Ningún gobierno, democrático o autoritario, mira al periodismo independiente con buenos ojos. Unos más que otros lo consideran incómodo, molesto, criticable.

Según los gobernantes de turno, la denuncia o información de hechos negativos (corrupción, obras mal hechas o fallidas, desaciertos en la gestión, protestas populares) provocan situaciones que los desprestigian y socavan su autoridad.

Y la reacción es típica: el periodismo sólo enfocan temas controversiales y no destacan los acontecimientos que favorecen la imagen de los gobiernos.  Más aún, a veces llegan a establecer responsabilidades en el desasosiego social tanto a los hechos como a los periodistas que los difunden.

En determinadas épocas los gobernantes no quieren tener mayor problema con el periodismo y lo acallan, expropiando los medios o comprando su línea editorial.  En las últimas décadas en el Perú se han registrado las dos actitudes.

En los tres gobiernos democráticos después del 2000 no se ha llegado hasta esos extremos, pero sí a una constante, frecuente crítica a la labor periodística por parte de los gobernantes o sus voceros.

En estos días en el panorama internacional, se está apreciando lo que ocurre en Venezuela. El gobierno cierra u obstaculiza la difusión informativa y expulsa a periodistas con el argumento de que “informan distorsionando y exagerando los hechos”.

Se confirma, por lo tanto, que el periodismo es una piedra en el zapato de los gobiernos.

Desde luego, en los regímenes totalitarios, los gobernantes no tienen problema ya que todos los diarios, radioemisoras y canales de televisión son propiedad del Estado y no existe el periodismo independiente.