¿Esclavitud o xenofobia? La polémica llegada de médicos cubanos a Brasil Gerardo Lissardy
BBC Mundo, Brasil
Hace 1 h 12 min
Según Rousseff, las protestas contra los médicos cubanos reflejan prejuicios por parte de los galenos locales.
Un primer grupo de más de 200 médicos, del total de 4.000 galenos cubanos que el gobierno brasileño prevé contratar, llegó al país el pasado fin de semana dentro de un programa que busca mejorar la asistencia sanitaria en regiones amazónicas, rurales o en suburbios.
Si bien el programa también trajo a Brasil médicos sudamericanos y europeos, la polémica se ha centrado en los profesionales de Cuba a quienes sus colegas brasileños acusan de venir a trabajar en condiciones inaceptables.
“Es un gran prejuicio contra los médicos cubanos”, afirmó Rousseff durante una entrevista radial en la que respondió a las críticas al plan este miércoles.
La presidenta ha impulsado personalmente la iniciativa desde las protestas masivas de junio en diversas ciudades de Brasil que, entre otras cosas, exigieron mejoras en el sistema de salud pública.
“Esta es una respuesta que el gobierno central encontró a las demandas populares”, dijo Sonia Fleury, politóloga y socióloga que coordina el programa de estudios sobre la esfera pública en la Fundación Getulio Vargas.
“Es una cuestión política después de todo, estamos a un año de las elecciones” y el tema “toca algo que para la gente común y corriente es muy importante: tener un médico”, agregó Fleury en diálogo con BBC Mundo.
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Cara a cara
Los médicos locales denuncian que los cubanos aceptan “condiciones laborales inaceptables”.
Un momento tenso en torno a este programa se vivió la noche del lunes cuando medio centenar de médicos brasileños enfrentó a 96 colegas extranjeros, 70 de ellos cubanos, que salían de su primer día de entrenamiento en Fortaleza, en el nordeste del país.
Los manifestantes locales, vinculados al sindicato de médicos del estado de Ceará, abuchearon y gritaron “esclavos” e “incompetentes” a los cubanos en la cara, reclamando que pasen por una prueba de revalidación de su título.
Otro grupo menor, favorable a Cuba, se manifestó en el lugar con la bandera cubana y acusaciones de mercenarios contra los médicos brasileños. La policía debió intervenir para evitar mayores incidentes.
“No somos esclavos”, sostuvo Juan Delgado, uno de los médicos cubanos abucheados allí, en declaraciones publicadas este miércoles por el diario brasileño Folha de Sao Paulo.
“Es una cuestión política después de todo, estamos a un año de las elecciones y el tema toca algo que para la gente común y corriente es muy importante: tener un médico”
Sonia Fleury, politóloga de la Fundación Getulio Vargas
“Los médicos brasileños deberían hacer lo mismo que nosotros: ir a los lugares más pobres a prestar asistencia”, dijo este cubano negro, cuya foto siendo recriminado por dos brasileñas de túnica blanca fue tapa del diario paulista el martes.
El ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, acusó públicamente al grupo de galenos locales que participó en la manifestación de Fortaleza de tener actitudes “truculentas”, que incitan al “prejuicio” y la “xenofobia”.
Padilha también pidió a los médicos extranjeros que eviten “sentir vergüenza” por no hablar portugués, aunque el manejo de este idioma es uno de los factores considerados para evaluar a los profesionales del programa.
Salud y dinero
El programa gubernamental brasileño “Más Médicos” prevé cubrir 15.000 puestos de trabajo en diferentes zonas del país, que según Rousseff tiene 700 municipios sin siquiera un médico.
Los médicos extranjeros recibirán un sueldo mensual de 10.000 reales (unos US$4.280), pero los cubanos cobrarán su salario a través del gobierno de Cuba, que llegó a un acuerdo con Brasil y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De este modo, la paga a los médicos de la isla pasará a ser menos de la mitad de lo que van a percibir sus colegas de otros países en Brasil.
El mnistro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, acusó a los médicos locales de tener actitudes “truculentas”.
El gobierno comunista de Cuba envió decenas de miles de médicos a trabajar en el exterior desde los años 60, una política que según expertos le permite cultivar lazos con otras naciones y captar recursos del exterior pese al embargo comercial estadounidense.
Pero esa estrategia a veces ha sido polémica.
En Brasil, las gremiales médicas buscan frenar la llegada de médicos extranjeros con acciones legales, exigiendo la revalidación previa del título profesional y reclamando mejor infraestructura de salud en vez de más galenos.
La Asociación Médica Brasileña llevó al Supremo Tribunal Federal una acción de inconstitucionalidad contra el programa gubernamental y la Federación Nacional de los Médicos solicitó a la Fiscalía del Trabajo indagar las condiciones en que trabajarán los cubanos.
En sus declaraciones de este miércoles a las radios de Belo Horizonte 107FM y América, Rousseff rechazó la idea de que haya “un bloqueo” a la llegada de médicos extranjeros, lo que pareció una alusión al embargo comercial a Cuba.
Fleury sostuvo que los problemas en la salud brasileña incluyen falta de equipamientos y medicinas además de profesionales.
“Pero también faltan médicos en regiones muy pobres”, explicó, “y los de Brasil no están interesados en irse, especialmente en las condiciones laborales propuestas”.
Fuente: BBC Mundo
Las viejas heridas que abre el juicio a un excoronel salvadoreño
Las viejas heridas que abre el juicio a un excoronel salvadoreño
Redacción
BBC
El coronel retirado Inocente Orlando Montano, uno de los jefes militares más importantes de El Salvador durante la guerra civil que afectó a ese país entre 1980 y 1992, fue sentenciado este martes en Estados Unidos a 21 meses de prisión por fraude migratorio.
Activistas de derechos humanos esperan que esa sentencia facilite los esfuerzos de una corte española por llevarlo a juicio por su supuesta participación en abusos cometidos durante el conflicto. De ser así, se convertiría en el primer oficial de alto rango en ser enjuiciado penalmente por delitos cometidos durante la guerra en esa nación centroamericana. Una amnistía lo protege de enfrentar procesos penales en El Salvador, explica la periodista Nina Lakhani, quien ha seguido el caso de cerca.
En mayo de 2011, Montano trabajaba discretamente en una fábrica de Massachusetts, en Estados Unidos, cuando él y otras 19 personas fueron acusadas formalmente por una corte española por su supuesta participación en el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, además de su empleada doméstica y su hija adolescente.
Cinco de los religiosos -opositores abiertos del gobierno salvadoreño- eran españoles. Este país europeo pidió que Montano fuera extraditado y poco después fue acusado por Estados Unidos de haber mentido sobre su fecha de entrada al país y su pasado militar con el objetivo de obtener el permiso de trabajo estadounidense.
En septiembre del año pasado se declaró culpable de seis cargos de fraude migratorio y perjurio -hacer juramentos en falso- y fue sentenciado el martes en una corte de Boston, en un proceso donde también jugó un papel importante su pasado militar en El Salvador.
Figura clave
Como viceministro de seguridad pública, el coronel Montano llegó a ser uno de los tres líderes militares más importantes de El Salvador, asegura Lakhani.
