reforma importante que se logró y está en curso es la implementación del Servicio Civil donde se prioriza la carrera en base al mérito que los servidores públicos puedan mostrar y ello debería ir acompañando al crecimiento económico con una mayor eficiencia para el país.

Servir: una reforma necesaria pero dolorosa

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La reforma al servicio civil, cuya tarea es poner orden a la caótica burocracia peruana, se ve obstaculizada por el gran costo que implicaría. Existe además una falta de incentivos entre algunas entidades y los mismos trabajadores, quienes temen por su estabilidad laboral.

Foto: Andina. En: http://semanaeconomica.com/article/politica/sector-publico/170996-servir-una-reforma-necesaria-pero-dolorosa/

Foto: Andina. En: http://semanaeconomica.com/article/politica/sector-publico/170996-servir-una-reforma-necesaria-pero-dolorosa/

Dos años después de que que se promulgara la Ley de Servicio Civil, diseñada para modernizar el Estado mediante la implementación de un régimen laboral único basado en la meritocracia, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) asegura que antes del fin del gobierno habrá concursos públicos para puestos bajo el nuevo régimen.

Un servicio civil profesionalizado vuelve a la economía más atractiva para las inversiones y sienta las bases para un mayor desarrollo. En el Perú, la burocracia estatal ineficiente es el principal factor que impide hacer negocios, según el Global Competitiveness Report 2014-2015, . El beneficio económico de la reforma fue señalado también por la calificadora de riesgo Moody’s en el 2013, que la evaluó como positiva para la calificación crediticia del Perú, de la cual también dependen las inversiones.

La necesidad de la reforma y sus beneficios deberían colocarla como la principal prioridad de todos los sectores del gobierno. Sin embargo, la fase final y más importante —la valorización de los puestos de trabajo para ponerlos en concurso público— se ve obstaculizada por dos grandes problemas. El primero es la presión fiscal que generará el incremento salarial por el otorgamiento de las gratificaciones y la CTS a los trabajadores de los regímenes laborales que no tienen estos beneficios, sobre todo en un contexto de desaceleración económica. El segundo es la falta de incentivos en las entidades estatales para emprender la reforma, algunas de las cuales fueron exoneradas de la reforma, y otras acostumbradas a contratar a personal temporal para agilizar sus procesos. A esto se suma que una gran parte de los trabajadores prefiere sus regímenes antiguos, pues teme que ingresar a la nueva modalidad propuesta abra la posibilidad de despidos de la mano de las evaluaciones de desempeño.

VA A COSTAR

En un contexto de la desaceleración económica, la reforma se complica porque la valorización de los puestos de cada entidad significa costo muy fuerte para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La reforma, además de ofrecer una carrera real para los trabajadores de los tres regímenes laborales actuales del servicio público —los decretos legislativos (DL) 728 y 276, y el contrato administrativo de servicios (CAS)—, “incrementará los ingresos, vía gratificaciones y CTS, de los servidores públicos del DL 276 y del CAS”, según Servir.

El escenario es complejo: los trabajadores del CAS y del DL 276 representan cada uno el 42% de la planilla pública, mientras que los del 16% restante son del DL 728. Hoy los trabajadores del CAS sólo reciben dos bonificaciones al año de S/.300 cada una —en julio y en diciembre, sin importar el tamaño de su salario—, y no reciben CTS. Los trabajadores del DL 276 tienen un salario real bajísimo (un viceministro percibe menos de un sol, por ejemplo), que es complementado por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores (Cafae), y reciben su CTS y gratificación sobre el salario real, y no sobre el total. Los trabajadores del DL 728 sí reciben gratificaciones y CTS, por lo que el beneficio de la reforma para ellos sería las posibilidades de ascenso y movilidad entre entidades, y las capacitaciones.

Ya en el 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había estimado que una reforma de este tipo costaría S/.5,000 millones al año. Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, sostiene que si bien su entidad calcula sobre el costo actual, “no se conoce con certeza la cantidad de trabajadores municipales, lo que hace muy complicado el cálculo”. Sin embargo se sabe en qué porcentaje aumentarían en promedio los salarios: “con los tres sueldos adicionales que recibirían los trabajadores del DL 276 y los del CAS, se daría un incremento de 18% a 20%”, indica.

MINISTERIOS DESMOTIVADOS

Si bien la idea es que haya un único régimen que ordene a la burocracia, éste no será aplicado a todas las entidades. Los excluidos de la ley son el BCR, la Contraloría, la Sunat, la SBS y el Congreso, que fueron exonerados ‘a último minuto’ por el Congreso en el 2013. Para éstos, la flexibilidad que han tenido para aumentar salarios a discreción y traer a los profesionales más capacitados los desmotivó de unirse al nuevo régimen.

