Un año después del susto de escoger entre el SIDA y el cáncer, el Perú sigue en piloto automático en lo económico y uno se pregunta dónde está el piloto en los político. Es obvio que ha sido un año de transición en varios temas y que podría esperarse mejoras sustantivas en lo social y lo distributivo.

Al escuchar el discurso del Presidente Humala en fiestas patrias, un año después de las dramáticas elecciones del año pasado, pareciera que la economía ha ido bien casi sin intervenciones importantes del MEF o del BCRP, en piloto automático. Este es el resultado de una transformación importante de la orientación económica del gobierno, que pasó de las metas de equidad a las metas de eficiencia, obviamente para tranquilidad del sector empresarial y para la decepción de muchos de los que votaron por él.

Es aquí donde se encuentra el nudo político, pues está comprobado por la experiencia de los doce años pasados que este tipo de crecimiento basado en la eficiencia, no lleva a la equidad y que para que se dé mejoras distributivas se requiere de un mayor y más eficiente gasto estatal y, sobre todo, de un estado capaz de ejecutar con efectividad las políticas distributivas. La otra alternativa es modificar el modelo de crecimiento y acercarlo al que se prometió en la gran transformación, con intensidad en las políticas sectoriales.

El problema del gobierno es que no ha logrado afinar la maquinaria del estado para manejar con efectos importantes en la igualdad, las políticas sociales y sectoriales, es decir el darle gusto al sector empresarial genera un descontento entre los que votaron por el Humala redistribucionista. El gobierno se encuentra entre dos fuegos: el sector liberal que pide más de lo mismo, con mejor política social y los sectores que votaron por él y que piden, a menudo a través de las protestas sociales, volver a los objetivos de crecimiento con redistribución.

Mientras el gobierno no resuelva esta tensión la gobernabilidad del Perú será complicada. Por ello, se tiene la impresión que falta el piloto político capaz de fortalecer el estado, de generar progresivamente políticas sectoriales, en coordinación con los gobiernos regionales. El discurso insinuó tímidamente esta posibilidad. Ese es el camino.

Publicado en el el Suplemento D1 de El Comercio el 6 de agosto del 2011

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Para entender el primer año del gobierno del presidente Ollanta Humala es necesario tomar en cuenta tres cosas: la estabilidad macroeconómica y el crecimiento heredados de los gobiernos anteriores; la crisis electoral debido a la volatilidad de las intenciones de voto, producto de la debilidad de los movimientos y partidos políticos participantes; y la relativa desconexión entre economía y política.

Probablemente pocos gobiernos han llegado al poder con una economía tan robusta como la que recibió el presidente Humala: crecimiento estable en los últimos siete años, baja inflación, elevadas reservas internacionales, cuentas fiscales en orden, inversiones al alza. Todo un tesoro para un gobierno en cuyo discurso preelectoral ofrecía compartir los frutos del crecimiento con las mayorías populares. El problema era cómo cumplir con estas promesas a plenitud.

Por otro lado, recordemos que hacia marzo del año 2011 se decía que el Perú iba a elegir entre el cáncer y el sida, cuando comenzaron a encabezar las encuestas Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Es decir, por un lado había la sensación de que votar por uno era un “salto al vacío” y por la otra era volver al fantasma del fujimorato, todo ello debido a que los sectores de derecha y de centro no pudieron ponerse de acuerdo sobre una sola candidatura a la cual apoyar, por ejemplo, en torno a Toledo, PPK o Castañeda. Un verdadero drama político en el sentido de que no había capacidad de cooperación frente a la “amenaza”, pues el llegar al Gobierno se había convertido en una carrera con intereses microeconómicos antes que una lid política con propuestas doctrinarias creíbles; en consecuencia, era muy difícil conciliar intereses tan dispersos. El Perú, una vez más, tenía que elegir no por el mal menor, sino por el peligro menor. Para poner los nervios de punta.

La hipótesis principal es que el Gobierno tuvo que ceder a las presiones de los grandes sectores económicos privados, debido a su debilidad política y la manifiesta debilidad del Estado, incapaz de operar políticas públicas más complejas.

Era una combinación inédita para el Perú: sanidad y crecimiento económico con zafarrancho político que podía convertirse en un desborde populista. Por ello, una vez conocidos los resultados electorales, se inició un periodo de lobbies, presiones y reuniones con el equipo del nuevo gobierno y el mismo presidente, para tratar de influenciar en la conformación del gabinete de acuerdo a los intereses de cada grupo en particular. Para los poderes económicos fácticos, la idea era simple: había que colocar “gente clave” en el gobierno con el propósito de reducir el equipo de la Gran Transformación, considerado radical, incrementar el equipo de la hoja de ruta y, de ser posible, ir hacia la derecha para balancear las ideas y lograr un gobierno que tranquilizara a los inversionistas nacionales y extranjeros. Aquí lo importante era que los ministros, los presidentes o cabezas de instituciones claves como el Banco Central y el Ministerio de Economía, que son los que en realidad controlan el manejo macroeconómico, no sean de las filas del radicalismo humalista.

