¿Sirve SERVIR? Un balance necesario a 7 años de la Ley del Servicio Civil

No hemos avanzado mucho.

Hace un mes se cumplieron 7 años de vigencia de la Ley del Servicio Civil, Ley 30057 (E.P. 03/07/2013), con la cual se daba el impulso central a la reforma del servicio civil peruano. Pese a la furia de la pandemia, bien cabe hacer un somero balance de este septenio.

Lo primero a mencionar es que no parece que el país haya avanzado mucho en alcanzar el objeto de la ley, a saber, establecer un régimen único y exclusivo para quienes prestan servicios en las entidades públicas, ni tampoco que nos acerquemos a sus tres fines: que las entidades públicas sean más eficaces y eficientes, que presten servicios de calidad mediante un mejor servicio civil, y que promuevan el desarrollo de las personas que lo integran.

La pandemia del coronavirus que nos azota ha expuesto todas las debilidades que sufrimos en materia de gestión de los recursos humanos del Estado, no sólo en el ámbito del sistema de salud pública, sino en los gobiernos regionales y locales, y en el propio Poder Ejecutivo. Hacer la casuística sería extenderme demasiado, y me basta referir como evidencia las continuas denuncias y escándalos que llegan a los medios de comunicación. Puedo decir que ahora la gente confía más en la Iglesia para recaudar fondos para comprar oxígeno que en el propio gobierno regional o local.

La corrupción, esa gran bestia negra.

Hay que decirlo con todas sus letras. La gran bestia negra de SERVIR, de una verdadera reforma del Servicio Civil y de un auténtico impulso meritocrático, es la corrupción estatal, que no sólo tiene que ver con el dinero público. Si influyes o decides darle un cargo público, directa o indirectamente, a un pariente, a un amigo, a un socio de negocios, y todas aquellas acciones que relegan al mérito a la nada, pues eso también es corrupción. Puede no ser delictiva, pero es ilegal porque se vulnera la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y porque se incumple el principio meritocrático de la Ley 30057. Y eso sucede lamentablemente desde los más altos niveles del Estado, y en los tres poderes del Estado.

Mientras SERVIR no entienda que uno de sus procesos misionales (en esta etapa de nuestra vida democrática) es incentivar y elevar los estándares de integridad en toda la gestión pública, difícilmente podrá salir del auto-ostracismo en que se ha ubicado para transformar el Servicio Civil.

Se podrá objetar que tomará años cambiar una cultura de corrupción que viene desde la Colonia y tan extendida en el funcionariado y en la sociedad. Pero precisamente eso es lo que hace necesario un organismo rector en materia de gestión de recursos humanos. Ok, limitaré mi ambición. Bajo la meta y pregunto: ¿acaso no queremos entrar en la OCDE? ¿Podemos hacerlo si, según el ranking del World Economic Forum, estamos entre los 50 países más corruptos el 2019, bajando 11 puestos hasta la posición 91 en el indicador de transparencia y corrupción respecto del año 2018? Es decir, no hemos mejorado, hemos empeorado. No tengo data del presente año, pero con seguridad no hay un cambio sustantivo. Siquiera para entrar a la OCDE causemos una buena impresión avanzando resueltamente en una estrategia institucional hacia la integridad del servicio civil.

Un nuevo enfoque.

Tengo la impresión de que SERVIR amputó su capacidad de trascendencia institucional cuando en 2013, estableció como procesos misionales -y cito- : “habiéndose certificado bajo este estándar cuatro procesos misionales: i) Selección de Gerentes Públicos; ii) Acceso a la Información Pública; iii) Resolución de Controversias-Recurso de Apelación, y iv) Atención de Consultas Externas” (1).

No. No es una broma. Establecer como procesos misionales acceso a la información pública y atención de consultas externas (además certificados bajo la Norma ISO 9001), te hace ver qué tan poco se valoró SERVIR, qué tan lejos está de ser un auténtico organismo rector del sistema nacional de gestión de recursos humanos, y qué tan difícil le será cumplir el objeto y los fines de la Ley 30057.

SERVIR sirve al Perú, pero necesita un nuevo enfoque. La ciudadanía sigue reclamando una meritocracia estatal, pero para mejorar los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos. Este es el objetivo que debe guiar toda la acción institucional.

Sabemos los desafíos actuales. No se parte de cero. Se sabe que las capacidades profesionales en todo el Estado son heterogéneas y de baja calidad, que hay una desconfianza histórica ante el Estado (mucho más en las regiones), que el número de cargos de confianza no se reduce, que hay resistencias sindicales a la reforma, que los decisores del Estado no se guían por el principio meritocrático para contratar, que el Poder Ejecutivo sigue concentrando más del 45% del gasto de remuneraciones del Estado.

Todo ello ocasiona pérdida de confianza ciudadana en la reforma. Por eso, la profesionalización del servicio civil no puede ser prácticamente el único gran reto misional. Lograr una atención de calidad a la ciudadanía por parte de todo el aparato público, con información transparente multicanal, comunicación y accesibilidad tecnológica, geográfica y social, no es imposible.

Necesitamos un servicio civil más cerca de los ciudadanos y esmerando y mejorando constantemente la calidad de sus servicios, elevar los estándares de integridad, avanzar en el uso intensivo de las nuevas tecnologías y arraigar el trabajo articulado entre todos los niveles de gobierno.

(1) SERVIR. “Implementación de la Reforma del Servicio Civil. Avances y logros durante el año 2014”. Pág. 14.