Secreto de confesión en los casos de abuso sexual en la Iglesia

3:00 p.m. | 19 nov 21 (TT/AO).- El reciente informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia en Francia evocó la pregunta que se planteó tras informes similares en Australia, Irlanda, EE.UU. y otros países: ¿debe ser obligatorio que se denuncie ante las autoridades civiles los casos de abuso sexual revelados en la confesión? Ya son varios los países donde crece la tensión entre Estado e Iglesia debido a esta cuestión. El jesuita Hans Zollner, experto de la Iglesia en la lucha contra la pederastia, explica la importancia del secreto de confesión, aunque plantea instrucciones que pueden fortalecer su práctica y se enfoquen más al cuidado de las víctimas.

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Aunque la Iglesia católica no espera que sus leyes estén por encima de las civiles, los intentos de eliminar el secreto de confesión plantean cuestiones fundamentales sobre la libertad religiosa y de conciencia. Por otro lado, no hay pruebas convincentes que demuestren que los abusos se evitarían con la eliminación del secreto. Como dijo el arzobispo Éric de Moulins-Beaufort, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, tras la publicación del informe francés: “Es necesario reconciliar la naturaleza de la confesión con la necesidad de proteger a los niños”. Esto no es fácil cuando el debate está tan cargado de emociones y cuando hay muchos malentendidos sobre la naturaleza de la confesión en la Iglesia católica.

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El canon 983 §1 del Código de Derecho Canónico da la definición más precisa y directa del “secreto de confesión”: “El secreto sacramental es inviolable; por lo tanto, está absolutamente prohibido que el confesor traicione de cualquier manera al penitente con palabras o de cualquier modo y por cualquier motivo”. Un sacerdote no puede romper el secreto para salvar su propia vida, para proteger su buen nombre, para salvar la vida de otro, o para ayudar al curso de la justicia. Los sacerdotes que vulneran el secreto de confesión son automáticamente excomulgados.

El secreto absoluto del confesionario explica por qué la gente se siente libre de contar cosas en la confesión que no diría en ningún otro lugar. Algunos ven la insistencia en la inviolabilidad del secreto como una confirmación de que la Iglesia no antepone la seguridad y el bienestar de sus fieles. A veces se da por sentado que los autores de abusos sexuales son capaces de revelar los abusos en la confesión, recibir la absolución y luego seguir abusando sin afrontar ninguna consecuencia.

Es cierto que algunas víctimas de abusos han sido manipuladas o abusadas, o ambas cosas, en el contexto del sacramento de la confesión, un delito grave en el Derecho Canónico. También es cierto que a lo largo de los siglos los sacerdotes han sido torturados y martirizados por negarse a las exigencias de regímenes brutales de revelar los secretos de la confesión. La discusión sobre el secreto tiene una fuerte carga emocional por ambas partes, sobre todo porque concierne a cuestiones muy delicadas como la deshonra, la intimidad y la responsabilidad personal.

Tal vez sea útil hacer algunas distinciones y aclaraciones. En primer lugar, quienes hablan de los abusos en la confesión pueden ser autores, víctimas de abusos o personas que conocen los abusos cometidos por otros; y en cada uno de estos tres casos, los abusos pueden haber ocurrido hace años o décadas, o seguir produciéndose. Hay algunas ideas muy arraigadas sobre la confesión que simplemente no son ciertas. Con la excepción de los capellanes de las prisiones, es muy poco probable que los sacerdotes escuchen alguna vez la confesión de un autor de abusos sexuales a menores. Sólo un sacerdote me ha dicho que había escuchado la confesión de un perpetrador -y eso fue en una sola ocasión.

Parece que existe la idea de que los católicos se confiesan a menudo. De hecho, incluso en las ciudades, hoy en día es difícil encontrar un lugar donde un católico pueda confesarse. Y muchos no se dan cuenta de que el sacerdote no suele conocer a la persona que está en el confesionario, y no puede obligarla a revelar su identidad. Precisamente porque se garantiza el anonimato, la gente se confiesa. Si se quitara eso, muy poca gente seguiría acudiendo, y seguramente ningún delincuente correría el riesgo de ser detenido. En el caso de que un penitente acudiera a confesarse con una persona que le conociera, por casualidad o por elección, sería aún más probable que no confesara su abuso en absoluto, o que disfrazara su delito tras expresiones deliberadamente disimuladas.

