Las pasiones y los intereses en el Perú: la degradación de la política, la democracia y el desarrollo[1] 

Efraín Gonzales de Olarte

En su célebre libro Las pasiones y los intereses, Albert Hirschman explicó que el advenimiento del capitalismo y del Estado moderno fue posible porque las pasiones políticas por el poder de los señores feudales fueron controladas por los intereses económicos de la burguesía naciente. Es decir, el poder absoluto de reyes y monarcas (el príncipe) fue progresivamente contrarrestado por el comercio y por la expansión de los mercados. Así, se comenzó a establecer un balance de poderes que dio forma al Estado moderno y a la democracia.

El paso de la feudalidad al capitalismo y de los gobiernos absolutistas a gobiernos democráticos permitió reemplazar al Antiguo Régimen por el Estado moderno. El nuevo poder político se establecía a través de la participación de los ciudadanos que elegían a sus gobernantes y el Estado se conformaba por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con reglas de equilibrio entre ellos, para que las decisiones de uno u otro tuvieran controles, lo que permitiría una gobernabilidad estable. Las pasiones políticas y los intereses económicos se controlaban y regulaban el Estado democrático moderno.

Este balance se ha roto en el Perú de los últimos años, sobre todo recientemente, pues los intereses y las pasiones se han coligado y están destruyendo el poco Estado que tenemos y amenazan nuestra escuálida democracia. No de otra manera se puede comprender cómo el Poder Legislativo está reduciendo las competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, con la complicidad del Tribunal Constitucional, para favorecer intereses particulares. Es decir, están erosionando el ya frágil equilibrio de poderes que había en el Perú.

La pregunta que se plantea es: ¿a qué se debe este proceso de degradación política y social al que estamos asistiendo? La respuesta no es fácil, pues la situación social y política del Perú se ha hecho muy compleja. Sin embargo, parece que la respuesta va por el lado de la crisis política, caracterizada por la atomización de la representación política, la polarización social y la extrema polarización ideológica, que impide cualquier acuerdo. Debido a la precariedad de la representación política los congresistas están enfocados en sus intereses particulares, es decir, sus sueldos y los negocios que se pueden hacer a partir de su situación de privilegio.

La demolición de la Sunedu es un buen ejemplo de cómo se usa el poder político para promover los intereses particulares de ciertos congresistas en la educación “superior”, aunque el resultado futuro sea el retroceso de la calidad de la enseñanza e investigación científica y aplicada. Una verdadera regresión que traerá consigo pseudo universidades de alta mediocridad, inútiles para promover el desarrollo y mejorar la vida política. Los intereses particulares son más importantes que la calidad futura del sistema universitario.

En este contexto, el bien común es una idea que les es extraña. Las pasiones (el poder político) se usa para favorecer intereses particulares; el Estado al servicio de los que gobiernan y no de los gobernados. Todo lo contrario de la idea de un Estado democrático.

Curiosamente, la atomización política y la casi desaparición de los partidos doctrinarios han permitido que la política se convierta en un mercado de prebendas y negociados, desnaturalizando la esencia del quehacer político, que es gobernar en función de las necesidades de las grandes mayorías sobre la base de los objetivos de la Constitución. Peor aún, una representación política atomizada será incapaz de llevarnos a una gobernabilidad democrática, pues su esencia es actuar en función de sus pequeños intereses y olvidarse del bien común. Nunca como ahora hacen falta verdaderos partidos políticos, con doctrina, organización, liderazgos y cuadros suficientes para poder gobernar. El patético gobierno de Perú Libre y Pedro Castillo ha sido el fruto de la atomización política.

La polarización ideológica es un retroceso a la barbarie. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda creen que su verdad es la única válida, por lo que es imposible el diálogo. Obviamente, tras de estas ideologías extremas la forma de gobierno será siempre una dictadura, tal como la experiencia histórica lo demuestra. Además, con su accionar han logrado no solo reducir el centro político, sino convertirlo en el enemigo común, para lo cual han inventado el adjetivo de caviar, caviarado, entre otros; significantes sin significado que muestran sus carencias ideológicas y su mediocridad política. Sin embargo, la palabreja les es útil para tener un chivo expiatorio rentable para sus intereses particulares. En el fondo, los caviares en general tienen niveles de educación mejores, se comportan con principios éticos adversos a la mentira (fake news), a la corrupción, al robo y piensan en el bien común como meta de la vida social y de la democracia. Es decir, están en sus antípodas; por eso los detestan.

Esta crisis política tiene como fondo y como causa las profundas desigualdades sociales y económicas provenientes de: las desigualdades patrimoniales, educativas y de productividades, que llevan a desigualdades de ingresos, disparidades de oportunidades en el acceso a “empleos decentes” y a bienes públicos, desigualdades étnicas y culturales, y las disimilitudes en el desarrollo de las regiones, de las ciudades y de las poblaciones rurales. Sin embargo, todos estos problemas están borrados de la agenda política del Congreso y del Gobierno; estos temas o no les interesan o son incapaces de comprender su dimensión y complejidad debido a la gran mediocridad de sus representantes. Tarde nos damos cuenta de que la crisis educativa es la principal causa de tener los políticos, dirigentes y gobernantes que tenemos ahora.

Las pasiones, basadas en la vanidad, la soberbia y el poder, son ahora utilizadas para favorecer los intereses particulares asentados en la avaricia y la envidia en un país altamente desigual. El resultado será el enriquecimiento de los que logren llegar al poder, que siempre serán pocos, y la espera de las grandes mayorías por algún gobierno que promueva el avance de todos, en democracia, con tolerancia y con ética. En todo caso, este no parece ser el futuro del Perú en lo inmediato.

[1] Artículo publicado en: “Crítica y Debates. Blog coyuntura”,  IEP, abril 2023

LA REBELIÓN DE LA PERIFERIA

Efraín Gonzales de Olarte

El Perú está organizado geográfica, económica y socialmente en un sistema centro-periferia. Lima es el centro nacional y el resto de departamentos y provincias es la periferia nacional. Sin embargo, en cada departamento cada ciudad –de acuerdo a su tamaño- es un centro de una periferia rural o de ciudades más pequeñas. La economía y la sociedad se organizan económica y espacialmente dentro de este sistema, y dependiendo de dónde uno vive estará en el centro o en la periferia.

Esta es generalmente la forma como están organizados casi todos los países en su geografía. Sin embargo, el caso peruano tiene algunas características de un sistema centro-periferia atrofiado, que permiten explicar las protestas y marchas más prolongadas de su historia y que, a estas alturas, configuran una verdadera rebelión de la periferia.

El sistema centro-periferia del Perú está caracterizado por: 1. El producto per cápita promedio de Lima es 4 veces más grande que del resto de departamentos. 2. El crecimiento de Lima es divergente del crecimiento del resto del país, es decir, la brecha de producción, ingresos y productividades se va haciendo cada vez más grande. Esta tendencia se repite entre los centros y las periferias de las regiones. 3. Esto se explica porque no hay causalidad entre el crecimiento del centro y el crecimiento de la periferia, es decir el crecimiento de Lima no necesariamente genera crecimiento del resto de regiones, así como el crecimiento del resto de regiones no genera el crecimiento de Lima. El mismo patrón se repite en cada región del Perú, pues las relaciones económicas de ida y vuelta entre las ciudades y los entornos rurales son muy débiles. 4. El resultado de este sistema centro periferia es que el ingreso promedio de un trabajador limeño es tres veces más que el de un trabajador de Huancavelica y la relación entre el ingreso urbano con el de un trabajador rural es también de 3 a 1. Esto no debería suceder en una economía de mercado. 5. Esto se refleja en el índice de desarrollo humano de Lima es 0.7, mientras que el de Apurímac es de 0.4, esta es una diferencia parecida a la que hay entre países de Europa y países africanos, es decir, una gran desigualdad en el desarrollo humano entre el centro y la periferia del Perú.

Estas cifras nos dicen dramáticamente que hay una persistente desigualdad entre los centros y las periferias, que en el tiempo no se van a igualar porque están económicamente poco integrados y es probable que en largo plazo esta situación de desigualdad y de desconexión no varíe, si las bases económicas y políticas no cambian.

Bajo esta óptica las protestas, las tomas de carretera y pedidos de cambios políticos tienen sustento. Estamos frente a la rebelión de las periferias, que han tomado conciencia política de las desigualdades, de la exclusión económica y de la falta de una respuesta a su situación, desde el Estado y de los gobiernos, pero también desde el sector privado moderno. Respuesta que podría cambiar su situación. Por ello, apoyaron a un representante de las periferias como presidente de la república y quienes votaron por él tenían grandes expectativas, creo que exageradas, que estando en el gobierno alguien como ellos, pudiera cambiar las cosas. Pero obviamente, Pedro Castillo no dio la talla, el establishment político y el congreso tampoco.

