LA NECESIDAD DE UNA POLITICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LARGO PLAZO EN EL PERU
Efraín Gonzales de Olarte
Es una realidad que la educación superior, que incluye los estudios universitarios y técnicos, concierne directamente a casi un millón y medio de estudiantes peruanos, con un entorno cada vez más complejo, por los enormes cambios generados por la hipercomunicación digital, la globalización y la educación abierta, cuyo conjunto alimenta la sociedad del conocimiento, en la cual nos desenvolvemos las universidades peruanas y que obliga a una gran creatividad y respuestas.
Dentro de este contexto, quienes estudian carreras universitarias o técnicas tienen la esperanza de que al culminar sus estudios puedan encontrar fácilmente un empleo o puedan utilizar sus conocimientos para distintos emprendimientos académicos, empresariales o personales. Sin embargo, esto no siempre es posible porque existen dos problemas. El primero es que las universidades e institutos no los preparan necesariamente para acometer estos objetivos, tanto por la desigual calidad de la educación que imparten, como por el tipo de carreras y especialidades que ofrecen. El segundo, porque la economía y la sociedad no tienen una demanda laboral suficiente para los egresados y, en buena parte, existe un subempleo de las capacidades profesionales o técnicas adquiridas en universidades e institutos.
Pero por otro lado, existe un fuerte consenso mundial que el desarrollo humano y económico de los países está estrechamente relacionado con los niveles educativos promedio alcanzados por su población y, sobre todo, con la calidad educativa y de formación de los trabajadores, en todos los niveles. Por ello, ampliar sostenidamente el acceso y elevar los niveles educativos es una condición sine quanon para el progreso civilizado y democrático.
En el Perú, la ecuación: educación = desarrollo ha estado en la agenda del Estado y del gobierno actual. Precisamente, la Ley 30220 ha ido en esta dirección al plantear metas de reordenamiento, de licenciamiento y de acreditación para todas las universidades. También está en proceso de aprobación la ley de institutos superiores y escuelas técnicas. Pero la nueva normatividad y las nuevas instituciones que está creando la ley no son suficientes, además, no sabemos lo que sucederá con la educación superior en un próximo gobierno, pues no se sabe si se respetará la ley universitaria y si habrá continuidad en las medidas, es decir, se abre un ventana de incertidumbre. Por ello, hay una necesidad de promover una política de educación superior de largo plazo, es decir una política de estado, que tenga metas cualitativas y cuantitativas. Por un lado, que se mejore la calidad educativa en todos los niveles, por otro, que incorpore a una creciente población egresada de secundaria, que aún no tiene acceso a la educación superior, además debe ser una política conectada a las políticas de generación de empleo calificado.
Una política de largo plazo tiene dos requisitos: el primero es que tiene que ser parte de una política de desarrollo nacional descentralizado y, segundo, que debe aspirar a metas altas, similares a las internacionales.
Las políticas educativas están orientadas, en general, a mejorar la calidad y la cantidad de la oferta de profesionales y técnicos, pero si estos no encuentran empleo, es decir, si no hay demanda, los resultados pueden ser perversos, pues se puede fomentar el incremento de subempleados calificados o incentivar a la migración internacional. Por ello, es fundamental que se diseñen políticas sectoriales y desarrollo regional para promover el empleo para los egresados de educación superior, para ello se requiere de una estrategia de desarrollo económico y de ciencia y tecnología.
De otra parte, las metas tienen que aspirar a altos niveles educativos, comparables a los internacionales, con cronogramas y plazos prefijados. Obviamente, una política así tendrá requisitos adicionales como: qué presupuesto adicional está dispuesto a asignar el estado a las universidades estatales, qué modelo de gestión es compatible con las metas de las universidades, cómo se hace para que los gobiernos regionales se hagan cargo de la supervisión y la articulación de las universidades regionales con sus respectivos aparatos productivos. Además, habrá que preguntarse hasta qué punto las instituciones de educación superior, con fines de lucro, están dispuestas a utilizar sus ganancias para mejorar la calidad educativa, acorde con estándares internacionales y lograr los mismos resultados académicos de calidad que sus pares estatales. Este tema debería estar incorporado en la política educativa de largo plazo.