Eso sin contar que Montano fue el comandante del batallón Belloso, uno de los batallones clave en los esfuerzos militares contra el entonces grupo rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En un informe preparado para el juicio contra Montano, la profesora de ciencia política Terry Karl argumenta que unidades bajo el comando de Montano llevaron a cabo al menos 1.169 abusos contra los derechos humanos, incluyendo 65 asesinatos extrajudiciales y 51 desapariciones forzadas, además de dejar 520 víctimas de tortura.
Claves de la guerra civil
- Entre 75.000 y 85.000 civiles salvadoreños murieron durante la guerra civil entre 1980 y 1992.
- La evidencia de la profesora Terry Karl proviene de documentos gubernamentales de EE.UU. desclasificados, de investigaciones del congreso, entrevistas confidenciales y de un dossier de la comisión para la verdad.
- Montano fue nombrado como un probable cómplice en la masacre de los jesuitas por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en 1999, que declaró que la amnistía de El Salvador es ilegal.
“La masacre de los jesuitas no fue una aberración”, escribe.
“A lo largo de la carrera militar de 30 años del coronel Montano, él ordenó, incitó y asistió, y/o comandó a las fuerzas que participaron en una estrategia de desaparición y detención arbitraria, masacres rurales de no combatientes civiles, la desaparición forzada de menores y la tolerancia hacia escuadrones de la muerte liderados por los militares y que operaban dentro de las unidades bajo su comando”.
Al otro lado del espectro está el testimonio del general Mauricio Vargas, un excompañero de Montano que fue llamado al juicio por los abogados defensores. Vargas critica el informe de Karl, tilda sus argumentos de “infundados” y asegura que Montano “no conspiró con otros oficiales de alto rango para incitar el asesinato de los sacerdotes jesuitas y las dos mujeres”.
Agrega que Montano “nunca encubrió las investigaciones de este crimen y nunca trató de bloquear los acuerdos de paz durante el conflicto armado”.
La BBC intentó plantearle algunas preguntas a Montano a través de su abogado, pero no obtuvo respuesta.
El juez federal estadounidense que llevaba el proceso por las irregularidades migratorias había indicado que la sentencia de Montano reflejaría la gravedad de su supuesto expediente en derechos humanos, detallado en el reporte de Karl y en testimonios de religiosos y sobrevivientes de tortura civiles, explica la periodista.
El Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con base en San Francisco y que ayudó a desencadenar la acusación española al presentar una queja criminal en España hace cuatro años, espera que el proceso de extradición contra Montano comience mientras está bajo custodia estadounidense.
“Sólo encontré sus huesos”
Los católicos en El Salvador conmemoran el aniversario de la muerte de los jesuitas.
Los procedimientos de inmigración contra Montano lograron generar más esperanza entre las víctimas de la guerra civil de que haya justicia algún día, al permitir que varias atrocidades sean analizadas minuciosamente desde la perspectiva legal, asegura la periodista Nina Lakhani.
Una de ellas es la masacre de El Calabozo, en la que entre 200 y 300 campesinos murieron el 22 de agosto de 1982 a manos del Batallón Belloso, bajo el comando de Montano, y del también muy temido Batallón Atlacatl, indica la periodista.
Según Nina Lakhani, el Calabozo fue una operación terrestre llevada a cabo por unidades entrenadas por Estados Unidos, contra supuestos simpatizantes de la guerrilla y que los soldados mataron a civiles no armados, secuestraron a niños para adopciones ilegales, bombardearon casas y destruyeron cultivos.
El gobierno salvadoreño nunca ha reconocido oficialmente que la masacre ocurrió, puntualiza la periodista.
Otras masacres
Otras masacres perpetradas por soldados del batallón Belloso y detalladas en el informe de Karl incluyen:
- la de Cerro Cuyas Cumbres, Chaletenango, en noviembre de 1982, que dejó 40 civiles muertos.
- la de Tenango, Cuscatlán, en febrero de 1983, en la que murieron 43 personas incluyendo al menos 15 niños cuyos cuerpos fueron exhumados.
En cada caso, Montano fue el oficial encargado de las instrucciones operativas.
Chunguita Realegeño, de 58 años, que perdió a toda su familia en la masacre, excepto a un hijo, le dijo a Lakhani: “Me escondí con mi bebé durante tres días sin comida o bebida porque no podíamos seguir caminando. Nunca volví a ver a mi familia, sólo encontré sus huesos. Sufro cada día y cada noche sabiendo que quienes mataron a mi gente siguen libres”.
Atisbo de esperanza
Esther Major, la investigadora de El Salvador en Amnistía Internacional, dijo: “Un caso como la acusación de inmigración contra Montano ofrece un atisbo de esperanza de que aparecerá algo de verdad y responsabilidad tras décadas de mentiras, negación e impunidad. Se están revisando las evidencias, se está reconociendo que ocurrieron las masacres e importan las voces de las víctimas y los sobrevivientes”.
En un momento dado parecía que El Salvador podía revocar la amnistía concedida en 1993 a los excombatientes.
En 2000, los exrebeldes, el FMLN, ganaron una mayoría legislativa contra el partido Arena, que estaba aliado con los militares. Este es el tipo de cambio político que antecedió al colapso de las amnistías en Chile, Argentina, Guatemala y Honduras.
Montano entró a Estados Unidos en 2001, justo cuando parecía que la masacre de los jesuitas iba a ser investigada de nuevo.
La guerra civil en El Salvador duró entre 1980 y 1992.
Pero fue apenas en 2009 cuando un candidato del FMLN, Mauricio Funes, llegó a la presidencia, y la amnistía no ha sido revocada.
No sorprende que Montano se haya ofrecido a volver a El Salvador una vez cumpla su sentencia en Estados Unidos, explica Lakhani.
La Corte Suprema del país ya rechazó el pedido de España por la extradición de 17 personas acusadas junto con Montano por la masacre de los jesuitas, incluyendo al expresidente Alfredo Cristiani.
De los dos acusados restantes, uno está muerto, mientras se desconoce el paradero del teniente Héctor Cuenta Ocampo, quien ocupó una posición importante en el Servicio de Inteligencia Nacional. Su última dirección conocida estaba en San Francisco, indica Lakhani.
Fuente: BBC Mundo
PERU: TRATA DE PERSONAS NO SE DETIENE
Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y ONG Save the Children.
- Solo en el 2012 se detectaron 453 víctimas.
- El 60% de las víctimas son menores de edad, de las cuales el 85% son niñas y adolescentes.
- De ellas el 63% es explotada sexualmente y un 6% está asociado al tema de la mendicidad (menores de 12 años).
- Loreto ocupa el primer lugar con el 12% de estos casos, le sigue Lima con un 10.9% y Cusco, San Martín y Madre de Dios.
- La mayoría de víctimas tiene de 13 a 17 años.
- El rentable negocio utiliza dos rutas comerciales de víctimas: el corredor sur (Puno, Arequipa, Cusco, Madre de Dios) y el corredor norte (Piura, Tumbes y Ecuador).
En: OJO del 18/07/2013
Fuente: boletín WarmInforma
MUJERES Y VIOLENCIA POLÍTICA
Bolivia
En Bolivia, como en otros países de la región, la violencia política contra las mujeres se ha convertido en un grave contrapeso a los avances en materia de equidad de género y acceso al poder político. Abusos, amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, psicológicas, sexuales e incluso secuestros para obligarlas a dimitir de sus cargos forman parte de un repertorio de prácticas que buscan reforzar la esfera pública como dominio masculino y trasladar a ella las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres.
