Una confirmación de que el periodismo no comprometido e independiente, crítico de las gestiones públicas, no es grato para los gobiernos, es lo que se aprecia en Argentina.

Según un artículo del blog Periodismo en las Américas, la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner, pidió crear una ley de ética pública para periodistas durante un discurso en la empresa petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), denunciando que los periodistas tenían “una campaña para perjudicar la imagen de la empresa” y se refirió en especial a notas publicadas por el diario Clarín.

Según reportaron Télam, Emol y Clarín, Kirchner dijo que la sugerencia no es “para no decir nada, al contrario, sino simplemente para manifestar si reciben dinero de alguna empresa o si tienen alguna inclinación política”, y que “los periodistas deberían revelar los nombres de quienes les pagan”, ya que algunos periodistas “utilizan información privilegiada para ‘perjudicar’ al Gobierno”.

La presidenta Kirchner señaló que no tenía la intención de presentar el proyecto de ley ella misma, sino que quería que las entidades periodísticas impulsen una ley de ética pública para periodistas, informó el diario La Nación.

Como se sabe, el gobierno de la presidenta Kirchner mantiene una tensa relación con la prensa en Argentina. Su gobierno ha sido acusado de ser arbitrario e intolerante, de castigar a los medios críticos de su gobierno y de impedir que exista libertad de expresión en el país, entre otras cosas. Incluso, recientemente, Kirchner le prohibió a un canal que un periodista de Clarín participe en un programa de noticias.

Un antecedente de esa actitud de rechazo, fue cuando el gobierno desencadenó hace dos años su mayor ofensiva contra el diario Clarín. Pocos días después de cancelar la licencia de la operadora de Internet Fibertel, del grupo Clarín, el Ejecutivo se lanzó en tromba no sólo contra el mayor grupo mediático de Argentina sino también contra La Nación, uno de los diarios más vendidos del país.

El Gobierno presentó un informe para acusar a los dos periódicos, junto a La Razón, de haber comprado de forma ilegal durante la dictadura militar (1976-1983) las acciones de Papel Prensa, el mayor fabricante de papel para diarios del país. Clarín es su accionista mayoritario, con el 49%, mientras que el Estado tiene el 27,46%, y La Nación, el 22,4%. El Gobierno pretendía demostrar que existen “pruebas irrefutables de la complicidad que existió entre la dictadura militar y los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en el momento en que se produjo el traspaso de las acciones de Papel Prensa”.

En un comunicado conjunto, Clarín y La Nación denunciaron las acusaciones del Gobierno como “una historia inventada”, y que lo que pretendía el Gobierno era dominar la fábrica de papel prensa, que abastece a unos 170 diarios en todo el país, para así controlar la información.

La Cámara Nacional de Apelaciones dictaminó que no había sustento para permitir la intervención judicial en Papel Prensa como pretendía el Ejecutivo.