La simbólica “toma de Lima”, en realidad habría que interpretarla como la toma del centro por las periferias. Lima y las ciudades son lugares donde está el poder, desde dónde se pueden cambiar los problemas de exclusión económica y social, de desigualdad y de donde se toman las decisiones políticas. Por ello, las marchas han convertido a la periferia en un actor político, que espera una respuesta del centro, del gobierno, en una coyuntura especialmente crítica, en la que se puede definir el futuro del Perú y de la mayoría de los peruanos, sobre todo los que viven en las periferias.

Las soluciones no son muchas, la primera es la respuesta militar y policía que el gobierno de Dina Boluarte ha asumido. Esta solución está generando un gobierno cívico-militar cuyas decisiones no cambiarán los problemas que venimos de señalar, la rebelión continuará meses, quizás años, con el efecto de un país sin futuro, sin democracia y la deriva. La solución histórica sería la de asumir el reto de darle más poder a las periferias, lo que pasaría por elecciones lo antes posible, seguido de un diálogo nacional capaz de romper nuestros códigos de comportamiento social excluyente y adjetivado (terruco, DBA, DBI, caviar), admitir las diferencias, conversarlas y llegar a acuerdos, y obviamente relanzar la descentralización con el propósito de integrar los centros con sus periferias. Esta sería la salida política para cambiar el contrato social que tenemos y canalizar la enorme energía social que tienen las periferias. ¿Tendrá la presidenta Boluarte el coraje de renunciar y precipitar las elecciones? Si lo hace habrá contribuido, quizás, a un cambio mayor y en democracia.

Febrero 2023

IS PERU VIABLE AS A COUNTRY?

By Efraín Gonzales de Olarte 

The Peruvian political crisis, which has been ongoing for several years, had a point of inflection when the former president, Pedro Castillo, made an inexplicable attempt to become a dictator. On December 7, the inviability of Peru, both as a country and as a nation, was confirmed, since in the last 50 years, neither rightist nor leftist governments have managed to integrate Peruvians so that they feel part of a shared collective — of “our” country, and not, as is the case with the majority of the population, of an alien country: a country that belongs to the others. The result of this crisis is the division of Peru into at least two “Perus”.

Why would December 2022 be a moment of inflection in the history of this budding country? Never before had such a Peruvian come to power: a precariously educated, working-class man with a truly provincial origin — a small town in Cajamarca, one of the poorest regions in Peru. Pedro Castillo, the rural teacher, led the roster of a provincial “political party” with a confusing set of ideas, derived from an anachronistic Marxism, to win a national election. Up to that moment, all previous government leaders had come from political, corporate, military, or intellectual elites. In other words, they had come from socioeconomic sectors enjoying higher income and post-secondary levels of educational attainment (though not always from Lima, as was the case with A. Toledo, V. Paniagua, and J. Velasco), and had been endorsed by more-or-less organized political organizations — or had had the support of the armed forces as the foundation of their power.

In fact, the coming to power of the schoolteacher Pedro Castillo was the result of a profound crisis of political representation, characterized by the political atomization and the near disappearance of doctrinal parties, which is why Castillo was able to win a national election with just 18.9% of the votes in the first round, ultimately defeating Keiko Fujimori by 40,000 votes in the second round. It was almost a penalty shootout. In other words, Castillo came to power due to the convergence of a series of circumstances developing over the last nine years, and whose origins can be traced to much earlier events, such as the 1992 “self-coup” of Alberto Fujimori’s government and its aversion to political parties, and even further back in time, to the colonial heritage that split Peru in two: the colonialists and the colonized — a duality that changed only in terms of actors and names throughout Peruvian history, and which now makes a dramatic reappearance.

Obviously, coming to terms with the election of Castillo was not easy, especially for the urban and Limeño Peru, as it generated uncertainty for several reasons. On the one hand, he came in representation of a small provincial party whose owner and leader, Vladimir Cerrón, is a Cuban-educated physician who is being investigated by the authorities, and whose party, Perú Libre, had no plan of government, properly speaking, but a set of ideas written with the aid of some Marxism manual from the last century, which proposed changes that would lead Peru to become a communist/socialist country like Cuba. Incidentally, after 30 years of experience with neoliberalism, the proposals contained in Perú Libre’s ideology created panic in many sectors of the country. On the other hand, Pedro Castillo appeared rather like a cut-to-size guest to lead the party’s roster, given that Perú Libre had overmodest aspirations: obtaining a minimal number of votes to retain its political party status and, perhaps, one or two seats in congress. This caused Castillo’s electoral campaign to be characterized by a populist discourse in the most remote communities, unvisited by the other candidates, where he promised to solve all their local problems. This had two effects: (1) the places in greatest need (e.g., southern Peru, the poorest region in the country) voted for him; and (2) they saw him as a genuine representative (i.e., they felt identified with him, for he was like them).

Castillo’s coming to power further transparentized the great socioeconomic inequalities found in Peru, both in social sectors and in regions and municipalities, which translated into multiple requests for public spending and investment. It was obvious that a leftist government had to be, at the very least, of a redistributionist nature, but this was understood by neither Castillo nor Perú Libre, for they were not prepared to propose an economic and social policy of this cut: they had neither the ideas nor the “executives” to do so.

Things took a more anthropological turn. His social origin, combined with Perú Libre’s precarious organization and the judicial problems of its leader, led Castillo to govern based on his small social foundations, prioritizing his family, friends, and neighbors from Chota, his hometown, and some Cajamarquinos, friends of his family or neighbors, and the “executives” provided by Vladimir Cerrón. Obviously, the result was translated into a familial and Chotano cronyism, which led to a utilization of government resources for the benefit of his entourage — something that previous administrations had also done, but that, in this case, was too evident: they were too transparent in their acts of corruption, and the press, especially the conservative one, took care of keeping a close tally on these dealings, given their animosity towards Castillo since his success in the first electoral round.

The biggest problem is that, due to the priority given to his entourage and the nearly absolute lack of direction in its economic and social policies, Castillo’s government was a chain of blunders (e.g., in the election of both its ministers and other officials) that caused the weakening of the government’s actions, which brought a sense of unprecedented precariousness. The fact that he had 80 ministers in his first year and a half in office gives us an idea of how improvised this administration was. It was not a leftist government — it was an incompetent government.

Paradoxically, said precariousness and instability did not affect the performance of the Peruvian economy, for it has been over 25 years since the economic cycle gained its independence from the political one. This clearly favored Castillo, as — despite not having clear policies and showing a tortuous management of the public apparatus — the Peruvian economy continued to grow, and inflation remained under control (except, obviously, during the two years of the COVID-19 pandemic). Curiously enough, said outcomes stem from the primary-exporter and service economy model (primario-exportador y de servicios, PESER) inherited from Fujimorismo, as well as the autonomy of the Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva, BCR) and the regulatory bodies — all of which Castillo promised to eliminate during his electoral campaign.

Another aspect of the former president, by no means insignificant, were his limited communication and dialogue skills with the media; these were made evident in that pitiful CNN interview in January 2022, after which his counselors advised him not to face the press, and to establish other channels of communication to contact the population. It was for that purpose that the decentralized cabinets were established — and their audiences carefully chosen, obviously based on their affinity towards the president — providing Castillo with a platform from which, true to his syndicalist style of a “permanent candidate,” he continued promising to solve the population’s problems, knowing perfectly well it would not be possible for his administration to do so. In the best populist style, and driven by his ineptitude, he became a demagogue, feeding false hope to his voters. Most importantly, it was thanks to these platforms that Castillo started to create a strand of opinion in the populations of the provinces — that of being a president who was close to the problems of “the people” — and managed to convey the idea that Congress, the right, and the conservative media were not letting him govern. This is how he created an opinion that favored him, based on him being a leader of the people, one of them, who was not allowed to govern by the greater powers. His incompetence and the poor human capital of his various cabinets were hidden behind his transformation into the victim of a system that could not stand the fact that a provincial teacher of underprivileged origin had been elected president of Peru. The most important social effect was that his government caused the polarization of society, to the extreme of generating a growing socioeconomic dualism.

