Derechos Humanos

Para el psicoanalista Jorge Bruce, es importante estas sesiones de tejido porque se crean “espacios de reparación colectiva”. El Perú es el segundo país con mayor número de desaparecidos en América Latina. En nuestro país existen registros de 15 mil personas desaparecidas durante la época de violencia interna. Sólo Guatemala nos supera con 40 mil.

Por primera vez en Lima se realizó ayer una tejida colectiva, que busca elaborar una chalina gigante en honor a los peruanos desaparecidos durante la época de violencia interna.

Decenas de personas cuyos familiares desaparecieron durante la época de violencia interna por la que atravesó nuestro país (1980-2000) participaron ayer del evento llamado “Tejido-tón”, convocado por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Afectadas por la Violencia Política del Perú (Conavip), la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) y el Colectivo Desvela.

Los familiares, quienes llegaron a Lima esta semana desde diversas regiones para demandar al gobierno que entregue las prometidas reparaciones individuales, tejieron cada uno un fragmento de una chalina gigante, denominada “Chalina de la Esperanza”. En esa prenda quedan inscritos los nombres de sus desaparecidos. Es LA PRIMERA vez que una tejida colectiva se realiza en Lima, donde existe un gran número de desplazados por la violencia interna, actividades similares se han realizado antes en Huamanga y Huanta (Ayacucho).

En ese evento, que se realizó en el local de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, también participaron limeños que expresaron su solidaridad tejiendo fragmentos de la “Chalina de la Solidaridad”, que será unida a la “Chalina de la Esperanza” para conformar una prenda kilométrica que será expuesta en el parque El Olivar de San Isidro en noviembre próximo.

“Las personas que tienen un desaparecido comienzan a tejer y al final bordan el nombre del ser querido que un día dejaron de ver. Cada persona elige el color de lana que le gusta y el punto que quiere. La idea es acompañarlos en su dolor”, indicó la periodista Paola Ugaz, integrante del Colectivo Desvela. “En muchos casos de desapariciones la justicia tarda y a veces ni siquiera llega, por eso en esta chalina rendimos honor a nuestros familiares para que nunca sean olvidados”, señaló Daniel Roca, presidente de la Conavip.

El “Instituto Paz, Democracia y Desarrollo”, presentado ayer por el primer vicepresidente Luis Giampietri, no es otra cosa que parte de la ofensiva del gobierno en contra de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Así lo sostuvo Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
Mención especial Premio de los derechos humanos de la República Francesa 2002
Premio de los derechos humanos de la República Francesa 2004

El pasado 22 de abril, en el Golfo de México se inició uno de los mayores desastres ambientales de las últimas décadas. Una plataforma de explotación petrolera se hundió y causó un derrame de crudo que ya afecta a Texas, Luisiana, Florida, Alabama y Misisipi en Estados Unidos de América. Aún no existe suficiente información sobre las consecuencias para la vida marítima ni para la humanidad, pero está clara la gravedad de la situación que se produce en el marco de la ya crítica condición ambiental del planeta.

En ese marco, el trabajo por la defensa de los ecosistemas es fundamental y son indispensables las personas que lo realizan. Hoy más que antes, urge protegernos de los más voraces intereses comerciales que –sin importarles las consecuencias de sus acciones– perforan pozos petroleros, extraen metales, talan árboles y vierten sus desechos en los ríos que abastecen de agua a las comunidades más pobres, en los bosques que limpian el aire y la tierra que brinda los alimentos que el ser humano consume.

Por todo ello, el IDHUCA se solidariza con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley –presidente de la Red Ambiental Loretana de Perú– y condena la cancelación de su residencia ordenada por el Ministerio del Interior del país andino, el cual lo acusa de intervenir en política interna por su lucha contra la explotación petrolera y minera en la zona del Amazonas. El artículo primero de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona a “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Precisamente, eso hace el Hermano Paul.