Por ello, el candidato ganador, al tomar el poder el 28 de julio de 2011, repitió la experiencia de varios casos de América Latina: ganar con un programa de gobierno redistribucionista y populista y gobernar con el programa de sus rivales neoliberales y conservadores. ¿Qué llevó a Ollanta Humala a desmarcarse de su Gran Transformación y optar por una continuidad en lo macroeconómico con una política social un poco más agresiva, que lo mantuviera conectado a su propuesta primigenia?

Al tratar de responder a esta pregunta podemos analizar los resultados económicos del primer año, en el cual lo esencial ha sido el continuismo del modelo primario-exportador y de servicios (PESER) generado por el ajuste estructural de los años noventa del siglo pasado, la persistencia de una política macroeconómica convencional y el reforzamiento de la política social para tratar de compensar las desigualdades generadas por los dos aspectos anteriores. El resultado no podría ser otro que más de lo mismo: crecimiento con desigualdad, aunque con reducción de la pobreza condicionada a dicho crecimiento.

Bajo estas circunstancias, la hipótesis principal es que el Gobierno tuvo que ceder a las presiones de los grandes sectores económicos privados, debido a su debilidad política y la manifiesta debilidad del Estado, incapaz de operar políticas públicas más complejas, como las que se necesitarían para redistribuir no solo consumo, sino sobre todo inversión y políticas sectoriales. En una situación así, no bastaba con el voluntarismo de la Gran Transformación, que solo la podría lograr un partido o un movimiento muy organizado, con cuadros técnicos y políticos para manejar situaciones complicadas y conflictivas, pues había que redistribuir una torta que sigue creciendo. Todo esto a cambio de legitimidad y tranquilidad para aprender a gobernar.

Un año de economía Humalista: más de lo mismo

En verdad, es bien difícil sostener que se haya hecho algo diferente a los anteriores gobiernos en el plano económico. Se tiene la sensación que, una vez establecidas las “buenas prácticas macroeconómicas”, es muy difícil hacer otra cosa al respecto, salvo políticas sectoriales complementarias o políticas sociales más fuertes. Por ello, durante el último año la economía ha seguido creciendo sobre la base del modelo PESER y la estabilidad macroeconómica se ha hecho una costumbre, tanto así que por momentos pareciera que no fuera necesario un Ministerio de Economía; bastaría con un Banco Central, y ni aún esto, medio Banco Central, pues, en la medida que el sector financiero aún sigue dolarizado, la importancia del Banco es bastante menor a la que tiene en países no dolarizados. El MEF se ha convertido más bien en un contralor del gasto fiscal en los tres niveles de Gobierno, basado en la premisa de gastar o invertir en función de la normatividad, llámese Ley del Presupuesto o el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), los cuales están basados en la desconfianza en los gobiernos regionales o locales que están en el lindero de la corrupción o de la incapacidad técnica.

La primera seña de que habría más continuidad que cambio fue que el presidente nombró ministro de Economía al viceministro del gobierno anterior, en lugar del vocero económico durante la segunda vuelta: Kurt Burneo. Luego propuso al presidente del Banco Central de Reserva, de las filas del PPC, para que continúe en el cargo. Ahí se supo que la Gran Transformación pasaba al archivo y que no habría cambios esenciales en el esquema económico. Era en realidad el reconocimiento de que se optaba por lo más fácil, lo que inmediatamente tuvo repercusiones en las encuestas de popularidad, sobre todo en los sectores A y B, y legitimaba a un presidente sobre el que había grandes dudas acerca de lo que haría.

La tasa de crecimiento peruana depende menos de lo que haga el MEF o el BCRP. Depende, de un lado, de la evolución de la economía y política internacional: la crisis de Grecia, España e Italia, que ha puesto en jaque la integración y crecimiento europeo; las elecciones americanas y la lenta salida de su crisis; y la relativa desaceleración de la economía China son factores de amenaza. Pero, por otro lado, depende de la construcción, ligada al auge financiero, la nueva industria y los servicios, factores de crecimiento interno, además del factor empresarial en distintas escalas. Por ello durante el primer año la tasa de crecimiento económico ha disminuido solo en un punto porcentual —ha pasado de 6.9% a 5.5%—, debido a que el PBI primario ha crecido en 3%, mientras que el no primario lo ha hecho en 6%. Es decir, la crisis internacional ha afectado las exportaciones, pero no la demanda interna; pero es obvio que es muy probable que el próximo año el crecimiento peruano esté solo en 5.

El problema insoluble hasta hoy es el de la desigualdad distributiva. Este problema no está en estrecha relación solo con la política económica y social de corto plazo; en realidad, depende del modelo económico, de la distribución de la propiedad de los medios de producción.

