La igualdad de oportunidades es una de las metas del desarrollo humano. En el Perú existe, desde hace mucho tiempo, desigualdades socio-económicas, siendo las más conocidas la desigualdad de ingresos y de riqueza, sobre las cuales hay estudios e indicadores cuantitativos, pero no existen indicadores sobre la desigualdad de oportunidades. En realidad el enfoque convencional dice que si las personas tienen riquezas sus oportunidades de desarrollo son altas, en consecuencia la oportunidad se define por lo que tiene cada persona y no por lo que le ofrece la sociedad. El gobierno tiene la idea que el desarrollo se debe basar sobre lo que tienen o pueden tener las personas, por ello insiste en el tema del perro del hortelano, que impide a otro lo que no puede tener o utilizar una persona. En el fondo, el problema de Bagua proviene de la incapacidad de la sociedad y del Estado de generar oportunidades iguales para todos y lleva al extremo la posibilidad de quitar los “teneres” de los recursos naturales para darselos a quienes podrían explotarlos, en lugar de promover que los pobladores nativos puedan utilizar estas riquezas en su favor, de acuerdo a su buen saber y entender. Creo que nadie estaría en contra de que los recursos del bosque amazónico sean explotados racionalmente por otros, si los nativos tuvieran acceso a oportunidades de trabajo bien pagado, a servicios básicos adecuados o una educación de calidad o asociarse con empresas privadas, el problema es que el Estado no les ofrece mucho. El asunto es que mientras no hayan posibilidades creibles de desarrollo, la sensación de atropello es muy grande, peor aún cuando se hace en nombre de las grandes mayorías del Perú. Pero la verdadera democracia es aquella que también se ocupa de las minorias.
Es muy probable que haya intereses en juego, de los nativos, del gobierno, de empresas, de los burocrátas y que la salida de esta situación conflictiva debe y tiene que ser negociada. El tema es que la negociación depende de la capacidad y poder de cada sector para imponer o proponer a los otros sus intereses, es aquí donde el Estado se debe convertir en un árbitro justo y no uno parcializado. Frente a este desnivel, los menos favorecidos se “empoderan” a través de acciones de fuerza, en la que incluso ponen en juego su salud y su vida, y se enfrentan curiosamente al Estado quien debería ser no sólo árbitro sino un equilibrador de oportunidades. El gobierno, creo que se debe corregir y cambiar su rol, si desean resolver la crisis inmediata, pero sobre todo si desean evitar conflictos futuros debe promover desarrollo para generar las oportunidades que hoy no existen o son muy escasas en la selva, en la ceja de selva y en la sierra rural.
Existen varios estudios que señalan que el sólo crecimiento económico e inversión no genera mayor equidad, por ello nada garantiza que concesiones e inversiones en la selva genere mayores oportunidades para sus habitantes, si ellos no participan directa o indirectemente en su propio desarrollo.
Lima, 12 de junio 2009