La Amazonía peruana es de trascendental importancia para el mundo y constituye una de las principales regiones naturales de conservación. Cualquier daño que se provoque en la misma, tendrá tanto o más impacto que el derrame petrolero en el Golfo de México. Además, ahí habitan tribus indígenas que detentan el derecho a conservar sus recursos y costumbres; asimismo, deben ser protegidas por su condición humana y la riqueza cultural que aportan.

En solidaridad con la víctima, el IDHUCA demanda al Ministro del Interior del Perú –Octavio Salazar– que reconsidere la expulsión y que su gobierno no sólo permita la labor del Hermano Paul sino que también la apoye. También exhorta a las personas que promueven y defienden los derechos humanos en el mundo, a unirse en la defensa del religioso y de todas las personas comprometidas con esta causa en el mundo que sufren persecución política, a las que se restringe su libertad o que son torturadas, desaparecidas o ejecutadas en cualquier lugar de la Tierra.

El Salvador, San Salvador, 8 de julio del 2010.

“No es tiempo todavía de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza” Segundo Montes Mozo (1933-1989

El Instituto Bartolomé de Las Casas, IBC, y el Centro de Estudios y Publicaciones, CEP, se unen a los Pronunciamientos del Instituto de los Hermanos de La Salle y al de la Conferencia Peruana de Religiosos, CONFER, en solidaridad con el Hermano Paul McAuley.
Junto con los religiosos de La Salle, uno de cuyos comunicados es del Superior General de la Congregación en Roma, hacemos pública nuestra extrañeza y rechazamos la Resolución Ministerial mediante la cual el Ministerio del Interior ha resuelto cancelar la residencia de Paul McAuley quien cumple “labores pastorales y misioneras en la Región de Loreto lIevando adelante una encomiable y denodada labor en defensa de los derechos de los pobladores y de la conservación del medio ambiente en la selva peruana”.
Como dice la Conferencia de Religiosos del Perú, Confer, “EI Hermano Paul, (religioso de La Salle) ha prestado servicios invalorables en el campo de la educación en sectores de la sociedad donde el Estado está ausente. Nos parece doloroso que su compromiso con las minorías y con nuestra lglesia que promueve la protección de la creación, hayan sido consideradas pruebas de que su presencia en nuestra patria resulte incómoda y perturbadora para el gobierno”.
Coincidimos además con las reflexiones de Monseñor Alberto Campos, obispo de San José del Amazonas cuando dice: “ Me preocupa que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones para informarles sobre sus derechos nacionales e internacionales…y, por otro lado, no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía, la negligencia de algunos profesionales que reciben un sueldo para trabajar en la Selva y no se presentan a sus puestos de trabajo en detrimento de la educación y salud de los que deberían ser beneficiados”.
Estamos convencidos de que el desarrollo al que la mayoría aspira no puede tener bases sólidas si no se respetan los derechos de todos los que viven en el Perú, empezando por nuestros compatriotas amazónicos. Como dijeron los obispos de AL en la reunión de Aparecida “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas, la naturaleza ha sido y continua siendo agredida. la tierra fue depredada… un ejemplo muy importante de esta situación es la amazonía (Aparecida n. 84)
Como ciudadanos y cristianos manifestamos nuestra solidaridad con el Hermano Paul Mc Auley y hacemos votos para que las gestiones judiciales y administrativas orientadas a revertir esta infundada Resolución Ministerial, tengan éxito. Así como él, hay otros cristianos, incluso sacerdotes y obispos, que, al comprometerse con las poblaciones nativas en la defensa de su entorno han recibido acusaciones y amenazas. En un régimen democrático, como el nuestro, debe existir libertad de expresión y de organización. De ellas ha hecho uso, legítimamente, Paul McAuley.
Instituto Bartolomé de Las Casas
Centro de Estudios y Publicaciones
Lima, 6 de julio 2010

NOTA.-Se reciben adhesiones institucionales y personales.

