Es una realidad frecuente en los programas periodísticos de la televisión peruana el uso de las cámaras ocultas para lograr declaraciones no conseguibles formalmente o captar subrepticiamente situaciones o escenas comprometedoras.
Aquí todavía no se ha producido una discusión seria y profunda al respecto.
Pero últimamente en España, una decisión del Tribunal Constitucional, que establece la prohibición de las cámaras ocultas, ha desatado un gran polémica, en la que la mayoría de los periodistas han adoptado una posición crítica y de protesta con el permanente argumento de que la medida es un atentado contra la libertad de información.
Sin embargo, destaca una voz rebelde: la de Maite Alfageme de “La Gaceta”. Reproducimos algunos de sus argumentos difundidos por Periodista Digital:
Mentira. No es la verdad lo que defienden, ni las injusticias sociales, ni las tropelías de unos contra la vulnerabilidad de otros, ni mucho menos el Periodismo (con mayúscula) de Investigación. lo que defienden algunos, la mayoría de quienes, cual justicieros implacables, abogan por la utilización de la cámara oculta en el sacrosanto nombre del derecho a la información, no es más que un negocio, el suyo, edificado sobre los corroídos cimientos de la estafa noticiosa, el sensacionalismo y el engaño.
Y hacer Periodismo no debiera ser nunca recurrir al engaño. Porque la credibilidad es al periodista lo que el bisturí al cirujano; difícilmente nadie puede resultar creíble cuando lo que se pone en duda es su propio instrumental de trabajo.
¿Interés público? ¿Se refieren al abstruso concepto que tienden a confundir con basura?
Ha tenido que sentar doctrina el Constitucional para evidenciar hasta qué punto la profesión se ha mostrado histórica y manifiestamente incapaz de atender a una necesidad elemental: la ineludible necesidad de autorregularse.
La sentencia que prohíbe el uso de la cámara oculta para perpetrar pretendidos reportajes de presunto “interés publico” marca las líneas rojas que sólo en contadas ocasiones, contadísimas, debería transgredir el periodista: las que distan entre ejercer el oficio con honradez e incurrir en técnicas propias de rateros de poca monta.
En otras palabras, la sentencia del Constitucional dignifica la profesión en la misma proporción en la que venían ensuciándola unos cuantos.
¿Interés publico? ¿Se refieren al abstruso concepto que las masas de Gran Hermano tienden a confundir con basura catódica? Woodward y Bernstein tumbaron al Gobierno de Nixon exprimiendo las fuentes hasta la saciedad. Grabaron muchas de sus conversaciones con los hombres del Presidente, cierto; pero siempre identificándose como periodistas. Ni extorsionadores ni necios. Sencillamente, periodistas.”