La nueva política debería plantear objetivos, instrumentos, roles de sus actores y medios tanto humanos como financieros, para orientar el proceso, pero sobre todo deberá tener una clara filosofía desarrollista que inspire a profesores, alumnos, padres de familia, empresarios y al propio estado.
En primer lugar, es importante señalar que la educación se refiere al desarrollo del potencial intelectual, físico y espiritual de las personas y que es el único medio probado para igualar las oportunidades, que puedan asegurar el ejercicio de la libertad de ellas. Por tanto, es importante preguntarse ¿cuál es el papel de las universidades y de los institutos superiores y técnicos en el desarrollo del Perú? Según la ley, las universidades deben formar buenos profesionales, generar conocimiento y ser una suerte de conciencia crítica de la sociedad. Estos objetivos requieren de una precisión mayor, de una definición de los instrumentos a utilizar tanto para la formación como para la investigación, pero relacionados con la sociedades concretas (regiones, ciudades) en las que las instituciones actúan.
En segundo lugar, se debería definir cuál es el propósito de la política de largo plazo: a) ¿homogenizar la calidad de “todas” las universidades e institutos para alcanzar cierto nivel de calidad o dejarlas que compitan y que ganen las mejores? b) ¿crear las condiciones para que todo el que quiera tener una carrera universitaria o técnica, pueda acceder, es decir incrementar drásticamente la población estudiantil? c) ¿promover la internacionalización de la calidad o sólo lograr estándares nacionales?
Son estos temas de fondo los que deberían definir la política de educación superior, sobre cuya base recién es posible plantear las metas instrumentales: licenciamiento, acreditación, relacionamiento con el sector empresarial, relacionamiento, internacionalización con las políticas de desarrollo económico y social.
Es importante reconocer el punto de partida, para orientar la política y para evaluar los resultados[1].
- Existen cerca de un millón y medio de alumnos en la educación universitaria y superior técnica, 142 universidades, más de 700 institutos superiores técnicos, además, el alumnado seguirá creciendo en el futuro lo que abre una demanda que se deberá satisfacer. Del total de universidades 51 son públicas, el 83 privadas con fines de lucro y 8 privadas sin fines de lucro. 61 universidades ofrecían estudios de posgrado de las cuales 54% eran de universidades privadas y 46% de las públicas. Existían un total de 2,619 facultades y escuelas, de las cuales 40% estaban en universidades privadas y el 60% en públicas.
- El número total de alumnos de pregrado el 2014 era de 783,912, de las cuales el 61% estudiaban en universidades privadas y el 39 en públicas. El número de docentes era 59,174 de los cuales el 64% enseñaban en universidades privadas y el 36% en públicas.
- Habían 576 centros e institutos de investigación en las universidades, de las cuales el 70% estaban en las universidades públicas y sólo el 30% en las privadas. Es decir, las universidades privadas son básicamente de enseñanza.
- El presupuesto total de gastos de las universidades públicas el 2015 fue de 2,659 millones de soles, de los cuales el 90% son gastos corrientes y10% gastos en inversión y en investigación.
- Existe una gran heterogeneidad de calidad tanto en las universidades como los institutos, muchos de los cuales no pasarían estándares internacionales mínimos.
- La calificación de los profesores universitarios no sólo es heterogénea, sino que una gran mayoría no cuenta con grados de maestría y doctorado en instituciones acreditadas. Tampoco los formadores en educación técnica cuentan con las capacidades requeridas ya que les exigen títulos pedagógicos más que capacidades y experiencia técnicas.
- Las remuneraciones de los profesores son en general muy bajas y en general no compensan la inversión realizada para sacar una profesión. Por esta razón, las universidades y los institutos técnicos no son un gran atractivo para maestros y doctores de buenas universidades.
- El gasto y la infraestructura por estudiante en promedio está muy por debajo de los estándares internacionales.
- Sólo una universidad está entre las 500 mejores del mundo, en uno de los rankings.