Nevertheless, said transformation went hand in hand with reports and investigations on a series of acts of corruption involving Castillo, his family, his entourage, and some of his ministers. Further evidence of this is that some of his relatives and former officials, who were being investigated by the Attorney’s Office, have either fled the country or gone into hiding. For this reason, there are those who think that the objective of the “coup” was to stop all the investigations related to corruption that the Public Ministry had started against him — this is why, in his address to the nation, not only did Castillo dissolve Congress, but also stated his intention to intervene in the Attorney’s Office and the Judicial Branch; in addition, he asked one of his aides to arrest the Attorney General of the nation who started the aforementioned investigation against him. The truth is he was not only incompetent as a president, but he was also incompetent when it came to managing the corruption he promoted and staging the coup.

After his attempted coup and his aspiration to become a dictator in the style of Maduro or Ortega, it was not surprising that a third of the population felt identified with Castillo and demanded he be reinstated, on the idea that he had been a victim. For his supporters, corruption was barely a venial sin that, in addition, remained to be proved — one like themselves had not been allowed to govern.

The next episode was the assumption of the government by Vice-President Dina Boluarte, which was accompanied by two circumstances that ended up confusing a significant portion of the population. The first one is that, upon violating the Constitution by announcing his coup, Pedro Castillo became automatically disqualified to continue to govern; as a result, Congress had the obligation to invite the vice-president to assume the presidency, in accordance with the Constitution. The second one is that — in an unnecessary act, given that Castillo was no longer president after having violated the Constitution — Congress passed a vacancy motion, in a rather theatrical fashion, to impeach the president on the grounds of “moral incapacity,” with 103 votes in favor out of the 130 possible votes. The interpretation of these events caused a significant portion of the population — especially from regions outside of Lima — to believe that Castillo had been removed by Congress, and that Dina Boluarte had been favored by his removal and was, consequently, a traitor. The truth is that a narrative was created based on the role of Congress — which was in constant confrontation with Castillo throughout his administration — as the cause of Castillo’s downfall, with Dina Boluarte as its accomplice. In her inauguration speech as president, she did not clarify why she had assumed the presidency according to the Constitution and did not distance herself from the Congress’s decision to impeach Castillo — though Congress had evidently taken advantage of the coup to finally find grounds for the impeachment (as unnecessary as it was, institutionally speaking).

After former President Castillo was put in custody, protests started to become generalized in the whole country, reaching unwanted levels of violence, with civilian casualties caused by police and army fire, but also police casualties brought about in the most brutal ways. The demands are as follows: (1) that Congress be closed; (2) that the current president, Dina Boluarte, step down; (3) that new elections be called; and (4) that a referendum be included to create a constituent assembly for the drafting of a new constitution.

The image portrayed by Castillo through his style of government was believed by a portion of the population with very little information, an extremely low capacity for discernment in political matters, and a high level of feelings of basic identification (i.e., support for their neighbors and relatives — or, in this case, for someone like themselves, who had promised the moon and the stars, but was unable to keep his promises because “they did not let him govern”). Never mind the fact that Castillo received money to promote officers or to appoint people to certain positions, as all previous administrations would have done the same, and, in the eyes of his supporters, this was not the cause of his impeachment by Congress. In addition, a significant portion of those demanding immediate elections and a new constitution have not even read the current one, which is why their stance has nothing to do with the rules governing Peruvian democracy, but with the incompetence of what they call the “political class” (as well as that of Congress) and the government’s neglect of the regions. In other words, what is worth analyzing are the social and economic outcomes of the political and economic system, and these have been rather scarce in the more popular areas and in the poorest regions.

Located in southern Peru, Puno, Apurimac, Cusco, and Arequipa are the regions with the largest number of protests and road blockades, which are the mechanism used to paralyze all activity; these, however, are spontaneous mobilizations of rural communities, combined with agitators from radical left groups and illegal sectors (e.g., drug trafficking, illegal mining and logging, and contraband), which do not come from a known organization with visible leadership. These mobilizations are a wave of discontent triggered in the protesters not only by the removal of a president like themselves, but above all by the poor performance of public institutions (e.g., health, education, utilities, and infrastructure) and by the poverty, underemployment, and informality in which the majority of people live.

Informality in Peru — characterized by the fact that 70% of the population is employed informally and generates only 20% of the gross domestic product — is an underlying problem from an economic, social, and political standpoint: it is the backdrop of the current crisis. From an economic standpoint, informality is synonymous with low productivity and, consequently, low income and precarious employment (i.e., poverty and the absence of a better future). From a social standpoint, as it does not foster stable work and production relationships, informality does not create the necessary social fabric for progress in a society (i.e., it is not possible to form guilds, unions, and associations having common interests — those with informal employment are on their own). From a political standpoint, the government does not manage to integrate those with informal employment so that they may enjoy the benefits of social security and retirement pensions — but above all, these people have no reason to organize themselves politically, and they will obviously vote for whomever offers them something or looks like them. As the Peruvian government apparatus is small, following the structural adjustment of the 1990s, it is unable to reduce inequality and provide more opportunities for the large majority of people. Informality is the latest form of the aforementioned duality and lack of socioeconomic integration in Peru.

From this perspective, the current protests are, in reality, a wake-up call given by people demanding a government that takes care of them and integrates them. Informality is the best route to social segregation. For these reasons, these protest mobilizations have no interlocutors with whom the government could dialogue to reach an agreement, thus the political settlement is fairly uncertain, and Peru may well be at the brink of social collapse or anomie, or at the gates of a military coup.

The current crisis has exacerbated the fragmentation of Peruvian society, which translates into: (1) the growing confrontation between Lima and the rest of the country, which decentralization has not managed to assuage; (2) the labor and economic informality stemming from the inability of the Peruvian development model (primary-exporter and service economy) to integrate those with informal employment; and (3) an inefficient and relatively small government apparatus, evidently incompetent when it comes to solving differences of an economic, social, and cultural nature. Ultimately, Castillo’s administration and his coup have unveiled the precariousness of Peru as a country.

EPILOGUE

It is evident that the settlement of the current political and social crisis in Peru, after Castillo’s coup, is not to be righted in the short term (and, perhaps, not even in the medium term), given the complexity of Peru’s predicaments — a fragmented society in social, regional, and cultural terms, overwhelming socioeconomic inequality, informality, political atomization, an economic model unable to create enough “decent” employment, a small and inefficient government apparatus corroded by corruption, and a dual education system unable to promote social equalization. These are problems requiring a sort of refounding of the country.

In the short term, three possible scenarios are expected: (1) a transitional government that manages to swiftly call an election; (2) a military coup; or (3) social anomie (i.e., the current situation as a futureless way of social survival). Given these problems, Peru does not seem to be viable as a country, unless a social or political miracle occurs — as former President Manuel Prado once said about our country’s inner workings, the problem will either solve itself or remain unsolved. On this occasion, no settlement mechanisms seem to exist.

Lima, January 2023

¿ES VIABLE EL PERÚ COMO PAÍS?

Efraín Gonzales de Olarte

La crisis política peruana, que tiene ya varios años, ha tenido un punto de inflexión cuando el ex –presidente Pedro Castillo cometió un inexplicable intento de convertirse en dictador. El 7 de diciembre se confirmó la inviabilidad del Perú como país y como nación, puesto que, en los últimos cincuenta años, ni gobiernos de derecha ni de izquierda han logrado integrar a los peruanos, para que se sientan parte de un colectivo compartido, de “nuestro” país y no -como la mayor parte de la población- como país ajeno, un país de los otros. El resultado de esta crisis es la escisión del Perú, por lo menos en dos “Perús”.

¿Por qué diciembre del 2022 sería un momento de inflexión en la historia de este país en ciernes? Nunca antes, había llegado al poder un peruano salido de las clases más populares, con precaria educación, de origen verdaderamente provinciano, de un pequeño pueblo de Cajamarca una de las regiones más pobres del Perú. El profesor rural Pedro Castillo encabezó la lista de un “partido político” provinciano con un confuso ideario de un marxismo anacrónico, para llegar al gobierno. Todos los anteriores gobernantes han provenido de las élites políticas, empresariales, militares o intelectuales, es decir de sectores socio-económicos de mayores ingresos, niveles educativos superiores, no siempre limeños (A. Toledo, V. Paniagua, J. Velasco) y con organizaciones políticas más o menos organizadas o con las fuerzas armadas como sustento del poder.