En el 2010, la Contraloría argumentó que, dada su autonomía constitucional, no está bajo el mandato de Servir. En respuesta, Servir le envió dos oficios en los que indicóq ue aun así no podía aumentar los salarios de sus funcionarios por encima de los S/.15,600, luego de que el contralor Fuad Khoury aumentara su sueldo a S/.33,000.

La diferencia entre los salarios ofrecidos por las distintas entidades ha generado una ‘descapitalización’ —la pérdida de los mejores funcionarios— en ciertas áreas del sector público.

Añadido a esto, algunos ministerios que sí están bajo el alcance de la reforma aprovechan la falta de un régimen laboral único y ordenado para tener flexibilidad en contratar a personal, como solución a las ineficiencias dentro de sus entidades. Una fuente del Ministerio de Educación que prefirió no revelar su identidad para evitar represalias cuenta que, frente a presiones por falta de tiempo en tareas que la gestión considera prioritarias, el ministerio recurre a contratar a trabajadores CAS. “Si existe alguna urgencia por un tema importante, lo más probable es que se contrate personal para resolverlo”, sostiene.

TRABAJADORES RECELOSOS

La reforma también se ve dificultada porque los incentivos para pasar al nuevo régimen son distintos de acuerdo a cada viejo régimen. Los trabajadores CAS serían los más beneficiados, pero los de los DL 216 y 728 tienen temor de perder su estabilidad laboral. Las evaluaciones que vendrían con la reforma hacen eco a la experiencia negativa de las reformas del gobierno de Alberto Fujimori, como consecuencia de las cuales se despidieron a unos 450,000 trabajadores públicos. “Hubo un cese colectivo masivo sin justificación mediante evaluaciones muy mal hechas en ese período”, explica Jorge Toyama, socio de Miranda & Amado Abogados.

Los incentivos son aun menores para los trabajadores del DL 728, destaca la ex presidenta de Servir, Nuria Esparch, ya que en el 2013 Servir decretó que éstos ya no reciban sus CTS en cuotas semestrales, sino que se les pague una vez cesados, como ya ocurre en el resto de regímenes.

Lea el análisis completo de la reforma del servicio civil en la última edición impresa de SEMANAeconómica.

Meritocracia para designar al 80% de los servidores públicos

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Servir. Entidad busca que se continúen con las políticas públicas, así haya cambio de administración. Además plantea que solo el 20% sean cargos de confianza.

Burocracia: En la actualidad más del 50% de los servidores públicos ocupan cargos de confianza

Burocracia: En la actualidad más del 50% de los servidores públicos ocupan cargos de confianza

Escribe: Christian Ninahuanca

Con el fin de continuar con las políticas públicas, un 80% de los funcionarios –como mínimo– deben designarse por sus méritos profesionales, e incluso si hubiera cambio de administración deberían continuar en sus cargos, señaló Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

“Un porcentaje alto de directivos debería mantenerse en un cambio de gobierno, la propuesta que tiene Servir es que el 80% de los directivos sean elegidos por una selección meritocrática, y el otro 20%, como máximo, sean designados por el jefe como cargos de confianza, siempre y cuando tengan el perfil, de lo contrario no podrían entrar”, explicó.

Cortés consideró desastroso para el país que cada vez que haya un cambio se aplique el borrón y cuenta nueva, que el gobierno entrante empiece todo desde su propia perspectiva.

“Creemos en la continuidad de los servidores públicos que están haciendo bien las cosas, tanto para los gobiernos locales, regionales y central”, manifestó.

El titular de Servir estimó que en las actuales circunstancias los cargos de confianza superan el 50%, pero que eso depende de la entidad, porque algunas ya adoptaron una lógica distinta, con gerentes públicos seleccionados meritocráticamente.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, consideró que debe haber una equidad lógica en este asunto, siendo que el porcentaje podría ser discutible, pero que la meritocracia es algo fundamental para tener una buena gestión pública.

“Un tema que debe tomarse en cuenta es lo atractivo que debería ser el sector público para los buenos profesionales, con buenos sueldos, para no estar en desventaja con el sector privado que se lleva a los cerebros más destacados del país”, sostuvo.

Por otro lado, Juan Carlos Cortés anunció que unas 18 entidades del Estado, entre las que se encuentran cinco ministerios, están a punto de obtener la resolución de inicio para acogerse a la Ley del Servicio Civil, las cuales se emitirían en las próximas semanas.

Agregó que entre los portafolios que iniciarían este proceso prontamente se encuentran los de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Defensa, Cultura, y Justicia y Derechos Humanos.

