Day: 8 julio, 2009

Por Efe
14:28 | 02/28/09

Con tímidas reformas legales, los Gobiernos de América Latina impulsan una nueva cultura de la paternidad responsable, en una región marcada por el machismo y el abandono por parte de muchos hombres de sus obligaciones como padres.

Ecuador, por ejemplo, aprobó hace unos días una ley que se encuentra entre las más progresistas del continente y otorga a los hombres diez días de baja laboral al momento del nacimiento de sus hijos, con lo que busca fortalecer el vínculo paterno filial y la “corresponsabilidad”.

Para el uruguayo Luis Franco, presidente y fundador de la primera asociación de defensa de los padres del continente, “S.O.S. Papá”, este tipo de medidas son “positivas” y se amoldan a la nueva realidad social de la región.

“El viejo esquema era que el hombre aporta el dinero y la mujer cuida de los hijos, pero la mujer trabaja a la par del hombre hace muchos años, y el hombre debe tener las mismas responsabilidades que la mujer en el cuidado de los hijos y el mismo amparo legal”, acotó.

Sin embargo, pese a que estas medidas buscan que los padres se impliquen más en el cuidado y atención del niño, la normativa jurídica y las prácticas sociales aún tienden a considerar a la mujer responsable de los menores, especialmente en caso de divorcio.

Centroamérica es la región donde más difícil tienen los padres para asistir a sus hijos en el momento del nacimiento: El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua no facilitan ningún día libre por paternidad ni tienen previsto hacerlo en un futuro próximo.

Esa situación es compartida por Perú, si bien hubo un intento, que no prosperó, de otorgar estos permisos.

Bolivia tampoco concede permisos a los padres, aunque allí una nueva legislación impide que sean despedido de su trabajo durante el primer año de vida del bebé.

Otra ley aprobada en este país obliga a los hombres a someterse a un test genético de paternidad si una mujer los señala como el padre de un menor, con lo que se espera poner fin al tan común abandono de los hijos en una región donde el porcentaje de familias monoparentales dirigidas por una mujer es muy elevado.

En el polo opuesto se sitúa Cuba, donde el padre puede, si así lo decide con su pareja, atender al niño durante su primer año de vida.

Venezuela otorga 14 días de permiso a los hombres por el nacimiento de cada hijo y garantiza por ley un año entero de inamovilidad laboral, mientras que en Colombia son ocho los días libres.

República Dominicana da un día a los padres, mientras que los argentinos pueden disfrutar de dos días, que, en casos excepcionales como los trabajadores del Ministerio Público, pueden llegar a los 15.

La ley concede a los paraguayos dos días, que se autorizan siempre que se pidan por escrito al patrón.

Costa Rica otorga tres días de asueto a los papás, y pese a que se han planteado varias iniciativas en el Congreso para aumentar este número ninguna ha prosperado, al igual que en Brasil, donde se conceden cinco días libres.

Los uruguayos también pueden gozar de tres días hábiles.

Para los chilenos, el permiso laboral es de seis días, aunque, según datos del Registro civil de ese país, dos de cada tres niños son hijos de madres solteras.

El país sureño se lleva el primer puesto en cuanto a los padres que desatienden a sus hijos, seguido por Costa Rica, donde cerca de la mitad de los casos lo constituyen hijos de madres solteras.

Según datos extraoficiales, aproximadamente el 30 por ciento de los hogares de la región es llevado por un solo padre, que es la mujer en más del 83 por ciento de los casos.

Pese a los tímidos avances para incentivar la participación de los padres en el cuidado de los niños, la legislación sobre separación y divorcio favorece a la mujer a la hora de atender a los hijos y recibir pensiones de alimentación.

Así, las madres tienen más derechos para quedarse con los hijos en Brasil, Colombia y Panamá, mientras que en Paraguay y Venezuela las madres siempre tienen la patria potestad de los niños si son menores de siete años y en Perú si no han cumplido los tres.

En el resto del continente, pese a que las leyes reconocen la igualdad entre los padres y las madres, las mujeres reciben la guarda de los menores en la mayor parte de los casos.

Fuente: http://www.pontealdia.com (más…)

Escrito para BabyCenter en Español

Mito número 1: Sólo los sentimientos de la futura mamá son importantes

Mito número 2: Los recién nacidos no necesitan del papá

Mito número 3: Los hombres no saben cómo cuidar a un bebé

Mito número 4: Los hombres que se dedican a los hijos no triunfan en el mundo del trabajo

Mito número 5: Estás destinado a ser igual a tu padre

Cómo desafiar los cinco mitos de la paternidad

Si eres como la mayoría de los papás recientes o los que están a punto de serlo, probablemente tengas algunas ideas sobre lo que significa ser papá. Esas ideas surgen de tus experiencias con tu propio padre y de lo que tú crees que la sociedad espera de los papás. Desafortunadamente, hay pocos recursos para ayudar a los hombres a tratar estos temas o para cuestionar los mitos más comunes. Sin embargo, cuanto más examines y entiendas tus propias expectativas acerca de ser papá, mejor será tu probabilidad de convertirte en el papá que deseas ser.