En verdad, la llegada del profesor de escuela Pedro Castillo al poder ha sido el resultado de una profunda crisis de representación política, caracterizada por la atomización política y por la casi desaparición de los partidos doctrinarios, razón por la cual pudo llegar al gobierno con sólo 18.9% de votos en la primera vuelta y ganar por 40mil votos a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Fue casi como una definición por penales. Es decir, llegó al poder por la confluencia de una serie de circunstancias,   que se fueron gestando en los últimos nueve años, aunque con orígenes antiguos que provienen del “auto golpe” de 1992 del gobierno de Alberto Fujimori y de su aversión a los partidos políticos y aún más allá en el tiempo, de la herencia colonial que escindió al Perú en dos: los colonialistas y los colonizados, dualismo que sólo cambió de actores y nombres durante la historia peruana y que ahora aparece nuevamente de manera dramática.

Obviamente, para el Perú urbano y limeño la elección de Castillo fue un resultado difícil de digerir, pues generó incertidumbre por varias razones.  Por un lado, vino representando a un pequeño partido provinciano cuyo propietario, Vladimir Cerrón, es un médico formado en Cuba e investigado por la justicia, cuyo partido no tenía un plan de gobierno propiamente hablando, sino un ideario escrito con la ayuda de algún manual de marxismo del siglo pasado, que proponía cambios que llevarían al Perú a ser un país comunista-socialista tipo Cuba. Por cierto, el Perú que venía de tener una experiencia de 30 años de neoliberalismo, las propuestas del ideario de Perú Libre generaron pánico en muchos sectores. Por otro lado, Pedro Castillo aparecía, más bien como un invitado de ocasión para encabezar la plancha presidencial, pues las aspiraciones de Perú Libre eran muy modestas: lograr un mínimo de votos para seguir vigente como partido político y, de pronto, sacar uno o dos congresistas. Esto hizo que la campaña electoral llevada a cabo por Castillo se caracterizara por un discurso populista en los pueblos más alejados, donde los otros candidatos no llegaron y donde llegaba prometía resolver los problemas del lugar, lo que tuvo dos efectos: los lugares con mayores carencias votaron por él –por ejemplo: el sur peruano que es la región más pobre-  y lo vieron como un representante genuino, es decir se identificaron con él, pues era uno como ellos.

Su llegada al poder hizo más transparente las grandes desigualdades socio-económicas que tiene el Perú, tanto de los sectores sociales como de las regiones y localidades, que se tradujeron en múltiples pedidos de gasto e inversión pública. Era obvio que un gobierno de corte izquierdista tenía que ser, por lo menos, redistribucionista, pero esto no lo entendieron ni Castillo ni Perú Libre, pues no estaban preparados para proponer una política económica y social de este corte, no tenían ni las ideas ni los cuadros para hacerlo.

Las cosas fueron por otro camino más antropológico. Su origen social, más la precaria organización de Perú Libre y los problemas judiciales de su líder, llevaron a Castillo a gobernar sobre tomando en cuenta sus pequeñas bases sociales: primero su familia, sus amigos y vecinos de Chota y algunos cajamarquinos, los amigos de su familia o vecinos, y los “cuadros” proporcionados por Vladimir Cerrón. Obviamente, el resultado se tradujo en un clientelismo familiar y chotano, que a la postre terminó en un uso de los recursos del Estado para beneficio de su entorno cercano -cosa que también hicieron los gobiernos anteriores- pero que en este caso fue demasiado evidente, fueron muy transparentes en sus actos de corrupción y la prensa, sobre todo conservadora, se ocupó de llevar la cuenta de estos manejos, dada la animadversión que le tuvieron desde el triunfo de Castillo en la primera vuelta electoral.

El problema mayor es que debido a la prioridad dada a su entorno y la casi absoluta ausencia de un norte en las políticas económicas y sociales, el gobierno de Pedro Castillo fue un rosario de desaciertos tanto en la elección de sus ministros y otros funcionarios, que a la postre debilitaron las acciones del Estado, dando la sensación de una precariedad nunca antes vista. El haber tenido ochenta ministros en un año y medio de gobierno, da una idea de la improvisación de aquel gobierno. No era un gobierno de izquierda sino un gobierno inepto.

Paradójicamente, dicha precariedad e inestabilidad no afectó el desempeño de la economía peruana, pues hace más de 25 años que el ciclo económico está divorciado del ciclo político, lo que obviamente favoreció a Castillo, pues, pese a no tener políticas claras y mostrar un tortuoso manejo del aparato público, la economía peruana siguió creciendo y la inflación estuvo controlada, salvo obviamente durante los dos años de la pandemia del COVID 19. Curiosamente, dichos resultados provienen del modelo económico primario-exportador y de servicios (PESER) heredado del fujimorismo, de la autonomía del Banco Central de Reserva y de los organismos reguladores. Cuestiones que Castillo prometió liquidar durante su campaña electoral.

Un aspecto no menor en el ex –presidente, fue su limitada capacidad de comunicación y de diálogo con el periodismo, que se vio reflejada en aquella penosa entrevista de CNN en enero del 2022, razón por la cual sus asesores le aconsejaron no enfrentar a la prensa y establecer otros medios de comunicación, para entrar en contacto con la población. Para ello, se establecieron los consejos descentralizados de ministros, a los cuales invitaban selectivamente a sus auditorios, obviamente afines el presidente, donde fiel a su estilo sindicalista y de candidato permanente siguió prometiendo resolver los problemas de la población, a sabiendas que con su gobierno no sería posible resolverlos. En el mejor estilo populista, se fue convirtiendo a fuerza de su ineptitud en un demagogo que fue creando ilusiones a sus votantes. Pero lo más importante es que, gracias a estas reuniones fue generando una corriente de opinión en las poblaciones de las provincias, el ser un presidente cercano a los problemas del “pueblo” y se dio maña para transmitir la idea de que la derecha, el Congreso y la prensa conservadora no lo dejaban gobernar. Es así como creó una opinión favorable a él, basada en que era un gobernante del pueblo, uno como ellos, que los grandes poderes no lo dejaban gobernar. Su ineptitud y la pobreza de sus distintos gabinetes ministeriales fueron escondidos tras de su conversión de víctima de un sistema que no soportaba que un maestro provinciano de modesto origen fuera presidente del Perú. El efecto social más importante es que su gobierno polarizó la sociedad, al extremo de ir generando un dualismo socio-económico creciente.

Sin embargo, dicha conversión caminó de manera paralela con las denuncias e investigaciones de una serie de hechos de corrupción que lo involucraban a él, su familia, a su entorno más cercano y a algunos de sus ministros. Prueba de ello es que algunos familiares y ex funcionarios investigados por la fiscalía o se han fugado o están en la clandestinidad. Por ello, hay quienes opinan que el “golpe de estado” tuvo como objetivo parar todas las investigaciones sobre corrupción que le había iniciado el Ministerio Público, de ahí que en su mensaje a la nación no sólo disolvía el Congreso, sino que intervendría en la Fiscalía, el Poder Judicial y pidió a un edecán suyo que detenga a la Fiscal de la Nación, quien la comenzó a investigar a él. La verdad es que no sólo fue incompetente como presidente, pero también fue incompetente para manejar la corrupción que promovió y para dar el golpe de Estado.

Tras de su intento de golpe de Estado y de su deseo de convertirse en dictador al estilo Maduro u Ortega, no sorprendió que un tercio de la población se identificara con él y pidiera su reposición, bajo la idea de que había sido una víctima. Para los que lo apoyan la corrupción era apenas un pecado venial, que además habría que probar. No lo habían dejado gobernar a uno como ellos.

El episodio siguiente fue la asunción al gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte que tuvo dos circunstancias, que a la postre confundieron a buena parte de la población. La primera es que Pedro Castillo al irse contra la Constitución anunciando su golpe de estado, automáticamente quedaba inhabilitado para seguir gobernando, en consecuencia, el Congreso debía invitar a la Vicepresidenta para que asumiera la presidencia, tal como señala la Constitución. La segunda es que el Congreso en un acto innecesario –dado que Castillo había dejado de ser presidente por ir contra la Constitución-  aprobó teatralmente la vacancia del presidente, por incapacidad moral con 103 votos de los 130 posibles. La interpretación de estos sucesos hizo que, para buena parte de la población -sobre todo de las regiones fuera de Lima- Castillo había sido destituido por el Congreso y que Dina Boluarte había sido favorecida por su destitución, en consecuencia, era una traidora. Lo cierto es que se creó una narrativa basada en el papel del Congreso, que estuvo enfrentado a Castillo durante todo su gobierno, como el causante de la caída de Castillo y Dina Boluarte como la cómplice del Congreso. Ella en su discurso de entronización como presidenta no aclaró porqué llegaba a la presidencia de manera constitucional y no tomó distancia de la decisión del Congreso de vacar a Castillo, que a todas luces había aprovechado del golpe, para encontrar finalmente una causal de vacancia, aunque innecesaria institucionalmente hablando.

