EL TRIÁNGULO IMPOSIBLE Y LA GOBERNABILIDAD
Efraín Gonzales de Olarte
Los problemas socio-ambientales en las regiones agro-mineras son en realidad conflictos distributivos, que no tienen soluciones óptimas. En consecuencia requieren de negociaciones que deben tratar de resolver el triángulo imposible, para darle gobernabilidad al gobierno actual.
En las regiones donde coexiste la agricultura y la minería hay tres objetivos que no se pueden alcanzar de manera simultánea: la sostenibilidad medio-ambiental, la equidad social y la eficiencia empresarial. Si las empresas mineras quieren maximizar sus ganancias lo harán a costa de perjudicar a los productores agropecuarios, tanto por el uso alternativo del agua como por la contaminación. Si los pobladores quieren que las empresas mineras, para compensar, les financien proyectos de desarrollo y establezcan controles estrictos sobre los efectos nocivos sobre el medio ambiente, éstas obtendrán menores beneficios, es decir serán menos eficientes. Siempre habrá un conflicto entre ganancias (eficiencia), empleos adecuados, sueldos y salarios (equidad social) y mantenimiento de las condiciones naturales para vivir (sostenibilidad ambiental). Estas tensiones distributivas generan un triángulo imposible de resolver, si cada parte quiere obtener para si el pedazo más grande de la torta, bajo estas circunstancias el conflicto será latente.
En situaciones de triple conflicto no hay solución óptima, alguien o todos tienen que ceder algo para que el conjunto pueda funcionar. Los productores y los pobladores tienen representantes identificados, la naturaleza no y su respuesta ante agresiones, de productores o pobladores que la sobre utilizan y no la respetan, es dejarlos sin recursos en el largo plazo. Además, en estos conflictos hay intereses de muy corto plazo (ingresos para las personas), de corto plazo (ganancias para las empresas) y de largo plazo (salvaguarda del medio ambiente) que se mezclan. Por ello, la intervención del estado es fundamental, pues finalmente es el único que puede representar los intereses de la naturaleza, es el redistribuidor y es el fiscalizador del cumplimiento de los acuerdos negociados.
Para que el estado cumpla con su función se requiere de tres requisitos: 1. La disposición de las partes a ceder de manera transparente y equitativa. 2. Capacidad técnica estatal para que los términos de los acuerdos sean creíbles y eficaces. 3. Mecanismos de control estricto en la ejecución de los acuerdos. Así, la gobernabilidad es posible.
Publicado en el Suplemento D1 del Diario El Comercio, el 14-11-2011