Mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 02456-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional (TC), señala que si una trabajadora embarazada alega que su despido fue nulo, previamente debe analizarse si alcanzó la protección contra el despido arbitrario, es decir, si superó el periodo de prueba. Asimismo, indica que si hubiera una ampliación convencional del periodo de prueba, y si esta extensión no se cuestiona ni se acredita que resultó fraudulenta, el despido practicado dentro de este periodo no resulta inválido. Esta regla aplica incluso para los casos en que se ha ampliado el periodo de prueba.

Al respecto, el colegiado constitucional, luego de haber citado el supuesto de nulidad de despido previsto en el inciso e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (DS. Nº 003-97-TR, LPCL), consideró necesario, previamente, determinar si la actora superó el periodo de prueba pactado, y si, por ende, alcanzó la protección contra el despido arbitrario, pues obviamente carecería de sentido analizar si se produjo el alegado despido si antes la trabajadora no tenía protección contra el despido arbitrario.

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Puede ocurrir que un administrador o gerente de una empresa, a través de la celebración de contratos de trabajo, perjudique a dicha empresa, por diversas razones. La pregunta es: ¿cómo se resuelven estas relaciones laborales fraudulentas? Veamos algunos casos.

Un primer supuesto es el de un gerente que contrata a sus parientes o personas allegadas, sin que realmente realicen un trabajo efectivo, pero figuran en planilla, se pagan sus aportes previsionales y el dinero sale de las cuentas de la empresa. El nepotismo no está sancionado en el ámbito civil (a diferencia del Estado), a menos que el estatuto o reglamento de la empresa lo haya previsto. Aun así, formalmente esos contratos de trabajo existen, por lo que se deben resolver adecuadamente. Si las personas contratadas no han participado del fraude, probablemente sea sencillo hacerles firmar una transacción dejando todo sin efecto, pero si han tenido conocimiento y se han prestado para que el gerente saque provecho indebido de esta figura, el problema es más complicado, ya que habrá que seguir el procedimiento de despido (preaviso, plazo para descargos, despido), a fin de evitar que luego cuestionen el cese y la empresa termine pagando multas o indemnizaciones innecesarias.

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En el Perú, las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, reza el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. A partir de ello, el Tribunal Constitucional ha ejercido dicha facultad de manera constante habiendo publicado a la fecha 45 precedentes, (con la salvedad que puedan ser más o menos según se mire) que versan sobre diferentes temas: Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, Laboral, Previsional, Administrativo, Parlamentario, Procesal Civil, Arbitraje y Derechos Fundamentales.

Sin perjuicio de que podamos estar de acuerdo o no con el sentido de los precedentes adoptados por el Tribunal Constitucional (1), es evidente que estamos ante una institución importante.

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La Casación Nº 3583-2009-Lima publicada en el diario oficial El Peruano sentó un precedente vinculante de observancia obligatoria.

Tal precedente establece que es insuficiente la naturaleza previsional de un crédito para los efectos de su pago inmediato por lo que, en virtud al deber de verificación, ante una duda o controversia sobre la existencia de los créditos, se deberá investigar sobre la existencia, origen y legitimidad de los mismos. En tal sentido, no cabe el uso de sumas presuntas al interior de un procedimiento concursal.

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La Corte Suprema en la Cas. 3870-2010 La Libertad se pronunció respecto a la naturaleza y al principio de suplencia de oficio del proceso contencioso administrativo señalando que ambos deben ser observados de manera correcta a fin de favorecer el cumplimiento efectivo de la función revisora de la actuación administrativa.

El proceso, materia del recurso de casación, se inició con motivo de la demanda de una avícola a través de la cual pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de una resolución ejecutiva regional que, a su vez, declara la nulidad de oficio de otra resolución que permitía la ejecución y realización de un acto administrativo.

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