Con una aplastante derrota del Gobierno, ayer se realizaron en España las elecciones para los parlamentos autonómicos y municipales. Entender lo que significan los gobiernos autonómicos en la realidad española no es fácil. Por eso, apelamos a un artículo publicado por el portal de periodistadigital.com

Un niño español puede venir al mundo con pan bajo el brazo o sin él. La diferencia radica en la Comunidad autónoma en la que resida.

Unas dan ayudas directas por tener un hijo; otras no. Varias las conceden según nivel de renta; otras sean cuales fueren los ingresos del hogar. Las hay que conceden ayudas extra por parto múltiple, pero no todas por igual, porque algunas, por ejemplo, solo las dan a partir de trillizos.

Son algunos casos de las disparidades que se dan entre las 17 comunidades en el apoyo directo a las familias.

Un médico de atención primaria del servicio andaluz de salud cobra por una guardia continuada de 24 horas 424 euros (unos 600 dólares). La misma prestación laboral en Murcia le supone al facultativo una retribución de 648 euros (unos 800 dólares)

Y eso, aunque le choque casi tanto como ver a nuestros políticos usar los intercomunicadores en el Senado para entenderse, no tiene nada que ver ni con la Macarena ni con la Virgen de la Fuensanta y, menos aún, con la bulerías flamenca o el arroz en caldero del Mar Menor. Tiene que ver con el despelote autonómico español.

Un despelote que alimenta la creación de ‘fronteras interiores’, marcadas no solo por la diferencia de peso político entre unas autonomías y otras sino por la capacidad legislativa que, en materia fiscal y económica, disfrutan algunas regiones. Específicamente el País Vasco y Navarra.

La Rioja cuantifica el coste que le supone ese «efecto frontera» entre 17 y 19 millones de euros anuales( casi 30 millones de dólares).

Es una simple consecuencia de la formalidad, que permite a las tres diputaciones vascas y Navarra hacer ‘competencia desleal’ a sus vecinos, interviniendo autónomamente en la política fiscal y en los incentivos de las empresas asentadas en su zona.

UN ESTADO DESCOMPENSADO

Al mismo tiempo que España ha ido generando altos niveles de riqueza y bienestar para la gran mayoría de la sociedad -al menos, hasta la actual crisis-, las competencias autonómicas han acabado creando un Estado descompensado, con fronteras interiores, no marcadas en el mapa, pero reconocibles en múltiples áreas.

Aparte de la hipertrofia legislativa y el gasto que originan diecisiete parlamentos y gobiernos, las desigualdades en el tratamiento a la familia, en la financiación de servicios públicos básicos (como sanidad o enseñanza) convierten la diversidad autonómica en fuente de agravios.

UNA ESPAÑA, 17 ESPAÑOLES

El sistema autonómico, previsto en la Constitución como un modelo de transferencia de competencias estatales con destino a unos entes políticos de ámbito regional, ha servido de coartada para crear «microclimas» sociales, políticos, normativos, educativos y culturales, que acaban debilitando los lazos imprescindibles para que exista una única ciudadanía.

El ejemplo de la ayuda pública a las familias es paradigmático de esas desigualdades que comienzan en la cuna misma del español que nace en uno u otro lugar.

Ayudas que, para la misma familia, son de cero euros en Aragón o de 2.898 al año en Cataluña.

Ser español no tiene el mismo significado en toda España. La nuestra y nos duele decirlo, no es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones.