Chile: Universidad Católica presenta informe sobre abusos
9:00 p.m. | 16 set 20 (VN/PUC).- “Existe consenso en que la respuesta que ha ofrecido la Iglesia católica (en Chile) a las denuncias sobre los abusos sexuales del clero ha sido limitada, insuficiente y negligente”. Así lo afirma el documento “Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile”, una investigación realizada durante dos años por la Pontificia Universidad Católica de Chile y que analizó cerca de 200 denuncias hechas en los últimos 50 años. El estudio, elaborado por una comisión interdisciplinaria (16 académicos), busca explicar el alcance y naturaleza de estos abusos, las deficiencias en la respuesta de la Iglesia y señala tres compromisos necesarios.
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El informe indica que 194 clérigos (incluyendo hermanos y diáconos) han sido objeto de denuncias por abuso sexual a menores de 18 años, cometidos en Chile en el período 1970-2019. De esos casos, 52 están siendo o fueron investigados sólo por la justicia canónica, 18 sólo por la justicia ordinaria y 116 por ambas, de manera que sólo 8 casos han aparecido únicamente en la prensa y carecen de investigación en algún tribunal. “El 91% de los clérigos a quienes se ha abierto alguna investigación han recibido una acusación en la justicia canónica (119), ordinaria (8) o en ambas (49), lo que acredita la verosimilitud de casi todas las denuncias previas”, asegura el estudio.
“Del total de clérigos comprometidos, 167 de ellos son sacerdotes, lo que representa el 3,6% de los presbíteros del país que tienen o tuvieron tal condición en el período considerado en este estudio. Esta cifra es similar a la que se encuentra en los informes encargados por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (4,0%) y por la Conferencia Episcopal Alemana (4,4%) para períodos de tiempo semejantes”, se precisa en el documento.
Secreto eclesiástico
Se describen tres rasgos de la respuesta desde las autoridades eclesiásticas: “mantener los hechos en el marco del secreto eclesiástico de modo de evitar escándalo en el ejercicio del ministerio sacerdotal; mantener cualquier denuncia en el marco de la jurisdicción del tribunal eclesiástico y evitar el contacto con los tribunales civiles; y evitar sanciones disciplinarias contra el sacerdote involucrado, de donde provienen procedimientos como el traslado de parroquia o la reclusión en un cargo administrativo que soslayara el contacto pecaminoso”.
“El esfuerzo por mantener esta forma de respuesta en el caso del abuso de menores tuvo consecuencias completamente desastrosas. La iglesia ha perseverado en el secreto eclesiástico, a pesar de que esta vez se trata de hechos que causan legítima y evidente preocupación pública; ha desconocido sistemáticamente que el abuso de menores es un delito susceptible de sanciones penales y no solamente una falta o un pecado, y ha dispuesto sanciones casi siempre desproporcionadas”.
Las víctimas y sus denuncias
Las principales negligencias identificadas en el estudio señalan que “obispos y superiores de órdenes religiosas no activaron ninguna indagación a pesar de contar con antecedentes de comportamientos irregulares de los clérigos o lo hicieron solamente después de presiones que ejercieron la prensa y otros medios”. El informe también recoge amplia evidencia de las numerosas dificultades que enfrentaron las víctimas para hacer y acreditar su denuncia ante las autoridades religiosas, del esfuerzo deliberado de las autoridades para evitar una denuncia (ya sea civil o canónica) y de la tentativa de autoridades religiosas de alcanzar un acuerdo previo con la víctima que evitase un proceso judicial. También se describe en el informe las conductas de secretismo y clericalismo como factores que favorecen estos delitos.
Compromisos necesarios
Finalmente, el documento señala tres compromisos necesarios: “el cuidado y la atención de las víctimas. Se debe reconocer sin reserva alguna que todo comportamiento sexual ejercido sobre un menor de edad por parte de un sacerdote (o de cualquier adulto) es un abuso, al mismo tiempo inmoral y criminal”; “el compromiso con la verdad. Ninguna denuncia de abuso debe ser ocultada o desestimada, aun cuando no reúna inmediatamente todos los elementos de verosimilitud necesarios”; y “la prevención, para asegurar que la Iglesia pueda ser considerada en adelante un lugar seguro para cualquier niño o niña”.
Sobre la investigación
En 80 páginas el documento hace su análisis en tres partes: naturaleza y alcance del abuso sexual de menores de edad en la iglesia chilena; respuesta de la iglesia frente a la crisis; e impacto y daño provocado por la crisis. En su elaboración trabajaron, durante 2 años, 16 académicos de 6 facultades quienes aseguraron el carácter interdisciplinario de su trabajo. Fue preparado en base a distintas fuentes de información que incluyen documentación de acceso público (incluidas causas terminadas en tribunales civiles), entrevistas, encuestas de opinión pública, bibliografía especializada e información relevante proporcionada por expertos, víctimas y testigos involucrados en este problema.
El informe fue coordinado por la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica, entidad formada por la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 2018 “a partir del llamado del papa Francisco a generar una sociedad donde la cultura del abuso no encuentre espacio para perpetuarse”.
Seminario en que se presentó el documento (Video)
Especialistas, representantes de las víctimas, autoridades eclesiásticas y de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentaron y comentaron el documento “Comprendiendo la Crisis de la Iglesia en Chile” en un seminario en línea.
ENLACE. Descargar el documento completo (PDF)
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Fuentes:
Revista Vida Nueva / Pontificia Universidad Católica de Chile
