Un gobernante con personalidad y de sano juicio, antepondrìa primero los intereses de los ciudadanos marginadas y exlcuidas por años, en vez de entregar en bandeja los recurso naturales del Perú a transnacionales depredadoras. Claro siempre sale con es discurso sectario “a 28 millones de peruanos no nos van a imponer unos cuantos”, pero esos unos cuantos son gente con derechos y merecen respeto.
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22.06.10 – PERÚ
Karol Assunção *
Más de un mes después de la aprobación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios por el Congreso Nacional peruano, la norma todavía no fue promulgada. Ayer (21), el Poder Ejecutivo divulgó una observación en relación con la Ley. Mientras tanto, el país sigue siendo escenario de muchos conflictos que podrían ser evitados con la Ley de Consulta.
Para quien la esperaba después de la promulgación de dicha Ley, la observación enviada ayer por el mandatario peruano, Alan García, y por el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, al presidente del Congreso de la República, Luis Alva Castro, no es nada buena. En el Oficio, García y Velásquez resaltaron una serie de cuestiones que están en contra de lo esperado con la aprobación de la norma.
Entre las consideraciones, los miembros del Poder Ejecutivo destacaron que “la ley debe establecer que, si no se consigue el acuerdo o consentimiento en lo que respecta a la referencia, eso no implica al Estado la renuncia del ejercicio del Ius Imperum, porque eso presumiría la dispersión del carácter unitario y soberano de la República”. Además, afirmaron que el “el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] no prevé la obligación de la consulta en relación con los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”.
La cuestión de la identificación de las medidas administrativas y legislativas que deberán ser consultadas también fue observada por García y Velásquez, los cuales sostuvieron que “el procedimiento propuesto por la ley implica el riesgo de atrasar o detener el desarrollo del país”. Además de estos puntos, los dos representantes del poder Ejecutivo también presentaron observaciones al respecto de otras cinco cuestiones de la norma.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el documento enviado ayer al Congreso de la República reveló que “una vez más, el Poder Ejecutivo se pone de espaldas a las justas reivindicaciones de los pueblos indígenas y desatiende los muchos pronunciamientos internos e internacionales que exhortaban la promulgación de la ley”.
De esta manera, la CNDH, en comunicado divulgado hoy en su blog, comentó que continuará demandando la promulgación de la norma. “Esperamos que el Congreso de la República, haciendo uso de las facultades contenidas en el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política, insista en la Ley y la promulgue”, afirmó.
Mientras la Ley no se promulgue, varios conflictos que podrían ser evitados continúan aumentando las estadísticas peruanas. De acuerdo con un comunicado de la coordinadora divulgado el último viernes (18), la Defensoría del Pueblo reveló que, de los 255 conflictos registrados hasta el 31 de mayo de este año, 132 estaban relacionados con cuestiones socio-ambientales.
En la ocasión, la CNDH destacó también que la mayoría de los proyectos generadores de conflictos se realiza en sectores más pobres de la sociedad, como comunidades campesinas, quechuas, aymaras o nativas, donde la información todavía es poca. Y, por eso, “resulta necesario que el Estado garantice los derechos de estas poblaciones a ser consultadas previamente y les ofrezcan información oportuna sobre las ventajas o desventajas que generará la ejecución de estos proyectos, para que, en base a ellos, decidan libremente”.
EL oficio del Poder Ejecutivo enviado al Congreso Nacional y el posicionamiento de la CNDH sobre el asunto están disponibles en: http://blog.dhperu.org/
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
* Periodista de Adital