LA PUCP HACIA SU CENTENARIO: REFLEXIONES DESDE EL VICERRECTORADO ACADEMICO

Efraín Gonzales de Olarte

 

INTRODUCCIÓN 

Nos hemos empeñado permanentemente por hacer de nuestra universidad una buena universidad, de nivel nacional e internacional. Somos considerados la primera en el Perú por varios rankings nacionales y extranjeros, estamos entre las 30 mejores de América Latina y entre las 600 mejores del mundo. Los rankings son indicadores producto de la competencia y de la globalización académica, que nos comparan en función de algunos criterios que definen a la universidad del siglo XXI: excelencia en la formación, investigación pura y aplicada e influencia en su entorno.  

Nosotros creemos que, más allá de los rankings, debemos ser una buena universidad al servicio de nuestro país y de la región, basados en los principios de excelencia académica,  de integridad moral proveniente de nuestra identidad católica, de la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Para alcanzar todos estos fines tenemos un plan que cada cierto tiempo se lo revalúa. Precisamente, hace más de un año se aprobó las metas del plan 2014-2017, que tiene objetivos exigentes para llegar a nuestro centenario como una universidad más compleja, más acorde con los cambios en los entornos socio-económicos y, sobre todo, seguir asumiendo el liderazgo que hemos logrado establecer, siempre con la humildad de nuestro fundador el Padre Dintilhac.  

Aspiramos a combinar e integrar de mejor manera las humanidades, las ciencias, las ingenierías, las ciencias sociales y las artes, para proveer a la sociedad personas lo mejor calificadas en sus respectivas áreas, en todas aquellas disciplinas y carreras ya establecidas, pero también y con gran expectativa en las nuevas áreas del conocimiento que requieren de una creatividad y rapidez en la respuesta. 

Existe una combinación de ingredientes que define si una universidad es buena, regular o mala, siguiendo ciertos estándares definidos por las universidades de países desarrollados. Además, se asume que universidades con estos estándares contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de sus países.   

La pregunta central es si una universidad como la nuestra cumple sus roles en su país y si es un vehículo del desarrollo civilizado. Digámoslo de manera metafórica: la luz de la PUCP al alumbrar en las tinieblas de nuestra nación en formación, ha ayudado a llevar el barco peruano a un destino mejor?  

No es fácil analizar el rol de una universidad sin despojarse totalmente de cuotas subjetivas, sobre todo cuando se está cerca de una celebración tan importante como el centenario. Pero bien vale la pena hacer una reflexión al respecto.  

¿DEBEMOS SER PROMOTORES O SIMPLEMENTE ACOMPAÑANTES DEL DESARROLLO? 

En mi criterio hay fundamentalmente dos tipos de universidad: para el cambio y la transformación o para el funcionamiento y mantenimiento. 

1. Universidades para el cambio y la transformación. 

Las universidades que promueven el desarrollo –entendido de la manera más amplia y en todas sus connotaciones o posibles definiciones- son aquellas que proponen innovaciones de manera permanente, tanto en la enseñanza, en la investigación sobre todo aplicada, y que pueden ser incorporadas por la sociedad y la economía. Estas son las universidades que investigan, que patentan, que innovan en ideas, teorías, productos, procedimientos, instituciones y difusión de los avances. Estas universidades tienen la mayor parte de sus estudiantes en el posgrado –Harvard tiene 1/3 en pregrado y 2/3 en posgrado, Campinhas la ½ en posgrado y ½ en pregrado- y sus investigaciones están muy ligada a la formación de investigadores en los doctorados, investigadores que en parte se incorporarán al aparato económico y social privado y público. Son universidades con grandes presupuestos para la investigación, fondos que son considerados como inversiones de largo plazo. Es obvio, que la universidad de este tipo no puede estar fundada en el objetivo de obtener ganancias en el corto plazo, es incompatible con los negocios corrientes. Son universidades cuyo retorno no sólo es de largo plazo, sino de desarrollo humano.   

      2. Universidades para el funcionamiento y mantenimiento de las sociedades. 

Por otro lado, tenemos aquellas universidades que se concentran en el suministro de profesionales al mercado, en periodos más cortos que los doctorados. Estas universidades contribuyen al mejor funcionamiento y gestión del aparato económico e institucional, son universidades funcionales a un orden establecido o a un modelo económico en vigencia. La innovación en estas universidades se da en la enseñanza, en los contenidos a transmitir, pero sobre todo en las competencias generales y específicas que necesitan quienes van a ir a trabajar a empresas, al estado o la sociedad civil. Los médicos, los ingenieros, los administradores y los abogados con los mejores representantes de estas universidades.  

Estas son las universidades que se preguntan si su oferta se adecua a la demanda y están preocupadas en crear carreras que satisfagan la demanda, pero no olvidemos que la demanda por graduados de universidades dependen el modelo económico y social. Si el modelo económico es primario exportador  y de servicios, como es el caso peruano, la universidad deberá proveer ingenieros civiles, mineros, industriales e informáticos, pero si el modelo fuera industrial la universidad deberá suministrar ingenieros mecánicos, electrónicos, de sistemas, industriales, telecomunicaciones, aeronáutica, amén de abogados, economistas, contadores, administradores, comunicadores, que son funcionales a cualquier modelo.  

La adaptación a la demanda laboral es uno de los principales problemas de este tipo de universidades, pues de su capacidad de hacerlo depende su sobrevivencia. Son universidades reactivas y acompañantes del proceso económico y social.  

Nuestra universidad es principalmente del segundo tipo, pero pese a ello contribuimos al desarrollo en un país con fuertes carencias académicas. Pero también estamos avanzando en ser también una universidad de investigación. Por el momento tenemos 4/5 de nuestros alumnos en el pregrado y 1/5 en el posgrado con menos de 100 estudiantes de doctorado. Pero tenemos claridad sobre el futuro y, creemos, que cuando tengamos un tercio de nuestros estudiantes en el posgrado y tengamos más de 500 doctorantes seremos una universidad que promoverá claramente el cambio y la transformación del Perú. En nuestro centenario, este camino deberá estar claramente establecido.

Estamos trabajando, también, para ser una universidad completa que incluya ciencias biológicas y médicas, para lo cual nos asociaremos a otra universidad, luego estamos trabajando también para crear una facultad de ciencias de la tierra, medio ambiente y sostenibilidad. Con estas áreas seremos una universidad completa, lo que nos permitirá intensificar las carreras multi e interdisciplinarias, tanto en enseñanza como en la investigación. Además, incrementaremos nuestra oferta virtual en varias diplomaturas y maestrías, es muy importante poder llegar a todo el Perú. Firnalmente, ampliaremos nuestra oferta de universidad abierta, para dar la oportunidad a muchas personas que quieren perfeccionares en los temas que trabajan o que les interesan, sin necesidad de pedirles requisitos de ingreso, sólo bastará la voluntad para estudiar.

Así esperamos llegar a nuestro scien años el 2017.

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DISTRIBUCIÓN,  POLÍTICA Y MORAL EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte*

Cuando la desigualdad de ingresos, de riqueza y de capacidades humanas es grande y persistente, se generan condiciones propicias para su aprovechamiento hacia fines políticos particulares y, sobre todo, para mantener el statu quo social. El detonante para que esto  suceda es la pérdida de valores morales y del significado ético sobre el uso de los bienes públicos, el sentido de la equidad  y sobre los recursos del estado. Esto es lo que va ocurriendo en el Perú de los últimos años, el peligro es que podríamos estar convirtiéndonos en un país donde el “todo vale”, nos llevará a un país que no vale.

INTRODUCCIÓN

Cuando la desigualdad de ingresos es alta, digamos con un índice Gini[1] de desigualdad mayor 0.55, y está acompañada por altos niveles de pobreza, la solución política pasa por las políticas redistributivas, es decir cobrando más impuestos a los ricos y entregándoles bienes y servicios gratuitos a los pobres. Esto es en general lo que prometen todos los candidatos a la hora de las elecciones. El asunto es que si el gasto público no modifica los activos de los pobres, sus capacidades humanas y no existe un buen sistema de seguridad social, el círculo vicioso de la inequidad se puede repetir de manera indefinida, permitiendo legitimar a los políticos, dar la sensación que el estado cumple con su papel y, sin embargo, se sigue manteniendo la desigualdad.

El origen está en los determinantes de la desigualdad, en la capacidad redistributiva del estado y en el tipo de sistema político vigente que se establece para promover la justicia social y la equidad, en otras palabras en cómo está distribuido el poder económico y político. Es obvio que si no cambian los orígenes de la desigualdad no hay porque esperar que cambie su distribución. La única manera de conmover la desigualdad es atacando sus orígenes más profundos: la desigualdad de activos entre las personas, la desigualdad de las capacidades humanas para trabajar o emprender y el modelo económico que no genera igualdad de oportunidades para todos. El tema es que para hacer cambios en los determinantes de la desigualdad se requiere de un sistema político y un estado capaz de llevar a cabo reformas y políticas duraderas, con metas de largo plazo que sean pasibles de fiscalización social. El problema es que los políticos y los gobiernos tienen horizontes temporales más cortos y comportamientos que está en función de sus intereses para llegar al poder o de permanecer en él y, como consecuencia, tratan de adaptar las metas del estado a sus intereses políticos. El resultado es que la lucha contra la inequidad se convierte en un mecanismo para aspirar o permanecer en el poder, para lo cual las desigualdades se deben reproducir. Una situación perversa a la cual se aproxima el Perú, si ya no está envuelto.

LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD Y LAS MANERAS DE REDUCIRLA

La primera causa se refiere a la desigual distribución de la propiedad del capital físico, de los recursos naturales o de los recursos del estado. Este es el más clásico de los orígenes, que ha llevado a plantear políticas o reformas redistributivas a través del cambio de la propiedad y de su usufructo. Este camino no ha tenido éxito per se casi en ningún lugar. En el Perú el Gobierno Militar de Juan Velasco (1968-1975)  intentó cambiar las desigualdades sociales mediante un conjunto de reformas de la propiedad –agraria, industrial, minera, servicios- pero al cabo de varios años la desigualdad casi no varió.