Después que el expresidente Castillo fuera puesto en prisión preventiva, las protestas se fueron generalizado en todo el Perú, llegando a una violencia indeseada, con muertos civiles por balas de la policía y del ejército, pero también con muertes de la policía hechas de manera feroz. Las consignas son: que se cierre el Congreso, que renuncie la actual Presidenta Dina Boluarte, que se convoque a nuevas elecciones y se incluya un referéndum para crear una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución.

La imagen que había transmitido Castillo, a partir de su estilo de gobierno fue creída por una población con muy poca información, una bajísima capacidad de discernimiento político y mucha identificación de nivel básico, es decir apoyo al vecino, al pariente a alguien como uno, que había prometido el oro y el moro, y que como no lo dejaron gobernar no pudo cumplir con sus promesas. No importa que haya recibido dinero para ascender oficiales o para nombrar gente en ciertos cargos, pues esto lo habrían hecho todos los gobiernos anteriores y, para sus partidarios, esto no era causa de su vacancia por el Congreso. Además, buena parte de los que piden elecciones inmediatas y piden una nueva Constitución, no la han leído, por lo que su postura no tiene que ver con las reglas que norman la democracia peruana, sino con la incapacidad de lo que denominan la “clase política”, el Congreso y el olvido de las regiones por el Estado. Es decir, lo que interesa analizar son los resultados sociales y económicos del sistema político y económico y, éstos, han sido bastante exiguos con los sectores más populares y con las regiones más pobres.

El sur peruano: Puno, Apurimac, Cusco, Arequipa, Ayacucho son las regiones con mayores protestas y tomas de carreteras, que es el mecanismo para paralizar las actividades, sin embargo, son movimientos espontáneos de pobladores rurales, mezclados con agitadores provenientes de grupos radicales de izquierda y de sectores ilegales como el narcotráfico, la minería y tala ilegal, el contrabando que no proceden de una organización conocida o que tenga liderazgos visibles. Es una marea de descontento gatillada por la salida de un presidente como ellos, pero sobre todo por el pobre desempeño de las instituciones del Estado –salud, educación, servicios públicos, infraestructura- y por la pobreza, el subempleo y la informalidad en que vive la mayor parte de la gente.

La informalidad en el Perú, caracterizada porque el 70% de la población tiene un empleo informal, pero que sólo contribuye a crear el 20% del producto nacional, es un problema de fondo tanto económico, social y político. Es el telón de fondo de la crisis actual. Desde el punto de vista económico la informalidad es sinónimo de bajas productividades y, en consecuencia, de bajos ingresos y empleos precarios, es decir de pobreza y de ausencia de un futuro mejor. Desde el punto de vista social, la informalidad, al no generar relaciones de trabajo y de producción estables, no genera el tejido social necesario para el progreso en sociedad, es decir, no se logran formar gremios, sindicatos, asociaciones, que tengan intereses comunes, los informales bailan con su propio pañuelo. Desde el punto de vista político, los informales no logran ser integrados por el Estado para ser favorecidos por la seguridad social, las pensiones de jubilación, pero sobre todo los informales no tienen razones para organizarse políticamente y, obviamente, van a votar por el que les ofrezca algo o se parezca a ellos. Como el Estado peruano es chico, como fruto del ajuste estructural de los años noventa, no tiene capacidad de reducir las desigualdades y de dar mayores oportunidades para las grandes mayorías. La informalidad es la forma más moderna del dualismo y de la falta de integración socio-económica en el Perú.

Bajo esta perspectiva, las protestas actuales son en realidad un llamado de atención para tener un Estado que se ocupe de ellos y los integre. La informalidad es el mejor camino a la desintegración social. Por estas razones, estos movimientos de protesta no tienen interlocutores con quienes el gobierno podría dialogar para lograr algún acuerdo, por ello la salida política es bastante incierta y el Perú puede estar al borde del colapso social, la anomia o ad-portas de un golpe militar.

La crisis actual ha exacerbado la fragmentación de la sociedad peruana, que se traduce en la creciente confrontación entre Lima y el resto del país, que la descentralización no ha logrado encauzar, por otro lado, la gran informalidad laboral y económica resultado de la poca capacidad de integrar del modelo de desarrollo peruano (primerio-exportador y de servicios) y de un estado relativamente chico e ineficaz, que es a todas luces incompetente para resolver no sólo las diferencias económicas sino también las diferencias sociales y culturales. El gobierno de Castillo y su golpe de Estado, finalmente han develado la precariedad del Perú como país.

EPÍLOGO

Es evidente que la salida de la crisis política y social que vive el Perú, pos golpe de estado de Castillo, no se ha de corregir en el corto plazo y de pronto ni siquiera en el mediano plazo, pues los problemas del Perú son muy grandes y complejos: una sociedad fragmentada tanto social  regionalmente y culturalmente, grandes desigualdades socio-económicas, informalidad,  atomización política, un modelo económico que no tiene capacidad de generar suficiente empleo “decente”, un Estado pequeño e ineficaz corroído por la corrupción, y un sistema educativo dual incapaz de promover la igualación social. Son problemas que requieren una suerte de refundación del país.

En el corto plazo, se avizoran tres escenarios: un gobierno de transición que logre convocar a elecciones en el corto plazo, un golpe de Estado militar o una anomía social, es decir, la situación actual como forma de supervivencia social sin futuro. Dados estos problemas el Perú no parece ser un país viable, salvo que se dé algún milagro social o político, o como dice el viejo dicho de Manuel Prado, en el Perú los problemas se resuelven solos o no se resuelven. En esta ocasión no parecen existir mecanismos de solución.

Lima, enero 2023

ADOLFO FIGUEROA (In memoriam)

Efraín Gonzales de Olarte

Adolfo Figueroa Arévalo fue uno de los raros economistas peruanos que elaboró una teoría axiomática sobre los modelos de desarrollo, a la cual llegó después de un vasto trabajo de investigación empírica. Estudió desde las economías campesinas, los problemas del empleo, la desigualdad distributiva, la educación, mercados laborales, las políticas redistributivas, los regímenes de políticas económicas, hasta el uso y abuso de los recursos naturales no renovables y los problemas ambientales. En el fondo su preocupación fue desentrañar los meandros de las desigualdades económicas y sociales, sus orígenes, sus procesos y sus impases. Nos demostró que, para proponer teorías, el camino comienza viendo cómo es la realidad, viajando a los lugares de estudios, caminando los largos recorridos de la pobreza campesina y urbana, es decir, ensuciándose los zapatos, luego construyendo la información estadística y cualitativa, para finalmente comprobar las hipótesis de inicio. Por ello, sus teorías no nacieron de la imaginación del economista sentado frente a su computadora, sino de la observación de la compleja y a veces elusiva realidad peruana y latinoamericana.

Su partida ha sido sentida como una pérdida para la comunidad académica, pues, aún esperábamos más de sus luces y de su encantadora persona.  Pero se fue dejando un acervo de conocimientos, que no existía antes de él, se fue enseñando cómo enseñar economía de manera rigurosa, explicando los problemas más complicados con el lenguaje del “canillita”. Tenía un raro e innato talento para enseñar y, sobre todo, lograba que sus alumnos aprendieran, prueba de ello es las centenas de exalumnos suyos que ponderan hasta hoy sus cualidades de “maestro”.  En otras palabras, creo que logró lo que se propuso, tanto como investigador, teórico y como profesor. En este sentido tuvo una vida completa, que hay que celebrar, aunque nos haga falta físicamente.

Pero: ¿quién era Adolfo Figueroa? Era un ancashino de origen rural, nació en el pequeño pueblo de Shilla del Callejón de Huaylas, estudió la primaria en la escuela rural cercana a su casa y fue enviado por sus padres a estudiar la secundaria a Lima, donde estuvo los dos primeros años en el Colegio Guadalupe, siendo el alumno más destacado de su promoción, y terminó la secundaria en el Colegio Militar Leoncio Prado. Luego estudió Ciencias Económicas en la Universidad Mayor de San Marcos y gracias a una beca de una organización internacional fue a hacer sus estudios de posgrado en la exclusiva Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado con una tesis sobre la distribución del ingreso en el Perú. Pero al mismo tiempo, formó una entrañable familia con Yolanda su esposa y sus dos hijos: Rocio e Iván.

