En siete meses, 2011 ya es el año más trágico de las últimas dos décadas para la prensa latinoamericana, con el asesinato de 19 periodistas, según un análisis de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicado el viernes 29 de julio.
El Comité Ejecutivo de la SIP se reunió en Miami para revisar el deterioro de la libertad de prensa en la región en los últimos meses a raíz de la violencia del crimen organizado y el acoso judicial y legal al que están sometidos periodistas y medios de comunicación independientes. En una rueda de prensa tras la reunión, los directivos de la organización expresaron su “máxima alerta y preocupación” por los homicidios de periodistas y reclamaron por la impunidad y falta de voluntad política de los gobiernos para esclarecer los crímenes, reportó Hora Cero.
México ocupa el primer lugar entre los países con más asesinatos de periodistas, con 5 de acuerdo con la SIP, aunque cuentas de medios locales elevan la cifra aún más. De cerca le siguen Honduras y Brasil, con cuatro cada uno, mientras que Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela sumaron un asesinato cada uno este año.
Julio Castillo Narváez, conductor de la emisora Radio Ollantay de Virú, es el peruano asesinado por su actividad profesional. Mantenía problemas con las autoridades del departamento de La Libertad, cuyas prácticas había denunciado.
La SIP también se refirió al “acoso legal” contra la libertad de expresión en algunos países a través del uso de leyes sobre la difamación e injurias contra periodistas (como en Perú) y la aprobación de nuevas leyes de comunicación que imponen mayor regulación a los medios de parte del Estado, como en Bolivia y Ecuador.
Esta práctica del hostigamiento judicial está extendida en Brasil, El Salvador, Paraguay y Venezuela, “donde los periodistas y medios de comunicación han sido censurados y multados”, mientras que en Perú, donde varios periodistas han sido condenados a períodos de cárcel por difamación, el Congreso eliminó recientemente las penas de prisión para el delito y sustituyó las sanciones por multas y servicios comunitarios.
La SIP denunció, además, el uso indiscriminado de publicidad oficial y propaganda electoral en Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, y criticó la política de concentración de medios en manos del Estado que han seguido estos mismos países, según publicó La Tribuna.
(Basado en artículo de “Periodismo en las Américas”)