La segunda es la desigualdad del así llamado “capital humano” por los economistas neoclásicos, que en una aproximación mucho más interesante es la desigualdad del desarrollo humano es decir de las capacidades y derechos de las personas, que por distintas razones son diferentes y no permiten que mejoren sus vidas tanto como quisieran.  El desarrollo humano no sólo incluye la educación, la salud, las calificaciones y talentos de las personas sino que además asume que las personas sean capaces de usar sus capacidades para trabajar, crear y emprender y para abogar por sus derechos de tener mejores oportunidades, es decir contiene un factor movilizador activo que puede influir en el cambio de su situación y de su entorno.

La desigualdad en el desarrollo humano es el fruto de las condiciones socioeconómicas en las que nacen las personas, de sus posibilidades de tener una buena alimentación, salud, educación y un sistema de seguridad social. Uno de los mayores medios para la reducción de estas desigualdades se da a través del incremento de las calificaciones de las personas, ya sea a través de la educación formal o informal o a través de la experiencia laboral, pero que sólo lleva al progreso humano si dichas capacidades se cristalizan a través de empleos decentes (formales, bien pagados y con buenas condiciones de trabajo) o de emprendimientos de todo tipo. Por ello,   no basta con mejorar la educación, es imprescindible generar simultáneamente la demanda para esta fuerza de trabajo mejor calificada y con mayores capacidades, es decir hay que ampliar las oportunidades para el desarrollo humano. Esto nos lleva al tercer elemento que define la desigualdad: el modelo económico.

El modelo económico, definido como un sistema de funcionamiento económico basado en ciertas actividades dinámicas que sostienen el crecimiento, es el que organiza la interacción de los sectores productivos y, para hacerlo, demanda de cierto tipo de trabajadores con ciertas calificaciones y destrezas. El modelo industrialista -con sus tres revoluciones industriales y el concomitante desarrollo de servicios- ha demostrado ser el mayor generador de demanda de fuerza de trabajo calificada y, en consecuencia, ha logrado altas productividades, pagando altos sueldos y salarios, razones por las cuales los países industrializados son menos desiguales. Empero aún en estos países las desigualdades se dan por las razones explicadas por Piketty[2], por ello la intervención redistributiva del estado es necesaria, para reducir las desigualdades de oportunidades para el desarrollo humano.

El Perú ha transitado por dos modelos económicos en los últimos sesenta años, el primario-exportador y semi industrial dependiente (PESID) hasta los años ochenta y el modelo primario-exportador y de servicios (PESER) desde los años noventa del siglo pasado hasta hoy. Estos modelos han variado en torno a la exportación primaria (minerales, petróleo, gas, agricultura) y no han logrado generar un sector industrial transformador o algunos segmentos importantes de la manufactura que no sean dependientes de la importación de materias primas y tecnología.  Mientras que los sectores de alta productividad –electricidad, petróleo, minería, siderurgia- sean poco demandantes de mano de obra, debido a sus tecnologías intensivas en el uso de capital, y paralelamente existan otros sectores –agricultura, manufactura, servicios- de baja productividad y que dan empleo poco o nada calificado a la mayoría de la población con bajos sueldos y salarios, la desigualdad es un resultado esperable del modelo. Esto es lo que sucede en el Perú, con la característica adicional que estos modelos no tienen mecanismos endógenos para transformarse, en la medida que las capacidades de las personas –educación, experiencia, talentos y relaciones sociales- son limitadas para modificar sus condiciones de trabajo, sus producciones y su entorno socio económico.

El modelo económico primario-exportador y de servicios genera una demanda de trabajo muy calificada, pero relativamente pequeña,  en los sectores de alta densidad de capital físico o financiero, contrariamente en los otros sectores de baja dotación de capital, agricultura tradicional, minería artesanal, pequeña manufactura, servicios diversos,  las productividades y los ingresos son bajos, lo que da como resultado una gran brecha de productividad y de ingresos, es decir, la desigualdad en la distribución del ingreso es el resultado de las desigualdades productivas, las cuales se han mantenido en los últimos sesenta años. Además, el Estado peruano no tiene los suficientes recursos para reducir estas brechas de productividad y de ingresos, entre otras razones por la misma desigualdad de ingresos y de los niveles de pobreza existentes, pues lo que se puede cobrar de impuestos a los ricos y a los sectores capitalistas no alcanza para cerrar las brechas sociales, pero tampoco se puede cobrar muy altos impuestos sobre las rentas y las ganancias porque se amenaza la continuidad de la inversión y del proceso de acumulación del capital.

Esta es la doble trampa que genera la desigualdad, por un lado no se puede cobrar impuestos directos excesivamente pues se reduce el ahorro y la inversión, pero tampoco se puede incrementar los impuestos indirectos pues aumenta la pobreza. Sólo un altísimo crecimiento de todos los sectores –más del 7% al año- podría romper esta trampa. Cuando esto no sucede el estado puede aspirar a mantener la desigualdad prevalente y quizás a una lenta reducción en el tiempo, para lo cual se requeriría varios gobiernos que mantengan políticas redistributivas. Es aquí donde aparece la política y la ética como factores que podrían hacer que ocurra un proceso de crecimiento con redistribución.

En el Perú la redistribución de activos físicos y de capital durante el régimen militar no funcionó porque los beneficiarios que recibieron estos activos no tenían las suficientes capacidades educativas, laborales y de libre determinación para aprovecharlos y potenciarlos y porque se mantuvo un modelo económico que tampoco necesitaba de más fuerza de trabajo calificada. Además, la redistribución de la propiedad se hace en corto tiempo, el cambio del modelo económico toma más de tiempo, en cambio la redistribución de capacidades humanas toma mucho más tiempo por los bajos niveles educativos que se tienen y por los largos períodos educativos. Es evidente, que el rol de la política y del estado para conmover estas estructuras es crucial, además se hace necesario un estado con una institucionalidad capaz de ejecutar políticas y programas específicos de manera permanente y sin sobresaltos.

LA DESIGUALDAD ES FUNCIONAL A LA POLITICA EN SISTEMAS POLITICOS DÉBILES.

Las altas desigualdades permanentes, como la del Perú, no sólo se deben a factores estructurales como la estructura de la propiedad, el modelo económico o la lenta adquisición de capacidades generales y laborales de las personas, se deben también a que, desde el estado, no se logra romper con las trampas de la desigualdad. Nuestra hipótesis es que esta desigualdad puede ser funcional al sistema político cuando no hay un sistema de control efectivo del comportamiento de los gobernantes. Este sistema tiene dos componentes uno institucional y el otro moral.

La vigilancia de los gobernantes de estados modernos se basa en el contrapeso entre los poderes del estado, donde el ejecutivo es vigilado por el congreso y ambos son vigilados por el poder judicial, a través de un ordenamiento jurídico y una organización institucional instrumental, todo lo cual parece tener el Perú. Sin embargo, la clave para que este complejo sistema funcione es que las autoridades y los funcionarios del estado se comporten en base a un código ético y una moral ciudadana que los haga cumplir sus funciones, que ejecuten fielmente lo que dicen las normas, utilicen los recursos del estado de manera proba, es decir, que tengan una moral pública que no sólo les genere legitimidad y reputación, sino que además generen una cultura cívica de promover oportunidades para todos de manera abierta y democrática y promuevan con el ejemplo comportamientos éticos. Esto no existe en el Perú.

¿Cuáles son las razones de esta situación? En primer lugar, la debilidad del Estado peruano, en la medida que sus instituciones no pueden cumplir con sus funciones a cabalidad, porque los que toman las decisiones –los gobernantes elegidos- están preocupados por su popularidad y sobrevivencia política antes que por las metas del estado e incluso por las metas de sus propios planes de gobierno y, los que ejecutan las decisiones –los funcionarios y empleados públicos- están preocupados por aprovecharse de cualquier oportunidad o resquicio que les da la administración pública para mejorar sus bajos ingresos, salvo obviamente honrosas excepciones. Es decir, tanto gobernantes como funcionarios tratan de maximizar sus ingresos particulares a partir de los recursos del estado, cuando se ha perdido el control de los contrapesos de poderes y los mecanismos institucionales y políticos de fiscalización.

Para entender este fenómeno necesitamos más bien la Microeconomía antes que la Ciencia Política. En otros términos, dada una desigual distribución de los ingresos y bajos sueldos estatales, en promedio, cualquier oportunidad de aprovechar y utilizar el poder para generar ingresos adicionales a partir de los recursos públicos y del estado será utilizada, más aún cuando honradez, la veracidad y la confianza como principios morales han prácticamente desaparecido, entre otras razones porque las prácticas inmorales se han generalizado y se han convertido en una suerte de “nueva moral”.

En un país donde la mayor parte de las personas no tienen grandes capacidades generales y laborales, donde la demanda por trabajo es insuficiente y donde el estado tiene recursos limitados, las posibilidades de redistribución se reducen a las políticas sociales y a las posibilidades de incorporarse al estado por cualquier medio: político o laboral, pues se sabe que el estado tiene recursos, que se ha descentralizado, que los gobiernos: central, regionales y locales tienen presupuestos, entonces la tentación del “asalto al estado” que es visto como un botín capaz de generar nuevas fuentes de ingreso – en general ilegales e incluso delincuenciales- se convierte en la única otra vía de redistribución, para lo cual simplemente hay que adscribirse a la “nueva moral” del “todo vale”, del “pepe el vivo”, de “he robado poco”, que hemos heredado de la época del fujimorato y del maestro del uso de los recursos del estado para provecho personal: Vladimiro Montesinos.

Este círculo vicioso, que empeora por la falta de moral de los gobernantes y que al hacer uso de los recursos públicos, tratando de paliar la desigualdad, se aprovechan de parte de estos recursos para fines propios mediante distintos mecanismos de corrupción. Aquí, adicionalmente,  se opera un proceso que genera una nueva capa social: los políticos y funcionarios públicos que se enriquecen apropiándose de parte de los impuestos pagados por todos, que tratarán de estar vinculados al estado de una u otra forma no sólo para seguir medrando sino para protegerse de los débiles mecanismos de fiscalización – contraloría, poder judicial, congreso- que a menudo están atravesados también por la inmoralidad y la corrupción.