Un tema que sí preocupa es la tendencia a la baja del tipo de cambio nominal y también real, que conduce a seguir siendo primario-exportadores, en la medida que el tipo de cambio está ligado a las exportaciones de sectores que gozan de una altísima renta diferencial, como la minería, el gas y el narcotráfico, lo que inhibe la generación de una mayor industria. Una revalorización permanente del sol nos condena a seguir siendo primario-exportadores mientras la demanda por minerales siga dándose, dada la existencia de un “superciclo” de crecimiento mundial. En este tema no hay política de largo plazo del tipo de cambio. El gobierno actual, como ha confiado en el monetarismo del MEF y el BCRP, no se ha planteado la trascendencia de este problema, de lo contrario estaría pensando en algún mecanismo monetario o políticas sectoriales para afrontarlo.

La inflación sigue siendo baja debido a la sobrevaluación del tipo de cambio, al incremento de la productividad en algunos sectores, a la política monetaria basada en metas y a que la demanda de los sectores sociales medios y bajos no crece más debido a la desigualdad de la distribución del ingreso y la riqueza. La inflación es una variable económica con un alto contenido político, pues es el indicador que mide cuál es el poder de compra de los ingresos de la gente y relaciona directamente, para enterarse de cuánto “poder” les da el gobierno de turno. Felizmente para Ollanta Humala, los determinantes de la inflación dependen muy parcialmente de sus decisiones. Mientras la inflación sea menor a 5% al año, el Gobierno podrá dormir tranquilo.

Durante este año, los índices de pobreza extrema y no extrema han seguido bajando, debido a que la economía sigue creciendo. Al parecer existe una fuerte correlación entre crecimiento macroeconómico y disminución de la pobreza, aunque nadie del Estado explica por qué. Lo que hay son investigaciones académicas que abonan en esta dirección. No sabemos si los programas sociales ayudan a bajar la pobreza o si son solo complementarios. La idea es que la pobreza baja por el acceso al empleo, aun si es informal, antes que por el nivel y la efectividad del gasto público. De todas maneras, el presupuesto para gasto social —de 5% a 6% del PBI— nunca ha sido suficiente para contrarrestar los orígenes estructurales de la pobreza, que están más bien en el sistema de propiedad, el acceso a la educación y salud, en la posibilidad de obtener un empleo estable y en los precios relativos (con un dólar tan barato es imposible substituir las importaciones).

El problema insoluble hasta hoy es el de la desigualdad distributiva. Este problema no está en estrecha relación solo con la política económica y social de corto plazo; en realidad, depende del modelo económico, de la distribución de la propiedad de los medios de producción y, sobre todo, de la distribución de las oportunidades de educación. Por ello, no es fácil resolverlo. Pese a que el presidente Humala hizo propuestas para superar este problema, al llegar al Gobierno ha tenido que abandonar las ideas de la Gran Transformación al respecto y contentarse con replantear la política social. Es obvio que para atacar el problema de la desigualdad son necesarios algunos cambios en la política macro, las políticas sectoriales y, coordinadamente, la política social. Y este gobierno hasta ahora solo ha focalizado sus esfuerzos en la política social.

La política social como compensatoria o como alternativa. ¿Cambio de nombre o de concepto? Lucha contra la pobreza versus inclusión social

Desde el punto de vista político, la política social es la que permite la interacción directa del Gobierno con la población más desprotegida, la que votó por la Gran Transformación y la que tiene además más rédito político. Por ello, el gobierno humalista está logrando replantear la política social, antaño más de corte asistencialista y populista, en una dirección más cercana al desarrollo humano. Hay que reconocer que tuvo una buena iniciativa al principio del gobierno, cuando, en negociación con los sectores empresariales, logró una contribución voluntaria de mil millones de soles para las políticas de inclusión social, lo que incluso tuvo un sabor a política distributiva. Lamentablemente, tal iniciativa no se institucionalizó como una política de Estado.

Es justamente en el campo de lo social donde el Gobierno ha hecho avances: ha creado el Ministerio de Inclusión Social, ha aprobado la Pensión 65 de jubilación para sectores sin acceso a algún sistema previsional, ha lanzado las becas estudiantiles 18 y está cambiando el obsoleto Pronaa.

Este conjunto de acciones hacen parte de lo que el gobierno humalista entiende por inclusión social desde un enfoque cercano al desarrollo humano, que reemplaza al de la lucha contra la pobreza. La idea es incorporar en la solución a las propias personas organizadas, de empoderarlas. Obviamente, constituye un cambio de enfoque de la política social.

Era necesario un cambio de orientación y de organización de las políticas sociales, pues estaba comprobado que tenía dos problemas de fondo: que los recursos asignados son insuficientes, dada la magnitud de las necesidades de los pobres, y que hay un gran problema de filtración en la ejecución de los distintos programas sociales, que les restaba efectividad e impedía que llegaran a la población objetivo. Pero aún así se logre incrementar los recursos y se tenga más eficiencia y menos corrupción, el problema ha de subsistir, pues son políticas basadas en el consumo subsidiado y, en menor medida, en la producción subsidiada, que solo después podría generar empleo y dar autonomía de ingreso a los pobres. Si por casualidad hubiera un problema fiscal, los indicadores de pobreza extrema volverían a retroceder.