Cuando volvió al Perú, fue invitado por Máximo Vega Centeno y Richard Webb a unirse a ellos para la creación de la carrera de Economía en la PUCP, dónde enseñó, investigó y fue autoridad por más de cuarenta años, además fue consultor de todos los organismos internacionales. Fue un ejemplo del economista comprometido con su realidad y su sociedad, la cual conocía desde sus orígenes del Perú profundo y llegó a ser un reconocido profesor visitante en universidades estadounidenses y latino-americanas. Durante su vida, transitó desde el estudiante de origen rural hasta el economista cosmopolita, sin perder su autenticidad.

Pero quizás el rasgo más destacable de Adolfo Figueroa fue su personalidad magnética y su genuina convicción de que el Perú sería mejor si se conocía mejor sus insondables problemas y la mejor manera de lograrlo era formando buenos economistas comprometidos e identificados con los problemas que genera el subdesarrollo.

Ahora que no está ya con nosotros físicamente, estará siempre presente a través de su obra, de sus enseñanzas y de su espíritu. Los que lo conocimos podemos decir que Adolfo mejoró nuestras vidas. Descansa en paz querido amigo.

Lima, diciembre 2022

EL DIVORCIO ENTRE LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

Desde la aplicación de las medidas del Consenso de Washington en la década de los noventa del siglo pasado, la dinámica de la economía peruana dejó de estar conectada o estarlo muy levemente con los acontecimientos políticos, por varias razones:

1. La reducción del tamaño del Estado y de sus funciones económicas, que hizo que el gasto público dejara de ser un instrumento importante de la dinámica económica interna, pues el consumo e inversión del sector privado se convirtió en el predominante. El gasto del Estado tiene un menor impacto en el nivel de actividad económica y en la política.
2. La prohibición al Banco Central de Reserva de financiar al gobierno con emisiones inorgánicas, eliminó la posibilidad de usar la política monetaria para fines populistas.
3. La reformas, a través de las privatizaciones y la atracción de capitales extranjeros, reforzaron el modelo económico primario-exportador y de servicios (PESER), lo que tuvo dos consecuencias: por un lado, buena parte del crecimiento económico peruano depende de los precios internacionales de las exportaciones primarias y, por otro lado, la expansión de los servicios (banca, comercio de retail, gastronomía y servicios informáticos) generó buena parte del empleo formal, pero sobre todo, informal. En ambos casos, no hay canales económicos para afectar la política.
4. Como se sabe la tasa inflación es la variable económica con más repercusión política. Por ello, la gente protesta cuando hay alzas de precio que sobrepasen el 4%. Este factor, de conexión de lo económico con lo político, no se dio hasta el último año en que apareció el fenómeno mundial de la inflación, por ello la inflación peruana es mayormente importada, es decir no depende de la política económica.
5. Uno de los principales efectos de: la reestructuración del estado, de las reformas laborales y del modelo económico, ha sido el fortalecimiento del sector informal hasta niveles muy altos. Hoy el sector informal produce sólo el 20% del PBI pero emplea a más del 70% de la fuerza laboral y esto se ha reflejado en la escasa capacidad del heterogéneo sector informal para presionar al gobierno por política favorables o mejoras económicas.

¿Han cambiado estos determinantes de la conexión entre política y economía con el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo? En verdad no, salvo la aparición de una inflación internacional que afecta sobre todo a los sectores más pobres y que han reaccionado tomando carreteras, aunque de manera inorgánica, pues no hay ninguna central sindical detrás, ni tampoco partido político alguno. La informalidad es la mejor fórmula para desconectar la economía de la política, en la medida que los informales no están registrados ni fiscal ni laboralmente, tributan muy poco, y no están organizados como para poder ejercer presión sobre el gobierno.

Por todas estas consideraciones, en realidad en el Perú la economía determina la política y no al revés, que es lo que la mayor parte de analistas piensa. Es decir, las vías de conexión de la política con la economía han sido debilitadas en los últimos treinta años.

Setiembre 2022.

FRAGMENTACIÓN Y DUALISMO: PERÚ UN PAIS CASI INGOBERNABLE

Efraín Gonzales de Olarte

La extraña situación que atraviesa el Perú no ha sido prevista por ningún analista político o sociólogo. El haber elegido un presidente sobre el que no se conocía mucho frente a una contrincante de la cual se conocía todo, fue en realidad una elección entre lo bueno por conocer en vez de lo malo conocido. Es decir, nos fuimos contra la sabiduría convencional. A lo que no prestamos suficiente atención es que se eligió a un representante del tercer o cuarto quintil de la distribución del ingreso, cuando siempre habíamos elegido a un representante del quintil más alto, en otros términos, elegimos a un ciudadano de clase media baja-baja cuando siempre habíamos elegido a presidentes de clase alta o media-alta. Por si fuera poco, elegimos a un Congreso mediocre, de menor calidad que el anterior, como fruto de la atomización política y la cifra repartidora, en el cual priman los apetitos personales, por encima de cualquier objetivo político importante para el país. Nos equivocamos por partida doble.

Todo esto en un contexto bastante especial: por un lado, un país políticamente fragmentado, con grandes signos de corrupción y un modelo neoliberal recusado por no reducir las desigualdades socio-económicas, por otro lado, un país con una severa crisis moral heredad del Fujimorato que se confirma en cada acto de corrupción y, encima, con una pandemia que aún no termina. Un mal momento, para el cual se necesitaba un gobierno capaz y éticamente fuere para afrontar semejante coyuntura.

Ha pasado un año de este gobierno y del congreso y los resultados no sólo son decepcionantes, sino altamente alarmantes, en la medida que gobierno y congreso se han encargado de desmontar la poca institucionalidad y la menoscabada capacidad administrativa del Estado, pero sobre todo sin tener una idea de qué hacer en términos sociales y económicos para resolver los grandes problemas del “pueblo” al cuál siempre se refiere el gobernante. En suma, un año perdido por un gobierno que demuestra una incapacidad en todos los planos de la gestión y, encima, con varias investigaciones por temas de corrupción.

Pero, quizás lo que no estamos tomando cuenta es que, debido a la dinámica de los últimos años, el Perú parece estar transitando hacia un dualismo socio-cultural, es decir hacia una sociedad escindida en dos partes: una moderna que se afinca en la tecnología, la ciencia, el progreso y en la razón y otra tradicional que se sustenta en las costumbres ancestrales pre-capitalistas, en ideologías del siglo XIX ya superadas y en el pensamiento mágico. Durante muchos años el Perú ha estado gobernado por sectores provenientes del sector moderno que han regido tanto sobre el sector moderno como sobre el tradicional, claro que con resultados sociales incompletos y superables. Ahora parece que estamos asistiendo al gobierno del sector tradicional sobre el moderno, lo que obviamente está teniendo las repercusiones señaladas. En general, las sociedades han progresado jaladas por los sectores innovadores, los cuales han incorporado progresivamente en la modernidad a los sectores atrasados, pero cuando sucede lo contrario las sociedades se estancan, entran en períodos de oscurantismo, mediocridad y retroceso. Un buen ejemplo es parte de la edad media caracterizada por un estancamiento humano, social e intelectual, o en aquellas dictaduras teocráticas o las ideológicas.

Creo que en el Perú estamos en este camino, dado que tenemos un gobierno y un congreso cuyas tendencias apologéticas de la mediocridad se plasman cada día en decisiones y normas que están en contra del progreso, de la innovación tecnológica, de la mejora de la educación, de la libertad de prensa, de la mejora del sistema de justicia. Obviamente, aparte de los actos de corrupción, que parecen estar incorporados en el ADN de los políticos en todos los niveles de gobierno, que no hacen más que contribuir a la escisión y a la crisis moral.

Obviamente, salir de una situación tan complicada como la descrita no se dará en el corto plazo, pues se requerirá de un nuevo sistema político y de un conjunto de reformas constitucionales que promuevan nuevas representaciones política o que las antiguas se reformen. Es obvio que el Perú ya no se puede gobernar con los viejos partidos y patrones políticos, se requiere además un rejuvenecimiento de la política. Además, cómo recuperar los valores morales extraviados, que permitn funcionar a una democracia moderna. La pregunta es ¿quién podría aprobar o procesar todos estos cambios? ¿Es posible hacer cambios en corto tiempo?, hay varios temas que son muy urgentes de lo contrario el país va directamente al colapso y a una división de pronto insalvable.

Se dice, que sólo se ponen de acuerdo aquellos que se enfrentan a una amenaza común, sin embargo, como señalé a un inicio, en el Perú siempre se hace lo contrario a lo esperado. Ojalá que me equivoque.

Lima, 28 de julio 2022

PERÚ AL BORDE DEL COLAPSO: ENTRE UN GOBIERNO DÉBIL, UN POTENCIAL DICTADOR Y UNA SALIDA DEMOCRÁTICA.