De otra parte,  los bajos niveles de desarrollo humano y la pobreza de la mayoría de la población, constituyen el entorno social que facilita estos comportamientos, pues, por un lado, en situaciones de falta de mayores oportunidades laborales, educativas o de negocio, cualquier ayuda es bienvenida, es decir los programas sociales se hacen imprescindibles en situaciones de carencia, donde se optará por recibir bienes y servicios básicos, aunque se renuncie a principios éticos. De ello aprovechan los políticos y los funcionarios. Por otro, lado, en situaciones de pobreza y exclusión social no es fácil hacer valer los derechos y de hacer agencia para ser escuchado y menos cuando el estado acusa serios niveles de corrupción. En esta perspectiva, se puede entender la serie de movimientos puntuales de protesta en minas, toma de carreteras, huelgas de hambre, como un intento de hacer agencia frente al estado que acabamos de describir, movimientos que tampoco están exentos de prácticas inmorales e ilegales.

¿QUE HACER?

Cómo romper el círculo vicioso de la desigualdad y su uso político. No cabe duda que hay pocas posibilidades de resolver el problema. Lo ideal es variar el modelo económico para que pueda generar mayor demanda de trabajadores calificados y esto sólo se puede impulsando nuevos sectores en la industria y los servicios, esto debería llevar a una política de desarrollo humano (educación laboral, salud integral, infraestructura básica) y a una política sectorial de incentivo a aquellos sectores generadores de empleo calificado y bien remunerado que podría reducir la pobreza y las desigualdades, de tal manera que éstas no sean utilizadas como promesas políticas. Esta sería una política de largo plazo, que a la larga podría incrementar los recursos del estado, lo que permitiría entrar en un círculo virtuoso de desarrollo humano.

El problema es qué se hace con la “nueva moral” enquistada en el sistema político actual, como resultado perverso de las desigualdades y la pobreza, acompañado de la casi desaparición de doctrinas políticas con componentes éticos. Aquí nos parece que hay poco que hacer, porque se ha entrado en un círculo pernicioso del cual es difícil salir. Habría que refundar la política y los partidos políticos que reestablezcan el accionar político a partir de doctrinas y que eliminen la idea de participación política como un medio, para medrar de los recursos de los gobiernos locales, regionales o del gobierno central y una gran campaña por la participación política con ética. La crisis moral heredada del fujimorato y desarrollada posteriormente por los distintos gobiernos es el principal enemigo del crecimiento con redistribución y del funcionamiento del estado peruano.

Lima, abril 2015

* Publicado en Argumentos IEP.

 

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HOMENAJE AL MAESTRO JULIO COTLER, PREMIO SOUTHERN PERU Y MEDALLA JOSÉ DE LA RIVA AGUERO 2014

 

Pocos autores nos han ayudado a entender nuestro complejo y tumultuoso Perú tanto como Julio Cotler cuya obra clásica “Clase, Estado y Nación” y su teoría sobre la dominación interna, conocida como el triángulo sin base, nos han permitido comprender las aristas sociales  y políticas de este  país, que aún es una posibilidad y una promesa como sostenía Jorge Basadre. Sus trabajos, nos han permitido tener una interpretación de cómo se establecieron el poder, la dominación y la estructura social  en la era republicana,  sobre las bases de una herencia colonial, que durante más de un siglo imprimió su sello los comportamientos sociales y políticos que impidieron durante largos años la consolidación de una democracia duradera.

La visión de Julio Cotler del Perú  es la del observador de los acontecimientos y procesos sociales que analiza las herencias culturales que cambian lentamente, no sólo porque la cultura es muy lenta en evolucionar, sino porque tras de esa cultura se ocultan intereses económicos y políticos a quienes el cambio los afecta. Este es el tipo de análisis que no gusta a los gobernantes, a los poderosos, a los ideólogos de turno, que Julio ha sabido plantear de manera permanente y valiente, pues son imprescindibles las voces disonantes para construir una nación. Creo que sus análisis emanan de la existencia de las múltiples incertidumbres que nos aquejan y que condicionan el ver un norte seguro, un país sin oscilaciones pendulares.  

A menudo nos preguntamos ¿para qué sirve la investigación en ciencias sociales? ¿Para qué sirven trabajos como los que hace Julio? Más allá de la legítima búsqueda de explicaciones a los fenómenos sociales que demanda la curiosidad académica, los resultados de las investigaciones pueden servir para tomar consciencia de cómo somos y por qué somos así, pero sobre todo pueden servir para ofrecer alternativas a la una realidad cuando es contraria a los interés de las mayorías e incluso de las minorías.  Por ello, creo que los trabajos de Julio han sido una permanente cruzada por la democracia, entendida como el régimen de la inclusión, la tolerancia y la alternancia en las instituciones políticas y económicas.

El Dr. Cotler es de esas personas que con su sapiencia, su inteligencia y su espíritu crítico ha marcado una forma de ver el Perú desde el meollo de la política,  es decir desde el análisis del poder. En el fondo Clase, Estado y Nación es la interpretación de la tortuosa ruta que ha seguido el Perú en busca de la constitución de un Estado que sea capaz de integrar, de representar y de darle un norte a nuestra nación en construcción y su historia ha sido una constante lucha entre los poderes económicos, militares y políticos que sólo en las última década parece haber encontrado la continuidad democrática a través de un precario equilibrio de poderes, que permitiría construir la nación en la que todos los peruanos podamos hablar de “nuestro país”, y no como a menudo se habla de “este país”, que pareciera ajeno al que lo dice, pero que inconscientemente intuye la existencia de poderes ajenos a él. 

Como decía Montesquieu en el Espíritu de la Leyes: “Para que no haya abuso del poder es necesario que, mediante la disposición de la cosas, el poder sea frenado por el poder”, esta disposición de las cosas se refiere a instituciones, a la Constitución, a los comportamientos y organizaciones que hacen posible que los poderes se neutralicen y que generen estabilidad política y económica. El Dr. Cotler ha sido y es un permanente promotor para que la disposición de las cosas de Montesquieu permita tener estados modernos y democráticos en el Perú y en América Latina. El poder, los poderes, el abuso del poder y la separación de poderes en la sociedad peruana han sido los motivos de su investigación y enseñanza, pero también han sido  su campo de batalla en la opinión pública.   

Considerando su trayectoria académica, su calidad de hombre público y su siempre versada y aguda opinión sobre los temas trascendentes que aquejan a nuestra sociedad, podemos decir que Julio Cotler es un “Maestro” en su mayor extensión. Su voz llama a menudo la atención sobre las distorsiones y anomalías de nuestro país, cuando los poderes de uno y otro tipo desbalancean el precario equilibrio democrático y social del Perú.

Su larga trayectoria académica en la Universidad Mayor de San Marcos como catedrático, en el Instituto de Estudios Peruanos como investigador, director y gran animador han hecho de él un referente central de la Ciencia Política y de la Economía Política  es en verdad un Oráculo que es consultado  cuando no hay claridad sobre la coyuntura o las tendencias de la sociedad.

No me cabe duda que el Maestro Cotler merece ampliamente este homenaje y este premio no sólo por sus aportes académicos plasmados en sus libros, sus artículos, sus clases y sus conferencias, sino también por su permanente seguimiento del proceso social peruano, sobre el cual sus opiniones son siempre iluminadoras, críticas y a veces pesimistas. Creo que el pesimismo viniendo de una mente ilustrada se constituye en una advertencia que lleva al límite el devenir de algunos acontecimientos, lo que pone en guardia a gobernantes y gobernados, por ello sus opiniones están lejos de la complacencia que gusta tanto el poderoso o el gobernante de turno. Personas como él son las que hacen posible la construcción de sociedades más tolerantes, más democráticas y, por su puesto, más equitativas.

La Pontificia Universidad Católica del Perú considera sumamente importante reconocer las trayectorias y los aportes de aquellos peruanos que nos ayudan a resolver el enigma o el rompecabezas que es el Perú, para darle un sentido social y moral a nuestro quehacer cotidiano. Es por esta razón que homenajeamos al Dr. Julio Cotler y le hemos concedido la Medalla José de la Riva Agüero y el Premio Southern a las letras y ciencias humanas. 

Yo, en lo personal, me siento profundamente conmovido de entregar a Julio la medalla Riva Agüero pues tengo una profunda amistad con él, forjada al calor de la búsqueda de opciones de desarrollo y democracia en la investigación, en la enseñanza y en el debate público. Obviamente, el que más se ha beneficiado de esta amistad he sido yo, pues gracias a la permanente interacción entre nosotros y entre nuestras disciplinas pasé de ser economista a convertirme en un economista político, bajo la convicción que la entrada unidisciplinaria si bien puede ser el camino a la profundización, también es el camino a ver sólo una parte de la realidad social y a veces es la elegante ruta a la arrogancia intrascendente. Una mirada vasta de la realidad como él la tiene es la fórmula que permite aquilatar la dimensión de los problemas, pero sobre todo es el camino para entender la sociedad en la que uno tiene que vivir y convivir y es la que permite marcar los horizontes para buscar mejores sociedades y mejores países. Por todo ello estoy agradecido a Julio Cotler.

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un honor entregar la Medalla José de la Riva Agüero al Doctor Julio Cotler en mérito a su transcendental contribución académica, a su trayectoria cívica y a su integridad moral y ética.

27 de noviembre 2014

Efraín Gonzales de Olarte

Vicerrector Académico PUCP

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LA COP20 Y EL TRIANGULO IMPOSIBLE

Efraín Gonzales de Olarte

 

La COP20 tiene como objetivo tratar de resolver el triángulo del desarrollo, que hasta ahora ha sido imposible el lograrlo. En mi opinión es casi imposible lograr simultáneamente crecimiento económico permanente, reducción de las desigualdades y hacer sostenible la explotación de los recursos naturales. Dicho de otro modo, es casi imposible lograr al mismo tiempo eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad ambiental. Veamos porqué.

Para maximizar el crecimiento y, en consecuencia para obtener el máximo posible de ganancias, hay que pagar a los trabajadores por debajo de sus productividades, lo que es un estándar en el capitalismo, o utilizar los recursos naturales como si fueran infinitos. Si pagamos a los trabajadores de acuerdo a sus productividades las ganancias van a disminuir y si utilizamos los recursos naturales no renovables sin algunas reglas de sostenibilidad, en el futuro no habrá ni ganancias ni salarios. Existe, pues, un conflicto entre los principales objetivos de productores,  trabajadores y la naturaleza. El sistema no puede ser eficiente, equitativo y sostenible al mismo tiempo. Esta es la principal falla del capitalismo y su principal resultado es el crecimiento económico a costa de la naturaleza y de los trabajadores, es decir la terrible combinación de calentamiento global con pobreza a nivel planetario es su peor resultado.