El problema de la inclusión social es que si no está coordinada con la política macroeconómica y las sociales, el alcance será limitado, y no garantizará su sostenibilidad. Es decir, si el tipo de cambio sigue atrasado, las posibilidades de crear más empleo bien remunerado son menores. Si a esto se agrega que no hay políticas para aquellos sectores en los cuales se puede crear empleo, es obvio que los pobres y pobres extremos seguirán persistiendo. La política de inclusión por sí sola no es suficiente, y, como acabamos de explicar, podría ser parte de un esquema un poco perverso; es decir, que algunos instrumentos macroeconómicos no ayuden a crear empleo, por lo que siempre habrá gente esperando alguna ayuda del Estado, para lo cual la política social será funcional. He aquí un gran desafío para el Gobierno: cómo tener las políticas públicas yendo en la misma dirección y de manera coordinada.

¿El relativo divorcio entre economía y política?

Desde la época del fujimorato, el ciclo político se ha desconectado relativamente del ciclo económico, sobre todo desde que la inflación es baja. No de otra forma se podría entender que gobiernos como el de Toledo o el Alan García, al término de sus respectivos periodos, terminaran con una bajísima popularidad, pese a que las tasas de crecimiento fueron las más altas y sostenidas en varias décadas y la tasa de inflación, baja. ¿Por qué la gente no votó por un partido cuyo gobierno había sostenido la tasa de crecimiento y la tasa de inversión, además de reducir la pobreza y firmar varios tratados de libre comercio? Responder a esta pregunta excede los alcances de este artículo, pero sí nos deja la lección de que la economía va en piloto automático y los problemas políticos van por otro lado, lo que lleva a preguntarse sobre la gobernabilidad del país en manos de un presidente con poca experiencia política y un partido de gobierno a todas luces débil para manejar la coyuntura.

A un año de este gobierno, lo más característico es que la economía sigue funcionando como si no hubiera habido cambio en el poder, y las políticas de inclusión social se han establecido como “el sello” de este gobierno.

Un aspecto importante poco tomado en cuenta es que el Perú vive una etapa de consumismo, al que poco a poco están alcanzando cada vez más capas sociales. No de otra manera se puede explicar la proliferación de centros comerciales, malls y otros servicios que están generando una cultura consumista. Las motivaciones microeconómicas de las personas han logrado que las motivaciones políticas pasen a un segundo plano y, en muchos casos, ni se planteen. Es decir, la despolitización, sobre todo de los jóvenes, constituye una de las razones para el divorcio entre economía y política.

Por ello la política se ha reducido a protestas sociales focalizadas en determinados lugares con agendas específicas que llegan al conflicto a menudo violento que el Gobierno no logra manejar. De ahí la sensación de que la política no tiene un piloto que guíe al país en la dirección cercana a lo que queda de la hoja de ruta.

En esta perspectiva de divorcio entre economía y política, el Gobierno puede darse el lujo de perder congresistas y de disminuir su primera minoría en el Congreso sin que esto tenga alguna repercusión en la economía.

Reflexiones finales

A un año de este gobierno, lo más característico es que la economía sigue funcionando como si no hubiera habido cambio en el poder, y las políticas de inclusión social se han establecido como “el sello” de este gobierno. Es muy probable que la crisis internacional afecte al Perú, sin embargo, no parece que nos llevará a recesión alguna, aun con la disminución de la inversión extranjera. Hay varios indicadores que siguen mejorando, sin que sea el resultado de alguna política deliberada de este gobierno. Es decir, la economía va en piloto automático y la política pareciera no tener piloto, en la medida que los conflictos sociales no están siendo manejados con tino; sin embargo, tienen como característica que son focalizados y que, salvo por la cobertura de los medios, no se convierten en problema nacional.

Finalmente, mientras no haya una idea de largo plazo de adónde debe ir el Perú en lo económico —quedarnos como primario exportadores, aspirar a una mediana industrialización, combinar industria con servicios, apostar más a la agricultura—, la gestión económica se puede reducir a una buena administración macroeconómica en lugar de una política de desarrollo con inclusión. He ahí el problema de fondo de este gobierno.

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* Economista, investigador del IEP y Vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El autor agradece a Teobaldo Pinzás por sus certeros comentarios a la primera versión de este artículo.

Publicado en ARGUMENTOS IEP: http://www.revistargumentos.org.pe/
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Mientras nuestros vecinos, Brasil, Colombia y Chile, están preocupados por hacer parte de la tercera revolución industrial, los peruanos nos preocupamos por exportar materias primas.