Fuente: http://espanol.babycenter.com/baby/sexo_y_relaciones/paternidad/#3
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Es un texto de hace más de 25 años, el autor es el Padre Paul Marx, O.S.B., Ph.D., Fundador de Human Life International. Hace una extensa descripción sobre la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF). Denle una leída y saquen sus propias conclusiones.
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Fuente: http://www.vidahumana.org/vidafam/ippf/prohibida.html
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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR, feb (IPS) – La posible actividad de grupos de exterminio, dedicados a asesinar a presuntos delincuentes, tiene en jaque a la policía de El Salvador, mientras crece el temor de que el fenómeno, ya presente en algunos países de América Latina, se extienda.

Para analistas, la entronización de este tipo de delito tendría el efecto de socavar la aún inestable democracia salvadoreña, como ya impacta en la vida institucional en algunos países de la región.

El temor de que los grupos de exterminio se instalen en esta nación centroamericana surgió a raíz de dos recientes masacres. De confirmarse, va a debilitar los cimientos de las instituciones vinculadas a la justicia y los derechos humanos, dijo a IPS Benjamín Cuéllar, director del académico Instituto de Derechos Humanos.

“Veo un peligro real” de que este nuevo tipo de delincuencia haya llegado y “eso para la democracia es grave”, acotó el director del centro de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas.

El Salvador transita un inacabado proceso de consolidación de la democracia, tras años de dictaduras militares y de una guerra civil (1980-1992) que dejó unos 75.000 muertos.

La primera señal de la autodenominada “limpieza social” apareció el 2 de febrero, cuando encapuchados asesinaron a siete jóvenes, al parecer vinculados a maras (pandillas), mientras departían en un riachuelo.

El crimen colectivo se cometió en el cantón Milingo, en la jurisdicción de Suchitoto, en el central departamento de Cuscatlán, y los atacantes utilizaron fusiles M-16 y pistolas 9 milímetros.

Cuatro días después, una nueva masacre conmocionó al país. El escenario, esta vez, fue un restaurante, donde tres personas, también encapuchadas y con el mismo tipo de armas, asesinaron a cinco jóvenes, en el municipio de Tonacatepeque, en el norte de San Salvador.

Uno de los sobrevivientes relató que los atacantes encerraron en un cuarto a todos los hombres, les preguntaron si pertenecían a maras y les revisaron sus cuerpos para ver si tenían tatuajes, una de las marcas que distinguen a los “mareros”.

Cuando no las encontraron, les dijeron que igual iban a morir y les dispararon a mansalva. Después se verificó que las víctimas no tenían vinculación alguna con las maras, y eran estudiantes universitarios y albañiles.

Cuéllar vinculó el surgimiento de estos grupos con los “fallidos” planes de seguridad con que los gobiernos salvadoreños han buscado enfrentar la delincuencia, con privilegio del uso de la fuerza y “la mano dura”.

Esa estrategia no fue alterada por Mauricio Funes, que llegó a la Presidencia en junio de 2009, de la mano del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, rompiendo una larga hegemonía de la derecha en este país con 5,8 millones de habitantes.

El presidente anunció este mes que prepara un plan de seguridad con un enfoque “más de choque” ante la criminalidad, que sigue imparable.

Según cifras oficiales, 2009 fue el año más violento en una década, con 4.365 asesinatos. La tasa de homicidios es de 76 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es de 24.

En ese escenario, algunos grupos deciden aplicar “justicia por mano propia, que es también criminalidad, y menos justicia institucional. Eso para la democracia es grave”, dijo Cuéllar.

A fines de enero, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (ombudsman) Oscar Luna, denunció haber recibido amenazas de muerte por teléfono, lanzadas por quienes dijeron ser miembros de un grupo de exterminio, conminándolo a irse del país y no entrometerse en su presunta campaña de acabar con la delincuencia.

El fenómeno no es exclusivo de El Salvador. En la vecina Guatemala, desde 2007 la prensa revela la existencia de grupos con similar actuación y declarado propósito.

“La Procuraduría de los Derechos Humanos, así como numerosas organizaciones civiles han denunciado hasta el cansancio la complicidad de autoridades policíacas y judiciales en estos hechos criminales”, reportó en marzo de ese año Adital, un servicio de información regional construido por organizaciones sociales.

Esas denuncias en Guatemala coincidían con que “detrás de las muertes (perpetradas) se esconden operaciones de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales para exterminar supuestos delincuentes y pandilleros”, precisó Adital.

En Brasil, Amnistía Internacional se refirió de manera especial en su informe de 2009 al caso del norteño estado de Pernambuco.

En el informe de una visita efectuada en noviembre de 2007, recordó Amnistía, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostuvo que el Ministerio Público estima que 70 por ciento de los homicidios son obra de escuadrones de la muerte.

También recogió el resultado de una comisión de investigación del parlamento federal, que concluyó que en 80 por ciento de esos crímenes, participan policías o ex policías.

En Venezuela hay grupos de exterminio que hasta promueven sus planes de acción, como ocurrió en el noroccidental estado de Portuguesa en junio de 2009, cuando uno de ellos advirtió que iniciaría una campaña de limpieza social y comenzó a dejar panfletos, pegados en los comercios.