 Efraín Gonzales de Olarte 

En la insólita coyuntura política peruana de abril del 2022, el gobierno del presidente Castillo y el Congreso se han entrampado en sus juegos particulares y están poniendo en peligro el futuro de, sobre todo, los sectores pobres y excluidos y del Perú como país viable. El que está aprovechando de esta coyuntura es el médico marxista graduado en Cuba Vladimir Cerrón, dueño del partido político Perú Libre.

El Perú tiene un gobierno débil, con un presidente que confunde Croacia con Ucrania, un premier estrafalario que cita a Hitler como un ejemplo a seguir, y un congreso atomizado y dominado por diversos intereses particulares, antes que por ocuparse de legislar para resolver los problemas de en un país necesitado de empleo, de mayores ingresos y de mejores servicios sociales.

Frente a esta situación, el que tiene claro su objetivo político es el presidente del partido político provinciano “Perú Libre”: Vladimir Cerrón. Su partido no tiene mayoría en el Congreso, lo que le impide promover una Asamblea Constituyente que le permitiría generar un movimiento político, con los recursos del Estado, para lograr un nuevo “pacto social” obviamente manejado por él. En consecuencia, su juego consiste en aprovechar una coyuntura como la actual, en la cual la subida de precios de los alimentos y el petróleo genera descontento en distintos sitios del Perú, lo que ha generado la toma de carreteras y la paralización de las actividades cotidianas en varios lugares del Perú, en las cuales se han infiltrado gente de Perú Libre pidiendo que se cierre el Congreso y que se convoque a una Asamblea Constituyente, tema que el vacilante Presidente Castillo había relegado a un segundo plano.

En ocasiones así no se necesita mucho para azuzar a gente que no tiene empleo, que el ingreso no le alcanza y que no tiene mucho que perder. De esta manera, se ha ido preparando un escenario de descontento que permite echar la culpa a un desprestigiado Congreso de lo que sucede, olvidando sibilinamente la incapacidad del Presidente Castillo para gobernar y de los desaciertos de su primer ministro y sus mediocres ministros.

Simultáneamente, se están organizando los llamados consejos de ministros descentralizados en varias ciudades del Perú, dizque para escuchar las voces de las provincias. Sin embargo, el fin es otro, pues en cada uno de estos consejos en los que participan: los ministros, las autoridades regionales y locales, algunos dirigentes de trabajadores y populares, se invita a una cierta cantidad de público para darle un aire popular y democrático a las sesiones, sin embargo, estos invitados son sólo gente de Perú Libre, es decir la “portátil” y al resto no se les permite ingresar. Estos “invitados” van aleccionados y con pancartas que dicen: “cerremos el congreso y necesitamos una nueva constitución que resolverá todos los problemas que tienen los sectores populares”. Así, se ha ido creando una corriente de opinión favorable a los objetivos de Cerrón.

Cuando se hace presente en estas reuniones el Presidente, que no lee periódicos ni ve televisión, escucha lo que dice la portátil y asume (o de pronto todo está orquestado por Cerrón) que eso es lo que pide el pueblo y, a renglón seguido propone enviar al Congreso un proyecto de ley sobre la constituyente. Es una puesta en escena, que a la gente poco informada es probable que crea que las cosas son así.

Pero cuando vemos las encuestas de opinión, el tema de la constituyente está muy a la cola, según las diferentes encuestas las prioridades de la población es la seguridad, la corrupción y el empleo, además más de dos tercios piden que se vayan todos, presidente y congreso. Por esta razón, no sorprende, que después de estos consejos de ministros la encuesta del IEP recoja una desaprobación mayor al congreso y a su presidenta. Que se sepa no han hecho nada nuevo para bajar tanto. Es el efecto deseado de Cerrón para traerse abajo el Congreso y eventualmente a Castillo y generar un movimiento popular para promover la asamblea constituyente que es la única manera de lograr sus objetivos de capturar el Estado y convertirse en un dictador.

No hay que olvidar que el Presidente Castillo tiene capacidades intelectuales visiblemente inadecuadas para el puesto y no tiene la personalidad para enfrentar a Cerrón. A menos que tras el perfil que proyecta, sea en realidad un calculador y taimado personaje que le sigue el juego a Cerrón, en cuyo caso el escenario empeora.

La fórmula de Cerrón es conocida: Bolivia de Evo, Venezuela de Chavez, Nicaragua de Ortega hicieron lo mismo, quienes al modificar sus constituciones lo hicieron para enquistarse en el poder. En resumen, están tratando de preparar una suerte de conmoción social, están exacerbando las contradicciones según la ideología pseudo-comunista de Cerrón, para lograr, lo que dada su debilidad política, no lo pueden hacer en la arena democrática con las reglas que aceptaron para participar en las elecciones.

Frente a una amenaza de este calibre, las fuerzas democráticas debemos buscar salidas a este atolladero y a esta gran amenaza. Es imprescindible generar una fuerte corriente de opinión, promover la mayor participación de la gente en favor de lograr acuerdos políticos, incluyendo los que están en el gobierno y en el congreso, es una condición sine quanon para ir a unas nuevas elecciones o para generar un gobierno de ancha base.

Los problemas son: la extrema polarización política (Perú Libre versus la DBA), la incredibilidad del Castillo, la falta de liderazgos democráticos, el amplio desánimo y los jóvenes que aún no interiorizan el potencial peligro que se avecina. Por ello, creo que existen dos escenarios de salida: 1. Un acuerdo político de ancha base, del cual salga un nuevo equipo ministerial que represente a todos los partidos políticos en el Congreso y un plan de reactivación de la economía y dé solución a todos los conflictos sociales existentes. Esto era lo que promovían el Cardenal Pedro Barreto y el Secretario General del Acuerdo Nacional el Dr. Max Hernandez y que fueron “mecidos” por Castillo. Sería un “Acuerdo por la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo incluyente”.  2. Ir a nuevas elecciones generales en un año, sobre la base de acuerdos políticos mínimos, con cambio de las reglas electorales, permitiendo por ejemplo la posibilidad de volver a postular a los actuales congresistas.

A mediano plazo es imprescindible recrear el centro político, y quizás la solución sea promover un movimiento político “caviar”, cuyos anónimos integrantes han terminado siendo colocados al centro del espectro político, al ser atacados y culpados de todos los males, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda.  Más allá del caviarismo, es impostergable construir un centro político (centro, derecha e izquierda) que en mi criterio podría fácilmente lograr mayorías en varias regiones, si aparecen los líderes y se genera una coordinadora por la salvación democrática del Perú.

Lima, 1 de mayo 2022

¿LA INFLACIÓN PUEDE TUMBARSE AL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO?

Efraín Gonzales de Olarte

En varios trabajos de investigación hemos concluido que la economía está divorciada de la política en el Perú desde 1992, salvo cuando la inflación se desborda. La inflación siendo un fenómeno generado en la esfera económica es el fiel de la balanza entre economía y política, pues mientras esté controlada los fenómenos políticos no afectarán a las decisiones económicas y viceversa.

Las causas de este divorcio en el caso peruano son: el modelo primario exportador y de servicios cuya dinámica depende de factores externos (precios de las materias primas, libre entrada y salida de capitales), de la prohibición del Banco Central de financiar al Estado con emisiones monetarias y la casi desaparición de partidos políticos representantes de intereses corporativos o gremiales, que hacen difícil la conexión entre grupos de interés económico con la representación política en el gobierno. Por estas razones, turbulencias políticas de cualquier tipo no se transmiten a las ruedas económicas, o si los hacen no son duraderas.

Sin embargo, los acontecimientos mundiales de los últimos dos años han cambiado el panorama e impactado en la inflación en casi todos los países y obviamente en el Perú. La inflación en América Latina está en el orden de 11% en promedio y en el caso peruano en los últimos meses es de 7% y todo indica que se sostendrá en este nivel durante todo el 2022.

Los orígenes de esta inflación, no han sido precisamente monetarios. Han provenido en primer lugar de dos años de sequía en los Estados Unidos que elevaron el precio del trigo y el maíz, luego de la pandemia generada por el COVID19 que paralizó la producción en casi todos los países reduciendo la oferta, en seguida los gobiernos se vieron obligados a establecer ayudas económicas tanto a los trabajadores como a las empresas para mantener la demanda. Se generó así una inflación tanto por la reducción de la oferta como por el mantenimiento de la demanda. Luego el gobierno americano del presidente Joe Biden hizo aprobar un paquete de 3 billones de dólares para reactivar la economía americana, generando un incremento sostenido de la demanda, que presionó los precios al alza (la tasa de inflación en Estados Unidos es superior a 7%). Cuando se estaba saliendo de la pandemia, el autoritario Vladimir Putín decidió invadir Ucrania, lo que elevó drásticamente los precios del petróleo, el gas y el trigo.

