Compartir poder y espacios de decisión con niños, niñas y adolescentes

Para muchas personas adultas, más aún para las autoridades que implementan políticas públicas dirigida a la niñez y adolescencia debe ser doloroso compartir poder y espacios de decisión con niños, niñas y adolescentes, porque las autoridades estás acostumbradas a tomar decisión sin tener en cuenta la voz, ni las propuestas de la niñez y la adolescencia.

En este sentido la Municipalidad distrital de Túpac Amaru Inca, a través de la DEMUNA con el apoyo técnico del CEM Pisco y Red de Hombres contra la violencia de Ica ha impulsado la constitución del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, el mismo que fue constituido el 2 de junio.

En los integrantes del Equipo Coordinador se ha observado la alegría y la esperanza de contribuir a mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia.

Desde ya se han comprometido erradicar el machismo, prevenir la violencia escolar, desnutrición y conductas de riesgo.

Pronunciamiento de la MCLCP de Apurímac

Pronunciamiento de la MCLCP de Apurímac

PRONUNCIAMIENTO
Frente al conflicto suscitado en la comunidad de Choquecca- Challhuahuacho el pasado
viernes 14 de Octubre, de enfrentamiento entre la policía nacional y ciudadanos comuneros
de la zona, que dejó como lamentable resultado la muerte del Comunero Quintino Cereceda
Huiza, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac, integrada por
representantes de organizaciones sociales, sociedad civil, y sectores públicos, manifiesta lo
siguiente:

Primero: exhortamos a las partes involucradas en el conflicto a detener cualquier acción de
violencia y a optar por el camino del dialogo y la concertación, buscando atender de manera
efectiva las demandas de la población, así como la plena vigencia del estado de derecho. En
particular, invocamos al Gobierno Regional a asumir un rol efectivo de liderazgo en el diálogo,
para el respeto de los derechos de los ciudadanos, la protección de nuestras comunidades y
el fortalecimiento de la gobernabilidad.

Segundo: Exigimos a las autoridades nacionales una investigación exhaustiva de los hechos
mencionados, para establecer responsabilidades respecto a:
 Los procedimientos seguidos en la modificación de la categoría de la vía hoy en conflicto.
 El respeto de los protocolos en las intervenciones policiales, en especial respecto al uso
de armas de largo alcance y el uso de maquinaria pesada de la empresa en el operativo
policial.
 La legalidad de los convenios suscritos entre el Ministerio del Interior y las Empresas
Mineras, así como la naturaleza pública de dicha información.

Tercero: Solicitamos a las autoridades e instituciones pertinentes, priorizar la atención a las
personas heridas, atender a los familiares del fallecido Quintino Cereceda y especial atención
a la niñez afectada. Asimismo, que se esclarezca la situación de las personas detenidas con
pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Cuarto: Hacemos un llamado a la ética y la transparencia que debe primar en la ejecución de
proyectos mineros, debiendo mantener informada a la población local y regional, sobre
cualquier modificación que se realice, en específico el proyecto Las Bambas.
Quinto: Reiteramos el llamado al Gobierno Central, Regional y Local, para que asuman con
responsabilidad y oportunidad, la atención a las demandas de las poblaciones, a fin de cerrar
brechas de desigualdad, concretar acciones efectivas, transparentes e informadas,
desterrando la indiferencia y la soberbia. Estimamos la urgente necesidad de formular e
implementar de forma concertada, políticas públicas, para la prevención y resolución de
conflictos sociales.
Precisamos que las tensiones en la región no se dan entre “Promineros” y “Antimineros”,
como a veces se pretende mostrar, sino entre la posibilidad de una minería que respete las
leyes, a las comunidades y al medio ambiente, A un Estado que proteja a las comunidades en
general y las demandas insatisfechas de la población.
La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac, se reafirma en su
compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos, en particular el derecho a la
vida, los derechos sociales y ambientales, promoviendo diversas iniciativas orientadas
fortalecer la inclusión social en nuestra región.
Abancay, 17 de octubre de 2016