Publicado en el Sumplemento D1 de El Comercio, 9 de julio 2012 Leer más »

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Los acontecimientos de Conga en Cajamarca y de Espinar en el Cusco son el resultado de una combinatoria insólita: crecimiento económico basado en los recursos no renovables en regiones con pobreza extrema, combinado con un proceso de descentralización hecho a la peruana, es decir con bastante voluntarismo, poca planificación y con mucha improvisación política.

Un primer tema que llama la atención es que, tanto el Presidente de la Región Cajamarca como el Alcalde de la Provincia de Espinar, tienen en común dos cosas: de un lado, tienen una baja capacidad de ejecución de sus presupuestos de inversión, sobre todo en infraestructura básica y, de otro, tratan de que la actividad minera en su ámbito de gobierno se paralice o en el menor de los casos que dicha actividad funcione en los términos que ellos quisieran, es decir aumentando la tributación o las donaciones de acuerdo a su criterio. Curioso que quienes no pueden ejecutar sus propios presupuestos quieran dejar de tener ingresos -si la actividad se paraliza- o tengan más recursos si la actividad continúa. Pareciera que el tema de los ingresos no es el problema, sino el de imponer o de ser escuchado su punto de vista, se trata pues de un tema de poder.

En verdad es una situación intrigante, que tratamos de entender.

Para varios analistas, cada una de estas autoridades responde a proyectos políticos que se aprovechan de una coyuntura que ellos mismos la crean, para crecer políticamente o para promover sus candidaturas o sus partidos políticos. No les importa poner en juego la vida de sus electores o seguidores -por momentos pareciera que buscan muertes- a raíz del exacerbamiento de los conflictos y del enfrentamiento con las fuerzas del orden. Todo es ilusión menos el poder.

Para otros, el problema es la falta de atención del gobierno central y del Estado (del cual ellos hacen parte), que ante una serie de demandas de los pobladores de estos lugares, ni éste ni el anterior gobierno tuvieron capacidad de atenderlas y de manejar políticamente los conflictos latentes, es decir tenemos un Estado débil con gobiernos basados en alianzas políticas muy frágiles, que no son capaces de cumplir con sus funciones. Como resultado cada demanda social se exacerba al extremo.

Nos parece que ante un panorama con varias lecturas, el gobierno bien haría en tomar el toro por las astas y tomar ciertas decisiones. 1. Es imprescindible recuperar el principio de autoridad democrática, sobre todo para llevar a cabo las negociaciones con los conflictivos. Para ello cabe una presentación pública del Presidente de la República, quizás un mensaje a la nación, para señalar el derrotero a seguir. Esto además permitiría que el presidente aclare su ambigüedad frente a estos problemas. 2. Luego habría que dar pautas y líneas para resolver los conflictos: por ejemplo que cualquier alcalde o presidente regional que se ponga a la cabeza de un movimiento contra el gobierno central, renuncie previamente. Pues ellos han sido elegidos para resolver los conflictos y las tensiones y no para provocarlos, cosa de la cual no se han dado cuenta o no han logrado interiorizarla, pues esta es la esencia de la descentralización. 3. Es necesario también retomar el liderazgo del proceso de descentralización. Para ello el gobierno debería crear una instancia de coordinación en la que estén representados los tres niveles de gobierno con una cabeza visible, que actúe como coordinador del proceso y que podría tener rango de ministro. Con lo cual la PCM dejaría de ser la instancia promotora de la descentralización, por definición la descentralización debería estar a cargo de una instancia descentralizada, como era el Consejo Nacional de la Descentralización de hace dos gobiernos. 4. Finalmente, debería haber una mayor descentralización administrativa, básicamente una transferencia de funcionarios del gobierno central a los gobiernos regionales para facilitar la ejecución de los proyectos. Esto debería ir acompañado de mejora en los sueldos de la administración pública.

Para terminar, todo esto se debe a que hay muchos recursos, tanto por el lado de la producción hay más ingresos de las empresas, en consecuencia, por el lado del estado que tiene más recursos fiscales, que despiertan la ambición y los apetitos de gobernantes y funcionarios con bajas credenciales éticas y morales, que buscan la forma de medrar y de jalar aguas para sus molinos. Lo que no entienden los aprendices de gobernantes es que todos estos ingresos tienen fecha de caducidad: cuando se acaben los minerales o el gas, o cuando los precios internacionales de las materias primas bajen. Por ello, en esta época de vacas gordas cabe utilizar todos los recursos para mejorar infraestructura, calidad educativa, salud, etc. para que cuando vengan las vacas flacas, hayan otros medios para seguir produciendo, generando ingresos y empleo.

Lima 30 de mayo 2012
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¿Cuál es la contribución de las universidades al desarrollo del Perú. ¿Producen profesionales de calidad? ¿Hacen suficiente investigación aplicada al desarrollo? ¿Obtienen un retorno positivo en el largo plazo para el país y para las regiones?