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó que se reabra la causa penal contra dos policías acusados por la denominada “Masacre de Wilde”, ocurrida hace más de 16 años, en tanto el Estado de la provincia de Buenos Aires y un grupo de efectivos que pertenecían a la Brigada de Lanús deberán pagar una indemnización a las víctimas de ese caso.

El 10 de enero de 1994 once policías de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús dispararon casi 240 tiros a dos autos en el marco de una persecución en la que fueron asesinadas cuatro personas.

El Estado bonaerense y cinco efectivos de la policía deberán indemnizar con más de 500 mil pesos del librero Edgardo Cicutín, una de las víctimas que fallecieron en el tiroteo. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires también tendrá que resarcir con más de 130 mil pesos a la madre de Edgardo Cicutín, y con 15 mil a Claudio Díaz, dueño del Dodge 1500 que fue baleado en el marco del procedimiento, sún lo determinó la jueza en lo civil 17 de La Plata.

El nuevo juicio sobre dos de los once imputados estará a cargo de los jueces Joaquín Emilio Díaz Ferrer, Marcelo Darío Soukop y Héctor Hugo Decastelli.

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) manifiesta una vez más su apoyo y solidaridad de la familia de las víctimas, en especial a la mujer de Edgardo Cicutín, Raquel Gazzanego, trabajadora de prensa y comunicadora socias.

Coca-Cola, concentro la producción en 5 fabricas en Colombia, enviando a miles de trabajadores a la calle y utilizando la simulación de contratos de trabajo a través de las mal llamadas COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, SODEXO y BOLSAS DE EMPLEO, aumentando las utilidades producidas por los trabajadores y los consumidores; estas millonarias ganancias de dinero salen del país y van a parar a los bolsillos de los accionistas Mexicanos y Norteamericanos, dejando en nuestro país únicamente desempleo, miseria y a muchos trabajadores en un estado de salud critico causado por las enfermedades adquiridas en el trabajo.

La MULTINACIONAL COCA-COLA FEMSA, en su jugoso negocio obtuvo ingresos de 15.156 millones de dólares en el 2009, significando un crecimiento en sus ganancias del 62,6% con relación al 2008 y en los primeros tres meses del 2010, obtuvo una ganancia neta de 160 millones de dólares.

La parte dolorosa e injusta la sufren quienes diariamente laboran en las embotelladoras y los que van en los camiones Rojos entregando los productos de Coca-Cola a las tiendas, supermercados, hogares y almacenes de cadena, estos trabajadores no tienen contrato directo, pero si están subcontratados al servicio de Coca-Cola Femsa S.A; pero la empresa no los reconoce como sus trabajadores, sino como esclavos, laboran 12 y 14 horas diarias, la empresa les vende la ropa de trabajo, les descuentan el 100% del valor de la seguridad social y cuando su núcleo familiar va al médico les niegan el servicio porque les dicen que no figuran en la base de datos, es decir la empresa les descuenta el derecho a la salud pero no lo consigna y se queda con este dinero.

Nunca reciben una prima por servicios, no tienen derecho a vacaciones, el trato que les dan los jefes de recursos humanos es de crueldad e inhumano y despreciable; claro estos gerentes viven en los estratos de la burguesía, andan en buenos carros, sus hijos estudian en colegios y universidades privadas, acuden a las mejores clínicas, por eso no saben lo que es aguantar hambre, tener un hijo enfermo, trabajar 14 horas y vivir en una pieza pagando arriendo, por que el sueldo que les pagan a los subcontratados no les alcanza para comprar una vivienda digna.

Por estas razones amigo consumidor y tendero, ponemos en su conocimiento la realidad del trato inhumano que Coca-Cola le da a sus trabajadores y la forma como los explotan para ella llenar sus arcas de grandes millonadas de dólares al año, mientras los que producen y venden los productos están sufriendo la explotación y esclavitud por parte de esta multinacional.

Tomemos conciencia; apoyemos dando a conocer a todos los Santandereanos esta lamentable situación, en que nos encontramos los trabajadores de esta empresa, que nos roba el agua para luego vendérnosla en botellones, bolsas y frascos a precios incontrolables y a los trabajadores nos mantiene con salarios de hambre y miseria.