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP-APURIMAC
Jr. APURÍMAC Nº 420- 2DO PISO DE OSINERMING.
? Telefax: 083-321454
??Email: apurímac@mesadeconcertacion.org.pe

Enlace: file:///C:/Users/Leo/Downloads/Pronunciamiento_MCLCP-Choqueqa.pdf

Perú: Una empresa minera ataca a Máxima Acuña, la campesina indígena peruana que defiende su tierra

El ataque de los empleados de la empresa minera Yanacocha que ha recibido la premio Goldman peruana la ha mandado al hospital.
RT

Este 18 de septiembre, un grupo de trabajadores de la empresa minera Yanacocha atacó a la mujer que recibió el último premio medioambiental Goldman, Máxima Acuña, y destruyó su sembrado en las inmediaciones de la Laguna Azul, en la localidad de Sorochuco (Perú), informa ‘El País’.

Los familiares de Acuña aseguran que la mujer necesitó atención médica urgente debido a los golpes y fue trasladada a un centro sanitario ubicado a cuatro horas del lugar donde sufrió el asalto.

La hija mayor de la agricultora, Ysidora Chaupe Acuña, relató al periódico que entre 100 y 150 empleados de seguridad, ingenieros y otros trabajadores de Yanacocha “entraron a destruir la siembra” y, cuando se acercaron a recriminarles su acción, agarraron a su madre de las manos y la golpearon con unos escudos.

Este año, Máxima Acuña obtuvo el premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente, por defender su tierra de la acción de las transnacionales, motivo por el cual ya sufrió daños en ocasiones anteriores.

En 2011, la multinacional Newmont compró los terrenos contiguos a la parcela de Acuña en Cajamarca para desarrollar el proyecto Conga, mediante el cual pretende que su filial Yanacocha extraiga oro y cobre.

Desde entonces, y a pesar de que perdió el caso judicial cuando esa familia indígena probó la legitimidad de su propiedad de 18 hectáreas, la compañía reclama el territorio y sus empleados realizan “actos de intimidación, hostigamiento y agresión”, informa ‘El Comercio’.

Por su parte, Yanacochaha emitió un comunicado en el cual rechazó esas imputaciones y alegó que realizó una “defensa posesoria pacífica de sus derechos”, debido a que los sembríos se encontraban en una zona que estima que le pertenece.

Fuente: RT

El Salvador: Violencia contra la mujer, un problema de salud pública

Alainet

Dos casos recientes de violencia contra la mujer salvadoreña, han vuelto a encender la señal de alarma en torno a este tipo de hechos. El primero, Silvia Rivera de 37 años, quien falleció en un hospital público donde era atendida desde el 13 de junio, después de ser quemada con combustible por su compañero de vida, Manuel Bermúdez. Según las versiones de prensa, Bermúdez quemó a su mujer tras rociarla con gasolina y atarla a una silla, luego de una discusión, en un barrio de la periferia de San Salvador.

El segundo caso, en circunstancias similares, pero sin llegar a un desenlace fatal, se registró en el área rural. Jorge Alberto Cisco, fue acusado de amarrar de pies y manos a su mujer, Jennifer Escalante, rociarla con gasolina y quemarla en varias partes del cuerpo, principalmente en las piernas. En su declaración, la mujer, de 27 años de edad, dijo a los agentes policiales que su pareja había llegado a la casa con una botella de plástico en la mano que contenía sustancias inflamables. Posteriormente, la ató de manos y pies, vació el contenido de la botella sobre ella y encendió un fósforo. Al ser cuestionado por la policía sobre las acusaciones de su compañera de vida, el imputado manifestó que “tenían problemas, como toda pareja”.

Pero, ¿se trata de problemas estrictamente circunstanciales de naturaleza individual o de comportamientos individuales extendidos y de gran prevalencia en la sociedad? Según datos de Naciones Unidas, en 2011 El Salvador registró al menos 647 feminicidios, sólo superados en Centroamérica por los 705 de Guatemala. En 2012, las autoridades salvadoreñas registraron al menos 2.493 denuncias por violencia intrafamiliar. Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), elaborado con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), plantea que en los 30 últimos años, la comunidad internacional ha reconocido cada vez más la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, violación de derechos humanos y barrera al desarrollo económico. El documento revela una serie de hallazgos en torno a la violencia contra la mujer, en 12 países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

El informe muestra que en 12 países estudiados de América Latina y el Caribe, entre el 17 y 53 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. A pesar de esto, entre el 28 y 64 por ciento no buscó ayuda o habló con nadie acerca de esta experiencia.