María Eugenia Rojas Valverde, que se desempeña en Bolivia como consultora en género y políticas públicas locales de la Federación Canadiense de Municipios, ha investigado estas formas de violencia que, si bien no son nuevas, han adquirido visibilidad sólo recientemente. En entrevista con el CLAM, habla sobre estas formas de violencia, los esfuerzos del Estado boliviano para hacerle frente y otros aspectos que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a la participación política de las mujeres.
¿De qué formas se expresa la violencia política contra las mujeres en Bolivia?
Bolivia, cuenta con 10.426.154 habitantes, de los cuales el 50,1% son mujeres, siendo una de sus características más importantes la diversidad étnica y cultural en una población predominantemente indígena y mestiza. Actualmente Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.
En este escenario se observa que las mujeres en Bolivia todavía se desenvuelven en un marco patriarcal que incide en: i) menor acceso, permanencia y término en todos los niveles del sistema educativo; ii) precaria atención de salud, con una tasa de mortalidad materna elevada con relación al resto del continente; iii) menores ingresos económicos por desempeñarse fundamentalmente en bolsones de empleo informal. En lo que respecta a la situación política de la mujer, después de un largo proceso, ésta ha sido fortalecida con la inclusión de criterios de equidad, paridad y alternancia en la normativa electoral boliviana, situación que ha permitido una creciente participación de mujeres en los diferentes niveles del Estado. Sin embargo, estos avances han traído consigo nuevos problemas y desafíos, como el acoso y violencia política contra las mujeres.
En el año 2009 se identificó el primer caso. Una indagación detallada mostró que en el periodo comprendido entre 2000 y 2009, 249 concejalas y alcaldesas hicieron denuncias por acoso o violencia política, lo que representa un promedio aproximado de 28 casos por año. Los principales actos denunciados están relacionados con el uso de la fuerza para obligar a las mujeres autoridades electas a suscribir todo tipo de documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad (41,37% de los casos); acciones destinadas a restringir o impedir el cumplimiento efectivo de sus funciones o atribuciones (30,12%); y actos de discriminación por razones de condición social, cultural, racial, etc., que son la tercera causa de denuncia (16,47%). Éste registro ha permitido realizar una clasificación de actos de acoso o violencia política, que sirvió a su vez como insumo para la tipología establecida en la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres aprobada en mayo de 2012, luego de que quedaran impunes cientos de casos.
Los casos denunciados y la experiencia en este tema nos muestran que las víctimas no son solo mujeres en ejercicio de la función pública, sino que estos actos suelen alcanzar también a su entorno familiar. De las experiencias de acoso y violencia política identificadas se puede inferir que pervive una cultura patriarcal en el ámbito público, que no solamente se encuentra enraizada en los hombres, sino que también es practicada por algunas mujeres, que reconocen o justifican este tipo de comportamientos. Esta situación puede atribuirse a una enseñanza que viene desde la propia familia, donde se relega a la mujer a un rol secundario y se le otorgan escasas posibilidades de acceder a espacios de decisión.
Sin embargo, Bolivia tiene uno de los marcos normativos más progresistas en América Latina en materia de derechos de las mujeres, incluido el derecho a la participación y paridad política, y ha desarrollado varias acciones para combatir esta forma de violencia…
Sí. Durante los últimos años se impulsó la aprobación de Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, para lo cual se desarrolló una estrategia orientada a la conformación de alianzas con otras instituciones interesadas en la temática, con quienes se llevó a cabo un trabajo de incidencia política. Una cualidad de esta norma es que no limita su aplicación a mujeres en cargos electivos, sino que amplía su alcance a mujeres designadas o en el ejercicio de la función política pública.
Sin embargo, quedan pendiente por implementar unas tareas definidas por la propia ley, que son: i) su reglamentación a cargo del Órgano Electoral Plurinacional; ii) incorporar en estatutos y reglamentos internos de las organizaciones políticas y sociales disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres, así como la incorporación de disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres y; iii) modificar reglamentos internos, de personal, disciplinarios y los de instituciones públicas.
De manera complementaria a este proceso se diseñó un protocolo para la atención de casos, que ha sido pensado como ruta de atención sobre los procedimientos que deben seguir los funcionarios de instituciones públicas en general y, en particular, los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), instancias responsables de atender y resolver las denuncias presentadas en la vía administrativa por faltas electorales, cuando se presenten denuncias de acoso o violencia política.
Para hacer efectivo el diseño del protocolo se definió una estrategia conjunta entre el Tribunal Supremo Electoral y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), con el apoyo de ONU Mujeres, que contempló acciones de sensibilización, capacitación y validación del mismo. Se hicieron talleres departamentales en los que participaron concejalas municipales y funcionarios de los Tribunales Electorales Departamentales. Los resultados de éste proceso fueron validados en un Taller Nacional Electoral de Género e Interculturalidad, donde se presentaron los resultados del trabajo desarrollado. Esto permitió acercar a mujeres concejalas y autoridades y técnicos/as electorales para que los últimos asumieran conciencia de la dimensión de la problemática en el ámbito municipal.
Por otro lado, como elemento transversal de todo el proceso, se ha realizado un trabajo permanente y sostenido de Empoderamiento de Autoridades Locales y Nacionales, que contempló la realización de encuentros departamentales de concejalas en todo el país, debates con mujeres y senadoras y encuentros con organizaciones de base y organismos no gubernamentales. Uno de sus resultados más importantes fue la organización del Comité Impulsor de los Derechos Políticos de las Mujeres en el año 2004, conformado por representantes de diferentes instituciones que trabajan en temas de género, con quienes se avanzó en la sensibilización y empoderamiento de mujeres de diferentes instituciones públicas sobre la importancia de los temas de acoso y violencia política.
Con la nueva Constitución Política, Bolivia se reconoció como un Estado anti neoliberal, descolonizador, incluyente y garante de la autonomía de los grupos excluidos. ¿Qué lugar han ocupado los derechos de las mujeres en la construcción del nuevo Estado Plurinacional?
En el caso de Bolivia, la sociedad transitó de una democracia representativa a una democracia con mayor participación directa, comunitaria e intercultural de diferentes actores y actoras. El período comprendido entre el 6 de diciembre de 2009 y el 4 de abril de 2010 fue definido por la Constitución Política del Estado (CPE) para que las bolivianas y bolivianos emitieran su voto y participaran en la elección nacional de las y los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente, Vicepresidente y otras autoridades. Para ello se establecieron las reglas del juego que regularían el proceso: la CPE, la ley del régimen electoral transitorio (hoy ley del régimen electoral y ley del órgano electoral), el reglamento para elecciones departamentales y municipales, el código electoral, la ley de partidos políticos y la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Como un logro histórico de las mujeres se incluyó la igualdad de oportunidades y la equidad de género en los artículos 8 y 270 de la CPE.
El nuevo contexto definido por la Constitución ha requerido de un trabajo que atenúe los potenciales conflictos que puedan surgir con la nueva institucionalidad. Se ha velado para que las transformaciones fueran gestionadas pacíficamente dentro de marcos institucionales democráticos de respeto a las minorías y de mayor inclusión de grupos tradicionalmente vulnerables y excluidos, entre ellos las mujeres. Sin embargo, uno de los grandes obstáculos para tal fin ha sido la disponibilidad de recursos económicos y oportunidades de participación en los partidos políticos.