El calentamiento global es pues un resultado de este sistema, con un elemento adicional que es la incitación al consumismo como mecanismo para asegurar la venta de lo que se produce y, en consecuencia, para maximizar ganancias. Es decir, hay una complicidad dependiente entre consumidores y productores, consolidada por la cultura de la insatisfacción permanente sobre los estándares de consumo y por la tendencia que tiene el sistema a incorporar cada vez más, nuevos productos y servicios, cuyo costo en recursos naturales y medio ambiente va en relación directa al crecimiento de la población y, sobre todo, al crecimiento de los ingresos de las personas.

Los casos de China e India son ilustrativos al respecto. Son dos países que están creciendo a tasas muy altas y, como consecuencia, la pobreza va disminuyendo, lo que significa que los consumidores con ingresos efectivos van demandan más bienes y servicios, para alcanzar los estándares de los países europeos o Estados Unidos. Estos significa que se requiere de más fuentes de energía, de más productos industriales, de más servicios, todos ellos generando lo que hoy se denomina la “huella de carbono”, es decir, a mayor población y mayores ingresos el uso y sobre uso de la naturaleza será ineluctablemente mayor y, como no es infinita, el resultado es el cambio climático que ya está teniendo efectos sobre los sistemas de vida, sobre las especies, sobre la naturaleza en general, al punto de establecerse una amenaza a la reproducción de la especie humana en este planeta azul.

Es evidente que los países de América Latina y, sobre todo, los africanos que aún tienen grandes masas de gente pobre y aspiran, legítimamente, a salir de la pobreza y de tener mejores ingresos, en cuyo caso el efecto sobre la huella de carbono no puede ser diferente al caso de China e India. El problema, en el fondo, es que la primera revolución industrial basada en la energía inorgánica ha generado tecnologías que difícilmente pueden ser superadas  o cambiadas, sin afectar grandes intereses económicos, para los cuales las externalidades negativas son la base de sus ganancias, pero que  las van a tener que pagar todos. Esta es en esencia el denominado “capitalismo salvaje”.

La COP20 tiene el inmenso desafío de establecer un diagnóstico lo más preciso posible y establecer un conjunto de medidas que podrían parar el sobre uso de la naturaleza, mitigar los efectos del calentamiento global y proponer adaptaciones tecnológicas y culturales para evitar llegar al colapso en unos treinta años. Este conjunto de temas deberían ser aprobados en la COP 2015 en París, con acuerdos vinculantes, que podrían redefinir las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas ambientales. Todo un desafío para un sistema organizado sobre la base de comportamientos individuales que, bajo la idea de la mano invisible del mercado, hace que el bien común que es la naturaleza sea sobre utilizado, esta es la famosa “tragedia de los comunes”. Es decir, que pensando que el comportamiento de cada uno en el uso de bienes comunes, como la naturaleza o el medio ambiente, basado en la libertad de elección es “bueno” para otros por definición, aunque el resultado ha sido, es y será que el sistema es inviable, de ahí la tragedia.

Pero, quizás, el desafío más grande de la COP de Lima sea convencer a los gobiernos de países que se reunirán en París es la de convencer que el triángulo puede tener solución o soluciones intermedias, que significan que las empresas deben ganar menos a cambio de no usar intensivamente los recursos no renovables, que las empresas deben pagar en función de la productividad de sus trabajadores, la cual a su vez debe estar en función de mejores niveles educativos y de cambios tecnológicos “ahorradores de carbono” , pero el triángulo no podrá completarse nunca si el Estado no hace su papel para compensar tanto los desbalances sociales –la pobreza y la desigualdad crónica- como los desajustes del medio ambiente y de la explotación de los recursos naturales. Es pues evidente que en el futuro no sólo necesitaremos un estado más fuerte y grande, sino también necesitaremos un Estado Mundial, la libertad individual a ultranza tiene sus límites en una naturaleza finita y con leyes propias. En buena cuenta necesitamos una nueva moral y una nueva cultura.

Lima, diciembre 2014

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INTEGRATION FOR INCLUSION WITH HUMAN DEVELOPMENT IN PERU

 

Efraín Gonzales de Olarte[1]

Pontificia Universidad Católica del Perú[2]

 

Abstract

 

The purpose of this paper is twofold. On the one hand, we provide a theoretical reflection on inclusion and integration for human development, discussing also the social environment that favors inclusion and integration. These two different concepts refer to different levels of people’s sense of belonging to a society, which shape how people understand and exercise their freedom of being and acting. On the other hand, we verify our theory empirically in the Peruvian society through the construction of an index of integration for human inclusion (IIHI) for the Peruvian case. We test the hypothesis that a high index level corresponds to higher probabilities of social inclusion; in other words, that if a society is able to offer well-organized material living conditions, then we can expect conditions for an inclusive human development in this society.  

 

Key words: Human development, development, integration, inclusion, Peru.

JEL classification codes: O15, O18, I131, O54

 

INTRODUCTION

 

Without doubt, social inclusion is an essential condition for achieving the expansion of people’s capabilities and functionings. However, a physical, economic and institutional context that facilitates inclusion and generates concrete mechanisms of integration in society and institutions is required to make inclusion possible. Social inclusion is people’s aspiration to be part of a society; integration, on the other hand, is the instrumental means that allows inclusion.

 

Since every person needs to have a place to live and the facilities to move and interact in space, having access to housing, to energy and other services, and to road infrastructure allows people’s physical integration. Access to the markets of goods, services, work, or credit, on the other hand, is the phenomenal form of economic integration in the capitalist society: any person who cannot participate in these markets will not be included in the social division of labor and therefore will not be able to get the necessary satisfiers required for his or her human development. However, the market is not the only supplier of a series of goods and services. In many cases, the market is even unable to supply some goods and services. This is the case especially when markets are underdeveloped, when they have failures, are incomplete, or simply do not exist, which results in the exclusion of sectors of the population from these goods and services. When this happens, collective action or the State replaces, complements, or supplements the market and completes people’s integration into society by providing them with such goods and services. But most of all, what collective action or the State organization  permits the acknowledgement of a person’s right of belonging to a society simply because that person was born in a particular country or place.

 

Social inclusion is both a state and a process[3] in which people have the opportunity to exercise their capabilities and fulfill functionings based on the entitlements achieved, but all of this can only occur if people have the required material, institutional, cultural, and personal resources in the place where they live, work, or interact socially. And this is why it is important to analyze and assess the means of integration.

 

The advantage of means of integration, whichever may be selected, is that they constitute targets for different policies and actions, as well as agency not only for the different levels of government but also for private profit-oriented and nonprofit organizations, and, obviously, for the people themselves. These means of integration, which are historically determined based on the technical, institutional, and social progress of societies, are constantly evolving and changing and therefore constantly moving social standards towards increasingly broader and more complex goals. But since the aspects involved are specific and concrete, they have a practical and operational nature that allows us to establish baselines and goals. Therefore, social inclusion is also historically determined.

 

INCLUSION, AN ELUSIVE CONCEPT

 

Inclusion may be understood in several ways: as belonging to a social group, as being part or being incorporated to something, as the connection with something, as the awareness of forming part of a group or as participating in a collectivity. The meaning of this concept is then multiple and its interpretation is multidimensional; to some extent, therefore, this term is a signifier without   signified.

 

From the perspective of capability approach for human development[4], social inclusion could be defined as the set of social linkages that allows people to aspire and achieve the type of life they value and, at the same time, allows them to be valued in the society they belong to. Inclusion allows a person to be and act within the rules of a society and its corresponding ethical referents.

 

In the perspective of human development, inclusion has two sides. On the one hand, we can be included in terms of others or for others, with collective purposes, and on the other hand, there is inclusion in itself; that is, making inclusion a means to develop individually in order to have and project a personal identity recognized by society. These are two essential sides which are inseparable from the process of social inclusion.

 

We try to illustrate the process of social inclusion and how this process generates human development which, in turn, generates inclusion. In other words, a virtuous circle is generated if there is a sequence that leads to progress. Let us explain this.

 

 

Life is a continuous process in which people have varied and multiple functionings. In fact, we use our capabilities every day to achieve different purposes and obtain different results in terms of satisfaction. The use of capabilities takes place, for the most part, within a social context in which we feel included by making our functionings be useful to others, but for the sake of our own satisfaction. Therefore, the main form of social inclusion is through work, which allows us to put our capabilities to the service of others for a compensation which can be either monetary or non-monetary. At the same time, the fact of working is an achievement whose results are useful or valuable to others and which generates an inner joy of belonging to a social group to which we are included through work, but also recognized by others as belonging to this group.

 

Obviously, the essential condition is that the work be done voluntarily and freely; any form of coercion or imposition of work is contrary to human development. But in order that work is carried out in a systematic and permanent manner, society is organized in such a way that allows individuals to inter-act for different purposes.

 

First, each worker is a member of a family, which gives him the minimum intimate environment required to live, but the family in turn has material requirements that are supplied by the family members of working age. Being part of a family is almost a sine qua non condition for social inclusion. In this context, work is functional to the preservation of a family.

 

Secondly, the worker must go to the labor market to get a job, he must go to the market of goods and services to get the material livelihoods, and to the financial market to get credit; in other words, markets are the means of economic integration. Markets work as means of allocation of people and things. A person is already included in the production system once he or she gets a job, thus being included in the social division of labor.

 

The third facilitator of social inclusion is the State, which integrates people in different ways through the different mechanisms and services it provides. The first step for being included by the State – Nation is meeting the condition of formally belonging to it, that is, of having an identity and a nationality. Given the series of redistributive roles it has, the State then permits a country’s inhabitants to have the right to receive public goods and services, regardless of their income levels. This is an egalitarian form of inclusion, which stems from the principle of equality of people within a democracy.

 

We can integrate the State in two ways: on the one hand, in order to participate in its operation, we have to finance it by paying taxes. This is a form of passive inclusion. On the other hand, we can participate directly in the government or in its administration. This is an active form of inclusion. But the central idea is that the State must be a facilitator of human development and an equalizer of opportunities. By performing its role, the State has to improve people’s capabilities, performance, and agency under the principles of participation, subsidiarity, redistribution, and equal rights.

