Es innegable que en el sistema jurídico peruano la jurisprudencia ha adquirido un rol de suma importancia. Hoy el éxito de un caso no depende, como antes, de la mejor cita doctrinal, sino de la existencia de jurisprudencia en el sentido de la posición jurídica que se sostiene; el juez cree más en un “semejante” que en Jakobs o Roxin, lo que puede ser identificado como un “adorno” que no tiene porqué “colocarse” en la sentencia.
En ese sentido, en el sistema jurídico nacional, junto a la ley, la jurisprudencia se ha convertido no solo en fuente de conocimiento, sino en fuente de producción, incluso en el Derecho Penal y Procesal Penal, generando problemas de colisión con garantías fundamentales; o con el principio de legalidad en el caso de la aplicación de los delitos de lesa humanidad; o con el principio de culpabilidad y el derecho a la defensa eficaz por el poco interés y ciencia para determinar la imputabilidad y la capacidad procesal para intervenir en juicio en el caso de enfermos mentales.
Sin embargo, y pese al nuevo rol de la jurisprudencia, hay jueces que no terminan de comprender cómo funciona un sistema de justicia jurisprudencial (de casos o precedentes), llegándolo a confundir con el sistema legal, tal cual se demuestra en el caso que a continuación comento en este breve estudio, en el que una juez penal consideró que tiene la potestad de desvincularse de un precedente vinculante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, utilizando las reglas del conflicto de leyes: “la ley posterior deroga a la ley anterior”.
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