Viernes, 13 de Noviembre de 2009 17:59

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Preocupante. Varios ronderos detenidos y golpeados, y uno de ellos aún desaparecido, sería el saldo que hasta ahora dejarían las “investigaciones” de la Policía en torno al atentado en la minera Río Blanco el pasado 1 de noviembre.

El alcalde del distrito de Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, denunció ayer en conferencia de prensa que los hermanos Filomeno Ibañez Clemente, Hugo Ibañez Clemente y Porfirio Campos Clemente, fueron detenidos el día anterior por la DIVINCRI y luego aparecieron con señales de tortura. Fuentes de Alerta Perú también indicaron que otro campesino, de nombre Ibañez, habría sufrido el mismo tipo de detención pero se encontraría aún desaparecido. Fuentes de Cooperacción, por su parte, informan que habría sido detenido también el teniente gobernador del cacerío de Corazón de Jesús, en el sector Montaña del referido distrito. Por su parte el periodista Benito Huarnizo confirmó desde la zona que la Policía “ha iniciado una cacería de líderes campesinos y ambientalistas, torturándolos y violando su domicilio sin orden judicial, para obligarlos a autoinculparse” por las muertes ocurridas el 1 de noviembre.

Las detenciones arbitrarias empezaron el miércoles y al parecer continúan aún hoy. La situación es muy parecida en todos los casos: la Policía incursiona en los caceríos, ingresa violentamente a las casas de los ronderos sin orden judicial alguna y sin la presencia de Fiscal, les amenaza, insulta y golpea tratando de que se autoinculpen o denuncien a otros dirigentes ambientalistas de la zona. Organizaciones de derechos humanos y la propia Municipalidad de Carmen de la Frontera vienen prestando apoyo legal a las víctimas de estos abusos, quienes ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía y están siendo citados para declarar la próxima semana.

El pasado 1 de noviembre desconocidos atacaron el campamento de la empresa minera Río Blanco, ahora en manos de capitales chinos y del Grupo Romero, matando a tres trabajadores. La presencia de la empresa minera, rechazada en 2007 por la mayoría de la población en una consulta pública, es motivo de constantes protestas de las organizaciones de ronderos y campesinos ambientalistas que se oponen a la actividad minera en la zona por los posibles efectos en el medio ambiente. Sin embargo, es la primera vez que hay un ataque armado.

El 2 de noviembre, el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte deslindó cualquier responsabilidad en el hecho y rechazó la violencia. Según fuentes locales consultadas por Alerta Perú, es poco probable que ciudadanos vinculados a las rondas campesinas hayan tenido que ver con un ataque “con armas, para matar gente”. Estas mismas fuentes, más bien, sugieren que los autores podrían estar vinculados con intereses pro-mineros interesados en justificar la represión. De hecho, luego del ataque del 1 de noviembre circuló la propuesta de instalar una base militar en Huancamba para proteger a Río Blanco.
Actualizado ( Viernes, 13 de Noviembre de 2009 18:06 )

Fuente: Alerta Perú

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