Este conjunto de características describen lo bajo que es el nivel general del sistema universitario en relación a otros países, en consecuencia, hay mucho que avanzar. Por ello, se requiere de una política de largo plazo.
Los objetivos centrales de la política de educación superior deben distinguir entre educación universitaria y educación técnica, pero también debe contemplar la integración entre ambos niveles.
Las universidades deben ser el principal medio para el desarrollo socio económico del país y de sus regiones, las principales proveedoras de profesionales y académicos competentes, deben producir conocimiento científico y aplicado, deben formar a las élites económicas, políticas, tecnocráticas y culturales. Ayudar a pensar y transformar la sociedad, debe ser su mayor rol.
Los institutos técnicos superiores deben asegurar la mejor formación laboral posible con diversos perfiles para integrarse a todos los sectores productores de bienes y servicios con una formación sólida y práctica, tanto en niveles relativamente artesanales hasta sectores de tecnologías de punta. Por ello, su articulación con las universidades es esencial.
Esto significa que la principal meta de la política de la educación superior será incrementar la calidad de las universidades e institutos superiores, mirando a estándares internacionales y al mismo tiempo deberá cerrar la brecha entre las mejores y las peores instituciones.
Para ello, la política debería definir si este proceso se hace por competencia o por cooperación. La idea más plausible es cooperar para mejorar.
- GOBERNANZA, FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, PROFESORES Y FINANCIAMIENTO
¿Quién conduce la política de educación superior y cómo se organiza el sistema? El responsable de la política de educación superior es el Ministerio de Educación, sin embargo, por la complejidad es imprescindible crear un Vice Ministerio de la Educación Superior, quien estaría a cargo de la conducción del proceso y de la aplicación de la política. Es importante que así sea, pues el segmento de educación superior es parte del sistema educativo completo, el cuál debería responder a una política global como la que se contempla en el Proyecto Educativo Nacional. La educación superior debe ser el último eslabón de la cadena educativa y, los niveles: básico, primaria y secundaria deberían mejorar ostensiblemente para permitir que los estudiantes alcancen los niveles de exigencia que se requiere en la educación superior. No está demás considerar nuevamente el establecimiento del bachillerato al fin de la secundaria.
El hecho que haya un ente que conduce la educación superior no está reñido con la existencia de la autonomía universitaria –sobre todo en lo académico y administrativo- porque una política requiere de regulación, conducción y financiamiento y la autodeterminación absoluta de las universidades no ha dado buenos resultados en el Perú. Además, una política de estado requiere de la continuidad del esfuerzo, la planificación estratégica y de la supervisión del logro de metas, obviamente sin inmiscuirse en los temas académicos, la libertad de cátedra e investigación, que debe ser atributo consustancial a las universidades.
Un asunto importante es la coordinación de las universidades con el estado, para ello la ASUP debería constituirse en un interlocutor académico e institucional del conjunto de universidades. Es importante para cualquier gobierno, tener un órgano corporativo con el cual dialogar para establecer metas, hacer el seguimiento de la política y entablar una relación constructiva. Parte de la política es la existencia de canales de información y de coordinación con las universidades y los institutos superiores.
Escalas, crecimiento, la diversidad institucional y esfuerzo público y privado
Hay dos niveles en los cuáles las escalas son importantes. El primero: ¿cuál es el tamaño óptimo de una universidad? Y el segundo es ¿cuántas universidades e institutos más se requieren o cuánto deben crecer las y los existentes, para incorporar a la población potencial que quisiera estudiar?
A menudo, no se piensa en qué tamaño debe tener una universidad, tanto en número de carreras como en alumnado. Ambos aspectos deberían estar ligados a las necesidades del mercado que piensan servir, que puede ser nacional o regional. Una política de largo plazo debería establecer algunas pautas al respecto, para que los recursos estatales y privados se asignen de manera eficiente, obviamente una nueva universidad o una nueva carrera debe tener una licencia de calidad por la SUNENDU, esto evitaría la creación de universidades negocio sin calidad, como universidades públicas sin presupuesto.