“Tenemos en este momento 18 entidades que están a punto de tener la resolución de inicio y luego pasarán el cuadro de personal de la entidad. Cuando tengan definidos los perfiles de personas y valorización de cada uno de los puestos, tendremos las primeras connotaciones”, dijo.

Cortés indicó que este tránsito hacia la aplicación de la norma es más importante que el resultado final, porque cada institución mejorará radicalmente en favor de los ciudadanos. “Pensamos que los primeros concursos comenzarían a realizarse antes que acabe el actual gobierno”, manifestó.

Claves

Entre las instituciones públicas inmersas en Servir están el Instituto Geofísico del Perú, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y Provías Nacional, entre otras.

En: larepublica.pe

Argentina, el país con más empleados públicos en la región

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En base a datos internacionales, Idesa dijo que la Nación tiene las remuneraciones estatales más elevadas Según una consultora, el sector estatal es el 14% del mercado laboral nacional total

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La Argentina es el país con la mayor cantidad de empleados públicos y cuyas remuneraciones son las más elevadas de la región, según señaló un informe nacional del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

En base a un trabajo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominada “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2014”, la consultora señaló que en el país el empleo público representa un 14,8% del mercado laboral total; mientras que en Uruguay implica un 12,7%; en Brasil, un 11,5%; y en Chile, un 9,2% del empleo total.

“Estos datos muestran que el tamaño del Estado, medido a través de los recursos humanos que contrata, es más grande en la Argentina que en los países vecinos. Su tamaño incluso es muy superior al promedio de América Latina, estimada en un 10,7%, y similar al promedio de los países de la OCDE, un 15,3% del empleo total. En suma, la Argentina es el país con más empleo público en la región y con similar nivel al de los países más desarrollados”, expresó el trabajo del centro de estudios.

Idesa remarcó también que Argentina es uno de los países con mejor salario en ese segmento. “Según el mismo informe (por los datos de la OCDE y el BID), el promedio simple de remuneraciones de los cargos de directores, profesionales y administrativos del sector público argentino asciende a un equivalente de 6,4 veces el PBI per capita del país, cuando la media estimada para Latinoamérica para estos mismos cargos, se estima en 5,6 veces el PBI per capita y en los países de la OCDE, en 3,1 veces el PBI per capita. En otras palabras, el Estado argentino cuenta con abundante personal que además percibe, en promedio, muy buenas remuneraciones”, comentó el trabajo.

En esa línea, Idesa hizo hincapié en el nivel del servicio de la administración pública, teniendo en cuenta la cantidad y la remuneración. “Está más en línea con lo que ocurre en los países atrasados que con la calidad de servicios que cabría esperar de acuerdo a la magnitud de los recursos que administra”, manifestó.

Según la consultora, la principal explicación “esta dada por los estilos de gestión adoptados”. “Los puestos de trabajo del sector público no cuentan con definición de perfiles, objetivos, ni indicadores que faciliten la transparencia de su gestión, permitiendo el control social y las auditorias externas. Por el contrario, se aplica la estabilidad del empleo público con criterios extremos premiándose la mediocridad y la falta de compromiso. Bajo estas condiciones, el sector público se adormece en la burocratización y se convierte en presa fácil de intereses espurios”, finalizó.

En: lagaceta.com.ar

Vea el informe en: IDESA – ARGENTINA ES EL PAÍS CON MÁS EMPLEO PÚBLICO DE LA REGIÓN

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“Complejidad de la gestión pública: aprendiendo de casos no exitosos. Parte 1”

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Dicen algunos que el gobierno de Estados Unidos es la mayor y más compleja organización del mundo. Y es altamente probable que así sea. Baste para convencerse con considerar que su cometido es el de brindar servicios públicos a una de las mayores y más complejas sociedades del planeta, con un rol e influencia que se extiende por todo el globo y que implica coordinar el trabajo de varios millones de servidores públicos y las relaciones con decenas de millones de organizaciones y cientos (quizá miles) de millones de personas.

Conseguir que esa organización funcione razonablemente bien, es sin dudas un logro admirable, que ha sido acompañado por éxitos también formidables en los ámbitos económico, militar, cultural y tecnológico. En particular, en lo concerniente a la gestión pública, Estados Unidos ha tenido un papel gravitante en el desarrollo de marcos teóricos, en el de diversas metodologías de gestión de organizaciones y de proyectos, y en el de la revolución de las tecnologías de la información.

Los avances tan impresionantes y el alto grado de efectividad pueden dar la sensación de que en ese país no se tropieza, que allí el dinero público siempre se gasta adecuadamente y que cada proyecto que emprenden es exitoso o, al menos, casi. En este post, que es el primero de una serie dedicada a este tema, analizaré varios casos que reflejan situaciones difíciles, similares a las que se viven en los países subdesarrollados.