Un punto central del documento, es que la violencia infligida por el compañero íntimo, a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y mental de la mujer. Entre el 41 y 82 por ciento de las mujeres que sufrieron abuso por parte de sus parejas experimentaron heridas físicas, desde cortes y moretones a huesos rotos, abortos involuntarios y quemaduras. De ahí que estime que la violencia infligida por el compañero íntimo es un problema de salud pública con graves consecuencias, no solo físicas, sino también mentales. Es decir, tiene un nivel de prevalencia y gravedad en la población, tanto a nivel individual como colectivo, que puede expresarse en mortalidad o alta vulnerabilidad de la vida. El reporte destaca además, que las mujeres que habían sufrido violencia física o sexual por el compañero íntimo, tenían más probabilidad de haber contemplado o intentado el suicidio, en comparación con las que nunca habían sufrido esa violencia. La conclusión resulta obvia: la violencia contra la mujer agrava la carga de mala salud mental entre las mujeres, y genera un gran impacto en los sistemas de salud de la Región.

Los casos de Silvia y Jennifer, que hemos citado al inicio, son un nuevo campanazo para tomar conciencia sobre la gravedad de este tipo de violencia y asumir las acciones necesarias. El informe de la OPS y CDC que asume esta realidad como un verdadero problema de salud pública y de convivencia social, propone las siguientes medidas: que los tomadores de decisiones públicas se ocupen diligentemente de la violencia contra la mujer, habida cuenta de la prevalencia extendida de esa violencia y sus graves consecuencias negativas en la salud, los derechos humanos y la economía. Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar la respuesta de instituciones clave de todos los sectores, porque las mujeres que sufren violencia en América Latina y el Caribe no siempre buscan ayuda, debido a no saber dónde ir o no confiar en que puedan recibir una ayuda eficaz, compasiva y confidencial.

Sin olvidar, claro está, medidas preventivas como la de aumentar la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos civiles, promover su empoderamiento social y económico, involucrar a los hombres y niños para promover la no violencia y la equidad de género, y prestar servicios tempranos de intervención a las familias en riesgo, entre otras. Ahora bien, tanto las medidas inmediatas como las estructurales, requieren como condición básica tomar conciencia de la problemática, sobre la base de la evidencia que proporcionan los datos de los estudios científicos.

Oportuno resulta citar en este punto, una de las urgencias que planteó la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida), sobre el tema de la mujer. “Urge tomar conciencia de la situación precaria que afecta la dignidad de muchas mujeres. Algunas, desde niñas y adolescentes, son sometidas a múltiples formas de violencia dentro y fuera de casa: tráfico, violación, servidumbre y acoso sexual; desigualdades en la esfera del trabajo, de la política y de la economía; explotación publicitaria por parte de muchos medios de comunicación social, que las tratan como objeto de lucro”.

  Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA, El Salvador.

Fuente: http://alainet.org/active/65095

Fuente: rebelion.org

 

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La obsesión con la raza

Adrián Fernández | 2013-06-11, 11:39

George ZimmermanZimmerman asegura que actuó en defensa propia.

Esta semana comenzó en Estados Unidos la selección del jurado en uno de los casos judiciales más controversiales de los últimos años; el homicidio del adolescente Trayvon Martin.

Martin, de 17 años, murió de un disparo en el pecho en un confuso incidente el año pasado en Sanford, una localidad del centro del estado de Florida. El acusado, George Zimmerman se declaró inocente y afirma que actuó en defensa propia.

El juicio pondrá en evidencia los alcances de una polémica ley vigente en Florida conocida como “Stand your ground” que autoriza el uso de fuerza letal cuando se percibe una amenaza de muerte o de serio daño corporal.