En esos avisos públicos se aseguraba que el 1 de julio comenzarían a matar a presuntos traficantes, ladrones y prostitutas en la capital del estado, Aragua, y en otra población, según informó el digital Noticiero PR News.

En el caso salvadoreño, la policía maneja dos hipótesis en torno a las masacres de este mes: o fue una “vendetta” (venganza) entre maras, o en efecto se trata de grupos de “limpieza social”.

La Fiscalía General investiga si las dos masacres fueron ejecutadas por el mismo grupo. El tipo de armas utilizadas es similar, pero investigadores policiales dijeron a IPS que un fusil M-16 utilizado en Tonacatepeque no se corresponde con el de Milingo.

El analista político y ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa, sostuvo en un artículo de opinión que en Milingo habría actuado un comando especializado, de acuerdo a la manera de operar.

Para Samayoa las hipótesis de que las masacres respondan a rivalidad entre pandillas o a una acción de sicarios “son poco probables”.

“Por historia, por ‘teatro de operaciones’, por armamento, por modalidad de emboscada, por atuendo, por estilo y, sobre todo, por su capacidad y determinación para atacar a un grupo grande, los ejecutores exhibieron características de comandos y experiencia de combate”, aseguró.

El especialista comentó en un artículo en el Diario Hoy que hay variados antecedentes en El Salvador de guerras entre pandillas y matanzas a ciudadanos ajenos al mundo delictivo. Pero, a su juicio, estos casos son diferentes.

“Es casi impensable que tres pandilleros decidan atacar a diez. Eso solo lo hacen las ‘fuerzas especiales’, los llamados ‘comandos’, entrenados precisamente para reducir o aniquilar con pocos hombres a unidades o agrupamientos más grandes”, añadió.

Los escuadrones de la muerte no son fenómeno desconocido en El Salvador. A mediados de la década de los 90 surgió la autollamada “Sombra Negra”, presuntamente dedicada a exterminar a delincuentes y criminales en el oriental departamento de San Miguel.

En ese grupo habrían participado agentes policiales, pero aunque se efectuaron capturas, los detenidos fueron absueltos por falta de pruebas.

En los años 70 y 80, los escuadrones de la muerte capturaron, torturaron y asesinaron a miles de personas, activistas sindicales o de izquierda, en el marco de la llamada “cruzada anticomunista”, liderada por el ya fallecido mayor Roberto d’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó desde 1989 hasta el año pasado.

“Si nos remitimos a la historia de este país, todos los indicios apuntan a que sí (hay grupos de exterminio), y es preocupante que de entrada el presidente Funes lo descarte sin haber investigado”, dijo Cuéllar.

Funes había advertido la inexistencia de elementos probatorios sobre la acción de un grupo de “limpieza social”.

Por su parte, Ramón Villalta, director de la Iniciativa Social para la Democracia, dijo a IPS que esos grupos “afectan la institucionalidad” del país.

Pero es la propia falta de eficacia de las instituciones para frenar la desbordada violencia criminal “lo que más afecta la democracia misma” y lo que empuja a la ciudadanía a “enfrentar el problema por su cuenta”, afirmó. (FIN/2010)
Fuente: IPS (más…)

Por Mirela Xanthaki

NUEVA YORK, 27 mar (IPS) – Cada vez más hombres en Estados Unidos aprovechan la licencia por paternidad o incluso renuncian a sus empleos para criar a sus hijos mientras sus esposas van a trabajar, pero el estigma social atado a los papeles tradicionalmente femeninos no desaparece.

“Está la idea, particularmente en la cultura estadounidense, de que los hombres son importantes según cuánto dinero obtienen. Los hombres tienen que estar en el trabajo, deben ganar dinero, y se supone que eso deben hacer”, dijo a IPS Armin Brott, autor de exitosos libros sobre paternidad y fundador de Padres en el Trabajo, organización que ayuda a los hombres a encontrar el equilibrio entre el empleo y el hogar.

La licencia por paternidad y la capacidad de trabajar menos horas y contar con más flexibilidad cuando los hijos son pequeños son derechos reconocidos en los países escandinavos desde hace varias décadas. En el resto del mundo, y especialmente en Estados Unidos, muchos hombres todavía dependen de la buena voluntad de sus empleadores para obtener el tiempo que necesitan.

Se calcula que en 2006 había 159.000 hombres que se quedaban en el hogar para criar a sus hijos, según la Oficina de Censos. Estos padres casados con hijos menores de 15 años han permanecido fuera de la fuerza laboral por más de un año, principalmente para atender a su familia, mientras sus esposas trabajan fuera.

Sin embargo, el número total de adultos que se quedan en el hogar para cuidar a sus hijos es de 5,7 millones, lo que revela que aún la vasta mayoría son mujeres.

“Incluso en empresas con licencias de 12 meses pagas y de 12 meses sin sueldo se tiene la idea que eso se ofrece sólo en el papel. El verdadero tema es si los hombres sienten que realmente pueden tomar ese tiempo y cuántos lo hacen efectivamente”, dijo Phoebe Taubman, abogado de A Better Balance (Un mejor equilibrio), organización legal con sede en Nueva York dedicada a temas de trabajo y familia.