En Bolivia próximamente se redactará una nueva Ley de Organizaciones Políticas (en remplazo de la anterior Ley de Partidos Políticos) adecuada al texto constitucional. El nuevo proyecto de Ley de Organizaciones Políticas establecerá el respeto a la equidad de género en las elecciones internas que realicen los partidos políticos para elegir a sus candidatos y candidatas. Será obligatorio el respeto de la equidad de género en la designación de candidatos y que el voto de militantes en los partidos políticos tenga en cuenta la alternabilidad para los próximos procesos electorales. Es decir que la democratización de los partidos políticos podría dar un salto cualitativo, estratégico, pues se prevé que los militantes de las organizaciones políticas elijan a sus candidatos y candidatas con base en determinados parámetros. Además el Tribunal Supremo Electoral (TSE) impuso dos hitos para consolidar la normativa: que exista mayor participación de la ciudadanía dentro de los partidos políticos y que las organizaciones respondan a las necesidades de la población con ofertas programáticas. Elaborarán reglamentos para ejecutar las elecciones internas en las contiendas políticas, esperando que los partidos realicen sus elecciones internas dándole la claridad necesaria a la selección. Las justas internas o primarias en los partidos son el mecanismo de elección de candidatos y candidatas por parte de militantes. Estas modificaciones podrían incentivar la participación de las mujeres y contribuir a una mayor democratización de los partidos políticos.
¿Qué ha obstaculizado entonces la participación política de las mujeres en condiciones de equidad?
A partir del hostigamiento que sufrió una Concejala por parte de una autoridad municipal, en 1999 las concejalas y alcaldesas de Bolivia, con la perspectiva de defender sus intereses y derechos, fundamentalmente los políticos, se organizaron y crearon la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). Entre 2000 y 2001 se llevó a cabo una labor de denuncia, se analizó la legislación nacional y municipal en busca de artículos que permitieran pedir un amparo legal para los casos de acoso y violencia política y al constatar su inexistencia, se propuso en 2001 la promulgación de una ley contra el acoso político.
En dicha revisión se detectaron varios vacíos en el ámbito normativo nacional que justificaron la importancia de esta iniciativa legislativa: el marco normativo vigente no contemplaba un catálogo específico de derechos políticos de las mujeres; no existía una definición jurídica del acoso y la violencia en razón de género; las conductas de acoso y violencia contra las mujeres que ejercen cargos públicos no se encontraban tipificadas como infracciones o delitos en las normas que regulan la función pública a nivel municipal, departamental o nacional; y la normativa relacionada no previa (ni prevé actualmente) mecanismos e instancias específicas para la atención, denuncia, tratamiento y resolución de casos de acoso y violencia política en razón de género.
Estas limitaciones normativas pusieron al descubierto algunos problemas prácticos a la hora de combatir el acoso y violencia política en razón de género: por un lado, no existen instancias públicas que registren y hagan seguimiento a los casos, y por otro, pese a que la mayor parte de conductas de acoso y violencia son tipificadas como delitos en el Código Penal (con penas mínimas que en la mayor parte no implica privación de libertad) ninguno de los casos denunciados ha concluido en sanción para el infractor o la restitución de los derechos de la víctima.
Las mujeres que han sufrido acosos y agresiones que perjudican su participación política, e incluso las llevan a renunciar, no encontraron una instancia que pueda asumir su defensa, debido a que al ser autoridades se encontraban en una situación de desventaja en relación a las ciudadanas comunes, sin que la ley contemplara alguna disposición al respecto. Del total de casos denunciados, 40% fueron derivados a instancias públicas de gobierno pero quedaron impunes. De estos, 32.4% no tuvieron ningún tipo de respuesta y el 7,6% de las veces las instituciones se excusaron indicando no tener competencia en la situación.
Además, cuando la queja se hizo en instancias municipales, no se cumplió con el proceso administrativo interno previsto por la Ley de Municipalidades, que establece sanciones a las autoridades y, en caso de constituir delitos, los deriva a la justicia ordinaria.
En su investigación llama la atención sobre el papel que desempeñan la cultura política y una institucionalidad informal en la participación política de las mujeres, incluso más allá del ámbito normativo…
Los avances normativos que tienden a promover el acceso de la mujer en los cargos de representación ciudadana en Bolivia se contradicen con los rasgos de la cultura política. Las mujeres que se presentan como candidatas o potenciales lideresas para ser electas y compiten con los hombres en la arena política por el acceso a los cargos de representación, son víctimas de acoso y violencia por parte de otros hombres y de mujeres de sus propios partidos políticos, por los líderes de esos partidos y por otras organizaciones políticas.
Por lo tanto resulta clave analizar no solamente los avances normativos sino también las prácticas asociadas a los procesos electorales para determinar de qué modo incentivan o desincentivan la participación política femenina en Bolivia.
Al respecto se observa que hasta hace poco no hubo una sola representante –líder o acompañante de fórmula– de ningún partido político, que se haya distinguido en la vida democrática boliviana, debido al monopolio del liderazgo por parte de los hombres o a la falta de experiencia de las mujeres.
Es decir que la democracia en el seno de los partidos políticos ha sido excluyente, insuficiente y discriminadora del género femenino; además de amedrentadora en términos de informalidad partidaria. Por otro lado es importante resaltar que los partidos políticos y las organizaciones políticas que han logrado incluirlas en sus listas, usualmente lo han hecho como relleno. Esto se evidencia en la manipulación e instrumentalización que sucede ante su falta de experiencia y conocimiento de lo político y la política; y en que no las asisten o entrenan para la gestión política o gubernamental. De este modo, mujeres que son identificadas en primera instancia como lideresas sobresalientes y que son convocadas a integrar listas electorales se convierten en presas fáciles en épocas electorales (antes, durante y después de las mismas). Cuando son electas y están en ejercicio de su cargo, son engañadas, relegadas, invisibilizadas, maltratadas, manipuladas y violentadas.
Publicada em: 22/08/2013
Fuente: clam.org
¿Un sueño imposible?
El pueblo donde la mitad de los habitantes son agresores sexuales
Linda Pressly
BBC
Miracle Village está en medio de un mar de vegetación verde, donde se planta caña de azúcar, en el sur de Florida, Estados Unidos. En el borde de los Everglades y a más de tres kilómetros de la población más cercana, unas 200 personas viven en pequeños y pulcros bungalows.
Más de 100 son agresores sexuales, gente que ha sido declarada culpable y usualmente ha servido una pena de prisión por un delito sexual.
Hay una mujer y el resto son hombres. Algunos vieron pornografía infantil o acosaron sexualmente a sus hijos. Otros abusaron de menores cuando estaban en posiciones de poder: un profesor, un pastor y un entrenador de deportes. Hay quienes estuvieron en la cárcel por desnudarse en público y varios sentenciados por tener relaciones sexuales con novias que aún no habían cumplido la edad legal.
Según la ley del estado de Florida, ninguno de ellos puede vivir a menos de 300 metros de una escuela, guardería, parque o lugar de juegos. Algunas ciudades y condados han extendido esas restricciones a 760 metros y en algunos casos han añadido lugares como piscinas, paradas de autobús y bibliotecas.
Las medidas han sacado a los agresores sexuales de las áreas densamente pobladas, y han hecho de Miracle Village una opción atractiva. Aunque pueden viajar a casi todas partes durante el día, en la noche estos delincuentes tienen que estar en un domicilio que cumpla con las restricciones.