Esta ley, vigente en más de 30 estados, tiene sus defensores y detractores como era de esperar, pero no es el único ingrediente que está causando controversia aún antes de que comience el juicio. El otro es el componente racial.

La muerte de Martin, de raza negra, generó protestas contra la discriminación racial y contra la policía que no presentó cargos contra Zimmerman de forma inmediata. Los padres de Martin dicen que a su hijo lo mataron sólo por ser negro.

Lo que me sorprende es cómo los medios de información de Estados Unidos se esfuerzan por identificar el origen racial del acusado.

Protestas por el caso Trayvon Martin 

Se ha dicho muchas veces que la prensa es el reflejo de la sociedad a la que pertenece y la sociedad estadounidense ha estado obsesionada con las razas desde hace varios siglos.

Por eso quizás los medios estadounidenses describen a Zimmerman, hijo de madre peruana, de distintas formas.

El Miami Herald lo llama “mitad blanco, mitad hispano”, para el Orlando Sentinel es “hispano de tez clara”, el New York Times lo describe como “hispano blanco” o simplemente “hispano”, la agencia de noticias AP dice que “se identifica a si mismo como hispano” mientras que para Wikipedia de acuerdo a su carnet de votante es “hispano” aunque aclara que su padre dijo que son “una familia multirracial”.

Algunos amigos latinos con quienes he hablado del caso en los últimos días creen que se trata de un circo mediático que intenta poner en la pista central al peor estereotipo de dos minorías mientras el público anglo mira ajeno desde afuera.

Puede que ésta sea también una visión simplista y reduccionista del caso pero yo me pregunto: ¿aporta algo cuán oscuros o cuán claros sean la víctima y el acusado? ¿O deberíamos tratarlo como un caso de homicidio y basta?

Quizás algo difícil en un país que vive obsesionado con las razas.

Fuente: BBC Mundo

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Nicaragua, la barrera contra el avance de las maras

Juan Carlos Pérez Salazar

BBC Mundo, Ciudad de México

Viernes, 31 de mayo de 2013

 

Maras. Foto Getty ImagesSe cree que los integrantes de las maras en América Central pueden llegar a cien mil.

En menos de dos décadas, las pandillas maras se convirtieron en una de las organizaciones criminales trasnacionales más exitosas de América Latina al saltar desde su base en Los Angeles, Estados Unidos, a varios países centroamericanos.

Debido a su crecimiento arrollador, hay quienes argumentan que el término mara viene de marabunta, las feroces hormigas migratorias que arrasan todo a su paso.

Sea o no ese el origen de la palabra -que en muchos lugares ya es sinónimo de pandilla-, las maras se extendieron como voraz marabunta por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se estima que tienen unos 100 mil pandilleros. También han llegado al sur de México.

Y acompañando su paso, en los países centroamericanos se dispararon los índices de criminalidad, encabezados por el asesinato. En 2012, los dos países con mayor tasa de homicidios a nivel mundial fueron Honduras y El Salvador. Y la ciudad hondureña de San Pedro Sula es considerada la más peligrosa del planeta.

Sin embargo, a medida que las maras seguían su irresistible marcha hacia el sur, un fenómeno interesante apareció: por el momento no han podido avanzar más allá de Honduras.

Y el motivo tiene nombre propio y ubicación geográfica: Nicaragua.

Un poco de historia

Esto se detectó hace ya varios años. En 2008, durante una reunión de directores de migración de Centroamérica, el de Costa Rica, Mario Zamora, dijo:

“Nicaragua se ha convertido en una especie de escudo inexpugnable para las maras. Hay que analizar qué es lo que está detrás de ese fenómeno, el que Nicaragua sea una barrera de las maras. Gracias a ellos no nos han llegado a Costa Rica”.

Pero, ¿cuál es la razón?

“Nicaragua se ha convertido en una especie de escudo inexpugnable para las maras”

Mario Zamora, director de Migración de Costa Rica

Para encontrarla hay que remontarse a la génesis de las maras en Centroamérica, a principios de los años ’90, cuando George Bush padre, entonces presidente de EE.UU., autorizó la deportación de cientos de jóvenes de origen centroamericano que se encontraban en las cárceles estadounidenes.