El número de hombres que se toman tiempo libre por razones familiares parece crecer. Según una encuesta realizada en 2007 por la firma Flex-Time Lawyers y la revista Working Mothers, 88 por ciento de las 50 principales firmas del país ofrecían un promedio de 4,6 semanas de licencia paga por paternidad. El año pasado, esos números crecieron a 90 por ciento y a un promedio de 5,8 semanas.

La encuesta de 2008 mostró que 62 por ciento de los nuevos padres aceptaron la licencia por paternidad cuando se les ofreció, y este año la cifra saltó a 83 por ciento.

Sólo 13 por ciento de las compañías en Estados Unidos ofrecen licencias pagas por paternidad.

Mientras, el número de hombres que se quedan en la casa para cuidar a sus hijos aumenta, y más mujeres se convierten en las encargadas de traer los ingresos al hogar.

“Esta crisis financiera afecta más a los hombres que a las mujeres por la naturaleza de los empleos que están siendo recortados. Por tanto, muchos hombres, les guste o no, invierten más tiempo de calidad con los hijos”, dijo a IPS el presidente del grupo no gubernamental Iniciativa Paternidad Nacional, Roland Warren.

Según una encuesta del sitio CareerBuilder.com, 37 por ciento de los padres que trabajan dijeron estar dispuestos a dejar su empleo si su esposa o pareja ganara suficiente dinero para sostener a la familia. Si le dan la opción, otro 38 por ciento estaría dispuesto a una reducción de salario con tal de tener más tiempo con los hijos.

“Los hombres se están dando cuenta de que no quieren hacer el tipo de cosas que hicieron sus padres y abuelos y bisabuelos. Hay mucho de la identidad masculina atada a nuestros empleos, a cuánto dinero ganamos y qué hacemos para vivir. Muchos ven esto y sienten que no les satisface. Esto no ayuda”, dijo Brott.

“Más y más hombres están diciendo que no son felices con las opciones que tuvieron, que no están felices al ver qué hicieron sus padres y cómo sufrieron porque no pudieron invertir tiempo en sus hijos”, añadió.

La encuesta concluyó que 24 por ciento de los padres trabajadores sienten que el empleo les está afectando negativamente la relación con sus hijos. En términos de tiempo, 25 por ciento señalaron que pasan menos de una hora con sus hijos cada día, y 42 por ciento pasan menos de dos horas por día.

Mientras más compañías ofrecen opciones para un equilibrio con la vida privada, más de un tercio de los padres que trabajan señalaron que su empleador no ofrece flexibilidades, como el tele-trabajo o distribuir las tareas con otros empleados.

Y aun si su jefe entiende, no así amigos y otros miembros de la comunidad. “Muchos hombres que se quedan en casa tienen que soportar a la gente que les dice: ‘Espero que encuentres un trabajo pronto’, ‘¿Hoy te tocó cuidar a los niños? o ¿Dónde está la mamá?”, dijo Brott.

Una encuesta realizada por A Better Balance entre estudiantes de leyes de la Generación Y (nacidos después de 1979) de la Universidad de Nueva York reveló que los hombres jóvenes están tan preocupados sobre poder equilibrar su trabajo y su familia que las mujeres.

“Ya están preocupados por eso, sin tener aún una familia”, dijo Taubman. “Hay estigmas y estereotipos sobre el trabajo del cuidado (a los hijos), que ha sido menospreciado en nuestra sociedad y vinculado a reglas y valores de género”, añadió.

Hombres también temen que la decisión de quedarse en casa perjudique sus carreras, o que se pierdan la oportunidad de un ascenso, y a veces están en lo cierto. “Los padres son tratados como héroes si piden tiempo para estar con sus hijos, pero si piden mucho tiempo, entonces la cosa cambia”, señaló Ellen Galinsky, presidenta del Instituto Familias y Trabajo.

Las compañías deben entender que si apoyan políticas favorables a los padres, harán que sus empleados estarán más felices, permanezcan en la empresa más tiempo y sean más productivos, sostuvo Brott.

“De esa manera, las empresas lo harían no porque es algo lindo de hacer, sino porque puedes ganar dinero con ello”, añadió.(FIN/2009)

Fuente: IPS (más…)

por Nydia Egremy

El cambio de nombre por reasignación de sexo es un proceso legal y administrativo inalcanzable para la mayoría de los solicitantes, quienes deben esperar, al menos, seis meses. Los costos del trámite rondan los 70 mil pesos y el proceso se encuentra a expensas del criterio moral de algunos funcionarios. Este derecho, incorporado al Código Civil del Distrito Federal en enero de 2009, se gestó desde la comunidad transexual para combatir la discriminación y concitó el apoyo de defensores de los derechos humanos, sociólogos, antropólogos, médicos, abogados, incluso diputados locales

Entre la comunidad transexual de la ciudad de México existe un lema: “Ya no queremos ser ilegales o mojados en nuestra propia tierra”. Por ello luchan para que se reconozca su nueva identidad jurídica; es decir, que el nombre que eligieron y su nuevo género se inscriba en sus documentos oficiales. No es un capricho, es un derecho, reclaman quienes optan por esa decisión. Hasta enero de 2009, cuando se reformó el Código Civil del Distrito Federal, la anterior identidad se inscribía en el margen del acta de nacimiento original, lo que daba pie a eventuales vejaciones. Para este grupo, el que esto se suprima constituye un logro que, sin embargo, sólo ejercen unos cuantos por su estratosférico costo.

