El destacado jurista y político Alberto Borea ha publicado en la edición del 24 de mayo de la revista CARETAS un artículo en el que ofrece una interpretación realmente acertada y valiosa en el permanente debate de la libertad de información y el derecho al honor y la reputación de las personas que merece ser difundida. Aquí el texto:
Una modalidad recurrente en la televisión es la de presentar un caso que los periodistas encuentran como notorio y, luego de haber tomado partido sobre el tema y presentado los hechos como si de por sí fueran típicos penalmente, exigir una explicación inmediata y una sanción para quien ellos han encontrado ”responsable”. Todo ello acompañado de una musiquita de gravedad y la repetición majadera de los extractos, muchas veces sacados de contexto, de lo que consideran como irrebatible.
Así, pretenden actuar como fiscales frente al Tribunal de la opinión publica. El problema está en que los periodistas no son miembros del Ministerio Público ni conocen Derecho.
Pero además, pretenden que cumplen con otorgar el “derecho de defensa” citando casi compulsivamente al “set” televisivo al personaje aludido, con el apercibimiento de acribillarlo y presentarlo como renuente a “dar la cara”. Vale decir, si el afectado no se presenta, la inmediata conclusión es normalmente esta: “como lo llamamos y no fue habido o no quiso contestar, entonces es culpable”.
Lo primero que hay que decir es que el periodista debe acostumbrarse a presentar las cosas como sus opiniones y no como verdades. Nadie objeta que luego de haber hecho lo que ellos llaman sus averiguaciones, alcancen las conclusiones que estimen válidas, pero han de presentarse siempre bajo la aclaración de que ese programa cree, o ese periodista estima, que las cosas han pasado así. Eso es muy distinto a afirmar que las cosas han sucedido de ese modo.
La opinión sobre cualquier materia es un derecho constitucional de todo periodista, pera la aseveración que arrasa con la presunción de inocencia es una agresión al derecho de las personas. Se ha visto muchos casos en que por cualquier motivo solo se infló globos o se trató corno sacrilegio conductas que no tenían ningún contenido penal, pero el daño ya hecho no se levanta con la frase dicha casi al pasar de “Este programa reconoce que se equivocó”. A esto no tiene derecho ni el periodista ni nadie.
El Derecho a la Defensa en Plazo Razonable
Por otro lado, se pretende que enfrentada con la acusación, la persona aludida conteste de inmediato, violando así, aunque tuvieran competencia para exigir la respuesta, el derecho de las personas a preparar su defensa dentro de un plazo razonable. Normalmente aparece un reportero con un micro que mete en la cara al “investigado” y le pregunta agresivamente sobre lo que tiene que expresar respecto a los que ellos asumen como verdad.
Ya que están acusando ante el tribunal de la opinión pública, bueno sería que recordaran que es una garantía esencial de la persona que el aludido cuente con el tiempo y los medios propios para ejercer su defensa. Así lo exige el art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
Además, al enfrentar a la persona ante la opinión pública de esta manera tan desigual, violan directamente el principio de igualdad de armas, también básico para un adecuado juzgamiento. Normalmente, los periodistas pasan su informe que puede durar varios minutos, donde extractan lo que les parece útil y descartan lo demás. Luego de ese lapso no le dan el mismo tiempo al interesado para que, luego de conocer con tiempo aquello de lo que se le acusa, pueda expresar en su defensa lo que crea conveniente, sino que en una entrevista en que normalmente el conductor del programa quiere tener la razón e interrumpe todas las veces que puede al “acusado”, le exige y lo conmina para que en treinta segundos exprese algo, y si el entrevistado quiere explicar algo que no está dentro del interés del periodista, pues lo hostigará durante toda la entrevista para de todas formas hacerlo parecer culpable. Como se ve, aquí no hay ninguna igualdad de armas, que sí existe entre Fiscal y defensa en un proceso. Si hacen una acusación ante el Tribunal de la opinión pública en términos tan categóricos, ¿no tiene la persona aludida en cuidado de su honor y su buena reputación el derecho a defenderse debidamente y a ocupar en ello un tiempo similar a aquel en que se le acusa?
Insisto, el periodismo puede investigar cualquier causa que crea importante, pero debe, en un país en el que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, respetar esos derechos de las personas y cuando publica algo, señalar que esa es su opinión, que eso es lo que el periodista cree o lo que quienes hacen el programa estiman. Asimismo deben de respetar es principio de igualdad de armas para ejercer un debido descargo.
De esta forma haremos compatibles, sin lesión alguna, el derecho a la libertad de información y de opinión y el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al honor y buena reputación de las personas.
» Leer más
