LAS DESIGUALDADES PASARON LA FACTURA: Gobernantes, corrupción y redistribución 

Efraín Gonzales de Olarte

 Se dan varias explicaciones sobre las incapacidades del actual presidente de la república, de sus ministros y de los congresistas, todas ellas referidas a su calidad educativa, su ética, su mediocridad y su comportamiento cívico. Sin embargo, no nos preguntamos por qué son así, no nos preguntamos sobre los orígenes de su comportamiento y manera de ser. Creo que la respuesta está en las grandes desigualdades sociales que hay en el Perú en: educación, formación, patrimonio, ingresos, éticas y étnicas, en el marco de la corrupción generalizada que corroe al Estado.

Comencemos por las desigualdades de ingresos, que en realidad están en función de los otros factores. En 2019 el 10% más rico de la población recibía el 31% de las remuneraciones totales, y el 30% más pobre recibía apenas el 10%.

El 10% más rico tiene mayores remuneraciones porque tienen mayores niveles educativos secundarios, superiores y técnicos, o tienen un patrimonio (capital físico, propiedades urbanas o rurales, activos financieros) que les genera rentas (alquileres, intereses, dividendos) y en su mayor parte son blancos o mestizos acomodados.

En cambio, el 30% más pobre, tiene una deficiente educación incompleta y de mala calidad, secundaria en el mejor de los casos, tienen algún patrimonio mínimo (tierras de labranza, una casa autoconstruida o un tallercito informal) que en general no les da renta alguna y en general son mestizos pobres e indios.

El 60% restante de la población, tienen una educación secundaria, técnica de baja calidad, algunos lograron obtener algún título universitario, muchos de ellos en universidad no licenciadas, tienen algún patrimonio (casa modesta, algunos ahorros en algún banco, un negocio, un taller, una tienda de abarrotes o una ferretería) que les genera ingresos adicionales o que aumenta sus ingresos salariales y son mestizos diversos.

El asunto es que quienes han gobernado y manejado el Estado en el Perú hasta el 2021 han sido personas provenientes del decil superior, es decir del 10% más rico del Perú. Sin embargo, este estrato de la población debido a una serie de factores cayó en el “negocio” de la corrupción, es decir, del aprovechamiento de los recursos públicos y del poder político para provecho propio, que se ha hecho más notorio en los últimos 30 años, sobre todo a raíz de la corrupción institucionalizada de las empresas brasileras (Oderbrecht, OAS, Camargo Correa). Esta corrupción ha hecho metástasis en el Perú y se la encuentra en todo nivel de gobierno y, sobre todo, ha pasado a ser parte del objetivo de los partidos y frentes electorales para llegar al gobierno, sea este el nacional, los regionales o lo municipales.

Hoy, con honrosas excepciones, los que participan en política lo hacen para mejorar sus economías particulares y su posición social en función del robo sistemático de los recursos del Estado, de la corrupción en sus varias formas. Es decir, la carrera política se ha convertido en un medio para mejorar la distribución del ingreso a favor de las personas que participan en cualquier nivel de gobierno o en cualquier institución estatal, es decir hemos llegado a un patrimonialismo exacerbado por las desigualdades generadas por el modelo económico, por las deficiencias del Estado peruano y por la corrupción generalizada. Es dentro de este contexto que se dieron las últimas elecciones.

Los resultados electorales han cambiado radicalmente el panorama político peruano. A partir del 2021 han pasado a gobernar personas provenientes de los deciles intermedios que, debido a sus menores activos, menor calidad educativa, escaso patrimonio, su mediocridad y poco comprometidos por la cosa pública y más bien interesados en sus bolsillos. Por fin nos damos cuenta que la desigualdad económica y educativa se ha manifestado tanto en las elecciones como en el gobierno y el congreso.