Tener un nombre adecuado a su personalidad, reconoce Roshell Terranova, activista transexual, empresaria y publicista, abre el camino a las chicas trans y a los chicos trans en el sector laboral, porque “las empresas no te contratan y nuestras oportunidades laborales se reducen al show business, la moda, la estética y lo que es hoy por hoy la labor punta: el sexoservicio, al que todos estamos orillados porque tenemos que vivir”.

Hasta 2008, el cambio de nombre y de género en el acta de nacimiento representaba erogar entre 100 mil y 400 mil pesos, una suma inalcanzable para el promedio de esta comunidad. Con la reforma de 2009, los honorarios de abogados expertos en los entretelones del proceso se cotizan entre 8 mil y 40 mil pesos. Se adicionan unos 15 mil pesos por cada uno de los dos dictámenes médicos que exige la norma, más el costo del tratamiento hormonal, de la carta de no antecedentes penales y de la propia acta, además de otros gastos extra. En total son unos 70 mil pesos, cantidad que, una vez más, tampoco está al alcance de la mayoría.

La posibilidad de rectificar el acta de nacimiento se concretó el 13 de enero de 2009 con las modificaciones, adiciones y reformas a los artículos del Código Civil para el Distrito Federal: 134 (que exige que el trámite se haga ante el juez de lo familiar), el 135 fracción II (que prevé la rectificación del nombre por enmienda), así como el 135 bis (que prevé el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica).

Al entrar en vigor esas reformas el 13 de marzo de ese año, fue posible variar “algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona” en el acta de nacimiento. Esto significó, para el litigante Víctor Hugo Flores Ramírez, especializado en este tema, el “reconocimiento jurídico, a nivel institucional en el derecho familiar, de lo que es la transexualidad”.

El antecedente legal de las reformas se remonta a 2005 cuando una persona obtuvo en primera instancia el cambio de nombre y de sexo, pero no logró que se le expidiera una nueva acta. Como las autoridades del Registro Civil escribieron su identidad anterior en el margen de su acta de nacimiento original, el interesado apeló, pero la sentencia le fue confirmada. Por ello, el quejoso –que consideró que esa anotación violaba sus garantías, pues cualquier persona podría conocer su pasada identidad– promovió un amparo directo contra esa confirmación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el recurso y dio la razón al quejoso al ordenar que se le expidiera una nueva acta de nacimiento con los cambios solicitados (en el amparo directo civil 6/2008 relacionado con la facultad de atracción 3/2008-PS). La instancia judicial asentó que el nombre podía rectificarse en el acta de nacimiento no sólo por algún error, sino “cuando existe necesidad de hacerlo”, es decir, cuando se ha usado constantemente otro nombre distinto del que consta en el registro y cuando sólo con la modificación del acta se identifica a esa persona.
La importancia del nombre

“Ya no queremos sentirnos en desventaja con el resto de la humanidad. Más allá del nombre, se trata de una condición de vida que necesitamos para ser felices”, explica Roshell Terranova. El encuentro se da en un salón donde presenta un espectáculo –integrado en su mayoría por miembros de la comunidad transexual o Grupo T. Ahí les explica que “los principales estigmas que nos da nuestro país son: el rechazo, la discriminación”, y los exhorta a no vivir con esa vulnerabilidad y luchar por su identidad.

A esta rubia empresaria, que provee de empleo fijo a una decena de personas y a otras más como independientes y que además sostiene a su familia cercana, no le incomoda que en el aeropuerto la llamen por el nombre masculino que aún figura en su pasaporte. Sonríe con picardía cuando narra que a las autoridades migratorias estadunidenses tampoco les asombra ese hecho. “Ellos están más acostumbrados”, afirma.

Su nombre, ahora muy conocido entre legisladores, estudiantes, clientes de su estética y colegas extranjeros, fue producto del azar, pues su socio la bautizó momentos antes de que comenzara una función artística. Justifica su decisión de rectificar su acta de nacimiento como un acto de coherencia, afirma Roshell: “Lo que hago es por miles de personas del Grupo T en mi país que no lo pueden hacer, así que dos meses atrás le dije al licenciado: ‘Sí, iniciémoslo’”.

La de Norma es otra historia detrás de un nuevo nombre. Es una de las seis mujeres transexuales que tras la reforma de 2009 decidió gestionar el cambio de nombre por reasignación de sexo. Su motivación es clara: “Creo que con un documento que ostente mi nombre, podré reasumir algunos derechos que perdí, como los laborales, mi patrimonio como mexicana, mi cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro y mis aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros”.