La inflación en el Perú tuvo un origen mixto, por un lado, interno pues la paralización de gran parte de la producción debido al confinamiento por el COVID generó una inflación por la oferta, por el lado externo, dado que el Perú es importador de trigo, maíz, aceite, petróleo y fertilizantes, que son fundamentales para el consumo y la producción, terminó importando la inflación internacional, a través del incremento mundial de los precios de estos productos.

En los últimos meses, la invasión rusa a Ucrania incrementó drásticamente los precios del petróleo, los alimentos y los fertilizantes, lo que ha hecho que la inflación peruana en promedio haya subido por encima del 6% o sea muy por encima de la “meta inflación” del Banco Central, que es 3%. Tasa que ha afectado a la mayoría de la población peruana, más aún para los sectores más pobres la tasa de inflación sobrepasa el 10%, en la medida que casi el 80% de sus ingresos lo dedican a la alimentación y al transporte.

La inoperancia e incapacidad del gobierno de Pedro Castillo para manejar una alta inflación, ha terminado con las protestas populares de precisamente aquellos electores que votaron por él y hay un 63% de la población que pide que renuncie a la presidencia (encuesta Ipsos).

Obviamente, una alta inflación afecta la popularidad y legitimidad del gobierno y como dijimos al comienzo: una alta inflación tiene efectos políticos.

Lo que es difícil prever es ¿cuánto tiempo ha de durar la invasión rusa a Ucrania, principal causa de la inflación importada, pero lo que es más o menos previsible es que el gobierno de Castillo no logré hacer mucho para capear la situación, dada la mediocridad tanto del ejecutivo como del Congreso. Si la inflación no es controlada y se convierte en un proceso inflacionario los días de Pedro Castillo como presidente pueden estar contados.

Abril 2022

LAS DESIGUALDADES PASARON LA FACTURA: Gobernantes, corrupción y redistribución 

Efraín Gonzales de Olarte

 Se dan varias explicaciones sobre las incapacidades del actual presidente de la república, de sus ministros y de los congresistas, todas ellas referidas a su calidad educativa, su ética, su mediocridad y su comportamiento cívico. Sin embargo, no nos preguntamos por qué son así, no nos preguntamos sobre los orígenes de su comportamiento y manera de ser. Creo que la respuesta está en las grandes desigualdades sociales que hay en el Perú en: educación, formación, patrimonio, ingresos, éticas y étnicas, en el marco de la corrupción generalizada que corroe al Estado.

Comencemos por las desigualdades de ingresos, que en realidad están en función de los otros factores. En 2019 el 10% más rico de la población recibía el 31% de las remuneraciones totales, y el 30% más pobre recibía apenas el 10%.

El 10% más rico tiene mayores remuneraciones porque tienen mayores niveles educativos secundarios, superiores y técnicos, o tienen un patrimonio (capital físico, propiedades urbanas o rurales, activos financieros) que les genera rentas (alquileres, intereses, dividendos) y en su mayor parte son blancos o mestizos acomodados.

En cambio, el 30% más pobre, tiene una deficiente educación incompleta y de mala calidad, secundaria en el mejor de los casos, tienen algún patrimonio mínimo (tierras de labranza, una casa autoconstruida o un tallercito informal) que en general no les da renta alguna y en general son mestizos pobres e indios.

El 60% restante de la población, tienen una educación secundaria, técnica de baja calidad, algunos lograron obtener algún título universitario, muchos de ellos en universidad no licenciadas, tienen algún patrimonio (casa modesta, algunos ahorros en algún banco, un negocio, un taller, una tienda de abarrotes o una ferretería) que les genera ingresos adicionales o que aumenta sus ingresos salariales y son mestizos diversos.

El asunto es que quienes han gobernado y manejado el Estado en el Perú hasta el 2021 han sido personas provenientes del decil superior, es decir del 10% más rico del Perú. Sin embargo, este estrato de la población debido a una serie de factores cayó en el “negocio” de la corrupción, es decir, del aprovechamiento de los recursos públicos y del poder político para provecho propio, que se ha hecho más notorio en los últimos 30 años, sobre todo a raíz de la corrupción institucionalizada de las empresas brasileras (Oderbrecht, OAS, Camargo Correa). Esta corrupción ha hecho metástasis en el Perú y se la encuentra en todo nivel de gobierno y, sobre todo, ha pasado a ser parte del objetivo de los partidos y frentes electorales para llegar al gobierno, sea este el nacional, los regionales o lo municipales.

Hoy, con honrosas excepciones, los que participan en política lo hacen para mejorar sus economías particulares y su posición social en función del robo sistemático de los recursos del Estado, de la corrupción en sus varias formas. Es decir, la carrera política se ha convertido en un medio para mejorar la distribución del ingreso a favor de las personas que participan en cualquier nivel de gobierno o en cualquier institución estatal, es decir hemos llegado a un patrimonialismo exacerbado por las desigualdades generadas por el modelo económico, por las deficiencias del Estado peruano y por la corrupción generalizada. Es dentro de este contexto que se dieron las últimas elecciones.

Los resultados electorales han cambiado radicalmente el panorama político peruano. A partir del 2021 han pasado a gobernar personas provenientes de los deciles intermedios que, debido a sus menores activos, menor calidad educativa, escaso patrimonio, su mediocridad y poco comprometidos por la cosa pública y más bien interesados en sus bolsillos. Por fin nos damos cuenta que la desigualdad económica y educativa se ha manifestado tanto en las elecciones como en el gobierno y el congreso.

En las elecciones, el nuevo presidente ganó con los votos de los deciles más bajos, de los pobres e informales y conformó un gobierno con la gente de su entorno –decil 4 o 5- es decir, gente poco calificada para manejar la maquinaria del gobierno. Nos rasgamos las vestiduras de ministros de la talla de Bellido, Supo, Condori, Silva o el licenciado en educación Oscar Zea que asume el Ministerio de Agricultura. Ellos son el producto del atrasado sistema educativo y de la desigualdad socio-económica. Los que siempre gobernaron lo hicieron con propuestas políticas populistas que permitían recoger votos de casi todos los deciles de la distribución del ingreso, pero esto llegó a su fin el 2021.

Al Congreso llegó el atomizado “sistema político” peruano y que gracias a las normas electorales (elección simultánea de ejecutivo y de legislativo) no hay algún partido o agrupación que tenga una mayoría. El propio gobierno tiene apenas 28% de los votos en el Congreso. En el fondo existe esta dispersión política, porque cada grupo (creo que ninguno llega a cumplir con los requisitos de un partido político) apuntó a sus intereses propios, en consecuencia, es muy difícil que este Congreso llegue, por ejemplo, a un “acuerdo político de base” para hacer gobernable el Perú, pues cada grupo defiende sus intereses particulaores: Fuerza Popular: busca de salvar a su lideresa de la prisión, Podemos: busca volver al negocio de la educación superior, los conservadores: Avanza Perú y Renovación Popular buscan vacar al presidente, Perú Libre tratan de sostener al presidente y con ello acceder a una serie de prebendas y puestos públicos. Pero el detalle mayor en el Congreso es que los 130 congresistas tienen asegurado un sueldo por 60 meses además de beneficios sociales, que para una gran mayoría es un salto notable en el nivel salarial que difícilmente querrán perder, pues es un ascenso de los deciles bajos de ingreso al decil superior.

Es más o menos evidente que: entre el mediocre ejecutivo y su presidente y la dispersión de intereses en el Congreso no hay posibilidades de llegar a acuerdos en favor de un proyecto de gobernabilidad y desarrollo.

Los peruanos estamos aprendienco cuán importante es tener un país más igual, sobre todo en niveles educativos. La historia nos ha pasado la cuenta, los países muy desiguales, poco inclusivos y con estados débiles están condenados a ser inestables y a progresar lentamente. En el Perú hay muy poca consciencia sobre este enorme problema estructural.

De lamentar. Recordemos que las elecciones estuvieron sesgadas por las sospechas y certidumbres de corrupción. Los que votaron en contra de Keiko Fujimori lo hicieron para evitar la corrupción del tiburón, los que votaron por Castillo, que pensaron que votaban por el Robin Hood peruano, en realidad votaron por la corrupción de pirañas.

15 febrero 2022