Salvo tres o cuatro universidades peruanas, la casi totalidad de las más de 120 universidades no figuran en los rankings mundiales en un lugar decoroso. Esto significa que las universidades públicas y privadas, donde estudian las mayorías, no tienen un nivel que las convierta en factor de desarrollo. Los rankings clasifican a las universidades por: 1. La calidad de sus profesores, en las universidades del norte no es posible ser catedrático sin un doctorado, aquí cualquier licenciado o bachiller lo puede ser. 2. Por el número de publicaciones arbitradas por pares, en el Perú sólo tres universidades aparecen con este tipo de publicaciones. 3. Por el número de citaciones de los artículos o libros publicados por sus profesores, es decir por la reputación y calidad de ellos. 4. Por el acceso virtual a los resultados de las investigaciones y a las tesis de maestría y doctorado presentadas anualmente.

Aquellas universidades que se esfuerzan por tener estos atributos, que tienen buenos profesores y buenos alumnos, buena infraestructura, presupuestos de investigación y sueldos decentes para sus profesores, son un factor de desarrollo. Si vemos los rankings todas las universidades que están por debajo del puesto 500 pertenecen a países desarrollados o países en los cuáles el estado le da importancia a la educación superior como México, Brasil o la India.

En el Perú no hay consciencia de la importancia de la universidad para el desarrollo, lo que se refleja en los magros presupuestos de las universidades públicas y los bajos sueldos de sus catedráticos, y en la bajísima calidad de las universidades privadas que se atreven a ofrecer educación superior con gasto por alumno que no permite tener buenos profesores ni menos hacer investigación. Por ello, la universidad en el Perú no es un factor de desarrollo, sino un espacio estacionario.

El gobierno debería plantear una política universitaria guiada por los criterios de los rankings internacionales, con una meta para que, por lo menos veinte universidades, puedan llegar a ellos. Entonces la universidad peruana será factor de desarrollo.

*Publicado en el Suplemento D1 de El Comercio, 14 de mayo 2012 Leer más »

El Perú tiene una aguda desigualdad distribución del ingreso y de la riqueza antes de impuestos. Esta desigualdad “dura” es fatal para el crecimiento de largo plazo, pues se perenniza. Por ello, las políticas redistributivas tienen que estar dirigidas a alterar la distribución antes de impuestos, no después.

Una de las paradojas del crecimiento económico del Perú es que no ha servido para que los escolares puedan comprender lo que leen o realizar una regla de tres. Seguimos a la cola educativa de América Latina, pese a las altas tasas de crecimiento.

La falla es que el modelo de crecimiento no tiene mecanismos endógenos –es decir generados por sus propios componentes- que distribuyan mejor sus frutos, para que las familias tengan mayores ingresos y puedan dar una buena educación a sus hijos. En consecuencia, es el estado el encargado de redistribuir para compensar las desigualdades generadas por el modelo primario exportador y de servicios que tenemos. Pero, nuestro estado es chico e ineficiente.

Chico porque no logra superar el 18% del PBI como presión tributaria, que no alcanza para compensar las desigualdades existentes antes de impuestos. Si el estado dedicara la mitad de estos recursos fiscales a la redistribución -9% del PBI- en educación, salud, infraestructura básica, e investigación, quizás podría revertir la desigualdad, pero para ello tendría que incrementar la presión tributaria a no menos de 24%, lo que significaría una reducción del ahorro privado y, en consecuencia, una reducción de las inversiones y una probable reducción del crecimiento.

Ineficiente, porque no es capaz de invertir y gastar adecuadamente los recursos que tiene. Es decir, si tuviéramos un estado prusiano la desigualdad post impuestos sería menor, aún sin aumentar la presión tributaria.

Las soluciones saltan a la vista, o se aumenta la presión tributaria y se crece menos o se reforma y moderniza el estado, o ambas cosas a la vez. Pero ninguna de estas soluciones ha de resolver el problema de fondo: la desigualdad (dura) de ingresos y riqueza antes de impuestos. En consecuencia, ninguna política redistributiva será efectiva si no hay mecanismos que redistribuyan ingresos y riqueza antes de impuestos, ya sea por políticas de empleo, de innovación tecnológica u otras.

*Publicado en el Suplemento D 1 del diario El Comercio, el 16 de abril del 2012
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Por alguna razón las cosas que se hacen en el Perú tienen un sello bien peruano. Es decir, se las emprenden sin saber exactamente a donde llegar, con generosas dosis de improvisación, con bastante sustento ideológico y lo curioso es que, en muchos casos funcionan, aunque sin controlar el derrotero a seguir. Este es el caso del proceso de descentralización en curso.

La descentralización se reinició en cumplimiento de una promesa electoral del gobierno de Alejandro Toledo, pues el anterior proceso liderado por el primer gobierno de Alan García había naufragado en las autocráticas aguas del fujimorato. La descentralización estatal era la reforma mágica que podría resolver el viejo trauma del centralismo y todos los postulantes al gobierno en el 2001 la prometían.