Constantemente llegan solicitudes de residentes potenciales a Miracle Village, “entre 10 y 20 a la semana”, le dice a la BBC Jerry Youmans, el coordinador de admisiones y delincuente sexual inscrito.
“Tratamos de no aceptar gente con historial de violencia o drogas o a personas diagnosticadas como pederastas -alguien que sólo se excita sexualmente con niños-. Queremos proteger a los que ya están aquí y a los que estaban antes de que llegáramos”.
El que estaba antes
Edgar Walford llegó hace 10 años, cuando el lugar era conocido como Pelican Lake y era el hogar de cortadores de caña y sus familias. Había llegado al sur de Florida desde Jamaica en 1962 y pasó su vida cosechando el azúcar que brotaba de la tierra en cultivos que se perdían en el horizonte.
Ahora está retirado y pasa sus días cuidando su jardín sembrado de yuca, patatas, bananos y muchas otras frutas y vegetales que regala a sus vecinos.
“Es un lugar muy plácido, nadie molesta a nadie”, le dice a la BBC. ¿Qué opinión tiene de las decenas de agresores sexuales que han llegado en los últimos años? “Son buenas personas. Tengo muchos amigos. Lo único que extrañamos son los niños, y el bus del colegio ya no viene aquí”.
Hay unos pocos chicos que viven en Miracle Village; las leyes de Florida no impiden que delincuentes sexuales vivan en la misma vecindad que menores, aunque los términos de su libertad condicional pueden vetar todo contacto.
El agresor sexual
Christopher Dawson, de 22 años de edad, es un agresor sexual inscrito que tiene prohibido hablarle a quienes tengan menos de 18 años. Cuando él tenía 19 tuvo relaciones sexuales que él dice fueron consensuales con una chica de 14 años. Él creía que ella era mayor.
“La conocí por un año y estuvimos juntos unos pocos meses”, recuerda en conversación con la BBC. “Sus padres testificaron en mi contra y fui sentenciado a dos años de arresto domiciliario seguidos de ocho años de libertad condicional”.
Cuando violó los términos de su libertad condicional al hablar con el hermano menor de un amigo, pasó cuatro meses en la cárcel. Luego un juez ordenó que se fuera a vivir a Miracle Village, como alternativa a una larga sentencia en prisión.
“A fin de cuentas, ha sido una bendición. Fue difícil dejar a mis padres pero siento que tengo un destino en Miracle Village. Me siento en casa y a salvo aquí… quiero a la gente”, expresa.
“A pesar de que tengo la etiqueta de agresor sexual, no soy un monstruo. Cometí un error y enfrenté las consecuencias”.
La comunidad
Los agresores sexuales son bienvenidos.
Dawson es un músico talentoso y toca los tambores para la banda que anima las ceremonias en la pequeña iglesia de Miracle Village.
Ésta es una comunidad cristiana dedicada a ayudar a los agresores sexuales a reconstruir sus vidas, pero los que no son cristianos son aceptados y todo el mundo es bienvenido en la iglesia. Hay clases de manejo de la ira y se estudia la Biblia. Y, como estipula la libertad condicional, la mayoría de los delincuentes asisten a programas de tratamiento psicológico.
Algunos de los condenados trabajan en pueblos locales.
Con su césped cuidadosamente cortado y su frondosa vegetación tropical, esta es una comunidad rural idílica.
Es fácil olvidar que algunos de sus residentes han cometido crímenes graves y chocantes.
Pat Powers, de la organización humanitaria Matthew 25 Ministries, solía ser un entrenador de raquetbol. A principios de la década de los 90 fue condenado por contacto sexual con 11 menores. Como cristiano renacido asegura que aprovecha su experiencia como agresor sexual para influir a otros.
“Puedo ver la verdad tras las historias de estos tipos. Si alguien viene a decir ‘no soy culpable, lo único que hice fue mirar una foto’, yo le digo: ‘no, usted es culpable y punto’, pues la única forma de cambiar es admitiendo que uno ha errado”.
El pueblo vecino
En la iglesia metodista del vecino pueblo de Pahokee, algunos de los delincuentes de Miracle Village tocan música en vivo durante los servicios. Son preciados miembros de la congregación y uno de ellos es un predicador.
Pero tener a tantos agresores sexuales como vecinos pone nerviosos a algunos de los locales.
Kathy fue violada cuando era adolescente mientras la amenazaban con un cuchillo. Décadas después del incidente, aún le es difícil vivir con los recuerdos. No asocia al pueblo del milagro -como se traduciría el nombre de Miracle Village- con nada tan positivo.
“No pienso que sea ningún milagro”, le dice a la BBC. “Quizás lo es para los delincuentes sexuales de Miracle Village pero para mí es más como ‘la pesadilla en Elm Street'”.
El alcalde de Pahokee, Colin Walkes, cree que la gente está empezando a aceptar a sus inusuales vecinos.
“Sé que al principio había mucha oposición, pues se trataba de proteger nuestro principal bien: nuestros niños. Pero estamos avanzando y este es un país de segundas y terceras oportunidades para la gente que comente errores”, opina.
“Si las autoridades están involucradas y no hay problemas, la comunidad los aceptará”, anticipa.
Las autoridades
Es responsabilidad de la detective Courtney Minton, de la Unidad de seguimiento de delincuentes sexuales del condado de Palm Beach, controlar a los agresores sexuales que viven en Miracle Village.
Semanalmente verifica direcciones y se asegura de que los residentes registraron todos sus datos de acuerdo con la ley.
En una calurosa mañana de junio recorre las calles en su camioneta roja, deteniéndose en las casas que tiene en la lista. Algunos de los requeridos no están pues tienen empleo, así que les deja una nota. En una de las viviendas, habla con la esposa del delincuente.
De vuelta en su camioneta, reflexiona sobre su trabajo: a menudo, conoce muy de cerca los crímenes cometidos.
“El exconvicto que acabo de chequear es un caso en el que trabajé hace unos años como detective: estaba abusando de sus hijas. Presenté cargos en su contra, trabajé en la investigación y luego estuvo en la cárcel y salió. Ahora me corresponde vigilarlo”, le cuenta a la BBC.
El costo
La detective Minton tiene 300 casos a su cargo. Hay 900 agresores sexuales inscritos en el condado de Palm Beach. En Florida, hay unos 55.000. La aplicación de las leyes de residencia es costosa.
Además, se debate si las restricciones realmente proveen más seguridad para la población.
Quienes se oponen dicen que no hay evidencia empírica que muestre que la tasa de reincidencia es menor entre los delincuentes sexuales que viven lejos de lugares como los colegios.
Quienes apoyan la ley argumentan que es cuestión de sentido común: si uno deja a agresores sexuales merodear por donde se reúnen menores, el riesgo aumenta.
Muchos de quienes residen en Miracle Village lo hacen pues no pueden encontrar ningún otro lugar en Florida que cumpla con la ley.
Para otros, es su hogar.
¿Qué pasaría si se revocaran las leyes de residencia y los agresores sexuales fueran libres para vivir donde quieran?
“Se quedarían a vivir aquí”, asegura Pat Powers. “Es muy tranquilo aquí, en la mitad de la nada”.
Fuente: BBc Mundo
¿Por qué fracasó el proyecto ambiental de Yasuní en Ecuador?
