Se suele decir que la prueba testimonial es la de menor valor dentro de un proceso judicial. Sin embargo, si de pruebas hablamos hay evidencias científicas más que suficientes que corroboran los efectos negativos para la salud de los agrotóxicos.

Recientemente se ha llevado a cabo la primera audiencia pública en el Congreso argentino sobre la Aplicación de Plaguicidas y sus Consecuencias en la Salud. Legisladores nacionales y provinciales, expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) trataron las consecuencias sanitarias de los agroquímicos. Durante casi tres horas los expertos en la materia demostraron con pruebas irrefutables la grave situación sanitaria de los habitantes de los pueblos fumigados.

Uno de los expositores fue el doctor Andrés Carrasco. Este médico y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires y científico del Conicet confirmó “que la aplicación de agrotóxicos produce en los humanos alteraciones en el sistema endocrino y con tumores melomelingocelos que afectan la capacidad para pararse, orinar por sus propios medios y hasta para respirar”.

Cristina Arnulphi es doctora en Física por la Universidad Nacional de Córdoba, Investigadora del Instituto Superior de Estudios Ambientales del mismo centro académico e integra el colectivo Paren de Fumigar de la provincia de Córdoba. Este Colectivo, que comprende científicos de todo el país, denuncia en Un Mundo Mejor los problemas sanitarios, sociales, económicos y culturales “ante el silenciamiento del gobierno”.
Respuesta al reclamo popular
Arnulphi precisó que, frente a esa necesidad, la “Universidad hizo propio el reclamo popular” y, para darle notoriedad y respaldo a las demandas de los pobladores afectados, la Facultad de Medicina convocó en Córdobal al I Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados los días 27 y 28 de agosto de este año. La doctora Arnulphi nos explicó que “este modelo de los agronegocios se instaura en la Argentina, en la década del noventa durante el gobierno del entonces presidente Carlos Menem y de allí se irradia hacia otras zonas de América latina”. Para dar una idea de la expansión de estos plaguicidas, la socióloga y especialista en temas rurales, Norma Giarracca, recordó en el Congreso que “en 1948 se utilizaban 10 mil litros de herbicida y en la década del 60 se empleaban en Argentina tres millones de litros. En 2009 la cantidad de glifosato que se usa es de 200 millones de litros, sin contar los demás agrotóxicos que se siguen empleando”.

Esta producción agropecuaria ha repercutido en la relación del hombre con su entorno. Miguel Toro, campesino y líder indígena paraguayo, es uno de los muchos damnificados:
“Nosotros estamos despojados de todo. La invasión de los sojeros es muy fuerte y no hay nadie que la ataje. Respiramos el veneno y tratamos de sobrevivir porque éste es nuestro lugar, nuestra vida, toda nuestra historia está aquí”.

La llamada “provincia sojera” abarca desde la República Argentina, Paraguay, el sur de Brasil, el oriente de Bolivia y algunas regiones de Uruguay. Esta actividad produce ingentes ganancias para algunos sectores económicos y muchas divisas para el Estado. Sin embargo, el costo socioambiental es también muy alto. Para Arnulphi, este sistema de extracción masiva representa “la apropiación del alimento por parte de un grupo de poder, a través de las semillas transgénicas, para instaurar un sistema: Los productores quedan presos de ese modelo de soja y maíz transgénico, algodón, yerba mate, tabaco, porque no sólo tienen que comprar las semillas sino que también requieren para su uso masivo todo un paquete de agrotóxicos”.

Un poco de historia
Si en un primer momento este tipo de cultivo parecía inocuo pronto comienzan a surgir graves problemas de salud. El barrio Ituzaingó en Córdoba, La Leonesa en el Chaco, San Nicolás en Buenos Aires, San Jorge en Santa Fe son claros paradigmas del aumento de casos de cáncer, leucemia, abortos espontáneos y malformaciones, entre otras muchas dolencias. Las poblaciones dan la voz de alarma sobre estos “daños colaterales”. Arnulphi recuerda el dolor de esas voces acalladas, “ninguneadas” y desprestigiadas. De allí nace la necesidad de organizar el I Encuentro de los Médicos de Pueblos Fumigados, con el fin de denunciar esa grave situación de la salud de los pobladores.

Las conclusiones de ese encuentro son claras. Se debe cambiar este modelo de producción agroindustrial. Se exhorta a Senasa, el organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal en Argentina, a modificar la categorización de los agrotóxicos, a restringir los productos de comprobada peligrosidad y a un mayor control del registro y aplicación. Asimismo se demanda la sanción de una ley que prohíba la fumigación aérea y limite la fumigación terrestre dentro de un radio de un kilómetro de las zonas habitadas. Arnulphi precisa que “se trata de 24 millones de hectáreas ocupadas por cultivos transgénicos en donde viven 12 millones de personas” y sentencia que “por la forma en que se está actuando con estos plaguicidas, sin haber medido las consecuencias, estamos en presencia de un genocidio silencioso”.

Responsabilidades
Cabe preguntarse sobre quién recae la responsabilidad de este padecimiento. La dra. Arnulphi responde sin ambages: “Las empresas multinacionales, grupos como Monsanto y los pools de siembra que están presionando sobre el gobierno. Es un monstruo muy grande que excede el poder del propio gobierno nacional”. “Este modelo perverso tiene sus aliados en los tres poderes del Estado: En el Ejecutivo, porque favorece el crecimiento económico gracias a las retenciones que se hacen a la exportación de granos. En el Judicial porque hay fiscales y jueces que benefician directamente a los sembradores de soja y en el Legislativo porque no sanciona leyes a la medida de lo que está reclamando la sociedad”.

Ahora se ha dado un primer paso en el Congreso argentino, aunque resta un largo camino por recorrer a pesar de las pruebas irrefutables. Por ello, ante una realidad semejante si silenciamos este impacto sanitario nos convertimos todos en cómplices.