Llegado el momento, se modificó la Constitución del 1994, se dio la ley de descentralización seguida de varias otras normas. Pero se cometió el error de crear tantos gobiernos regionales como departamentos, probablemente para eludir el complejo problema de la conformación de regiones a partir de la integración de departamentos contiguos. Esta falla de origen ha generado no pocos obstáculos para que la descentralización sea un vehiculo para solucionar varios problemas originados en el centralismo político y en la concentración económica territorial.

La descentralización es un medio y un fin. Es un medio para lograr desarrollo económico y humano, y para profundizar la democracia. Es un fin, en la medida que debe contribuir a transformar la cultura política y económica. Quizás por ello no es fácil analizar lo avanzado, puesto que se espera que la descentralización resuelva los problemas del estado centralista y al mismo tiempo genere desarrollo regional y local. De hecho la normatividad existente mantiene esta ambigüedad, que a menudo sirve para avanzar, como también para frenar.

El proceso ya ha cumplido su primera década, hemos elegido ya tres gobiernos regionales consecutivos y varios más de gobiernos locales. Pero la pregunta obvia es: ¿qué ha cambiado la descentralización? ¿ha contribuido a un mayor crecimiento económico? ¿ha reducido las desigualdades? ¿está corrigiendo el crecimiento divergente entre Lima y el resto de regiones?¿se ha hecho más eficiente el suministro de bienes servicios públicos?¿ha contribuido a mejorar y consolidar la democracia? ¿el Estado peruano funciona mejor con tres niveles de gobierno? Son preguntas que trataremos de responder de manera impresionista, en algunos casos con evidencia existente y en otros de manera deductiva a partir de hechos o indicios. Obviamente, está pendiente una buena evaluación de este proceso.

No nos parece que la descentralización haya contribuido a un mayor crecimiento de las regiones y de las localidades, en la medida que el principal inversionista público sigue siendo el gobierno central y, debido a una normatividad bastante rígida e incapacidad de gestión, la mayoría de los gobiernos regionales no han logrado invertir todo los recursos con que cuentan. El caso de los recursos no utilizados del canon minero, petrolero o del gas, es muestra que la descentralización no ha logrado generar gobiernos regionales y locales con capacidades suficientes para gestionar sus finanzas y, sobre todo, para coordinar con el sector privado acciones que permitan incrementar y/o asociar la inversión pública con la privada.

¿Se han reducido las desigualdades por efecto de la descentralización? Nos parece que no, a lo que si ha contribuido la descentralización es a disminuir la pobreza, en la medida que los gobiernos locales han contado con más recursos, aunque en general son los programas del gobierno central de alivio a la pobreza los que han contribuido más, sobre todo a reducir la pobreza rural. A contra pelo, en muchos departamentos-región las desigualdades se han incrementado, sobre todo por que las inversiones privadas más importantes no han sido intensivas en trabajo y han tenido limitados efectos multiplicadores en el empleo regional.

Nos parece que el problema del crecimiento divergente entre Lima y el resto de regiones no se está corrigiendo, pese a que hay un mayor crecimiento en algunas regiones distintas a Lima. El problema es que dicho crecimiento se ha hecho dependiente de las importaciones, de tal manera que los crecimientos de una u otra región son relativamente independientes entre si. Es decir, la descentralización no está contribuyendo a integrar económicamente las regiones, nos parece que se está dando un crecimiento paralelo entre ellas. Lo mismo está sucediendo entre cada ciudad y su entorno rural, cuyas relaciones económicas dependen de insumos y capital importados, en gran medida por el abaratamiento relativo del dólar. Por ello es que la pobreza rural disminuye con menor velocidad que la pobreza urbana, pues el crecimiento urbano no las “jala”.

El suministro de bienes y servicios del estado, en sus tres niveles, si parece ir mejorando sobre todo en cobertura, porque los recursos fiscales son mayores que antaño. Sin embargo, se tiene la impresión de que ha faltado una descentralización administrativa efectiva que mejore la capacidad de gestión tanto de gobiernos regionales como locales, con la cual es probable que el suministro sería mayor y mejor, aún con los mismos recursos financieros.

La descentralización está contribuyendo a una mayor democratización de la sociedad peruana, no sólo porque la participación de la población ha aumentado, no sólo eligiendo a sus autoridades, sino en muchos casos participando en mesas de concertación o diálogo, aunque varias de ellas no tengan un carácter vinculante y no hayan mecanismos de control político (accountability). Lo que aún parece en pañales es la creación de un sistema político descentralizado, por el momento hay un turbulento proceso de creación de representaciones políticas, con gran dispersión. La participación y representación política en los gobiernos regionales y locales se rige mayormente por intereses particulares, antes que por intereses colectivos. Por ello, para analizar este fenómeno es mejor utilizar la microeconomía antes que la ciencia política.