Paúl Mena Erazo
Ecuador, para BBC Mundo
Cientos de ecologistas pidieron frente al palacio de gobierno una consulta popular.
El jueves llegó a su fin la iniciativa ecuatoriana de dejar petróleo bajo tierra en uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta, el Parque Nacional Yasuní, a cambio de una significativa contribución económica internacional.
El proyecto ambiental Yasuní-ITT fue lanzado por Ecuador hace seis años y pretendía recaudar US$3.600 millones de la comunidad internacional en 13 años, en compensación por la no explotación de unos 846 millones de barriles de petróleo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), localizados en el Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía ecuatoriana.
El proyecto era una de las grandres promesas de la gestión del mandatario.
Luego de tres años de creado un fideicomiso con Naciones Unidas para la recepción de los aportes, la iniciativa alcanzó apenas US$13.3 millones en depósitos concretos, mientras que otros US$116 millones quedaron en compromisos.
“El mundo nos ha fallado”, dijo el jueves el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en cadena nacional de radio y televisión al anunciar el fin del proyecto ambiental y asegurar que “la explotación petrolera con adecuadas técnicas afectará menos del 1% del Parque” Yasuní.
En su intervención, el mandatario también afirmó: “El aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de US$18.292 millones”. A decir de Correa, ese monto le servirá al país “para vencer la miseria, especialmente en la Amazonía” ecuatoriana.
clic Lea también: “El mundo nos ha fallado”, dijo Correa
Razones
Pero mientras el gobierno de Ecuador avanza en sus planes de extracción petrolera, hay muchos que se preguntan por qué no tuvo éxito el proyecto ambiental que captó atención de diversos sectores internacionales.
Al hablar de “fracaso” en cuanto a los resultados económicos del proyecto Yasuní-ITT, el presidente Correa admitió que su gobierno seguramente cometió errores, pero dijo que estos no fueron decisivos.
Datos del Parque Nacional Yasuní
- Abarca 982.000 hectáreas en plena selva amazónica y se encuentra a 300 kilómetros al este de Quito.
- Es el área protegida más grande del Ecuador continental y ha sido declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera.
- Posee la mayor biodiversidad del mundo, según los científicos del lugar, y es el hogar de la comunidad indígena huaorani.
- Sin embargo, allí también se encuentran los mayores yacimientos de crudo de Ecuador.
- Actualmente, un 60% de su superficie está ocupada por empresas petroleras, con sus campos, oleoductos, carreteras y asentamientos humanos.
- Un 30% de los ingresos de Ecuador, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), provienen de la extracción de crudo.
También reconoció que la iniciativa coincidió “con la peor crisis económica global de los últimos 80 años”. Pero especialmente resaltó que “el factor fundamental en el fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la del poder”.
“Los países contaminadores también son los más ricos y fuertes”, afirmó.
Sin embargo, hay otras lecturas del porqué del fin de la iniciativa.
Roque Sevilla, quien lideró la comisión técnica del proyecto Yasuní-ITT hasta enero de 2010, le dijo a BBC Mundo que, además de la crisis económica europea, influyeron contradicciones mostradas por el gobierno ecuatoriano en su posición frente al plan ambiental.
“Eso de tener siempre bajo la manga el plan B (de explotación petrolera en la zona del ITT) es algo que desanimaba a los aportantes”, manifestó Sevilla, al señalar que no cree que la extracción de crudo en la zona del ITT tenga sólo un mínimo efecto en la biodiversidad del Parque Yasuní.
Por su parte, el codirector de la Estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito, David Romo, dijo que poner fin al proyecto Yasuní-ITT significa que Ecuador ha sido incapaz de convencer al mundo de un cambio de la mentalidad de explotación de la naturaleza para el beneficio inmediato.
“Estábamos como ecuatorianos apostando a que somos una sociedad con una visión bastante innovadora y promotora de la conservación de la naturaleza”, le comentó a BBC Mundo Romo, quien a la vez lamentó que los países más ricos del planeta no hayan asumido con esta iniciativa ambiental su “corresponsabilidad” en el problema ambiental.
Biodiversidad
Constitución “verde”
Autoridades y organizaciones ambientalistas ecuatorianas han resaltado que la Constitución en Ecuador es una de las más “verdes” del planeta. Aquí algunos de sus artículos:
- Art. 71: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
- Art. 407: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.
- Art. 57: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”.
- Art. 398: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente (…) Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”.
En cualquier caso, la decisión del gobierno ecuatoriano en torno del proyecto Yasuní-ITT ha generado una intensa discusión en Ecuador, país con una enorme biodiversidad y con una Constitución “verde” resaltada por autoridades y ambientalistas (ver recuadro).
El miércoles, varios líderes indígenas pidieron que se convocara a una consulta popular para definir el futuro de la iniciativa Yasuní-ITT y amenazaron con movilizaciones en caso de anunciarse la explotación, más aún cuando en zonas del Parque Nacional Yasuní habitan pueblos aborígenes en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y los Taromenane.
Según la encuestadora Perfiles de Opinión, a junio de 2013 un 93% de la población ecuatoriana en Quito y Guayaquil estaba de acuerdo con la iniciativa Yasuní-ITT y un 66% no apoyaba la explotación en caso de que no recaudase suficientes fondos.
Y la discusión en torno de la iniciativa ambiental también se encendió en redes sociales como Twitter, con etiquetas como #NoToquenElYasuni, #Yasuni y #ElMundoNosHaFallado.
El jueves, el presidente Correa optó por dirigir buena parte de su mensaje televisado a los “jóvenes de la Patria”, a quienes les pidió confiar en el gobierno, mientras decenas de personas se concentraron a las afueras del Palacio de Gobierno en Quito para expresar, unos, su filiación al oficialismo y, otros, su rechazo a la explotación en Yasuní.
Fuente: ndo
México: 87 mujeres y 21 hombres condenados por aborto
108 mexicanos fueron procesados penalmente por el delito de aborto entre 2009 y 2012 y recibieron sentencias condenatorias, según estadísticas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
En el último día de febrero de 2012, en punto de las 6:00 horas, Gumaro y Eusebia, pareja durante más de una década, salieron de su hogar en San Luis Potosí, a bordo de su camioneta y partieron juntos rumbo a sus respectivos trabajos. “Era un día cualquiera”, recuerda Gumaro.
La normalidad, sin embargo, se agotó cuadras adelante, cuando dos vehículos les cerraron violentamente el paso. Varios hombres armados descendieron de ellos y, por la fuerza, obligaron a la pareja a salir de su auto, cuyo interior fue inmediatamente revisado, mientras ellos eran tumbados al suelo y esposados. “Sólo entonces nos mostraron un papel, una orden de aprehensión librada en nuestra contra, por un aborto supuestamente cometido hace 13 años, en 1999″.
Gumaro es uno de los 22 hombres que, según el INEGI, fueron aprehendidos y juzgados en prisión por el delito de aborto, entre 2009 y 2012. Y Eusebia, su pareja, con la que ha tenido dos hijos y con la que cría también a un niño nacido en un matrimonio previo, es una de las 101 mujeres sometidas al mismo tratamiento penal, por presuntamente interrumpir sus embarazos, en el mismo período.
