¿Cuánto hace el estado para promover o facilitar el desarrollo humano? es el tema sobre el cual trata el último Informe del Desarrollo Humano en el Perú, publicado por el PNUD recientemente. Lo más novedoso es el enfoque conceptual sobre desarrollo y sobre el papel del Estado, además de proponer, por primera vez a nivel internacional, un Índice de la Densidad del Estado como indicador de su eficacia para promover el desarrollo humano.

El índice de desarrollo humano (IDH) de la provincia de Lima (0.684) es el más alto del Perú, mientras que la provincia de Paucartambo (Cusco) es el más bajo (0.481). La diferencia entre ambas provincias es similar a la que existe entre un país europeo promedio y un país africano, es decir brechas de 40 a 50 años de desarrollo humano. La desigualdad de las oportunidades que tienen las personas para desarrollarse en su propia provincia es uno de los problemas que no hemos logrado resolver hasta ahora en el Perú.
Frente a tamañas desigualdades es el rol del Estado paliar, sino resolver, las desigualdades de oportunidades. Sin embargo, en el caso peruano se observa que el Estado tampoco ha logrado igualar acceso a servicios aún los más básicos. Así el índice de densidad del estado (IDE) estimado por el PNUD, muestra que la provincia de Arequipa tiene un IDE de 0.916, mientras que la provincia de Condorcanqui (Amazonas) tiene apenas un IDE de 0.304, es decir la presencia y eficacia del Estado peruano tiene desigualdades parecidas a las existentes entre estados europeos medios y estados africanos muy débiles.
Esta diferencia es tanto más grave si tomamos en cuenta que en la estimación del IDE, sólo se consideró 5 indicadores básicos para el desarrollo humano: el derecho a la identidad (DNI), el logro de un buen desempeño educativo, el acceso a un servicio de salud adecuado, tener agua y desagüe dentro de la casa y conexión eléctrica a domicilio.
Es obvio que el desarrollo humano concebido como el proceso de ampliación de las capacidades y oportunidades para que las personas progresen en libertad, que es el enfoque del informe, requiere de un Estado con mayor presencia territorial y con mayor calidad para ofrecer los servicios básicos que las personas tienen derecho.