¿El Estado peruano está funcionando mejor con tres niveles de gobierno? Si, en la medida que cada nivel de gobierno cumpla con sus funciones. Por ello, es que hay regiones donde la descentralización está funcionando mejor, la región San Martín, varias municipalidades provinciales y distritales, e incluso el propio gobierno central en temas como la construcción de infraestructura ha mejorado su performance. Lo que nos preocupa es que todo esto se deba a la mayor disponibilidad de recursos y no siempre a una mejora de la calidad de la gestión pública descentralizada.

En su conjunto la descentralización está conformando otro estado, está sustentada sobre formas democráticas, pero no está contribuyendo a cambiar la concentración económica territorial, la que está en el origen de la desigualdad de oportunidades en las distintas regiones. Para ello la descentralización es insuficiente, se requiere una combinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y coordinación entre los niveles de gobierno, para promover la desconcentración económica.

Lima, marzo 2012

Publicado en la Revista Poder, Marzo 2012 Leer más »

Las declaraciones de Bill Gates han causado extrañeza o protesta en los medios económicos y políticos peruanos. Pero la verdad es que ha puesto el dedo en la llaga del crecimiento económico peruano: que no es parejo para todos.

El ingreso promedio anual por persona en el Perú es aproximadamente 13mil soles (65mil por familia). Es obvio que la mayoría de peruanos está ganando muy por debajo de este ingreso y una minoría muy por encima. Es evidente, que si analizamos al Perú en base a promedios vamos a tener la impresión de Bill Gates, que ya somos un país que no requiere de ayuda internacional.

En el fondo Gates tiene razón, pues un país con ese nivel de ingreso ya no requiere de la ayuda o de la cooperación internacional y podría andar por si sólo. El problema es que el Perú es un país muy desigual, donde ni el mercado ni el estado han logrado generar menor inequidad. Lo más grave es que hay razones estructurales que reproducen los factores de desigualdad de manera permanente.

Dicho de otra manera, Gates acierta al afirmar que si los peruanos ganaran el ingreso promedio en su mayoría, les alcanzaría para tener una vida más digna, con acceso a más bienes y servicios, a comprar más bienes duraderos y a enviar a sus hijos a institutos superiores y universidades. Pero ese no es el caso por la gran desigualdad existente.

Por otro lado, con ese ingreso no deberíamos recibir más ayuda internacional, pues tenemos los ingresos suficientes para no necesitar pedir donaciones, préstamos o cooperación. El problema es que los que tienen más no están dispuestos a compartir, a invertir para generar más empleo o a pagar más impuestos. Tampoco el estado tiene la capacidad de cobrar más impuestos, ni para redistribuirlo bien. Preferimos resolver la desigualdad con ayuda externa antes que con solidaridad interna.

En el fondo, las fuentes de ingreso y riqueza están muy mal distribuidas en el Perú y esto no es culpa de Gates, que cree que somos un país más equitativo, más solidario y con más estado. Sería bueno que vuelva al Perú para demostrarle que desarrollo no es igual a mayor ingreso promedio, sino a ingreso mejor distribuido.

Publicado en el suplemento D1 de El Comercio del 19-03-2012 Leer más »

¡Conga va o no va!, plantea la necesidad de resolver el problema de la equidad social y de la sostenibilidad ambiental de manera simultánea, de lo contrario no habrá solución duradera.

“El desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades y capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen motivos para valorar, ampliando sus opciones para llevar una “buena vida” (A. Sen)”, sin que ello sea a costa de la reducción de las libertades de la generación siguiente. Por ello que todo uso de la naturaleza, extracción de minerales o uso del agua, debe servir para que los habitantes del lugar y de la región aprovechen de manera equitativa sus frutos, sin agotar las posibilidades de desarrollo para sus hijos y nietos.

Para ello es necesario establecer una “deliberación pública razonada” que permita lograr acuerdos sobre la base de “soluciones intermedias” en que las partes estén dispuestas a darse concesiones para lograr acuerdos. De pronto, si se extrema el objetivo de sostenibilidad de la naturaleza, se puede restringir el crecimiento económico y dejar sin empleo e ingresos a la gente, o viceversa. Aquí es necesario evaluar los riesgos de una u otra decisión, sobre la pérdida de libertades y derechos humanos.

Al Estado le toca promover esta deliberación. En un país donde los problemas de desigualdad no se han resuelto en 200 años es necesario aprovechar de esta oportunidad para sentar las bases de una salida que no deje contentos a una parte y descontentos a la otra, sino que deje medios contentos a todos. Para ello, es necesario poner primero a la gente y después a las cosas, o mejor hay que hacer para que las cosas se organicen equitativamente para todos en el presente, sin que les dejemos cerros pelados sin agua a la siguiente generación.Artículo publicado en el Suplemento D 1 de El Comercio, Lima, 20 de febrero del 2012 Leer más »