 

Social organization is therefore the result of the functioning of families, markets, the State, and non-commercial and non-government social organizations, which defines the social location of each person in relation to others and allows everyday life and human development. A society is inclusive if its families, markets, and State are able to integrate its members. If these forms of inclusion fail, society itself should be able to create (non-commercial and non-State) mechanisms and institutions on the basis of agency and participation, either collective, massive, or by groups. In other words, inclusion mechanisms depend on people’s and societies willingness to have a better life.

 

In order to promote human development we must first generate the best means of integration so that these means may be used for the effective inclusion of people in every social level: family, market, the State, and social organizations. The aspiration of reaching a society organized for human development is to aspire to material development with social inclusion and with the possibility of increased innovations that will enable us to do better what we want to be and do.

 

There are multiple requirements for human development. Several of them are ends themselves and often appear to be rights in the sense of entitlements. The main ones include the right to have an identity and society’s recognition of a person as an individual, the right to an occupation, to an income, to security in everyday life, to the existence of a legal framework that guarantees people’s entitlements apart from human rights, the right to receive public goods and services (education, health, basic infrastructure, minimum social security), the right to own or use a piece of physical space, and the right to have our own culture and our own language.

 

Society, the economy, and the State have to be organized to provide the satisfiers required for human development, satisfiers being all the goods, services, rules, and acknowledgements that allow people to meet the basic and non-basic needs they require to live normally and to achieve their personal and social goals.

 

Poor regions and countries are unable to supply all the satisfiers needed not only because markets are incomplete or non-existent, but also because the State is small and inefficient, and because the number of families is not large enough to supply these satisfiers and because society cannot supply them either. In these conditions, human under-development, that is, the situation in which social organization is not prepared to promote the conditions for development at a specific period of time, is likely to occur.

 

And this is so because, in order that people have the life they truly value, they are required to have previously acquired certain capabilities and entitlements, based on which they will achieve the functionings they are able to develop in response to what society requests of them or to what each of them wants. The essence of human development is to achieve those functionings that allow us to attain personal accomplishment within a specific social context and to be socially valued or respected because of these functionings. Obviously, inclusion for human development is not merely receiving goods and services from the State, even though these goods and services may complete the satisfiers we need.

 

We argue that there are two types of functionings: those that have a social impact and those that have a personal impact. The former are the ones we have just explained, that is, the functionings that result in something for others or that require the participation of others to be carried out. The latter are those related to or carried out to benefit the person himself or herself. Although they often require the participation of others, they can also be carried out privately and generally have to do with religion, gender, race, citizen rights, etc. These are the functioninings that allow people to individualize their existence and, in several cases, confirm their identity based on a series of factors and means. In addition to this, this way of affirming inclusion, via facts or personal actions, is likely to be a complement and inseparable aspect of inclusion “for others or by others”.

 

But these functionings will depend on how society is organized to ensure everything else. It is not always possible, nor often desirable, to have references or information about the functionings or capabilities that every person has. It is essential that conditions be established for the achievement of functionings.

 

In this article we argue that it is necessary to be integrated through various means, mechanisms, and institutions to be socially included. Inclusion is based upon this integration and, as we have pointed out, inclusion is the set of social linkages and relationships that people can establish and which allows them to aspire to a kind of life they value and which makes them be valued at the same time. Inclusion allows a person to be and act within the rules laid down in his or her own society.

 

 

INTEGRATION AS A MEANS FOR HUMAN INCLUSION

 

Integration is the set of instrumental means used for inclusion. Inclusion is a state of social membership that requires different means and channels to provide the material and institutional conditions that will allow a person to “feel included”. Therefore, we believe that integration means are vehicles for social inclusion according to people’s own valuation. Therefore, there are different ways in which “being included” is perceived.

 

Integration is a state and a process of incorporation to the social structure through various channels and rules established for each channel.

 

It is a state made up by a series of spatial, economic, institutional, political, and cultural factors –each of which has specific features that we will discuss in further detail later– that individuals, families, and communities reach all the time. Each state reflects a level of accumulation of integration means that affects the quality of life and human development of individuals. When we compare countries or regions in statistical terms, in general we compare states or “stocks” that may be used for integration.

 

On the other hand, it is also a process, because each integration factor is used in a specific manner through different mechanisms, protocols, rules, and organizations; in other words, it serves to achieve a goal. It also evolves over time, either by motivations that stem from social interaction itself –for example, new human settlements require the establishment of new water and sanitation infrastructure–, or due to exogenous factors, like when the State establishes goals that have to be accomplished in a period of time, or when collective action establishes these goals.

 

Integration could easily be confused with inclusion. For example, a person participating in the labor market is in fact integrated into the economic circuit, but at the same time the fact of having a job allows the person a personal fulfillment that transcends socially through the usefulness that the fruit of his or her work has for other people. Inclusion in our sense is the expression of social membership, of being part of a society through a multi-dimensional integration on the basis of which people can display their capabilities, uphold their rights, and participate actively in their community. Thus, it is the basis to generate a state of social inclusion. Inclusion obviously encompasses integration, the latter being a pre-requirement and the material basis of inclusion. But inclusion is beyond integration, because being included means to be part of a society with equal rights as others and being recognized in a horizontal social manner. Inclusion also comprises ingredients of equity, social recognition, respect, dignity, and self-esteem.

 

Basically, we can distinguish five means of integration that people need to be included in their (local, regional and national) society: spatial, economic, the State, political, and cultural integration.

 

Spatial integration refers to two things: 1. To having a place in the world, i.e., having a physical space (a house, an apartment, parks, basic infrastructure) in a particular place where one carries out his everyday activities, and 2. To having also the possibility of moving in space with the least difficulties and barriers in order to participate in markets, travel, carry out public and private procedures, and visit relatives and friends, for instance. Spatial integration requires a stable location and having all the facilities that allow us to move from one place to another and to communicate ourselves.

 

Economic integration occurs mainly through individuals’ participation in different markets. People participate actively in the market of goods and services by buying and selling products and services; in the labor market offering their workforce (labor capabilities) to companies, to the State, institutions, NGOs, etc.; in the credit market where they borrow or lend money, and so on. Their participation in these markets integrates them with the economy and, in doing so, they permit the allocation of production, the work force, and loanable funds. In other words, they allow social division of labor to occur and to evolve fluently. All the people of working age must participate in one way or another in the market to live, to earn an income, and to confirm their economic existence, while making themselves necessary to others at the same time. So, economic integration is the basis of social integration in capitalism.

 

But economic integration, through the markets, has its rules of operation. Productivity has to be sufficiently high in order that we can participate competitively in the markets of goods; a worker’s skills defines where he works and how much he can earn; interest rates can define who can get a loan and who cannot. For these reasons, economic integration is very dynamic, is constantly being renewed and, above all, is constantly defining who is integrated and who is not.

 

However, the market does not always provide all the goods and services that people need, especially in those sectors that have low productivity, no education, no land, or no capital. It is in these cases that the State intervention is necessary in its subsidiary and redistributive roles. But the State not only supplements or complements the markets; it also integrates people in other ways.

 

State integration. In compliance with its social and constitutional mandate, the State is a social integrator since it organizes society, governs it, supplies goods and services, administers justice, and ensures a territory for its population. In order to do all this, the State must obviously finance its operations legitimately through taxation, which is the reason why the citizens of a nation-State are obliged to pay their taxes to allow the State to operate and fulfill its different obligations.

 

People are integrated to the State in several ways, from the registration of their birth to receiving an identity document, electing authorities or being elected as one, receiving public goods and benefiting from public services, or integrating different State institutions. The State is the most social and political integrating agent and applies uniform rules for all the inhabitants of a country, since even private business and non-business activity is regulated by the State and, in some countries, it is even organized by the State itself.

 

A role of the State is also to set the rules of a country’s social, economic, and political organization. For this purpose, it has a set of institutions, i.e. rules and organizations that allow a country to function smoothly and in a civilized manner. The States integrates people institutionally by ensuring compliance with rules and regulations, from the Constitution to particular regulations, and by monitoring procedures through different entities established by the State to fulfill its roles.

 

Because of the State’s capacity to impose the rule of law and fulfill its mission and roles, social integration is not only an obligation established by law, but also a right that facilitates the leveling of opportunities. In this regard, a strong State is that capable of enforcing its own rules to all citizens who, in turn, accept the rules knowing that by doing so they legitimize the State. However, this requires that the different levels of government and other State agencies also comply with their role of making citizens assess whether they are satisfied with the State and its governments. This is the most important basis of institutional integration to the State.

 

Political integration is the means through which we are represented and participate in government. In democratic nations, people are entitled to participate in their government and there are different models of government organization. First, people organize themselves to participate politically, either establishing political parties or electoral movements according to ideological affinities, shared interests, and other motivations; in other words, people participate in politics to be represented by others and struggle to govern. Secondly, they are actively involved in electing their rulers in the different levels of government. Therefore, elections are acts of political integration. Thirdly, they participate in overseeing their rulers through different participation mechanisms: open councils, community assemblies, recall processes.

 

From a human development perspective, political integration is the way in which the issue of collective choice arising from particular preferences and options of people is solved, generating governability conditions with equal opportunities for all. This is why a good political system allows the democratic integration (participation and representation) of people.

 

While the factors of territorial integration, economic integration, political integration, and integration to the State are essential to provide the necessary conditions for social inclusion, it is cultural integration that completes the integration factors required for inclusive human development. Understood as the collective expression of parts or of society as a whole, culture has ethical and aesthetic components that translate into traditions, customary rules of social behavior, artistic expressions, religious practices, and many other manifestations which together generate social identities, some of which are sometimes regional, local, or national identities. When countries are very heterogeneous, cultural plurality is one of their attributes, so it is important to include tolerance and appreciation for “the other one” as the element that allows cultural integration. Accepting “others” with different cultures as equals is a key element for integration and especially, or most of all, for social inclusion.

 

It is worth pointing out that the different facets of integration occur simultaneously and, in some cases, in a coordinated manner. Integration is a multi-dimensional or multi-faceted phenomenon which, depending on the degree of complexity and organization of these aspects or dimensions, allows the generation of similar or equal opportunities for all. Multi-dimensional integration for human development is the means through which social inclusion can become a way of being part of a society and of valuing the fact of belonging to it. 