Muchos de ellos habían crecido en Estados Unidos y no entendían una palabra de español. Sin embargo, al ser hijos de indocumentados, fueron expulsados.

En su reportaje “Barrio 18, apogeo y caída de una pandilla” los periodistas José Luis Sanz y Carlos Martínez hacen un extraordinario recuento de la llegada de esos jóvenes a El Salvador.

“Esa fue la primera vez que vio a los bajados. (…) Ese modo de vestir, de llevar el cabello, esos tatuajes tan… tan de allá. Llevaban pantalones Dickies y Ben Davis, camisas holgadas, y se llamaban por nombres geniales como Whisper, Sniper, o Spanky. (…) ¿Cómo no acercarse?”.

Pronto los “bajados”, además de despertar admiración, se apoderaron de los territorios y los conflictos de los lugareños. Desde allí empezaron a construir su imperio y a extenderse.

Indocumentados, pero distintos

Y es aquí donde comienzan las diferencias con Nicaragua.

El periodista e investigador Steven Dudley, uno de los directores del sitio de internet InSight, que le hace seguimiento al crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, dice a BBC Mundo que uno de los factores fue el tratamiento que en Estados Unidos se dio a los inmigrantes nicaragüenses.

“Durante los años ’80 no se le dio una recepción similar a los refugiados que venían de diferentes países centroamericanos. A los nicaragüenses se les dio la bienvenida, mientras que de Costa Rica y Panamá no llegaron demasiados”.

A los salvadoreños -en especial-, pero también a hondueños y guatemaltecos, desde el principio se les consideró como “indeseables”.

“Eso hizo que muchos terminaran en la cárcel o involucrados con bandas”, agrega Dudley a BBC Mundo.

Y la razón por la que los inmigrantes de Nicaragua -así fueran indocumentados- eran bienvenidos fue puramente política:

Maras. Foto Getty ImagesEl fenómeno de las maras se originó en barrios hispanos de Estados Unidos.

Como el gobierno de su país (al igual que el de Cuba), era considerado enemigo de Estados Unidos -los sandinistas estaban en el poder y la administración del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan apoyaba a los rebeldes antisandinistas conocidos como Contras-, los emigrantes nicaragüenses eran vistos como personas que escapaban del régimen y por eso recibían asilo político.

Aunque las deportaciones de centroamericanos empezaron en los 90′, continuaron con fuerza durante la década de 2000.

En su artículo Gangs, deportation and violence in Central America, Dudley revela que “entre 2001 y 2010 Estados Unidos deportó a 129.726 criminales convictos a Centroamérica, más del 90% al ‘Triángulo del Norte’. Sólo Honduras -un país con población similar a la de Haití- recibió 44.042 deportados en ese período”.

“Las cifras son apabullantes” dice Dudley a BBC Mundo. “Casi cualquier país habría hallado difícil lidiar con esas cantidades. Además, la información que debería pasarse entre gobiernos cuando ocurre una deportación de criminales, no se intercambió”.

Resultado: los gobiernos centroamericanos quedaron con un número enorme de criminales en sus manos y sin ninguna información sobre sus expedientes, ni siquiera a qué pandilla pertenecían.

La razón social

Francisco Bautista Lara -uno de los fundadores de la Policía en la Nicaragua postsomocista y exsubdirector y excomisionado de la misma- está de acuerdo en que el tratamiento diferente a sus compatriotas por parte de EE.UU. contribuyó a que las maras no encontraran terreno abonado en su país.

Pero cree que hay algo igual -o más- importante: los cambios sociales e institucionales generados en Nicaragua después de la revolución de 1979 que llevó al poder a los sandinistas.

“Si Nicaragua tiene niveles de desarrollo humano y de fragilidad institucional parecidos a los del norte de Centroamérica y también tuvo un conflicto armado, ¿por qué sus cifras delictivas se parecen más a las del sur?”.