Los que quieren abolir el secreto de confesión en el caso de abusos a menores u otros delitos graves sostienen que debería ser obligatorio para un sacerdote que tenga conocimiento de los abusos denunciarlo, al igual que debería serlo para los médicos o psicoterapeutas u otros profesionales. Las leyes actuales sobre la obligatoriedad de denunciar los abusos varían mucho de un país a otro e incluso dentro de los estados de un mismo país, dejando a menudo cierto margen de discrecionalidad sobre en qué circunstancias y a dónde debe denunciar la persona que se entera de los abusos. Una víctima de abusos sexuales por parte de un clérigo en su edad adulta me hizo notar que muchas víctimas se sienten culpables y les resulta muy difícil hablar por primera vez de lo indecible. Le preocupa que si no se puede estar absolutamente seguro de que lo que se dice en la confesión será confidencial, se puede perder uno de los pocos lugares seguros donde es posible empezar a hablar de una experiencia de abuso.

La absolución -el perdón de los pecados- está ligada al cumplimiento de las condiciones de una confesión válida: contrición sincera, confesión clara, reparación adecuada. La absolución no puede darse si existen dudas sobre alguna de ellas. En otras palabras, en el caso de alguien que confiesa haber abusado, a menos que muestre signos de sincero arrepentimiento y voluntad de reparar el daño causado, el confesor debe retener la absolución. Sin embargo, según la doctrina de la Iglesia, no se puede romper el secreto cuando un sacerdote se entera de un abuso u otro delito grave en la confesión, aunque no se cumplan estas condiciones y no pueda dar la absolución. Por eso, por ejemplo, a un director no se le permite escuchar la confesión de un seminarista, para que pueda hablar libremente en las discusiones sobre si el candidato debe ser propuesto para la ordenación sin verse comprometido por las obligaciones del secreto.

Aunque, según el derecho canónico, la absolución no puede estar vinculada a una condición como la de denunciar el delito a la policía, el confesor debe hacer todo lo que esté en su mano para convencer al culpable de que asuma la responsabilidad de lo que ha hecho. Esto incluye intentar reunirse con él fuera del confesionario, donde el sacerdote puede invitar al autor a hablar de nuevo sobre el delito cometido e instarle a entregarse a la justicia. Del mismo modo, si una víctima se confiesa, el confesor puede ofrecerle un encuentro fuera del espacio del confesionario o indicarle el apoyo y la orientación adicional que pueden ofrecerle terapeutas y abogados.

Si la Iglesia no es capaz de explicar mejor que no se está protegiendo a los abusadores u otros criminales peligrosos de la justicia -y por qué el secreto de confesión puede ayudar a salvaguardar a los niños y a los adultos vulnerables- los legisladores civiles pueden llegar a poner en la mira la inviolabilidad del secreto de confesión. Si la Iglesia hiciera más para apoyar a los confesores a ser oyentes empáticos, así como hábiles intérpretes de la enseñanza moral de la Iglesia, haría más claro que el sacramento de la reconciliación puede ser un instrumento en la lucha contra el abuso, y conduciría a una mejor comprensión del sacramento de la reconciliación y más confianza en los confesores.

Sugiero que la Santa Sede considere la posibilidad de emitir una nueva instrucción para los confesores. Esto reiteraría la obligación de respetar las leyes relativas a la denuncia de los abusos fuera del confesionario y también reafirmaría el secreto de confesión. Enfatizaría la responsabilidad personal del confesor. Esto incluye la obligación de pedir al agresor que cese el abuso, que se entregue a las autoridades legales y que busque ayuda terapéutica. Reafirmaría que la absolución por el pecado de abuso no puede darse a menos que no se haya mostrado una contrición sincera, y que se haya demostrado la voluntad de reparar el daño causado. La instrucción también dejaría claro que en el caso de que una víctima cuente que ha sufrido abusos, el confesor debe escuchar con empatía y respeto. A continuación, el sacerdote podría ofrecer reunirse con la persona que alega los abusos fuera del espacio del confesionario y animarla a ponerse en contacto con terapeutas y abogados. Debe proporcionarse un acompañamiento adecuado, dado que muchas víctimas que hablan de los abusos por primera vez se sienten incómodas a la hora de volver a hablar de lo sucedido, sobre todo si ello puede abrir el ámbito de los procesos judiciales.