 

We could evidently discuss in further detail each component of integration and I am convinced that a study in greater depth should lead to developing a sociological and economic theory about the factors that lead to social inclusion. But this is still a pending task. For the moment, we are interested in approaching integration means in an empirical way, and to do so, we need to construct both qualitative and quantitative indicators on multi-dimensional integration for human development, because this is an empirical way of approaching the different problems facing human development today. In addition, these indicators could be very useful both for leaders, politicians, different social groups, for the regions and different localities in a country, and, of course, for public policies on specific fields and subjects in which agency actions may be carried out.

 

A composite indicator of integration could provide us with a “proxy” or approximate measure of the conditions that favor social inclusion, especially if it considers all of the specific components involved and then add together them. This is the practical purpose of this work.

 

The availability of information is evidently important to estimate these indicators. Since the information in Peru is not very abundant, we will first focus on quantitative indicators that show the levels of integration, leaving aside qualitative indicators for the moment because, although the latter are also very important and necessary, they require a special methodology.

 

TOWARDS AN INTEGRATION INDEX FOR HUMAN INCLUSION (IIHI)

 

The proposal we develop in this article follows the efforts of other authors to develop better indicators on the various facets of human development (Anand et al. 2009, Alkire 2007, Kuklys 2005, Gaertner et al. 2006, Lessmann 2009). In an earlier study (Gonzales 2009), we already approached the subject empirically, estimating a first index of integration for human development. The exploratory nature of the study that resulted in the insights and findings discussed below confirms indeed our interest in developing further research in this field in the future.

 

As we pointed out, the integration index for human inclusion (IIHI) is multi-dimensional and attempts to aggregate the different factors that facilitate the integration of individuals and families to society in a single index. Given that available statistical data is not abundant in the case of Peru, we focused on incorporating data on physical, economic, and State integration using the following formula:

 

IIHI= Physical integration (road access, access to electricity, access to phone) +

Economic integration (participation in the labor market, participation in the

credit market) + State integration (payment of taxes, received government

spending)

 

 

Physical integration is measured through a composite index, which we estimate for each Department. Road access depends on the quality and quantity of communication means by land or roads. In this case, we use roads, represented by the percentage of paved roads relative to the total of roads in each Department. Access to electricity is measured by the percentage of homes with electrical connection, while access to telephone services is measured by the fixed telephone connections. The idea is that people should be able to go easily from their homes to other places; to use energy sources for consumption, production, or information purposes by having a radio, a TV set, or a computer to have access to the internet, all of which is complemented with the telephone connection. These are different means that family members can use to integrate themselves both to the nearby and the distant world.

 

Participation in the labor market is measured by the percentage of the economically active population that has a paid employment, that is, the workforce employed in the private or the public sector. This is probably the most important form of economic integration as it not only allows a person to have a job and an income, but also allows a person to form part of an organization or workplace where he or she is integrated interacting with other workers or directly with his or her employer based on his or her skills and qualifications. The existence of labor markets also means that there is capital that belongs to enterprises, to the State, or to another type of employers capable of hiring labor force. Thus, it denotes the existence of a social organization based on production.

 

On the other hand, participation in the credit market measures that a lender has so much confidence in a borrower that the former is willing to take a risk about whether the latter will pay him back or not, that is, about the possibility of recovering his money. The relationship of persons through loans ensures a lasting integration in the future. This is measured as the percentage of credit placed relative to the gross product of a Department or region, and is also known as the degree of “financial depth”. The higher this percentage, the higher will the bases that encourage consumption or production be in the future. In this work we only use the depth of the banking sector ratio, as we only have information on bank loans.

 

In order to be integrated to the State it is first of all necessary that people pay taxes so that the government, in its different levels, can spend the revenues from taxes and invest them to accomplish its role through the provision of goods and services. The first thing we measure is the percentage of taxpayers included in the tax system[5] relative to the economically active population. Then, we measure the State integration as the percentage of public expenditure relative to the departmental GDP. We have chosen these aggregate indicators due to the constraints in terms of availability of information. The indicator can evidently be improved if it is broken down in terms of the different goods and services given to the population. Of course, based on the principles of universality, equity, and inclusion, State integration involves the incorporation of the entire population. The size of the State vis-à-vis the size of the private economy is therefore important since this is the first requirement to level up the integration of people, especially in the regions and Departments in which there is little tax collection.

 

Given that we have data on all of these indicators at the level of departments, our analysis will be based on disaggregated data of each of Peru’s 24 Departments. The Department, the political-administrative unit used in Peru, provides an intermediate level of disaggregation of information that allows us to move forward in exploring the conditions required for social inclusion, but we must point out that this level of data disaggregation has two important limitations.

 

The first one is that there are significant differences in integration conditions in the cities and in rural areas. The levels of poverty and of deficiency of material conditions in the rural Sierra and rural Selva areas are greater than in urban areas (2001 Iguíñiz, Figueroa 2001, Gonzales 2003). If the data allowed us to distinguish between the urban and rural areas in every Department, we would have a better idea of integration conditions.

 

The second constraint is that it would be better to have a greater level of disaggregation, for example, at the level of the 195 provinces or, even better, at the level of the 1747 districts, since this would allow us to better identify individuals and families’ shortcomings for integration, which would contribute not only in terms of public policy-making, but also in terms of collective action and, of course, in terms of corporate social responsibility. Unfortunately, many of the indicators are not available.

 

The data on the different indicators are presented in percentages so that we can aggregate them, and all the indicators have the same weight as we assume that they are equally important[6] in a first phase of research. It is obvious that when we consider physical aspects, the access to roads is a public good available to everyone, whereas electricity and telephone connections are indicators of household levels. The indicators of economic integration are expressed as percentages of people in the case of integration to the labor market, while financial depth, on the other hand, is measured in relative values. Moreover, the values of State integration are a mixture of percentage of taxpayers (people) and relative values. Therefore, these indicators are at the same time multi-dimensional and heterogeneous. Despite being qualitatively different, mixing these indicators is justified since the more they come close to 100%, the more that integration conditions should allow greater inclusion. Even though there is a risk that an indicator may offset another indicator, each one has, as we shall see, small variances which do not drastically affect the final result.

 

The additional advantage of this type of index is that each indicator is useful by itself and may be used as a baseline for public policies, business decisions, etc. in specific areas. In aggregate terms, it allows us to make integration “rankings”, but each index has a specific composition of indicators and should be read as a multidimensional index. In other words, the set of components of the index themselves are indicators of the progress or shortcomings of integration means. The aggregate index is a global measure, which may be the same in one Department and in another one, but which does not have the same individual components.

 

A first attempt to measure some indicators was made for year 2000 (UNDP 2006, Gonzales 2009) with an integration for human development index using indicators of physical and economic integration. See table 1.

The same exercise was then carried out for year 2007 including the integration to the State (see table 2).

Tables 1 and 2 show similar characteristics; in other words, there have been no major changes between 2000 and 2007. The ranking of the integration for human inclusion index (IIHI) has had some variations. The departments with the lowest levels of integration are Huancavelica, Huánuco, and Cajamarca in both years. Lima-Callao are always at the top, followed by Ica, Lambayeque, and Arequipa, which are among the top five departments. Moreover, the departments of Puno, Apurímac, Madre de Dios, and Loreto have improved their position in the IIHI ranking, whereas the position of Amazonas, Junín, and Cusco has declined. The rest of the departments remain in the same position or close to the one they had before.

 

1. In Peru there is a significant dispersion in the IHII, because there is a difference of 1 to 3 between the department with the lowest level of integration (Huancavelica) and the one with the highest level of integration (Lima-Callao), this degree of dispersion being considerably higher than the one observed in the human development index. The Huancavelicanos are much less integrated than Limeños. This is a different way of approaching the issue of distribution using a multidimensional indicator rather than only the indicator of individual income or GDP per capita, as official agencies often do. The opportunities for human development are quite unequal and therefore the possibilities for social inclusion are also unequal.

2. The physical integration index has evolved more slowly than the economic integration index between 2000 and 2007, probably due to the greater relative economic growth the country registered in this period as well as to the slower pace of growth of public investment in infrastructure. Nonetheless, inequality would have decreased, since the physical integration index went from 1 to 3 in 2000 to 1 to 2.5 in 2007. This is undoubtedly an important step forward, since this reflects an improvement of social mobility in its various manifestations.

 

3. Economic integration has improved in absolute terms, but also in relative terms, as reflected in the fact that the difference of 1 to 6 observed in 2000 between the Department with the lowest economic integration (Huancavelica) and the Department with the highest level (Lima-Callao) has dropped to a difference of 1 to 5 in 2007. Despite the advance, this result confirms that the biggest integration problem is in the economic sphere. The most important aspect is that labor markets are weak, especially in provinces and in rural areas. It is worth pointing out that while the rate of salaried working population was 52.7%[7] in Lima, in Puno it was only 21.3%. This is the most important particular index and it shows a general low integration to the labor market in almost every department. Except for Lima and Ica, no other department reaches an integration level of 50%.

 

4. In terms of economic integration, despite the country’s financial progress nationwide, the credit market shows the greater inequality between departments. Lima-Callao and the more urban departments have had a much more rapid progress in this area, while the more rural departments have advanced relatively less. Even though the depth of the banking sector has improved, it is still low. As we can see, two departments (Huancavelica and Pasco) are below 5%, while Lima-Callao is close to 80%. This suggests that the economic foundations and financial penetration are still very weak in several departments, which still prevents the expansion of credit coverage.

 

5. The State integration index ranges between 1 and 2.5 for year 2007. Because of its definition, this index does not tend to register the maximum value of 100%, but it does indicate that the presence of the State in Peru is not very high if the indicators are disaggregated. The rate of registered taxpayers, which ranges between 4% (Huancavelica) and 24% (Lima-Callao), shows a country with high rates of informality and with very low incomes that prevent that some people be classified as taxpayers[8].  However, redistributive efforts are observed on the side of expenditure, which is still very low relative to each department’s GDP, as departments with the lower rates of human development are allocated higher Government spending than the national average and higher than the one allocated to the departments considered to be “rich” (Lima-Callao, Arequipa, Lambayeque, and Ica). It is thus evident that the State has neither the size nor the quality required to promote inclusion in a more redistributive manner. With these characteristics –little tax formalization and a low level of public expenditure–, the State’s capacity of integration is limited. However, it is almost the only institution that can act as an equalizer of opportunities.

 

We can start verifying if our hypothesis on the relationship between integration and human development is valid or not by correlating the various indices of human development in a matrix.

