Empresas de transporte terrestre infractoras no pagaban sanciones porque invalidaban informes firmados por dicho funcionario que nadie sabe quién lo protege.
El señor Paul Jaimes considera, sin embargo, que aquí no hay ningún problema. En conversación telefónica con este diario afirmó que todo era un malentendido, que él era abogado colegiado en el Colegio del Callao y egresado de la Universidad San Martín de Porres. Entonces nos trasladamos al Colegio chalaco y encontramos que efectivamente la referida persona figura inscrita con el número 6843, y su registro corresponde al 19 de junio de 2009 (¡), es decir que hasta esa fecha y desde el año 2007, estuvo ejerciendo ilegalmente la profesión.
Todo indica que fueron los constantes reclamos los que forzaron al caballero a arreglar su situación profesional. Pero eso no cambia la falta ya cometida y la responsabilidad de sus superiores por haber mantenido y encubierto una falta de esta naturaleza.
De un total de 1,412 trabajadores con que cuenta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el conjunto de sus dependencias, y 472 que figuran como profesionales, hay uno en cuya responsabilidad ha recaído opinar sobre sanciones para más o menos 3 mil 500 casos de accidentes graves y otras faltas al código de tránsito en las que incurren las empresas de servicio de transporte terrestre, muchas de ellas que han logrado amplia notoriedad de prensa por el número de muertos, heridos y daños materiales que han provocado.
Este señor se llama Paul D. Jaimes Blanco, quien debe haber tenido fuerte respaldo de los niveles directivos del ministerio, para haber seguido opinando como “Abogado Informante”, sobre los expedientes de sanción por procedimiento administrativo, a pesar que las empresas fiscalizadas lo cuestionaron varias veces por ejercicio ilegal de la profesión, al no encontrarse acreditado como abogado en ningún colegio profesional del país. De hecho, su permanencia en la función ha sido como un regalo para los infractores y ha suscitado una respuesta crítica de sus colegas que reclamaron contra esta extraña concentración de responsabilidades en quien no estaba calificado para suscribir documentos oficiales.
Una muestra del problema creado por el señor Jaimes es el Informe Nº 21311-2008-MTC/15.04-PJB, cuyo facsímil acompaña esta nota, dirigido al director de Supervisión Fiscalización y Sanciones, referido al caso de la empresa “Erick El Rojo S.A.”, por infracciones al código (no expedir boletos, no tener manifiesto de pasajeros), que concluye recomendando una sanción al fiscalizado, y que firma Paul D. Jaimes Blanco, “Abogado Informante”, sin indicar número de colegiatura. En respuesta a este informe “Erick El Rojo” impugnó la calidad profesional de Jaimes, logrando poner en suspenso las sanciones.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Fuente: la Primera