La decisión de escala conlleva decisiones sobre la selectividad en la admisión de estudiantes. Las públicas tienen un tamaño limitado por el presupuesto que reciben del estado, por lo que deben seleccionar a sus ingresantes. Su crecimiento dependerá de la voluntad política de ampliar la oferta respetando la calidad y, obviamente, asignando un presupuesto adicional. En las privadas, depende de los costos de las pensiones y de la calidad de la universidad y es importante que las pensiones aseguren un servicio de calidad similar al de las estatales. En consecuencia, el tamaño de una universidad deberá depender de la importancia que le dé el estado, traducida en un presupuesto adecuado, y de la relación precio/calidad de las universidades privadas.
Todo lo anterior se refiere a universidades e institutos de sólo enseñanza. Si la universidad además tiene que investigar, como señala la ley, requiere de ingresos adicionales que, en el caso de las públicas, los debería asegurar el estado, es decir dependerá de la política de ciencia y tecnología. En el caso de las privadas, la investigación sólo se podría hacer si las pensiones son lo suficientemente altas para financiarla o si el sector privado contrata con ellas u otorga donaciones, o alternativamente si el estado crea un “fondo concursable de investigación universitaria” al cual pueden acceder tanto públicas como privadas.
En el Perú tenemos el problema que salvo una decena de universidades, el resto no hace investigación y muchas de ellas no estarán en condiciones de hacerlo, es más, no es necesario que todas las universidades hagan investigación. Por ello, se requiere de una corrección a la actual ley, permitiendo que sólo haya universidades de formación, pero con calidad asegurada y promoviendo para que las más dotadas o las más motivadas hagan también investigación, para ello será fundamental la acreditación de tal capacidad y, al mismo tiempo, la provisión de recursos públicos y privados. En el Perú no hay ninguna universidad de investigación[2], la política de largo plazo debería desarrollar seriamente el apoyo a las universidades públicas que figuran en la ley universitaria como las elegidas para un apoyo especial del estado[3], a las cuales se podrían incorporar las universidades privadas que ya hacen investigación.
Hacía estándares internacionales de los profesores.
Un objetivo a 15 años debería ser que todo profesor universitario tenga un doctorado o Ph. D., tal como es cualquier universidad acreditada. Para ello se requiere de una estrategia que contemple normas y facilidades para que las universidades puedan establecer planes con metas y plazos, además con un esquema de financiamiento público y privado. La derivación natural de una meta como esta es que los sueldos de los profesores tienen que subir drásticamente, es decir, por lo menos duplicarse, dado que son doctores. Actualmente, un profesor principal de universidad pública gana entre 5 y 6 mil soles al mes, si el estado los sube al nivel de los magistrados del Poder Judicial, como señala la Constitución, entonces el presupuesto de las universidades públicas se debe duplicar. En el caso de las universidades privadas, no hay alternativa otra que subir las pensiones o reducir las ganancias –en las societarias- para cumplir esta meta. . Un sueldo “decente” para un profesor principal está entre 3 y 4mil dólares al mes Este será uno de los principales escollos para el cumplimiento de las metas de la ley 30220, es decir, que la educación superior se ha encarecer en promedio si se aspira a la mejora de la calidad.
Es evidente, que también en los institutos técnicos y superiores se deberá mejorar la calidad de sus profesores, lo que repercutirá en sus costos y precios.
El financiamiento de la calidad de universidades e institutos superiores
Los costos del perfeccionamiento docente, la mejora de la infraestructura física, informática y tecnológica y la creación de un “fondo concursable para la investigación universitaria”, ha de significar un incremento sustantivo de las fuentes de financiamiento. Hoy las universidades públicas gastan 2,500 dólares por alumno al año[4], lo cual es a todas luces insuficiente. Sin incorporamos todos los aspectos anteriores lo mínimo que se requeriría en el Perú sería un gasto anual de 6mil dólares. No existe información al respecto de las universidades privadas, dada su gran heterogeneidad[5].