La razón, repite a BBC Mundo, está en que “la revolución creó instituciones distintas a las que continuaron existiendo en los países vecinos”.

Agrega que también hay factores culturales: “Yo diría que Nicaragua y sus ciudades son grandes pueblos, donde todo mundo se conoce y la confianza interpersonal no se ha perdido, como sí sucedió en otros países de la región. Al contrario, la revolución del 79 fortaleció mecanismos de participación”.

Más deportados que en Centroamérica

A pesar de las enormes cifras de deportaciones de EE.UU. a Centroamérica que cita Steven Dudley, las que se han realizado hacia México son mucho mayores.

“Entre 2001 y 2010, Estados Unidos deportó 779.968 criminales a México”, afirma Dudley en su artículo Gangs, deportation and violence in Central America.

Steven Dudley también destaca cómo el gobierno de Nicaragua, a diferencia de otros en la región, trabaja más desde las bases hacia arriba.

Esto convirtió a la sociedad nicaragüense en una intrincada malla de relaciones y solidaridad que le fue imposible penetrar a las maras.

Y en medio del panorama desolador que se observa en los países del norte de América Central, Bautista Lara -quien ahora se desempeña como consejero regional de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- ve luces de esperanza: luego de un máximo de 18.000 casos en 2010, los homicidios han venido disminuyendo.

Además están las negociaciones con las maras en El Salvador y Honduras. Todo esto, piensa Bautista, muestra que las pandillas están pasando por una fase de agotamiento natural, “de un proceso de descomposición que ha llegado a los límites tolerables”. Por eso cree que si los gobiernos actúan con responsabilidad, puede lograrse la desintegración de las maras.

Ningún organismo social vive para siempre. Ni siquiera la temible marabunta.

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Siga al corresponsal de BBC Mundo en México y Centroamérica a través de Twitter en @JCPerezSalazar

 

Fuente:BBC Mundo

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Irán expresa su preocupación por violaciones de DDHH de EEUU

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27/05/2013 23:41 GMT
El representante permanente adjunto de Irán en la Sede Europea de la ONU, Abas Baqerpur, ha manifestado este lunes su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Durante su discurso ante la 23 sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en la ciudad suiza de Ginebra, al expresar su preocupación por la situación de los derechos humanos en Siria, Baqerpur ha condenado enérgicamente todas las formas de violaciones de los DDHH en el territorio sirio.

“La mejor solución para poner fin a la crisis en Siria, es una solución basada en la negociación y el diálogo nacional incluyente y significativa entre todos los partidos y grupos políticos sirios, que conducirá a una solución política duradera y representativa de las aspiraciones legítimas de los ciudadanos del país árabe”, ha subrayado el diplomático persa.

En referencia a la preocupación de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, respecto a la permanente violación de los derechos humanos del pueblo oprimido palestino, en particular la detención sin ningún cargo de unos 5 mil ciudadanos palestinos por parte de las fuerzas del régimen de Israel, Baqerpur en representación del Movimiento No Alineado (MNA) ha solicitado la investigación sobre los actos brutales de los israelíes contra los prisioneros palestinos.

Finalmente el representante permanente adjunto de Irán en la Sede Europea de la ONU, también, ha manifestado su profunda inquietud ante las violaciones del derecho internacional en lucha contra el terrorismo, en la prisión de Guantánamo, en el uso de aviones no tripulados (drones) y el despliegue de robots automáticos asesinos.

ash/rh/msf

Fuente: hispantv

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Morales critica mutismo de CIDH ante violaciones de DD.HH. de EEUU

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Actualizado: 14/05/2013 21:53 GMT
El presidente de Bolivia, Evo Morales, reitera este martes que la Organización de Estados Americanos (OEA), y en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), requieren de una reforma profunda, ya que estas encubren las violaciones de los Derechos Humanos (DD.HH) en Estados Unidos.

Evo Morales ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la segunda Conferencia de Estados Parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Tiquipaya, Cochabamba.