En las elecciones, el nuevo presidente ganó con los votos de los deciles más bajos, de los pobres e informales y conformó un gobierno con la gente de su entorno –decil 4 o 5- es decir, gente poco calificada para manejar la maquinaria del gobierno. Nos rasgamos las vestiduras de ministros de la talla de Bellido, Supo, Condori, Silva o el licenciado en educación Oscar Zea que asume el Ministerio de Agricultura. Ellos son el producto del atrasado sistema educativo y de la desigualdad socio-económica. Los que siempre gobernaron lo hicieron con propuestas políticas populistas que permitían recoger votos de casi todos los deciles de la distribución del ingreso, pero esto llegó a su fin el 2021.

Al Congreso llegó el atomizado “sistema político” peruano y que gracias a las normas electorales (elección simultánea de ejecutivo y de legislativo) no hay algún partido o agrupación que tenga una mayoría. El propio gobierno tiene apenas 28% de los votos en el Congreso. En el fondo existe esta dispersión política, porque cada grupo (creo que ninguno llega a cumplir con los requisitos de un partido político) apuntó a sus intereses propios, en consecuencia, es muy difícil que este Congreso llegue, por ejemplo, a un “acuerdo político de base” para hacer gobernable el Perú, pues cada grupo defiende sus intereses particulaores: Fuerza Popular: busca de salvar a su lideresa de la prisión, Podemos: busca volver al negocio de la educación superior, los conservadores: Avanza Perú y Renovación Popular buscan vacar al presidente, Perú Libre tratan de sostener al presidente y con ello acceder a una serie de prebendas y puestos públicos. Pero el detalle mayor en el Congreso es que los 130 congresistas tienen asegurado un sueldo por 60 meses además de beneficios sociales, que para una gran mayoría es un salto notable en el nivel salarial que difícilmente querrán perder, pues es un ascenso de los deciles bajos de ingreso al decil superior.

Es más o menos evidente que: entre el mediocre ejecutivo y su presidente y la dispersión de intereses en el Congreso no hay posibilidades de llegar a acuerdos en favor de un proyecto de gobernabilidad y desarrollo.

Los peruanos estamos aprendienco cuán importante es tener un país más igual, sobre todo en niveles educativos. La historia nos ha pasado la cuenta, los países muy desiguales, poco inclusivos y con estados débiles están condenados a ser inestables y a progresar lentamente. En el Perú hay muy poca consciencia sobre este enorme problema estructural.

De lamentar. Recordemos que las elecciones estuvieron sesgadas por las sospechas y certidumbres de corrupción. Los que votaron en contra de Keiko Fujimori lo hicieron para evitar la corrupción del tiburón, los que votaron por Castillo, que pensaron que votaban por el Robin Hood peruano, en realidad votaron por la corrupción de pirañas.

15 febrero 2022

¿CUÁNDO SE JODIÓ EL ESTADO PERUANO?

Efraín Gonzales de Olarte

No cabe duda que en el Perú tenemos un Estado débil, que hace difícil la gobernabilidad democrática y menos aún el desarrollo equitativo e inclusivo. Hay innumerables pruebas de la debilidad del Estado peruano: la incapacidad de afrontar la pandemia del COVID19 con mayor eficacia y menos muertos, la improvisación para remediar el derrame petrolero de Ventanilla, el poco criterio de la Marina peruana para advertir de la posibilidad de un tsunami debido a la erupción del volcán submarino, cuando en todos los países vecinos si se dio la alarma, la creciente delincuencia, la incompetencia para reducir la  enorme informalidad económica y laboral existente, la inacabada reconstrucción del norte después del niño costero del 2016-17, el relativo fracaso de los gobiernos descentralizados, la inexistencia de una carrera pública administrativa, la incapacidad de resolver conflictos sociales, la ejecución parcial de los presupuestos de los distintos niveles de gobierno, y podría seguir dando ejemplos de la incapacidad de decisión, de gestión, de fiscalización, de sanción que tienen los organismos estatales.

Un estado débil es aquel que no tiene capacidad para llevar a cabo sus funciones de manera fluida y transparente, es aquel que no es capaz de disciplinar al sector empresarial y a los gremios, es aquel cuyo sistema de justicia es lento e imprevisible, es aquel que la gente desconfía de sus acciones. Obviamente, un estado débil no contribuye a un mejor desarrollo humano y hace lento el desarrollo económico y social.