Por Trabajo Digno, Contratación Directa y Derechos Laborales en Coca-Cola.

El 22 de julio el mundo juzga a coca-cola, por violar los Derechos Humanos.

El 17 de junio de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, acordó una trascendente e histórica resolución aprobada por consenso en la que recomienda que la Asamblea General de la ONU proclame el 24 de marzo como “Día Internacional por el Derecho a la Verdad acerca de las graves Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas”, y de esa forma se rinda homenaje a la labor que Monseñor Oscar Arnulfo Romero realizó por la defensa de los derechos humanos.

La resolución, iniciativa de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas en Ginebra, fue apoyada por todos los países de América Latina y el Caribe y se inscribe en el marco de las celebraciones conmemorativas de los 30 años de la muerte de Monseñor Romero.

El trabajo para llevar a término con éxito dicha resolución, fue arduo e intenso ya que requirió gestionar y conseguir el copatrocinio no solo de América Latina y el Caribe, sino el del resto de países miembros de las Naciones Unidas, con el fin de que dicha resolución mereciera la aprobación por consenso de todos los Miembros del Consejo.

Dicha resolución contó con el apoyo y patrocinio de América Latina y el Caribe, Dinamarca, Armenia, España, Chipre, Francia, Hungría, Bélgica, Austria, Marruecos y Côte d’Ivoire y al momento de su aprobación diferentes países tomaron la palabra como los Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, para manifestar su complacencia por el logro obtenido y expresar, al mismo tiempo, sus felicitaciones a El Salvador por tal iniciativa.

Monseñor Romero con visión de profeta nos dijo “La palabra queda y éste es el gran consuelo del que predica, mi voz desaparecerá, pero mi palabra que es Cristo quedará en los corazones que la hayan querido acoger”. La palabra y la labor de este gran salvadoreño ha sido escuchada, reconocida y elogiada por el mundo entero a través de sus representantes en el Consejo de Derechos Humanos.

De aprobarse la resolución en la Asamblea General de la ONU, cada 24 de marzo toda la comunidad internacional recordará a Monseñor Romero, como ha venido y continuará haciéndolo el pueblo salvadoreño desde su trágica muerte. La proclamación del “Día Internacional por el Derecho a la Verdad acerca de las graves Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas” busca recordar a todos los que como Monseñor Romero han dedicado sus vidas a la lucha por la protección y promoción de los Derechos humanos, oponiéndose a toda forma de violencia y protegiendo a los más vulnerables y desposeídos.

Adital –
Más de un mes después de la aprobación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios por el Congreso Nacional peruano, la norma todavía no fue promulgada. Ayer (21), el Poder Ejecutivo divulgó una observación en relación con la Ley. Mientras tanto, el país sigue siendo escenario de muchos conflictos que podrían ser evitados con la Ley de Consulta.

Para quien la esperaba después de la promulgación de dicha Ley, la observación enviada ayer por el mandatario peruano, Alan García, y por el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, al presidente del Congreso de la República, Luis Alva Castro, no es nada buena. En el Oficio, García y Velásquez resaltaron una serie de cuestiones que están en contra de lo esperado con la aprobación de la norma.

Entre las consideraciones, los miembros del Poder Ejecutivo destacaron que “la ley debe establecer que, si no se consigue el acuerdo o consentimiento en lo que respecta a la referencia, eso no implica al Estado la renuncia del ejercicio del Ius Imperum, porque eso presumiría la dispersión del carácter unitario y soberano de la República”. Además, afirmaron que el “el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] no prevé la obligación de la consulta en relación con los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”.

