La ministra española de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se reunió ayer martes con los responsables de las distintas instituciones que luchan en España contra la violencia de género para estudiar nuevas medidas que ayuden a combatir esta lacra.
Este mes de diciembre está siendo particularmente negativo en lo que se refiere a la violencia de género en España. Al menos 6 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas en el último mes del año, cifra que podría aumentar dado que hay una mujer desaparecida que podría haber sido asesinada por su ex pareja. En total, teniendo en cuenta el baile de cifras entre unas instituciones y otras, entre 71 y 76 mujeres han muerto en el 2010 a causa de la violencia de género.
La cifra es muy superior a la que se dio en el 2009, y por esta razón, la ministra española de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, convocó para este martes una reunión de urgencia a la que acudieron los secretarios de Estado de Igualdad, Bibiana Aído; Seguridad, Antonio Camacho; el delegado del gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente; la fiscal Soledad Cazorla, y la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán.
Después de la reunión, la ministra mostró su compromiso a estudiar caso por caso cada muerte que se produzca por violencia de género, y anunció su disposición a debatir sobre esta situación con las portavoces parlamentarias de la Comisión de Igualdad y con representantes de las organizaciones de mujeres.
Ley Integral contra la Violencia de Género
En diciembre del 2004, entró en vigor en España la Ley Integral contra la Violencia de Género. Tras los sucesos de estos días, han surgido voces críticas contra la ley, pero también sus defensores se han dejado escuchar.
Según Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, con sede en Madrid, no es correcto hablar de un repunte del número de víctimas por el hecho de que este año hayan muerto más mujeres que el año anterior, puesto que la cifra es similar a la de los otros años. Quizá, dice Besteiro, el error fue caer en el optimismo al ver que la cifra se reducía en el 2009. En cualquier caso, Yolanda Besteiro considera que el número de mujeres muertas no sirve para medir el éxito de la ley, por cuanto tiene 6 años de vigencia mientras que el paradigma patriarcal en el que se enmarca la violencia de género tiene siglos de existencia.
“Esa mentalidad no se consigue cambiar en 6 años, todavía hay mucho que trabajar y muchas iniciativas que adoptar”, dice.
Formación de los jueces
Por su parte, el grupo de trabajo que se reunió el martes en Madrid, liderado por la ministra Pajín, estuvo de acuerdo en afirmar que la ley contra la violencia de género “es un gran instrumento” contra el maltrato. Aún reconociendo su valor, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reconocen que queda trabajo por hacer. Yolanda Besteiro hace hincapié en la preocupación que existe en relación con la aplicación de la ley.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas dice que se echa en falta que tanto jueces como fiscales, abogados, psicólogos o forenses conozcan de forma más profunda qué es la violencia de género y cómo operan los maltratadores. Quienes tienen que aplicar la ley deben valorar el riesgo que corren las mujeres que denuncian y las dificultades que enfrentan para hacerlo, para poder dictaminar la orden de protección. Besteiro cita el último caso de violencia de género, en el que la víctima, una joven de 24 años, había denunciado a su pareja por amenazas. El caso fue sobreseído, el acusado fue absuelto y a continuación mató a la joven.
Besteiro opina que falta desarrollar y aplicar una serie de medidas, sobre todo las relacionadas con la educación, la formación en igualdad y resolución pacífica de conflictos, así como la formación de los educadores.
Órdenes de protección
De las mujeres que han muerto este año a mano de sus parejas o ex parejas, la gran mayoría no había presentado una denuncia. Únicamente dos de cada diez víctimas lo habían hecho, y cerca del 70% de las víctimas convivía con su maltratador. Estos datos revelan que todavía muchas víctimas de malos tratos no se atreven a denunciar, por miedo o por no tener la confianza necesaria.
“Este temor a denunciar lo achacamos a una cierta campaña que se ha desarrollado en España desde algunos sectores que se resisten al desarrollo y aplicación de la ley”, señala Yolanda Besteiro. En algunos foros ha cundido la idea de que, tras la aprobación de la ley, han proliferado las denuncias falsas por parte de mujeres que tendrían la intención de obtener una ventaja patrimonial o la custodia de los hijos. “No hay ningún dato objetivo que avale este hecho”, asevera Besteiro, quien además alerta sobre el doble efecto que tiene esta teoría. Por un lado, la mujer se siente desamparada y su autoestima cae, por lo que es más reacia a denunciar. Por otro, desde el punto de vista de quienes tienen que aplicar la ley, si cala este mensaje, no se las cree, que es lo que ha pasado con el citado caso de la joven de Ciudad Real. “En los delitos de violencia de género se pasa de 0 a 100, de una amenaza se puede pasar a una agresión mortal”, advierte Besteiro, por lo que pide que los representantes del sistema judicial valoren correctamente el riesgo, no absuelvan sin un profundo estudio del caso y que emitan órdenes de alejamiento, una de las medidas más efectivas para evitar que se produzca el desenlace fatal que se produce en muchos casos.
(* La entrevistada, Yolanda Besteiro, es presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.)
Fuente: radio Naderland