Mantiene un confiado entusiasmo que alienta su abogado. Contempla muy cercana la fecha en que su acta de nacimiento ostente Norma como primer nombre, que es el que su madre hubiese deseado para una hija, seguido de Elizabeth, porque ése sí le gusta mucho. Describe que cambiar su nombre no es importante “porque eso lo hacemos en cualquier momento”, sino que el acta exprese el género sin que acote cómo se llamaba y qué género tenía antes. “¡Eso es lo bueno!”, dice sonriente esta licenciada en empresas turísticas.

Le emocionó saber que ya podía solicitar la rectificación del acta y de inmediato fue al Registro Civil a conocer los requisitos; más tarde, un amigo abogado se ofreció a ayudarla y le cobrará apenas 10 mil pesos por todo. Esa suma, para ella, como para muchas de sus compañeras, representa muchos meses y días de trabajo –cuando lo tienen– y que lo restan al aporte diario a sus familias, a la adquisición de algún alimento o prenda de vestir con la ilusión de tener una identidad legal que les acerque a un trabajo mejor.

Norma ya acudió a la primera audiencia para presentarse ante el juez. Al parecer, el magistrado esperaba ver a una persona “mega operada” (y dibuja con sus manos la silueta de “extravagante”), por lo que, cuando la tuvo frente a él, no emitió ningún juicio de valor. “Eso me dio la confianza de que todo procederá bien. Está planeado que en mayo concluya todo”, celebra.

—¿Qué pasará si niegan tu petición?

—Tengo un año para volver a presentarla, pero perdería lo que ya pagué porque sería un nuevo juicio.
Los candados

Antes de la reforma de 2008, los solicitantes debían exhibir pruebas periciales en sicología, endocrinología, genética, sicología, siquiatría y en sexología, refiere el director del bufete Transexualegal, Víctor Hugo Flores Ramírez. La norma actual les pide que vivan como personas trans un mínimo de dos años y someterse a un tratamiento hormonal y sicológico que será evaluado en dos peritajes: uno médico y otro sicológico.

Para Hazel Gloria Davenport, presidenta de la organización Nación Trans, tal requisito es un candado al logro jurídico de la comunidad trans. Afirma que con esa medida, el derecho a la identidad de personas transgénero quedó en manos de “especialistas privados y de empresarios de la sicología y la sexología”, porque la obtención de ambos peritajes depende de su criterio. Aunque algunos médicos reducen el costo de sus servicios para hacerlos más accesibles, ese aspecto aún depende del criterio individual, declaró Davenport el 19 de octubre de 2009 a NotieSe, al tiempo que propuso eliminar el requisito de los peritajes o que éstos se practiquen en los servicios de salud pública.

De manera paralela, los solicitantes deben mostrar que cumplen con un protocolo sicológico y médico, lo que también representa erogaciones por consultas, administración de hormonas, etcétera.

Por la presión de organizaciones transexuales y solidarias, en enero de 2009 se puso en marcha la Iniciativa Escarlata, por la que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través de la Clínica de Especialidades Condesa, apoya con hormonas y tratamiento sicológico a personas transgénero –que mantienen sus órganos y sólo cambian su apariencia física–, y transexuales –que cambian sus órganos sexuales.

Otro requisito para los solicitantes de la rectificación es comprobar que no han procedido de mala fe o fraudulentamente y que sólo persiguen ajustar su nombre a la realidad social, por lo que deben presentar ante la autoridad un comprobante de no antecedentes penales. Frente a este candado, el Estado no garantiza a los ciudadanos que su identidad anterior no será suplantada ni mal utilizados sus datos personales.

Ni Roshell ni Norma se han planteado esa cuestión. Se han limitado a cumplir escrupulosamente con todas las exigencias legales, pero no obtienen ninguna garantía. “Por lo que sé, el acta de nacimiento anterior se resguarda en el Registro Civil por cualquier cosa legal que suceda: un delito; puedan saber quién era yo antes”, dice Roshell.

El significado de esta disparidad jurídica, para Miguel Rábago, radica en la inequidad. Explica que mientras se insista en estigmatizar a quienes ejercen su diversidad sexual, se seguirá diciendo que ellos son quienes harán mal uso de ese cambio. Y como los solicitantes nunca se preguntan qué hace el Estado con los datos personales de su identidad anterior, sugiere revisar si las leyes de acceso a la información pública “aminoran esos riesgos”.
Asesoría “en pañales”

Hace 10 años que Víctor Hugo Flores Ramírez comenzó el abordaje jurídico y científico de la transexualidad por el vacío legal en este tema. Ha sido testigo de los dos procesos históricos de la rectificación del acta: el anterior a la reforma del 10 de octubre de 2008, donde el juicio para obtener el cambio de identidad jurídica duraba de tres a cuatro años, y el posterior a las reformas de enero de 2009, cuando el juicio dura entre cuatro y seis meses.