“Ni siquiera llegamos al Ministerio Público –dice Gumaro–, apenas íbamos entrando cuando nos cruzamos con otro vehículo, al que nos subieron, siempre esposados, como si fuéramos delincuentes peligrosos, y entonces nos llevaron directo al penal de San Luis Potosí”.
Gumaro y Eusebia pasaron siete meses en prisión y, al final de su juicio, fueron absueltos por falta de pruebas. Pero otros 108 mexicanos, que como ellos fueron procesados penalmente por el delito de aborto entre 2009 y 2012, no corrieron la misma suerte y recibieron sentencias condenatorias: son 87 mujeres y 21 hombres que, actualmente, purgan distintas penas en prisión en 26 entidades de la República Mexicana.
Y esto es así, explica Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, dedicado desde el año 2000 a la promoción del aborto legal, porque “la ola de reformas a constituciones estatales, que vivimos entre 2008 y 2009, realizadas con el objeto de estipular que la vida empieza desde el momento de la concepción, provocó un incremento de la criminalización de muchas mujeres, pero también de hombres, contra quienes todas las autoridades usan como pretexto la ley para imponerles sus muy personales criterios morales, y buena parte de ellas ni siquiera se practicaron un aborto, sino que lo sufrieron de forma espontánea, por las muchas razones que esto puede ocurrir.”
Siluetas de la criminalización
En 1999, Gumaro y Eusebia ya tenían a sus dos niños, y en su núcleo familiar había un lugar también para los niños que él había procreado previamente, uno de los cuales vive actualmente con la pareja.
“En ese entonces pasó que nosotros no sabíamos que estábamos embarazados –recuerda Gumaro–, y fuimos a comernos unos mariscos, y luego vi yo que Eusebia se puso mala, y entonces yo me dije ‘gracias a dios que tenemos Seguro’, y me la llevé a Urgencias, a la clínica 47 del Seguro Social. Ahí fue que nos dijeron que había tenido un aborto, que tenía 28 días de gestación, fue una trabajadora social la que nos informó, y luego nos dijo ‘y voy a llamar al MP, porque esto no se puede quedar así’”.
Media hora después, Gumaro y Eusebia fueron arrestados por agentes judiciales que se presentaron en la clínica y pasaron tres días detenidos en el Ministerio Público, luego de lo cual lograron su libertad.
“Nosotros contratamos a un abogado que, cobró un dineral, y que logró que nos liberaran, y de hecho nos dijo que ya todo estaba resuelto y que no íbamos a tener más problemas, y así creíamos, pero en marzo de 2012, o sea, 13 años después, resulta que volvió a salir de nuevo esto del aborto.”
“El común denominador es que no existen pruebas reales, científicas, en contra de los y las acusadas. Porque el objetivo real de esta criminalización es imponer a la gente un criterio moral” -Verónica Cruz
Según las estadísticas del INEGI en materia penal, que abarcan de enero de 2009 a diciembre de 2012 –ya que sus bases de datos no registran los procesos por aborto en años previos–, por este delito han sido acusadas formalmente 151 personas (120 mujeres y 31 hombres), y, de ellos, 123 recibieron auto de formal prisión y enfrentaron juicio tras las rejas (101 mujeres y 22 hombres) y, de éstos, 108 fueron hallados culpables, y sólo en 15 casos, entre los que se hallan Gumaro y Eusebia, se determinó la inocencia de los acusados y fueron puestos en libertad.
La directora del Centro Las Libres, dice que “se criminaliza a mujeres que sí deseaban interrumpir su embarazo”. En este centro han detectado tres tipos de personas contra las que actúan las autoridades :
-Mujeres que sí deseaban terminar con embarazo a través de la ingesta de fármacos. Las complicaciones que se presentan a veces, llevan a estas mujeres a acudir a centros médicos públicos donde son denunciadas. Son mujeres sin recursos, que no pueden acceder al servicio privado.
-Las mujeres que no desean abortar, pero que finalmente debido a las presiones sociales de ser juzgadas sufren un aborto espontáneo. Estos casos están relacionados además, con situaciones de pobreza, mala alimentación y exclusión social.
-Y un tercer grupo, señala Verónica Cuesta, de mujeres que simplemente sufrieron un aborto espontáneo y que al acudir a clínicas públicas son denunciadas.
De manera colateral, algunas de las parejas de estas mujeres también han sido criminalizados.
Estas personas, añadió la defensora de derechos humanos, “han recibido penalidades de 25, 30, 35 años, y algunas de ellas llevan más de una década en prisión”. No existe un perfil concreto de las personas que sufren estas condenas, pero Verónica Cruz remarca que, según su experiencia, no hay procesos contra mujeres ricas u hombres que obligan a mujeres a someterse a un aborto.
La corriente
Verónica Cruz, explica que “en todos los casos que hemos atendido, tanto en Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero o Aguascalientes, el común denominador es que no existen pruebas reales, científicas, en contra de los y las acusadas. La autoridad no investiga, en ningún caso de los que hemos llevado han podido demostrar, por ejemplo, la relación causal entre un aborto y la ingesta de algún fármaco, y esto es porque el objetivo real de esta criminalización nunca ha sido la intención proteger la vida de las mujeres, ni del producto de la gestación, sino imponer a la gente un criterio moral basado en la maternidad obligada y castigar a quienes no lo acatan”.
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Durante los siete meses que pasaron recluidos, narra Gumaro, apenas se le permitió ver a Eusebia en tres ocasiones, y la única manera de comunicarse fue por medio de llamadas telefónicas. “Y así fue como nos pasamos esa temporada, que fue como un infierno, aunque yo siento que Eusebia tuvo más fuerza que yo, a ella la admiro muchísimo, porque fue por ella que pude mantenerme en pie, ya que la preocupación por nuestros niñitos es algo que no puedo describir, la cárcel te impide realizar la ilusión de estar con tus hijos”.
–Luego de tu liberación, ¿tuviste problemas para reconstruir tu vida?
–Claro –responde Gumaro–, yo siempre he sido muy trabajador, he sido vocalista de un grupo de música norteña y duranguense que hasta se escuchaba en la radio, Los Dueños, y luego tuve la oportunidad de ocupar empleos bien remunerados, y ahora me ha costado mucho trabajo recuperarme, no lo he logrado todavía…
–¿Cuál es tu opinión en torno al aborto?
–Yo no creo tener derecho para decidir sobre el cuerpo de nadie –concluye Gumaro.
Artículo publicado en Animal Político
Fuente: Radio Nederland
Maestra y maestro del Sexo: ¿Qué hicieron exactamente?
William Masters y Virginia Johnson, los maestros del sexo
Estos científicos formaron una pareja que revolucionó la ciencia del sexo.
Un hombre, dentro de un armario, mira hacia el exterior a través de una rendija. Parece estar espiando a alguien que emite sonidos raros, como si estuviera ejercitándose o brincando sobre la cama. Está oscuro. El hombre sostiene un cronómetro con la mano izquierda y una linterna con la boca. La linterna se le cae. La recoge y vuelve a mirar por la rendija. ¿Qué mira con tanta atención y nerviosismo? Pues, a una pareja teniendo sexo.
Así empieza el tráiler de Masters of Sex, serie televisiva estadounidense próxima a estrenarse y que contará la historia de los investigadores que revolucionaron la ciencia y la medicina de su época: William Masters (1915-2001) y Virginia Johnson (1925- 2013).