“Es necesaria una refundación urgente de la OEA, hace falta una profunda reforma de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, pues no aplica los principios de defensa. En la OEA pareciera que existen países de primera y países de segunda”, indica Morales, agregando que hay países que “son medidos con una vara y existen otros que no se les puede ni medir”, lo que fomenta la inequidad en la región.

El mandatario argumenta que “la CIDH quiebra principios elementales de igualdad y universalidad. La CIDH termina encubriendo la violación de DD.HH. de los Estados no signatarios de la convención, pues elaboran informes de los países firmantes pero tienen amnesia sobre los Estados Unidos”.

También se ha referido al mutismo de la CIDH ante algunos casos de violaciones de los DD.HH. que ocurren diariamente en EE.UU., por ejemplo, las torturas en la cárcel de Guantánamo o las intervenciones de este país en otros países soberanos (Yemen, Irak, Afganistán) y los efectos lesivos de la doctrina del antiterrorismo.

En otra parte de sus declaraciones, critica la pasividad de este organismo ante los golpes de Estado que se han llevado a cabo en la región en los últimos años, luego agrega que la Comisión se ha convertido en un instrumento de los EE.UU. para mantener el control sobre la región, y enfatiza la necesidad de liberarse de esta clase de instrumentos de dominación.

Así pues, aboga por cambios en estas instituciones con el fin de que hagan respetar los Derechos Humanos con verdaderos argumentos jurídicos y no políticos.

tmv/nii/

 

Fuente: hispantv

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Monsanto gana en el Supremo de EE UU su litigio por la violación de una patente

La decisión del Tribunal Suoremo tiene importantes implicaciones no sólo para la agricultura moderna sino para la industria médica y la tecnológica

Una plantación de soja. / EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha protegido este lunes los intereses de la multinacional Monsanto al fallar en contra de que los agricultores puedan cosechar variedades modificadas a partir de semillas patentadas por la compañía, sin pagarle un precio a cambio. La decisión, adoptada por siete votos a favor y uno en contra, tiene importantes implicaciones no sólo para la industria agrícola moderna, sino para otros campos relacionados con la biotecnología y la informática, que han visto asegurados los límites de la protección de sus patentes. La magistrada ponente, Elena Kagan, ha advertido, no obstante, de que la resolución no se puede extrapolar a otros ámbitos, más allá del relacionado con el pequeño agricultor de Indiana al que Monsanto había demandado en 2007.

En 1999, Vernon Bowman, de 76 años, compró una variedad de soja patentada por Monsanto resistente a un herbicida fabricado por la misma multinacional. Monsanto restringe el uso de sus semillas a una sola cosecha, lo que implica que, cada año, los agricultores deben comprar nueva simiente y no pueden replantar la producción anterior. Bowman aceptó las condiciones estipuladas en la patente, pero, en 1998, decidió adquirir su grano de un proveedor local, con la esperanza de que contendría semillas modificadas genéticamente por Monsanto. El agricultor las plantó, las fumigó con el herbicida de Monsanto y salvó la variedad que sobrevivió al químico para cultivarla en los años sucesivos. En 2007, la compañía demandó a Bowman por 84.000 dólares (65.000 euros) por violar los términos de la patente.

Monsanto restringe el uso de sus semillas a una sola cosecha, lo que implica que, cada año, los agricultores deben comprar nueva simiente y no pueden replantar la producción anterior

“Bowman desarrolló y ejecutó un sistema innovador para cosechar semillas patentadas por Monsanto sin pagar el precio establecido”, se indica en el fallo del Supremo. “Si cualquiera puede copiar una patente de Monsanto, el valor en el mercado de la invención, tras su primera venta, solo puede desplomarse, dando lugar a una desincenticvación de la innovación, que es lo que protege la ley de patentes”, señala la sentencia. Monsanto invierte más de cuatro millones de dólares diarios (3,1 millones de euros) en investigación y desarrollo. Más del 90% de las plantaciones de soja en EE UU utilizan semillas fabricadas por la compañía.