No existe una estadística oficial de las actas expedidas por cambio de género. La única declaración oficial de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre el tema fue a una revista feminista, entre abril y mayo del año pasado. “Hubo entre 10 y 12 juicios antes de la reforma de 2008, y entre 15 y 16 los juicios después de esa reforma”, dice este legista. Al respecto, el Tercer informe de actividades 2008-2009 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF asienta que el Registro Civil rectificó 2 mil 77 actas sin diferenciar cuáles fueron por error o por solicitud.

El bajo número de solicitantes indica a los miembros de la comunidad transexual y de la academia que los servicios legales en este campo aún están “en pañales”. Para Miguel Rábago, doctor en derecho por la Universidad de Salamanca, España, se debe fortalecer la formación en las universidades de los futuros jueces, legisladores y abogados que deberán atender casos de rectificación del acta o para ejercer nuevos derechos.

El elevado costo para ejercer ese nuevo derecho excluye a gran parte de la comunidad transexual. Definitivamente, subraya Rábago, la justicia es cara y su acceso es difícil; es un problema estructural.
La derecha y el clero

Mientras miles de mujeres y hombres trans intentan ejercer este nuevo derecho social, se endurece el discurso opositor desde el ámbito político y el clero católico, admite Roshell Terranova. Asegura que la derecha política “no le da el mando al clero, nada más le da probaditas”, porque lo contrario significaría un retroceso de siglos. Considera que algunos políticos y la iglesia católica se escudan en esas posiciones para tener a “la gran familia mexicana totalmente libre de pecado”. Advierte que entre más se presione a la Gente T para evitar que luche por sus derechos, “más va a salir del clóset”, además de que atrae gran solidaridad.

Frente a los logros contra la discriminación, siempre hay respuestas de grupos conservadores, admite Miguel Rábago Dorbecker, coordinador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Aprecia como “reacción descomunal” la tendencia a revertir la despenalización del aborto en algunas entidades, la mayoría de tradición muy conservadora. De igual manera, el director del bufete Transexualegal, Víctor Hugo Flores Ramírez, explica que le causa “extrañeza” la reacción de los grupos en el poder a la que se suma la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, un hecho que se acreditó desde el año pasado.

La posibilidad de que este derecho avance a nivel federal es remota. Sólo a través de una resolución de la SCJN se formaría en el futuro la jurisprudencia para hacerlo obligatorio en todos los tribunales del país, considera Flores.
Victoria desde abajo

El derecho a obtener una nueva identidad en la ciudad de México es una conquista jurídica más contra la discriminación de grupos maltratados por el Estado y excluidos de sus derechos, observa el académico de la Universidad Iberoamericana. Sostiene que la sociedad capitalina es más sensible a las demandas de los grupos marginales que el resto de los otros estados de la república. A su vez, Víctor Hugo Flores opina que para elaborar los dictámenes legislativos y la iniciativa que cristalizó en las reformas de 2009, convergieron los intereses del gobierno local, la necesidad del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), de fuerzas de la sociedad civil, así como de los profesionistas en diferentes disciplinas que atienden a la comunidad transexual.

Rábago, también especializado en la defensa de los derechos humanos, afirma que la reforma fue posible en la ciudad de México “porque a veces es más democrática, con una clase media más amplia y más acceso a la educación”, lo que la hace más tolerante y progresista para permitir la expresión de los derechos de manera diferente.

Sostiene además que, en general, el gremio de los abogados es “muy conservador” comparado con los sociólogos o antropólogos. Admite que en ocasiones, los tribunales adoptan posturas morales o religiosas, “bastante cuestionables” en el entorno de un Estado laico y de una concepción incluyente de los derechos humanos, por lo que, cuando se contamina el derecho de un discurso moral, siempre se excluye a los sectores que no comparten su visión.

Este derecho no es una dádiva de la Asamblea Legislativa, dice, sino resultado de la labor de muchos años por parte organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (reunidas en el Colectivo LGTB), y de otros individuos.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos dice que ésta es una victoria legal que se gestó desde abajo de la base social, desde las comunidades, los barrios y los diferentes actores de la sociedad civil, como anticipa el pensador en su investigación El derecho y la globalización desde abajo.

“Antes de este logro –reseña Roshell–, se creía que éramos incapaces de organizarnos. Se nos veía como a los parientes pobres de la comunidad, el último peldaño, la cloaca de la comunidad, las vestidas, como peyorativamente se nos nombra. Y ahora se ve que en la construcción social del derecho a la identidad jurídica fue determinante la participación de nosotras: las Mujeres T”.
Ignorancia y exclusión

El estudio de Rocío Suárez Discriminación y exclusión laboral de la población travesti, transgénero y transexual de la Ciudad de México (UACM, julio de 2009), realizado en 13 de las 16 delegaciones de la capital, revela:

Más de 84.2 por ciento de la población trans encuestada aseguró desconocer la existencia de una ley que la protege y defiende de la discriminación.

54.8 por ciento de esa comunidad ignora las modificaciones a la ley local para tener una nueva acta de nacimiento por reasignación de sexo.

82.4 por ciento dijeron estar dispuestos a obtener ese nuevo documento de identidad.

Las personas que dijeron estar empleadas y recibir prestaciones de ley lo hacen en la iniciativa privada; 76 por ciento de ese sector dijo que inició su proceso transgénero en otro empleo.