Pero, nos preguntamos cuál es el origen de esta debilidad, o en otras palabras ¿cuándo se jodió el Estado peruano? Creo que históricamente hay una falla de origen del estado republicano y está en la herencia colonial, de la cual hay una serie de rasgos y de costumbres que hasta hoy persisten, pero que no nos ocuparemos ahora. Nos interesa saber qué ha pasado en la historia reciente, pasamos de un Estado que explicaba más del 40% del PBI en 1975 al actual que apenas explica el 16%, es decir, en los últimos cuarenta años el estado peruano se ha achicado y se ha debilitado. Obviamente, estado chico no es equivalente a estado débil, no es el tamaño el que importa, sino la calidad para cumplir bien sus funciones definidas en la Constitución.

Creo que el inicio de la debacle del Estado peruano se dio en el primer gobierno de Alan García, cuando la hiperinflación debilitó casi todas las instituciones del Estado, incluyendo su moneda y sus organizaciones sociales. Cuando dejó el cargo García la presión tributaria llegó al 5% del PBI, es decir, el estado no tenía recursos ni para comprar gasa y alcohol en las postas médicas. El siguiente gobierno heredó esta catástrofe económica y, como Alberto Fujimori no tenía un plan económico propio y la economía fiscal estaba al borde del colapso, aceptó el apoyo del FMI, BM y el BID y de los países acreedores, bajo la condición de llevar a cabo un Ajuste Estructural de corte neoliberal, el cual se sustentaba en los principios, de propiedad privada, libertad de mercado y estado mínimo.

Las reformas llevadas a cabo por Fujimori, a más de estabilizar la economía, atrajeron al capital internacional tanto a través de las privatizaciones de las empresas públicas como de las inversiones en los sectores más rentables, es decir, el Estado comenzó a tener recursos extraordinarios, los que crearon un terreno fértil para la corrupción, dada la existencia de instituciones incapaces de controlarla y, sobre todo, dada la crisis moral a la que llevó dicho gobierno. La corrupción alcanzaría ribetes anormales cuando empresas brasileras como Oderbrecht y OAS establecieron un sistema de corrupción institucionalizada a través de las licitaciones estatales.

Por otro lado, el Fujimorato se encargó de debilitar a los partidos políticos, generando una atomización de las representaciones políticas, lo que resquebrajó el papel fiscalizador de los partidos políticos al gobierno de turno. Los partidos políticos hacen parte del Estado, son los que originan los gobiernos que lo manejan.

Las razones del debilitamiento del estado peruano en los últimos 30 años parecen ser: la generalización de la corrupción debido al ciclo del crecimiento de los recursos fiscales, la reducción del tamaño y funciones del estado tanto por la hiperinflación de Alan García como por el neoliberalismo adoptado por Alberto Fujimori, la práctica desaparición de los partidos políticos, que fueron reemplazados por alianzas electorales o simplemente por “vientres de alquiler” para participar en elecciones y para medrar del estado, la falta de decisión política para hacer las reformas de tercera generación, es decir, la reforma del estado que permitiera coordinar y cooperar entre sus diferentes reparticiones, la desaparición de la carrera pública en la administración estatal, en todos los niveles de gobierno. Hay que agregar, que se generó toda una ideología en contra del estado y de la planificación, es decir, el extremo neoliberalismo ideológico reemplazó al razonamiento práctico y realista, dadas las características del Perú.

Es duro constatar que las causas del debilitamiento estatal son muy difíciles de remontar, al Perú le tomará varios años, sino décadas, para reducir la corrupción, generar nuevos partidos políticos en serio, mejorar la carrera pública, tener planes de largo plazo y, lamentablemente, cualquier modelo alternativo al neoliberal, llámese social-demócrata, economía mixta o socialista, no tienen posibilidad porque cualquiera de ellos requiere de un estado más grande y, sobre todo, que funcione de manera eficiente y eficaz.

No es broma, pero el Perú está ad-portas de un estado fallido y de la anomia social. Lamentablemente, el gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo no están capacitados para acometer esta enormidad de problemas. Una desgracia.

30.01.2022