Señalaré fracasos, no con espíritu destructivo, ni para dar consuelo a quienes alguna vez hemos estado en proyectos no exitosos, ni para que dejemos de preocuparnos cuando se nos extienden los plazos o se nos dispara el presupuesto o el producto final no es el adecuado. Lo haré porque entiendo que los fracasos enseñan. Conocerlos puede ayudarnos a evitar algunas piedras. Y puede que contribuya a que tomemos mayor consciencia de que en gestión pública los cracks también le erran.

Todos los casos a los que me referiré han sido investigados y publicados por la prensa. Esto da fe de dos aspectos positivos que no siempre se dan en nuestra región: primero, un alto nivel de transparencia y, segundo y muy relevante, la existencia de periodistas con gran conocimiento de gestión pública, capaces de identificar y entender distintas situaciones y de analizarlas y transmitirlas adecuadamente. Seguramente los casos publicados sean bastante menos que los reales ya que no suele ser fácil obtener buena información de los fallos. Su divulgación suele enfrentar un obstáculo comprensible: detrás de los proyectos estamos las personas, tan dispuestas a hacer conocer nuestros logros como a intentar que no se conozcan los que no lo fueron.

En este post trataré el caso de los reportes del Ejecutivo al Congreso y en los próximos 3 posts otros 4 casos.

Caso 1: Informes que nadie lee pero que la ley prescribe.

En un artículo de David Fahrenthold se informa que el Congreso de Estados Unidos recibe anualmente unos 4.300 informes enviados por el poder ejecutivo. En muchos casos una considerable cantidad de recursos se derrocha en prepararlos sabiendo de antemano que nadie los leerá.

El poder legislativo necesita estar informado de lo que hace el ejecutivo y para ello se instrumentan los informes. El mal aparece cuando se abusa de los instrumentos burocráticos originalmente buenos. En muchos casos la desnaturalización del mecanismo se da al exigir por ley la elaboración y envío de determinados informes sin establecer una fecha de expiración o revisión de la norma. Los informes pasan así a ser inmortales, obligatorios para siempre. Y como sabemos, no es tan fácil hacer aprobar una nueva ley que mate al engendro cuando ya no sea necesario. Hay malas ideas que perviven, consumiendo recursos, simplemente porque nadie se molesta en matarlas. Muchas surgieron por la obsesión pertinaz de algún legislador que ya no pertenece a la cámara. El tema puede haber perdido interés pero su pesado legado sigue allí.

El resultado es que el Congreso de Estados Unidos ya no es capaz de supervisar su sistema de supervisión del poder ejecutivo. Nadie sabe exactamente cuántos informes se están realmente haciendo anualmente y cuánto cuesta hacerlos. En 1993 se hizo una estimación y el resultado fue de 163 millones (de dólares de 2014).

Esta falla es de tipo regulatorio y podría evitarse aplicando las buenas prácticas de mejora o simplificación regulatoria. El marco regulatorio se debe simplificar todo lo posible con el objetivo básico de minimizar los costos de cumplimiento de las normas.

La enseñanza de este caso es que debemos pensarlo dos veces antes de introducir nuevas normas. Siempre debemos intentar primero introducir los cambios sin agregar complejidad normativa y establecer mecanismos de revisión periódica de la regulación existente.

Continuaremos con el análisis de más casos en el próximo post.

En: blogs.iadb.org

Sobre el autor.- Alejandro Pareja Glass es Especialista en Modernización del estado del BID. Ingeniero en Telecomunicaciones, PMP, con varios años de experiencia en proyectos de implementación de software de negocio, diseño de procesos de negocio, BPM y gobierno electrónico en Argentina, México, España, Chile y Uruguay. Trabajó en proyectos para empresas de servicios públicos y logística y para varios organismos de gobierno (agricultura, medio ambiente, minería, trabajo y atención ciudadana). Sigue a Alejandro en Twitter @aparejagl

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Cantinflas y la burocracia

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El servicio público es visto por muchos como un mal necesario, algo comparable con el tráfico de las 7 a.m. o el de las 5 p.m. Los plazos, la mala atención, la falta de vocación de servicio son factores que quedan en la imagen negativa que algunos servidores públicos se ganan en la sociedad. No todos son iguales, hay Servidores y servidores, y en su mayoría buenos y solo unos pocos malos. Aspectos como la vocación de servicio, el mérito, la capacidad moral, intelectual y hasta empatía son muy importantes en un servidor público.

De la película de Mario Moreno “El Ministro y Yo”, una simpática forma de explicar la burocracia desde el punto de vista del servidor Mateo Melgarejo.

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