Ciento por ciento de las personas trans desempleadas admitió que no acude a programas de capacitación laboral o al seguro de desempleo del gobierno del Distrito Federal por falta de documentación oficial.

64.6 por ciento de la comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales reconoció haber sido objeto de algún acto de discriminación en el ámbito laboral.

54.8 por ciento son autoempleados y la principal causa de esta forma de trabajo se atribuyó a la discriminación en los centros laborales y a la falta de documentos oficiales para acceder al mercado laboral.
Entorno internacional

El 13 de octubre de 2009, el Senado de Uruguay aprobó por unanimidad la Ley de Cambio de Nombre y Sexo que permite a travestis y transexuales modificar su acta de nacimiento. La ley, promovida por senadores del Frente Amplio, no obliga a las personas a recurrir a la cirugía para reasignar su sexo, por lo que Mauricio Coitiño, miembro del colectivo Ovejas Negras –que integra a gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales– vaticinó que todas las personas trans buscarán hacer ese trámite por “sencillo”.

España, a través de la Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, del 14 de marzo de 2007, establece el cambio del acta; en Argentina se autoriza vía juicio a quienes se someten a una operación de reasignación; en el Reino Unido, la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 permite a los mayores de 18 años, y que “vivan en el otro género”, solicitar su reconocimiento oficial; la ley italiana Número 164, del 14 de abril de 1982, exige aplicar el procedimiento Rectificación de la Atribución del Sexo por el que los transexuales soliciten su nueva identidad; la ley sueca, del 21 de abril de 1973, prevé el cambio jurídico de sexo por una intervención quirúrgica.
Nydia Egremy
Los artículos de esta autora o autor
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Fuente: Contralínea 169 – 14 de febrero de 2010

Fuente: http://www.voltairenet.org (más…)

Informe sobre la Trata de Personas

Parte !;

Parte 2:

Fuente original: Televisión Española

Fuente: http://tratadepersonasenelperu.blogspot.com (más…)

REQUIPA

16 de Febrero del 2010

TACNA | Moquegua. Un gran dolor embarga a la familia de la joven moqueguana Flor de María Muñoz Córdova (24), quien el último fin de semana fue encontrada sin vida en un sector despoblado de Arequipa, ciudad donde cursaba estudios en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

El padre de la joven, René Muñoz Falcón, descartó la posibilidad de que su hija se haya suicidado y cuestionó el accionar de las autoridades que tienen a su cargo la investigación del caso, que ha conmocionado a la comunidad universitaria de la casa agustina.

“Ella no tenía enamorado ni problemas económicos. Cuando revisamos el cuarto que tenía alquilado allá, no encontramos nada irregular. Todas sus cosas estaban tal como ella las había dejado”, declaró Muñoz.

La versión a la que da más crédito el acongojado padre de la joven es que esta fue secuestrada por equivocación y que los maleantes fueron vistos por ella, por lo que decidieron eliminarla. “Las investigaciones determinarán las verdaderas causas. Lo que sí pedimos es justicia, que no quede impune su muerte”, clamó en voz alta. Los restos de la universitaria, quien cursaba el cuarto año de la carrera profesional de Biología en la UNSA, son velados en la Casa del Maestro, lugar a donde llegaron sus amigas del colegio y familiares, quienes no terminan de asimilar su repentina partida.

KARINA LAURA MUCHICA

Fuente: Correo (más…)

11 de Febrero del 2010

TUMBES | Una nueva modalidad de captar menores para que trabajen atendiendo en bares, ha surgido en Tumbes. Esto fue descubierto por el personal de la Divincri, al mando del Cmdt. PNP Víctor Ortiz, tras encontrar a una adolescente que desapareció hace un mes atrás de su casa, en uno de estos lugares donde se expende licor.Esto se logró luego que O.C.CH (46) denunciara ante dicha dependencia policial que su hija de iniciales M.CH.C (15) escapó de su vivienda ubicada en el AH 12 de Setiembre – Las Malvinas, el pasado 2 de enero y tenía información que venía trabajando en un bar ubicado en la tercera cuadra de la calle Francisco Ibáñez del barrio Buenos Aires.

Inmediatamente se apersonaron a dicho lugar y dialogaron con la propietaria del establecimiento, J. M. P (41) quien en una primera instancia negó la información, pero luego cedió y entregó a la desaparecida.

La menor hallada fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde se supo que la decisión de escaparse no fue encaminada por terceros. Trascendió que sería conducida al albergue ubicado en Huarmaca (Piura).

Modalidad de captación Se conoció además que la propietaria del bar donde se suscitó la intervención habría “captado” a M.CH.C (15) en el mercado Modelo de Tumbes donde expende comida para que la ayude en este trabajo y como beneficio le ofreció brindarle hospedaje en su casa. Sin embargo, esta labor sólo fue por unos días puesto que luego la llevó para que atienda en el local donde expende bebidas alcohólicas e incluso se conoció por la intervenida que tenían pensado enviarla a otro lugar ( no se descarta un prostíbulo u otro antro)

Fuente: Correo Tumbes (más…)

Fuente: TelesurTV (más…)