Fueron los primeros que decidieron estudiar el sexo desde una perspectiva distinta: para comprender los intríngulis del sexo, había que observar el acto sexual como nunca antes. Forzar los límites de lo permitido. Obviar los tabúes. Tomar apuntes de las reacciones de los voluntarios que accedían a ser analizados. Registrar tiempos. Conectar electrodos a los amantes, si es posible, para monitorearlos mejor mientras tenían relaciones en un laboratorio. Usar cámaras, electrocardiógrafos, vibradores.
Llamarlos voyeurs o pervertidos sería desacertado: el ginecólogo Masters y la psicóloga Johnson hicieron ciencia de verdad.
El hombre que estaba en el armario era el señor Masters, precisamente. Ese ejemplo es fundamental para marcar la diferencia con el método de Alfred Kinsey, el padre de la investigación sexual, que durante los años 40 y 50 publicó informes sobre la conducta sexual humana. Kinsey se basó exclusivamente en entrevistas que les hizo a decenas de personas.
INFLUENCIA CULTURAL
Masters y Johnson se conocieron en 1957. Desde entonces formaron un equipo de trabajo altamente curioso y prolífico. Publicaron La respuesta sexual humana (1966), Incompatibilidad sexual humana (1970) y El vínculo del placer (1975), obras fundamentales de la sexología. Todos fueron best sellers, por cierto.
Los trabajos de Masters y Johnson derribaron mitos, educaron y hasta mejoraron la vida sexual de las personas, todo ello a pesar de los prejuicios de aquel entonces. No solo estaba lo del tabú moral, sino también el desinterés de una comunidad científica que no consideraba el sexo como objeto de estudio.
“Simplemente, quiero responder una pregunta: ¿qué ocurre en el cuerpo durante el sexo?”, dice Masters en el tráiler de Masters of Sex. La respuesta a tal interrogante, una vez que estuvo en poder de las masas, ocasionó una gran revolución en materia sexual.
DATOS
– “Hoy día es fácil para las Alessandra Rampolla del mundo desplegar sus vaginitas de goma, las Bambas del universo y apuntar picantes consejos sobre la sexualidad femenina, las relaciones de pareja, los aciertos a la hora del placer. Sin embargo, nada de esto sería posible de no ser por Virginia Johnson”, escribió Guadalupe Treibel en el diario argentino Página 12.
– Virginia Johnson falleció el pasado 25 de julio. Tenía 88 años.
Fuewnte: peru21
Descubren 21 marcas que originan el cáncer
BBC Mundo, @bbc_ciencia
El descubrimiento puede servir para la prevención de algunos tipos de cáncer.
Hace cinco años al científico Mike Stratton le parecía imposible llegar a determinar el origen del cáncer. Este miércoles publicó -junto a su equipo del Instituto Wellcome Trust- el primer compendio exhaustivo de los procesos de mutación que causan el desarrollo de un tumor.
“Es un hito, un logro significativo en términos del estudio sobre el cáncer”, le dice sin dudarlo a la BBC. “Pudimos determinar las huellas escondidas que explican qué es lo que realmente causa un cáncer en primer lugar”.
Hasta ahora se sabía que todos los tipos de cáncer ocurren debido a que el ADN de la célula de un cuerpo empieza a mutar. Lo que se aclara en este trabajo publicado en la revista Nature son las causas de esas mutaciones.
Cada proceso de mutación deja un patrón particular, una firma, estampa o grafiti, en los genomas de los cáncer. Y tras estudiar 7.042 genomas de individuos con los tipos más comunes de esta enfermedad, los investigadores descubrieron 21 huellas de procesos que han hecho que mutara una célula de ADN.
“Estos procesos biológicos de mutación, que ocurren a lo largo de una vida, es una de las cosas obviamente clave para entender cómo se desarrolla el cáncer”, señala Stratton.
Algunos de estos procesos son conocidos; se sabe que el tabaco contiene carcinógenos que pueden provocar cáncer de pulmón y que los rayos ultravioleta dañan las células del ADN de la piel, lo que puede llevar a un cáncer de piel.
“Estos son 21 procesos biológicos diferentes que operan en nuestro cuerpo a lo largo de una vida para generar mutaciones. Son huellas de las causas genuinas de cáncer”
Mike Stratton, director del Wellcome Trust Sanger Institute, Reino Unido
Pero era muy poco lo que se sabía de los procesos biológicos de otros tipos de esta enfermedad, qué es lo que causa esas mutaciones.
Cambio de letras
El ADN tiene cuatro letras en el código genético, ATGC (adenina, timina, guanina y citosina). En el caso del cáncer de pulmón, la C se cambia en A, mientras que en el cáncer de piel es la T la que sustituye la C. Estos son patrones de firmas.
Lo que hicieron los investigadores fue estudiar seis datos de secuencia de ADN de más de 7.000 genomas del cáncer humano. “Y descubrimos que tenemos 21 mutaciones diferentes de firmas en 30 tipos de cáncer”.
“Estos son 21 procesos biológicos diferentes que operan en nuestro cuerpo a lo largo de una vida para generar mutaciones”, agrega Stratton, quien también es director del Wellcome Trust Sanger Institute, en Reino Unido. “Son huellas de las causas genuinas de cáncer”.
Según los expertos, todos los tipos de cáncer contienen dos o más firmas, lo que refleja la variedad de los procesos que trabajan en conjunto durante el desarrollo de un cáncer.
No obstante, diferentes cáncer tienen diferentes números de procesos de mutación. Por ejemplo, la base del cáncer de ovario son dos procesos de mutación, mientras que se necesita de seis procesos para el desarrollo del cáncer de hígado. Algunas de las firmas de mutación se encuentran en varios tipos de cáncer, mientras que otras huellas son exclusivas a un tipo.
De los 30 cáncer estudiados, 25 tenían estampas relacionadas con los procesos de mutación ligados con el envejecimiento. Mientras que otras huellas fueron causadas por errores en la reparación del ADN.
El siguiente acertijo
“A través del análisis detallado, podemos empezar a usar para nuestro beneficio inmensas cantidades de información enterradas muy adentro en el ADN de los cáncer”, declaró por su parte Serena Nik-Zainal, otra de las autoras del trabajo. “Nuestro mapa de los eventos que causan la mayoría de los cáncer en humanos es un paso importante para descubrir los procesos que llevan a que se forme un cáncer”.
“Realmente este estudio es sobre el descubrimiento de la diversidad de los procesos que causan mutaciones en nuestras células del cuerpo”, señala Mike Stratton.
“Nos dimos cuenta de que en la mayoría de las personas (con cáncer) hay la presencia de más de una firma de mutación. Esto significa que durante la vida de la mayoría de los individuos que desarrollan la enfermedad existen múltiples procesos que están operando y que en conjunto contribuyen a la generación del cáncer que sufre el paciente”, agrega.
Ahora el siguiente paso es determinar el proceso biológico subyacente que causa estos patrones de mutaciones. Algunos de ellos pueden ser exposiciones exógenas, como los carcinomas del tabaco o los rayos UV.
De ser así, se podrían tomar medidas de prevención de la misma forma que ahora se aconseja no fumar y usar protección solar.
Todavía hay mucho trabajo por delante, pues tal y como confiesa el profesor Stratton, no tienen idea del motivo por el cual ocurren cerca de la mitad de estas 21 mutaciones. Mientras que buena parte de la otra mitad son especulaciones.
Fuente: BBC Mundo