La decisión del alto tribunal estadounidense se decanta a favor de la protección de la patente de una semilla de soja transgénica, pero sus implicaciones van más allá. Un fallo contrario habría puesto en jaque las investigaciones impulsados en otros ámbitos, como la biomedicina, la nanotecnología o la industria del software, al ver que se ponía en riesgo la protección de sus patentes y su inversión en innovación y desarrollo.

La defensa de Bowman siempre alegó que Monsanto permite a los agricultores vender los excedentes de sus productos a proveedores de grano al por mayor, que están autorizados a vender una mezcla de diferentes semillas destinados al consumo animal o para ser procesados por la industria alimenticia o industrial, y que la compañía no impone restricciones para su compra. El Supremo, sin embargo, ha concluido que esa circunstancia no permite a los agricultores que adquieren el grano de esta manera a “replantarlo para crear una nueva variante que infringe el material genético patentado para otros cultivos y plantas”. Los abogados de Bowman han indicado que están estudiando recurrir a la decisión de los magistrados.

Fuente: elpaís

Video: El mundo según Monsanto para ver ingrese al siguiente link: <iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/LdIkq6ecQGw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Fuente: http://www.youtube.com

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La patronal de Guatemala cierra filas en torno al exdictador Ríos Montt

Donde sea el grupo de poder económico a “los empresarios”, poco o nada les interesa la vida de las personas que no le son rentables. Estos grupos de poder económico surgieron y se sintieron intocables y  amparado por Ríos Mont para explotar. Por eso en agradecimiento  a Ríos Mont ahora tiran grito al cielo para defenderlo. 

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El empresariado denuncia errores procesales en la sentencia contra el exdictador

Los líderes del sector privado afirman que la sentencia tiene sello ideológico

Ríos Montt rodeado de periodistas tras recibir su sentencia de cárcel. / j .d. l. (REUTERS)

Con el argumento de que el fallo que condenó por genocidio y delitos de lesa humanidad al exdictador Efraín Ríos Montt está plagado de vicios e inconstitucionalidades, la todopoderosa patronal guatemalteca, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ha pedido al Tribunal Constitucional la anulación de un proceso que, desde el punto de vista empresarial, “abona a la polarización y deja una percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico”.

En un anuncio de pago publicado hoy en diferentes medios locales, los empresarios muestran su preocupación por “las graves faltas al debido proceso” observadas a lo largo de todo el juicio, “lo que ha quedado de manifiesto en los diversos procedimientos incumplidos, la forma en que se vulneró la legítima defensa, el principio de inocencia y no retroactividad de la ley, y la desobediencia pública del tribunal a las resoluciones emitidas por otras instancias judiciales”.

El empresariado, que se declaró en sesión permanente a partir del mediodía del domingo 12, “para analizar los alcances de la condena”, demanda del Constitucional “contribuir a la gobernabilidad y asegurar un efectivo Estado de derecho”, mientras “lamenta la intromisión y presión ejercidas por personas y organizaciones extranjeras en un proceso judicial guatemalteco”.

Esta actitud gremial no causa sorpresa. Menos cuando en una parte de la sentencia se lee que “el exterminio contra los ixiles se implementó como una forma de defender los intereses de las élites nacionales”. Esto, en un país donde históricamente el Ejército ha estado al servicio del gran capital. Los dirigentes empresariales rechazan esa tesis.

El historiador José Cal considera que el apoyo de la patronal “es una manera de legitimar la represión” y confirma que esta contó, desde el principio, con su apoyo. Para Edgar Gutiérrez, quien fuera la mano derecha del obispo Juan Gerardi en la elaboración del informe Guatemala, Nunca Más, el primer documento histórico sobre la represión militar, “la Patronal sobreestima el impacto de la sentencia”, y recuerda que aquí no se juzga al Estado de Guatemala, sino a dos personas en particular.

Gutiérrez recuerda que a un Estado sólo se le puede juzgar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hay denegación local de justicia, “justo lo contrario de lo que ha ocurrido en estos días”. Gutiérrez considera que recurrir al fantasma del retorno a la violencia política “está totalmente fuera de lógica en momentos en que el proceso contra Ríos Montt demuestra que estamos llegando a una etapa de madurez democrática”.

fuente: elpaís

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