La cuestión de la identificación de las medidas administrativas y legislativas que deberán ser consultadas también fue observada por García y Velásquez, los cuales sostuvieron que “el procedimiento propuesto por la ley implica el riesgo de atrasar o detener el desarrollo del país”. Además de estos puntos, los dos representantes del poder Ejecutivo también presentaron observaciones al respecto de otras cinco cuestiones de la norma.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el documento enviado ayer al Congreso de la República reveló que “una vez más, el Poder Ejecutivo se pone de espaldas a las justas reivindicaciones de los pueblos indígenas y desatiende los muchos pronunciamientos internos e internacionales que exhortaban la promulgación de la ley”.

De esta manera, la CNDH, en comunicado divulgado hoy en su blog, comentó que continuará demandando la promulgación de la norma. “Esperamos que el Congreso de la República, haciendo uso de las facultades contenidas en el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política, insista en la Ley y la promulgue”, afirmó.

Mientras la Ley no se promulgue, varios conflictos que podrían ser evitados continúan aumentando las estadísticas peruanas. De acuerdo con un comunicado de la coordinadora divulgado el último viernes (18), la Defensoría del Pueblo reveló que, de los 255 conflictos registrados hasta el 31 de mayo de este año, 132 estaban relacionados con cuestiones socio-ambientales.

En la ocasión, la CNDH destacó también que la mayoría de los proyectos generadores de conflictos se realiza en sectores más pobres de la sociedad, como comunidades campesinas, quechuas, aymaras o nativas, donde la información todavía es poca. Y, por eso, “resulta necesario que el Estado garantice los derechos de estas poblaciones a ser consultadas previamente y les ofrezcan información oportuna sobre las ventajas o desventajas que generará la ejecución de estos proyectos, para que, en base a ellos, decidan libremente”.

EL oficio del Poder Ejecutivo enviado al Congreso Nacional y el posicionamiento de la CNDH sobre el asunto están disponibles en: http://blog.dhperu.org/

Los programas de responsabilidad social empresarial (RSE) de las transnacionales son sólo “maquillaje” para ocultar sus violaciones a los derechos humanos y la degradación al medioambiente.

Esa es la conclusión del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) durante un seminario internacional organizado por el Centro de Investigaciones sobre Inversión y Comercio (CEICOM) que analiza esta problemática.

El coordinador de OMAL, Pedro Ramiro, sostuvo que a través de la RSE, las multinacionales pretenden abrir nuevos mercados de trabajo a costa de mayor explotación laboral.

Este experto español indicó que la RSE no contribuye al desarrollo, ni a la lucha contra la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Ramiro afirmó que en los últimos años la calidad del empleo en las transnacionales en la región empeoró: mayor subcontratación y flexibilidad laboral.

El coordinador de OMAL dijo que la RSE trata de ocultar esos impactos y violaciones a derechos fundamentales como el de la sindicalización.

“Lo que están haciendo es una especie de maquillaje superficial para que las grandes capas de la población y las instituciones internacionales tengan la percepción que las transnacionales desarrollan un comportamiento más respetuoso con la gente y el medioambiente”, afirmó Ramiro.

Según OMAL, ocho de las transnacionales españolas más fuertes en Latinoamérica destinan apenas un 1% de sus beneficios a programas de RSE.

Otro problema fundamental de este tipo de responsabilidad empresarial es que son medidas voluntarias y no vinculantes que obliguen a la transnacional a cumplir sus programas.

Ramiro dijo que los gobiernos centrales deben controlar exhaustivamente la actividad de las referidas empresas para evitar violaciones de todo tipo.

Además, que las legislaciones de El Salvador con la del país de donde proviene la corporación, deben adecuarse para fiscalizar su accionar, esto porque las transnacionales actúan sin control jurídico fuerte en la región.

Juan Hernández, miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco, aseguró que las entidades disponen de “mucho poder económico, político y jurídico” para violar los derechos de sus trabajadores.

Todavía en Latinoamérica los sistemas de control laboral son débiles, lo que permite que las corporaciones internacionales actúen sin medir las consecuencias de sus actos.

“La RSE es un derecho blando y responde nada más a las buenas prácticas de las transnacionales y no tiene exigencias jurídicas y acentúan la impunidad”, aseguró Hernández.