 

In table 3 we can see that: 1. the integration index for human inclusion (IIHI) is first influenced by economic integration, then by physical integration, and to a rather lesser extent, by State integration. 2. The human development index (HDI) is correlated with the IIHI, which initially confirms our hypothesis, especially because the R² have a similar behavior in the two years of analysis. 3. The index of State integration has lower R² with both the index of economic integration and with the index of physical integration, which suggests that the role of the State in different Departments does not have a clear trend of complementing or substituting other factors required for greater social integration. This index has even a low R² value with the HDI, which confirms that the State contributes relatively less to generate integration conditions for social inclusion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In order to verify the hypothesis more accurately, we carried out some ordinary least square regressions between the HDI and the IIHI (see Figure 2) and found out that there is a positive correlation between both indices, even though this correlation was a little bit higher in year 2000, probably due to the same reasons discussed above. However, although the slope of the curve is positive, in line with the hypothesis, it is not as high as it should be in order that integration means generate greater human development. Even more, the slope has decreased slightly between 2000 and 2007.

 

Even though these results confirm the hypothesis, the dispersion of both indices indicates a very marked inequality between departments, as well as disparities between the indices of economic, physical, and State integration already mentioned above. This result suggests that great efforts are required to be made to advance towards the equalization of opportunities through the development of integration factors.

 

Moreover, many of the Departments are located in the lower part of the function, while Lima-Callao are away from the rest, which provides an additional evidence of existing centralism, based on factors of integration for human development. Finally, even though the slope is positive, its low coefficient suggests that the challenge in the future is that integration factors must grow at a faster pace to generate better opportunities for inclusion. The subject of the trends leading towards the convergence of the IIHI should be approached by other studies in the future.

 

 

 

 

CONCLUSIONS

 

Social inclusion may be defined in multiple ways. We define it as the set of social linkages that allows people to aspire to and to live the type of life they value and which, at the same time, allows them to be valued in their local, regional, or national communities. Social inclusion is being part of an environment that allows individuals to exercise their capabilities and rights as persons as well as the possibility of developing functionings within the frame of the rules established in their own society. Social inclusion is an end in itself, but it cannot occur unless there is a series of means of physical, economic, social, political, and cultural integration; that is, unless there is a multi-dimensional integration.

 

That is why we make a distinction between integration and inclusion. The former is the set of means that allows people to live carrying out their everyday activities; integration factors are hence instrumental means. But, social inclusion is the aim of integration, because what people manage to be and do depends on the social relationships and bonds they establish according to their own appraisals of what gives them a sense of completeness in terms of social life. The relationships and bonds that people establish are key points since, in the perspective of human development, an individual’s use of his or her capabilities and rights is based on his or her decision and choice, which means that even if we have the same factors of integration, the outcomes in terms of social inclusion and human development are different for every person.

 

We have also discussed that it is necessary to distinguish between the state of being included and the inclusion process, which is a very useful distinction not only from the academic point of view, but also and especially from a practical point of view. The state of inclusion is the point or degree the process of inclusion has reached through the use of integration means at a specific period of time; it is something we can assess. It is a process because social inclusion depends on the life cycle of people, which causes people’s desires and needs to change and evolve, and also because society itself evolves, changing the context for inclusion.

 

Needless to say, social inclusion cannot be measured directly, but integration means can be measured. It is quite likely that each person has an idea of the degree of inclusion he or she has in his or her society and that such perception varies from person to person. Thus, measuring social inclusion, that is, measuring the degree of inclusion of an entire community is not possible due to the variability of qualitative and often subjective aspects. But what we can have is a fairly acceptable measurement of integration means. Our thesis in this regard is that the probability of reaching an adequate level of social inclusion is highly dependent on the means of integration.

 

For this purpose, we have distinguished five types of integration[9] that people must attain to achieve social inclusion: spatial integration, economic integration, State integration, political integration, and cultural integration, which are expressed at the local, regional, and national levels, and therefore can be supplied by different agents: business, the State, associations, communities, non-governmental organizations, etc. It is clear that the various forms of integration occur simultaneously and, in some cases, in a coordinated manner. That is why inclusion is multi-dimensional. The more developed and organized a society is, the more complete and more coordinated integration factors are.

 

Because of the lack of information, in the empirical part of this study we carried out an exploratory research focusing only on three of the integration factors: physical integration, economic integration, and State integration. Our results can therefore be improved. Defining the 24 Departments of Peru as territorial spaces of integration and using data for years 2000 and 2007, we found that there is indeed a high correlation between the integration for human inclusion index (IHII) and the human development index (HDI) in both years. In other words, that the means that permit physical, economic, and State integration favor human development and, most likely, social inclusion as well.

 

We also found that, in relative terms, economic integration –participation in the labor market and the credit market– is the factor that contributes the most to inclusion, followed by physical integration –paved roads, connection to the electricity grid, and fixed telephone connection–, and that the factor of State integration stands considerably behind in terms of the criteria selected.

 

Our findings also show that Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, and Amazonas are the Departments that register the lower levels in the IHII index and consequently the lower HDI levels, while Lima-Callao is the Department with the highest IDH and IHII levels. The other Departments are grouped below, which would be confirming the centralization of social inclusion; that is, that the probabilities of a better inclusion are higher in Lima-Callao or in other large coastal cities.

 

A result that emerges from the empirical analysis is that the different indicators selected show the status of each Department and that all of this information may be used together as the basis to establish integration goals to improve social inclusion. Moreover, it is also possible to collect information at the province and district levels, which would allow us to pin down the information we have at the Department level. As we have pointed out above, the information at the level of Departments conceals the differences between the urban and rural areas and between the sizes of cities. This task is particularly important to improve the presence and action of the State, which, as we have seen, requires to be improved.

 

Finally, there are two methodological issues that arise from this study and require future work. First, the possibility of improving the quality of indices, increasing the number of indicators on integration and, above all, the elaboration of a theory suitable to integration factors and to the correlations of these factors. Second, because the IHII index is a multi-dimensional index, another issue that arises is the weight that each of the integration factors should have. Our assumption that all the factors have equal weights is obviously a way of recognizing our ignorance about which of these factors play a more significant role in promoting human development and social inclusion. Further empirical and theoretical reflection is required in this area as well.

 

Lima, october 2013

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

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Gonzales de Olarte, Efraín (2009). “¿Es posible medir el desarrollo humano? En Ruiz-Bravo et al (compiladores): Desarrollo humano y libertades. Una aproximación interdisciplinaria. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, pp.239-269.

 

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LA DESIGUALDAD DE LA POBREZA Y DEL SUB EMPLEO

Efraín Gonzales de Olarte*

Bajar la pobreza en un país con alta desigualdad no es fácil, por ello es necesario reconocer que la reducción promedio de la pobreza el 2013 es una buena noticia, pero que ocho regiones no la hayan reducido o  hayan aumentado es una mala noticia. Las preguntas cruciales son: ¿por qué no todas las regiones bajan su pobreza de manera convergente? es decir, ¿por qué Cajamarca tiene 52.9% de pobreza monetaria, mientras que Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica y Madre de Dios están por debajo de 10%? ¿qué clase de economía de mercado tenemos que no logra igualar resultados económicos? ¿a lo mejor es el modelo económico y la geografía que inhiben la reducción igualitaria de la pobreza? o ¿por qué los esfuerzos del Estado son insuficientes para tal fin? Son preguntas que no tienen hasta ahora respuesta.

En mi opinión, la forma más efectiva de reducir la pobreza es generando “empleo decente”, definido por la Organización Internacional del Trabajo como aquel trabajo formal, adecuadamente remunerado y con buenas condiciones laborales. Por ello, que la mejor forma de disminuir la pobreza es reduciendo la tasa de subempleo, la cual es definida como el porcentaje de trabajadores que trabajan menos de 30 horas a la semana no alcanzan el sueldo mínimo vital o trabajan más de 40 horas y reciben menores ingresos al referencial de 711 soles.

En el Perú el 48% de los trabajadores están subempleados en promedio, sin embargo la mayor tasa de subempleo la tiene Huánuco con 68%, Puno 61% y Apurimac 60%, y tienen las menores tasas: Lima 34%, Callao 36% y Tacna 38%. Nuevamente, estamos frente a un problema de desigualdad, que tiene que ver con la capacidad de absorción que tienen los mercados de trabajo  por regiones, es decir de las robustez de las economías regionales.

La ventaja de atacar el problema de la pobreza a través de la reducción del sub empleo y de la generación de empleo decente  es que  nos concentramos en tres puntos importantes: 1. Relacionamos la producción con el empleo, es decir nos preocupamos de conectar los sueldos y salarios con la productividad, lo que  hace de la reducción de la pobreza el efecto directo del crecimiento del centro de trabajo o del sector productivo, en cada región. 2. Dejamos de esperar que el crecimiento macroeconómico resuelva el problema de la pobreza promedio y comenzamos a priorizar el crecimiento regional y a revalorizar las políticas sectoriales capaces de generar mayor producción, productividad y empleo decente en cada región. 3. Dado que la mayor pobreza está en el campo, sobre todo en las zonas rurales de sierra y selva, es absolutamente necesario incorporar a los productores y trabajadores del ámbito rural en las políticas sectoriales. Ahora se los incorpora básicamente a través de las políticas sociales, lo cual es insuficiente, pasajero  y no resuelve el problema del punto 1.

Una de las principales causas de la desigualdad en la reducción de la pobreza a nivel regional es la poca conexión económica que hay entre  las ciudades y su entorno rural. El crecimiento de las ciudades es casi independiente de las economías rurales, lo que significa que el desarrollo de los mercados regionales de bienes, de trabajo y de crédito es insuficiente, por lo que la pobreza rural no disminuye con el crecimiento de las ciudades de cada región y tenemos –y seguiremos teniendo- los resultados que comentamos si no cambiamos de enfoque.

El modelo económico peruano ha llegado a un punto en el que la pobreza no va seguir disminuyendo si se espera que el crecimiento macroeconómico resuelva el problema. Es imprescindible pasar a otra etapa del modelo, en la que se dé mayor prioridad a las políticas sectoriales-regionales, para promover la inversión en las regiones con dos criterios: 1. Apoyar aquellas inversiones en sectores que transformen la producción rural, lo que ciertamente desarrollará los mercados de trabajo regionales. 2. Para esto es imprescindible la asociación del capital privado con el estado, sobre la base de planes de inversión, con la activa participación de los gobiernos regionales y locales.

