Un documento de la Secretaría de Gobernación muestra concesiones a los maestros inconformes que suponen un golpe contra la ley de educación más ambiciosa en décadas que fuera presentada por EPN el 11 de diciembre de 2012.
“No vamos a claudicar”, dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a finales de agosto. Le hablaba a los mexicanos, a los que había prometido una reforma educativa histórica. Se dirigía a los políticos, que respaldaron casi por unanimidad los cambios. Pero sobre todo advertía a los maestros inconformes, que llegados desde varios Estados del país convirtieron el centro del Distrito Federal en el fuerte de sus protestas. Han pasado dos meses y medio desde aquel mensaje y, aunque han bajado de tono, las protestas en la capital se mantienen. El curso escolar avanza en casi todo el país, sin embargo miles de estudiantes de algunos Estados siguen sin clases y una importante plaza pública de la Ciudad de México está tomada por los profesores. Parecía cuestión de tiempo que la reforma educativa se anotara un triunfo rotundo, pero en medio de este panorama un documento filtrado a la prensa ha sacudido el compromiso del propio Gobierno con los cambios.
No, no es la cachina ni la parada: Los maestros tomaron la plaza principal en Mexico DF como medida de protesta
La semana pasada salió a la luz una nota sobre la minuta de una negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE), una fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El documento, firmado por el subsecretario y cercano a Peña Nieto, Luis Enrique Miranda, cede en varios de los principales puntos de la reforma ya aprobada ante la CNTE, que abandera las protestas en la capital y que en estos meses ha aumentado su representación de seis a 22 Estados. El documento de Miranda da marcha atrás en las consecuencias de la evaluación a los maestros, quizá el punto que más resquemor ha levantado entre los educadores. ¿Por qué el Gobierno negocia algo que ya está aprobado? Es lo que todo el mundo se pregunta en México.
La reforma educativa contempla un examen a los profesores que podría derivar en su expulsión de las aulas en caso de no ser aprobado tras tres oportunidades. “La evaluación es un referente básico. Dirá quiénes ingresaron por la vocación de ser maestros o quiénes, por ejemplo, heredaron la plaza y a lo mejor llevan años recibiendo un sueldo sin pasar por el salón de clases”, dice Maite Azuela, analista política.
La apreciación no es menor. Las décadas de poder del sindicato de maestros dirigido con mano de hierro por Elba Esther Gordillo (detenida y encarcelada por desvío de fondos en febrero de 2013 en el primer gran golpe político de Peña Nieto) han dejado un difuso panorama educativo, en el que más del 90% de la inversión en educación se va en pagar los sueldos a los profesores, cuyo número total aún hoy es incierto. De hecho, una de las primeras acciones de la revolución educativa es un censo de la plantilla magisterial. A eso hay que sumar que luego se quiere saber cuántos de ellos están frente a alumnos y cuántos viven “comisionados” por el sindicato en otras tareas. Una estimación de este problema lo da la organización Mexicanos Primero, que ha identificado a al menos 23.553 personas que cobran como maestros pero que no dan clase.
El documento firmado por el subsecretario de Gobernación el 5 de noviembre parece haber comprometido con los líderes del CNTE varios puntos que irían contra la propia ley aprobada en septiembre con amplia mayoría en el Congreso. “Ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones”; “los maestros participarán de manera activa en el diseño de su evaluación” o “las autoridades no podrán designar nuevos maestros de manera discrecional”, dice el documento publicado en la prensa el 8 de noviembre.
Los expertos han puesto un grito en el cielo por lo que consideran una negociación a las espaldas y una traición al espíritu de la reforma, que nació del consenso de políticos, organizaciones sociales, estudiosos y autoridades en materia educativa, para que el Estado retomara el control de la educación del país, en manos durante años de un sindicato corrupto. “Es un método de negociación muy poco democrático, totalmente intolerable”, cuestiona el analista político y periodista Ricardo Raphael.
Para los analistas consultados, que critican duramente las formas “oscuras” del Gobierno, el documento (en el que no se ve la firma de ningún líder sindical) carece de implicaciones reales ya que atentaría contra las recientes leyes educativas. “Una decisión unilateral de la Segob no puede tirar todo el proceso. Lo que sí es que quizá el PRI podría empezar a hacer movimientos papara darle marcha atrás, lo cual es difícil, pero no imposible. Lo veo como un golpe a la reforma”, dice Azuela.
El Gobierno mientras tanto calla. Aún se desconoce cómo llegó el documento a los medios ni qué alcance podría tener la negociación secreta. Maite Azuela desliza la idea de que ante el desmadre que vive la capital desde hace meses –por las protestas callejeras de los profesores disidentes- y el abuso de privar a los escolares de las clases, la Segob “intenta hacerles creer a los maestros que tuvieron una ganancia”. “Pero eso tiene consecuencias, porque mientras se le baja la espuma a las movilizaciones, se retrasa la materialización de la reforma”, añade.
La organización Mexicanos Primero, que lleva años denunciando el atraso educativo del país, envió una carta de queja al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exige que se pronuncie por lo que consideran unas “negociaciones que pudieran ya estar vulnerando la ley en aspectos clave y en detrimento de la calidad educativa”. El escrito firmado por el director de la organización, Claudio X. González Guajardo, es tajante: “Sería grave, señor Secretario, que se esté negociando de espaldas a la ciudadanía y en contra de la ley”.
Después de haber sorteado múltiples obstáculos, hoy la reforma educativa, promulgada ley hace semanas por el presidente, parece detenida en la estación menos previsible: el despacho encargado de la gobernabilidad del Ejecutivo del propio Peña Nieto. ¿Qué es exactamente lo que se está negociando bajo cuerda? ¿Podría el Gobierno detener la reforma bandera de la presidencia de Peña Nieto? Las preguntas sin respuesta están sobre la mesa.
En: elpais.com
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