Es obvio que la mejora de la calidad de la educación superior en el Perú ha de estar en relación directa a cuánto está dispuesto el estado a aumentar el presupuesto de las universidades públicas, a cuánto está dispuesto a apoyar la investigación de todas las universidades –públicas y privadas- y, sobre todo a cómo plantearán las universidades privadas el financiamiento de las mejoras de su calidad. Por ello, es fundamental el licenciamiento y la acreditación como factores de fiscalización de la calidad de las universidades.
En resumen, parte de la política de educación superior de largo plazo pasa por su financiamiento. Con los presupuestos actuales, con los gastos por alumno al año por alumno en promedio en las universidades, con la infraestructura existente, con los sueldos bajos de los profesores, no es posible mejor la calidad.
El financiamiento de la investigación.
La investigación es un proceso acumulativo, que tiene etapas. La primera es la formación de investigadores, la segunda es la formulación de proyectos de investigación, la tercera es la investigación misma y la cuarta la difusión de sus resultados. Todo este proceso requiere de financiamiento y es importante definir una política de financiamiento de la investigación en concordancia con el CONCYTEC. La investigación en las universidades debería responder a una política muy ligada al sector productivo, al estado y a la sociedad civil. Será importante que el Estado defina su contribución a la inversión en investigación, dé facilidades al sector privado, académico y empresarial, para que mediante incentivos tributarios u otros financien proyectos de investigaciones de su interés.
¿Cómo se congenian los objetivos de universidades sin fines de lucro (las estatales y las asociativas) con las universidades con fines de lucro?
Este es uno de los principales problemas existentes en el Perú, cómo pueden coexistir dos tipos de universidad con fines distintos. Las universidades públicas y las sin fines de lucro tratan de maximizar la calidad de la enseñanza y la investigación, los recursos financieros son un medio. Las universidades privadas con fines de lucro tratan de maximizar sus ganancias, la calidad de la enseñanza esta en relación directa a cuánto cobran por pensiones o a cuánto están dispuestas a dejar de ganar. Es decir, no es posible tener calidad y ser barata, como son una gran parte de estas universidades.
Si la ley 30220 se cumple en todos sus extremos habría que cerrar una buena parte de las universidades privadas societarias y una decena de universidades públicas, porque con sus presupuestos no alcanzan a ofrecer una formación superior de calidad. Ante esta eventualidad habrá, ciertamente, voces que esgrimirán la amenaza a la autonomía universitaria y al derecho a la inversión privada, como pretextos para impedir el cierre. La política de educación superior deberá hacer caso omiso de estos argumentos. Lo claro es que la educación de calidad cuesta y si alguien puede financiar privadamente la calidad, sea esta bienvenida.
Finalmente, es muy importante que la política de educación superior debe estar articulada con los niveles educativos previos, para recibir mejores alumnos de la secundaria o del bachillerato, también debe conectarse con el sistema productivo y con el estado. Para ello es importante la incorporación de sus representantes tanto en universidades, como en el Consejo Consultivo del Viceministerio de Educación Superior .
El próximo gobierno debería considerar todos estos aspectos para promover la educación superior como palanca del desarrollo. Sólo la educación de calidad sirve para el desarrollo.
Lima, marzo 2016
[1] La principal fuente de los datos es SUNEDU (2015) http://www.sunedu.gob.pe/universidades/universidades-publicas-institucionalizadas/
[2] Estas universidades tienen la mayor parte de su financiamiento por investigación, la mayor parte de sus alumnos son de posgrado, la mayor parte de sus profesores son doctores a tiempo completo con baja carga lectiva y líneas de investigación a la que se suman sus posgraduandos; sus alumnos lo son a tiempo completo y se forman para investigar, investigando
[3] Son las siguientes: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional de Trujillo. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Universidad Nacional del Altiplano de Puno . Universidad Nacional de Ingeniería. Universidad Nacional Agraria La Molina. Universidad Nacional del Centro del Perú. Universidad Nacional de Piura. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
[4] En Brasil las universidades públicas gastan entre 11 y 13mil dólares, en México 8mil, en Chile 10mil.
[5] Las pensiones universitarias en las universidades privadas con fines de lucro oscilan entre 300 a 3000 soles al mes.
[JZP1]Puede existir sin el ViceMin