La misma instrucción debería definir tres cosas. En primer lugar, a quién pueden recurrir los confesores para obtener las aclaraciones y la orientación que necesiten, de modo que puedan remitir a las víctimas y a otras personas que lo necesiten a una ayuda especializada. En segundo lugar, qué procedimientos deberá seguir un confesor cuando una persona -autor o víctima- acepte reunirse fuera de la confesión. Y en tercer lugar, qué capacitación en la formación inicial y permanente necesitan los confesores, así como el apoyo y acompañamiento que recibirán para que puedan lidiar con aspectos morales y jurídicos que a veces no son fáciles de conciliar.

El contexto del debate sobre el secreto de confesión es la relación entre el Estado y la Iglesia católica y otras instituciones religiosas en un Estado laico y liberal. Debido al azote de los abusos sexuales por parte de los clérigos y a la creencia en Europa y América del Norte de que las Iglesias no han abordado adecuadamente la cuestión, existe un sentimiento creciente de que el Estado debe intervenir. Esto ha creado una tensión Iglesia-Estado que requiere una cuidadosa navegación entre el respeto a los poderes de aplicación de la ley del Estado y el respeto a la libertad religiosa. Un secularismo sano reconoce que existe la tentación de que los Estados se “extralimiten” cuando se trata de comunidades religiosas, mientras que una Iglesia sana sabe dar al César lo que es del César.

El secreto de confesión crea un espacio sagrado en el que el penitente es completamente libre de exponer ante Dios lo que tiene en su conciencia, y -cuando muestra arrepentimiento- encuentra el perdón, la reconciliación y la curación. El hecho de que el secreto de confesión haya sido en el pasado un pretexto para cometer abusos y otros delitos no debería llevar a descartar lo que es un canal de gracia. Pero hay cuestiones complejas en torno a él que deben abordarse con sensibilidad y argumentos razonados y en el contexto de una relación Iglesia-Estado de mutua confianza. Tal vez sea el momento de que la Iglesia dé instrucciones más claras sobre el ejercicio del sacramento de la reconciliación, para que los penitentes, los confesores y los que están fuera de la Iglesia lo entiendan mejor como un lugar de seguridad, de curación y de justicia.

El secreto de confesión en Australia

En Australia, donde la mayoría de los estados ya han eliminado la protección civil al secreto de confesión, el debate sigue abierto. El Parlamento de Australia Occidental ha sido el último en incluir en su legislación esta medida, recomendada por el informe final de la comisión gubernamental para analizar los abusos a menores en el país (2017). El arzobispo de Perth, Timothy Costelloe, ha sido contundente en su reacción a la norma. Además, la mayoría parlamentaria no ha atendido al dictamen de un comité legislativo que recomendó que no se levantase el secreto. “El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Por tanto, la confesión se hace a Cristo a través del sacerdote, que escucha, aconseja, anima y asiste a esa persona. No puede traicionar la confianza”, defiende el arzobispo.

Y esto se aplica, añade en una carta, a aquellas personas que confiesan un crimen o un abuso. En estos casos, explica, el sacerdote podrá intentar convencer al abusador para que acuda a la Policía: “Con la nueva ley es casi inconcebible que un agresor se exponga ser descubierto. Por tanto, cualquier pequeña posibilidad de que el sacerdote lo convenza del mal de sus acciones y lo dirija a la Policía se esfuman”. La ley del Estado de Australia Occidental, en vigor desde el 19 de octubre aunque muchas de sus normas no se aplicarán hasta el 1 de mayo de 2022, prevé multas de 12.000 dólares australianos –casi 8.000 euros– o penas de prisión de un año para quien no cumpla la obligación de la denuncia.

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Fuentes

The Tablet / Alfa y Omega / Foto: La Croix