LA CONSTITUCIÓN, EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual constitución. Algunos la quieren reformar y otros la quieren cambiar. Lo cierto es que la constitución vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “auto-golpe de estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del estado, acorde con la corriente ideología neo-liberal de los años 90 del siglo pasado.

El así llamado modelo neo-liberal, generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2015, redujo la pobreza, pero no la desigualdad, sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. En cuanto el crecimiento mundial comenzó a declinar la economía peruana, dependiente de precios y de la demanda internacional por las materias primas y productos agrícolas, comenzó a declinar y a hacer más agudas las desigualdades y el aumento de los niveles de pobreza. Por otro lado, la reducción del estado por las reformas neo-liberales no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades generadas por el modelo económico. Es muy importante entender que el neoliberalismo genera crecimiento con desigualdad, sólo corregible si, por ejemplo, la presión tributaria es mayor al 20% del PBI.

En consecuencia, se comenzó a asumir que la incapacidad del modelo para favorecer a todos los peruanos de manera más o menos pareja, además de la constatación que los ingresos y bienestar de los grupos sociales pertenecientes al 10% de la población crecían a tasas claramente más elevadas que el 50% de la población, era una realidad incuestionable. Además, se ha deducido que el modelo neoliberal y el estado no tienen la capacidad de revertir los efectos del ciclo económico y financiero internacional.

Debido a estos factores, se ha inferido que parte del problema es la constitución vigente que ha reducido la capacidad y la calidad del estado –tal como hemos constatado durante la pandemia del COVID19- en consecuencia, es necesario cambiarla o reformarla. Lo cierto es que la constitución fujimorista ha sido funcional mientras la coyuntura económica internacional fue favorable, ahora que viene la época de las vacas flacas parece que ya no lo es.

Es importante tomar en cuenta que: la diferencia entre reformar y cambiar la constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la constitución es, en primer lugar, el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas que representan a la población electoral, que plasman los acuerdos bajo la forma de un conjunto de normas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía, dentro de un sistema democrático.

Los partidarios de la reforma de la constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes necesarios. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida que los problemas socio-económicos van cambiando con el tiempo.

Los que proponen una nueva constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva constitución podría ayudar a cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no sólo de la política sino de la sociedad.

Los que opinan que el cambio de constitución es para volver al modelo estatista, al chavismo que ha fracasado, tampoco tienen razón, es simplemente una oposición ideológica de los que apoyan el neoliberalismo. Dados los cambios estructurales acaecidos en el Perú en los últimos treinta años, existen algunas estructuras que no es fácil ni deseable cambiar, por ejemplo: tener una política macro-económica que mantiene una baja inflación, bajos déficits fiscales y una moneda fuerte, por otro lado, la cultura emprendedora es un activo importante para el desarrollo, la apertura de la economía y la globalización hace parte del contexto cotidiano de las personas.

La sociedad y la economía peruana funcionan hoy sobre la base de estos parámetros, en consecuencia, presumo que quienes quieren cambiar la constitución tendrían que tomar en cuenta estos factores, sobre cuya base habría que hacer propuestas innovadoras que utilicen estas bases para, por ejemplo, reducir la desigualdad social y regional, reorientar el papel del estado. En consecuencia, también el cambio de la constitución es, en la práctica una reforma en una dirección mucho más social y de crecimiento más equitativo.

A estas alturas del siglo XXI no cabe otra cosa que proponer un sistema económico más productivo y, sobre todo, mucho más equitativo. Para lograr ello, lo mejor sería que las fuerzas de la derecha, de centro y de la izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes en la constitución que llevarían a desarrollo con equidad y sostenibilidad y a un estado igualador de desigualdades, para lo cual debería proponerse su reforma. Este si sería un pacto social que haría que la constitución tenga legitimidad, genere cohesión social y promueva el desarrollo humano en el largo plazo.

Lima, 29 enero 2021