Es obvio que para que esto suceda se requiere que el Ministerio de la Producción pase a ser el más importante, como lo fue el Ministerio de Industria en el milagro japonés, y que el Ministerio de Economía sea sólo el guardián de la sanidad macroeconómica y apoye decididamente al primero. La segunda condición es que  los gobiernos regionales deben coordinar la promoción y el seguimiento de la política de inversión regional con el Ministerio de la Producción.   Si todo esto sucede la creación de “empleo decente” será un resultado efectivo y, en consecuencia, la pobreza disminuirá de manera estable.

*Profesor  Principal del Departamento de Economía de la PUCP. Artículo publicado en La República del 13 de mayo 2014

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CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO HUMANO

Efraín Gonzales de Olarte

 

El capital humano es considerado como el cuarto factor de desarrollo, al lado de los recursos naturales, el capital físico y la fuerza de trabajo. La idea es que el capital humano es el conjunto de capacidades y talentos productivos de los trabajadores acumulados durante su vida, gracias al cual el crecimiento puede ser mayor o menor dependiendo de su calidad. Por otro lado, el desarrollo humano es el proceso de expansión de las capacidades y desempeños de las personas, con los cuales pueden ser y hacer lo que aspiran.

El asunto es que el concepto de capital humano “cosifica” a las personas, pues se las considera un “stock” de calificaciones, talentos y conocimientos capaz de comprarse casi como se compra  una máquina. En el desarrollo humano el adquirir distintas competencias o conocimientos es parte del enriquecimiento de la persona, independientemente de que las use para provecho propio o para beneficio de un empleador.

Desde la perspectiva de las políticas de desarrollo ambas concepciones pueden converger en que es muy importante mejorar los niveles educativos pues mejoran la calidad de las personas. Pero difieren en la utilidad de estas calificaciones, para la corriente neoclásica personas educadas y bien calificadas son “factor” de desarrollo, es decir algo que se puede echar mano cuando se necesita, con un pago que depende no sólo de la calificación sino de la oferta y demanda de trabajo. Para el desarrollo humano la mayor calificación es un fin casi en sí mismo, pues le permite a la persona tener mejores capacidades en primer lugar para su propia superación y, segundo, le permite poder escoger uno u otro trabajo, no sólo en función del salario sino también en función de que el trabajo le permita desarrollarse aún más, casi independientemente de lo que le pida la empresa. La actividad laboral es una realización o desempeño en si misma.

Por ello, estos dos enfoques, pareciendo complementarios, en realidad son antitéticos en la medida que para uno las mejores capacidades humanas o mayor capital humano es un medio para producir más o para aumentar la productividad de la empresa o institución que lo contrata, mientras que para el otro enfoque tener mayores capacidades es un fin que le permite a la personas trabajar en lo que quiera y cuanto mayor calificación su libertad de escoger donde trabajar y en qué condiciones será también mayor.

Por ello, el desarrollo de un país interpretado desde la perspectiva del capital humano se medirá en la mayor producción, ingresos, productividades y competitividad, es decir, se medirá por los resultados materiales finales. Pero desde la perspectiva del desarrollo humano se medirá por la mejora de las personas.

 

Abril 2014

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SUELDOS Y CARRERA PÚBLICA

Efraín Gonzales de Olarte

 

Los sueldos de un estado moderno deben responder a un organigrama, a una estructura burocrática y a una carrera pública.

Una de las paradojas del crecimiento peruano es que se ha dado con un estado que no se ha reformado en paralelo con los cambios estructurales del sector privado. Han faltado varias reformas de tercera generación, entre ellas la reforma del estado, para convertirlo en un estado del siglo XXI regulador y promotor del desarrollo humano.

La reforma del estado no sólo debe redefinir sus roles, su organización y niveles de gobierno, sino también la estructura burocrática que lo haga funcionar con eficacia  cumpliendo sus funciones políticas, económica y sociales. Pero todo esto lo hacen funcionar personas con distintos niveles y variedades de formación, que requieren de  un conjunto de  condiciones y reglas para cumplir sus tareas.

Por ello, uno de los principales ingredientes de esta reforma es establecer una CARRERA PUBLICA, es decir, un sistema que aproveche de las calidades y experiencia de las personas y al mismo tiempo les dé la posibilidad de tener una movilidad ascendente en la administración pública, basada en el principio de a mayor formación profesional, mayores responsabilidades y experiencia mayor sueldo.  Esto haría que el estado sea visto como una alternativa de progreso en la vida, tal como sucede en el sector privado.

En consecuencia, la fijación de sueldos tiene sentido dentro de la carrera pública, en la que se ha establecido un escalafón y los puestos hacen parte de un organigrama estatal, en el cual cada puesto tiene definido sus funciones, sus requisitos y su sueldo. Esto haría del estado una institución atractiva para trabajar y para progresar. Esto no está sucediendo con el estado peruano, que tiene un gran desorden.

Por ejemplo,  una forma de ordenar este tema es que el sueldo mensual del presidente sea de 10 UITs, el de los vocales, ministros, congresistas 8 UITs, el siguiente escalón 7, técnicos 6 y así hasta establecer que el sueldo mínimo para entrar en la burocracia sea una o media UIT. Es decir, es necesario una carrera pública ordenada con sueldos previsibles, que además se ajustarían al variar la UIT y no por una decisión del gobernante de turno. Esto permitiría además que los cargos políticos tengan asignados sueldos respondiendo al organigrama de los niveles de gobierno y de los otros poderes del estado.

* Publicado en D1 Suplemento de El Comercio, lunes 17 de febrero 2014

 

 

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NECESITAMOS UNA POLITICA UNIVERSITARIA

Efraín Gonzales de Olarte

 

La universidad peruana requiere de una política de educación superior para el desarrollo nacional y humano, antes que una ley ordenadora. 

Es probable que el debate sobre la ley universitaria se entrampe debido al conjunto de opiniones discrepantes y a intereses diversos, tanto en las universidades públicas como en las universidades empresariales.  Frente a esta eventualidad sería mejor ir por otro camino: establecer una “política universitaria para el desarrollo nacional” (PUPDN).

Para ello hay que comenzar por reconocer que en el Perú existen universidades de tres tipos. 1. Las universidades stricto senso, que enseñan, investigan y tienen responsabilidad social. 2. Las universidades en transición que enseñan decentemente, pero investigan poco o nada. 3. Las universidades anodinas, que enseñan por debajo de los estándares mínimos, son más bien centros de desocupación disfrazada. La PUPDN debería tener dos planos: el primero es cómo hacer para que todas las universidades tengan como meta estar en la primera categoría. Segundo, cómo hacer para que las universidades de la primera categoría lleguen a ser de nivel internacional. En el largo plazo ambas metas deberían coincidir.

Es el Estado quien debe asumir un rol de apoyo y orientación para que las universidades alcancen estas metas. Por un lado, se requiere de un proceso de acreditación permanente, con dos instrumentos paralelos: por un lado un sistema de acreditación supervisado internacionalmente, por otro, mayor presupuesto de inversión para las universidades públicas y un sistema de crédito de largo plazo para las universidades privadas, además de un plan estratégico con metas y plazos bien establecidos. Además, es necesario establecer un fondo concursable público/privado para que las mejores universidades (públicas y privadas) financien sus planes de desarrollo y se acrediten internacionalmente.

Es obvio, que una política de esta naturaleza si podría ser llevada a cabo por el Ministerio de Educación, como ente coordinador y promotor, quizás acompañado de un consejo consultivo en el que estén representados el Estado peruano, los sectores empresariales y la sociedad civil. La idea es que sea una política nacional con una meta clara: hacer de las universidades instrumentos del desarrollo.

El elemento fundamental para este propósito es un gobierno con una visión clara sobre el papel de la universidad peruana en el desarrollo. La ley en debate, está lejos de esta posibilidad.

 

*Publicado en el Suplemento D1 de “El Comercio” lunes 20 de enero 2014

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SISTEMA EDUCATIVO Y DESARROLLO

Efraín Gonzales de Olarte

 

El Perú tiene un sistema educativo desarticulado, que no permite pasar a una nueva etapa de crecimiento, basada en el factor humano.

 

El modelo primario-exportador actual ha dado al Perú una senda de crecimiento estable, que depende mucho de la cantidad y calidad de los recursos naturales y del crecimiento de otros países que nos compran nuestros comodities. Esta es una historia con final conocido: una fuerte crisis externa nos hará retroceder buena parte de lo avanzado. Este es un modelo que no depende de  nuestras propias fuerzas y que es independiente de su sistema educativo.

La mayor parte de países desarrollados han avanzado porque sus sistemas educativos han sido la base de su progreso, es decir han suministrado dos factores indispensables: profesionales bien calificados y conocimiento científico y tecnológico aplicados a la producción. Para llegar a ello, se requiere que el sistema educativo: (primaria-secundaria-técnica-universitaria) esté articulado y tenga estándares de calidad más o menos homogéneos.

En el Perú, nuestros alumnos de primaria no pasan masivamente las pruebas PISA, los de secundaria apenas pasan un examen de ingreso a la universidad y nuestros egresados universitarios tienen calidades muy dispares, tanto así que los egresados de la mayor parte de universidades no pasan estándares internacionales. Con esta educación es difícil pasar a una etapa de crecimiento cuyo factor dinámico sean las personas calificadas y no los recursos naturales.

Por ello, es necesario reconocer que: 1. Tenemos un sistema educativo desarticulado y segmentado. 2. Que no hay política educativa más allá de mejorar la calidad de lo existente. 3. Que no se le da a la universidad el rol de ser la locomotora del sistema educativo, la nueva ley universitaria está lejos de plantear algo así. Es sobre estos tres temas que hay que trabajar una propuesta de un sistema educativo para el desarrollo.

Si al finalizar la secundaria los estudiantes pasaran una prueba nacional de conocimientos y aptitudes, y a los 5mil mejores el Estado les otorgara la Beca 18, con  derecho a escoger en qué universidad estudiar. Esto obligaría a mejorar la calidad de los colegios públicos y privados, pues la competencia sería por quienes hacen pasar la prueba  a más alumnos y las universidades competirían por quien ofrece la mejor formación para atraer alumnos. Este sería un sistema educativo articulado.

Publicado en el Suplemento D1 El Comercio del 23-12-2013

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