viernes 9 de abril de 2010
José Mario Zavaleta (especial para ARGENPRESS.info)
Los salvadoreños han regresado a las actividades cotidianas luego de las vacaciones de Semana Santa, y se han encontrado con la agudización de una furibunda campaña promovida por medios de comunicación que se solidarizan con la Prensa Gráfica, que ha sido condenada por la jueza de menores María Isabel Ponce Gallardo a pagar una multa de cerca de 300 dólares, argumentando que con ello se estaría violentando la libertad de prensa.
Todo partió de un hecho de violencia juvenil que desembocó con el apuñalamiento, seguido de la muerte, de parte de un estudiante contra otro de diferentes centros de estudios en pleno centro capitalino. Lo que diferencia de muchos otros casos es que es esta ocasión un fotoperiodista de aquella empresa captó el asesinato. Como era de esperarse la Prensa Gráfica en su edición escrita publicó las fotos en las que se ve claramente el forcejeo de los estudiantes, y al hechor blandiendo un chuchillo en la mano, y posteriormente al estudiante mortalmente herido tendido en el suelo.
A diferencia de lo acostumbrado anteriormente, se publicaron las fotos sin proteger el rostro del atacante a quien el mismo periódico identificó por su nombre completo y de 17 años de edad. La ley del menor infractor en El Salvador prohíbe a los medios de comunicación que mencionen los nombres completos de los detenidos o indiciados por algún delito, media vez sean menores de edad, es decir de menos de 18 años; así mismo están obligados a proteger su rostro, tal como lo han hecho desde que fue decretada la legislación.
Esta vez las cosas fueron distintas, no se sabe si por el mérito de contar con imágenes exclusivas y de posible gran impacto, al final terminaron olvidando la disposición o lo hicieron adrede. De todas maneras el delincuente juvenil fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional Civil, y no se podía alegar que se hizo la publicación para favorecer la identificación del hechor. En fin, un buen sector de académicos y abogados, entre ellos la Asociación de Jueces salvadoreños, han expresado su apoyo a la jueza que primero notificó a la Prensa Gráfica e instruyó la audiencia respectiva. A inicios de esta semana ha dictado sentencia sancionando a la empresa infractora con una multa que deberá cancelar antes de 8 días después de la notificación.
Por su lado, la Prensa Gráfica ha anunciado que apelará la sentencia, mientras recibe el apoyo casi unánime de los diferentes medios afines, algunos noticieros de televisión que también han saturado de notas y comentarios relacionados con la situación del periódico, también de la Asociación Nacional de la Empresa Privada – ANEP- y organismos vinculados con sectores conservadores principalmente que siempre se han jactado por ser respetuosos de las leyes y el estado de derecho. De alguna manera también han involucrado al ciudadano común a quien ante las cámaras se le pregunta que si la decisión de la jueza ha sido injusta, o aprovechando la preocupación por la crisis delincuencial se hace paralelismo entre el asesinato que no se ha resuelto judicialmente aún, y la acción de la jueza contra la segunda empresa periodística salvadoreña que se ha calificado como arbitraria y apresurada.
El miércoles de esta semana se ha pronunciado la Sociedad Interamericana de Prensa en el mismo sentido de los intereses de la Prensa Gráfica, mostrando también su preocupación.
Sin duda alguna grandes intereses se mezclan en esta campaña mediática contra la acción de la justicia en esta ocasión, precisamente en un país donde la impunidad es un factor fundamental en la incidencia de la delincuencia y la ausencia de justicia.
Fuente: Argenpress