17.07.09 – MUNDO
Negociaciones sobre cambios climáticos: ¿Cómo garantizar avances?
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Pedro Ivo de Souza Batista y Esther Neuhaus *
Adital –
La cuenta regresiva para la realización de la 15ª Conferencia de las Partes (COP-15) de la Convención-Marco de la ONU sobre Cambios Climáticos en Copenhague, Dinamarca, ya comenzó. Faltan cinco meses, pero es poco tiempo para lo que se juega en esta conferencia, durante la cual se deberá tomar una decisión sobre el futuro del régimen global de clima, en especial en lo que se refiere al conjunto de metas de reducción de gases de efecto invernadero para los países industrializados y compromisos para planes y programas nacionales para mitigar los cambios climáticos en los países en desarrollo.
¿Qué está en juego en las negociaciones internacionales?
En el camino a la COP-15, las negociaciones se concentran en cinco bloques temáticos, que son: Visión compartida (que apunta a definir un objetivo global para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, sin embargo diferenciadas), mitigación (que trata de metas y acciones nacionales e internacionales adicionales para reducir las emisiones), adaptación (que pretende definir la cooperación internacional necesaria para apoyar la adaptación, mediante evaluación de vulnerabilidades, capacitación y traspaso de recursos, de los países y comunidades más afectadas por los impactos de los cambios climáticos), transferencia de tecnología (para apoyar acciones de mitigación y adaptación), y apoyo financiero (para apoyar acciones de mitigación, adaptación y cooperación tecnológica).
En esta COP-15, será necesario definir las metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los países industrializados después del año 2012, cuando se cerrerá el primer periodo del compromiso del Protocolo de Kyoto. Existen varias propuestas en la mesa, especialmente en el sentido de presionar a estos países a asumir metas profundas. Por otro lado, los países ricos esperan señales muy claras de los países en desarrollo, en especial de los grandes emisores de gases de efecto invernadero como China y Brasil. Así, cada uno espera del otro la realización de sus compromisos, pero es crucial evitar un impasse en estas negociaciones. Otra área clave para garantizar avances en Copenhague es la transferencia de tecnologías.
Muchos países en desarrollo entienden que las innovaciones y tecnologías relacionadas con los cambios climáticos deben ser de dominio público y no estar bajo un régimen privado de monopolio de patentes que obstaculiza y encarece su transferencia. Esta discusión necesita de una buena evaluación de riesgos, para impedir que se dé, por ejemplo, la transferencia de tecnologías como energía nuclear, agrocombustibles a gran escala y transgénicos. Los países deben dar prioridad a la investigación e implementación doméstica y adaptación de tecnologías ya existentes y que se muestran socialmente justas y ambientalmente correctas. También es fundamental garantizar el control y la participación popular en la definición de esas opciones.
Cambios climáticos en América Latina:
Injusticia climática
América Latina está entre las regiones más vulnerables a los cambios climáticos, como se ha constatado en informes divulgados recientemente por la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por el Banco Mundial. Los motivos se encuentran en las características geográficas muy específicas y en la baja capacidad política de mitigación y adaptación que lleva a la injusticia climática, una situación en la cual los países que contribuyen poco o nada en las emisiones de gases de efecto invernadero son los más afectados por los impactos de los cambios climáticos. La temperatura de la región aumentó cerca de un grado durante el siglo pasado, generando consecuencias como el deshielo de los glaciares; la ampliación de áreas desérticas; daños a pantanos y zonas costeras; el riesgo de deforestación de la selva de la Cuenca Amazónica; y un aumento de los desastres climáticos.
Los cambios climáticos causan también severos impactos negativos en el sistema socioeconómico de la región. El Banco Mundial prevé pérdidas agrícolas en 2050 de la orden de US$91 mil millones, equivalentes al 1% del PIB, si se produce un aumento de la temperatura de hasta 2ºC. En las regiones que ya sufren con sequías, habrá un aumento de salinidad y desertificación del suelo. Habrá también un incremento de plagas y enfermedades en las plantaciones y un aumento de la demanda del agua para irrigación, generando una mayor competencia por ese recurso. Como los acuíferos estarán más secos, el costo de la producción agrícola será más alto.
Todo ese escenario puede aumentar la desigualdad y la pobreza de la población en áreas rurales, además de contribuir a la escasez de alimentos, generando inseguridad alimentaria. En la salud pública, los cambios climáticos pueden provocar más desnutrición y riesgo de incidencia de malaria y dengue. En las áreas urbanas, uno de los mayores problemas a enfrentar será la falta de agua. Se estima que, en 2055, entre 60 y 150 millones de personas en la región sufrirán estrés hídrico. Impactos serios también se harán sentir en el sector de la industria y del turismo, en especial en las áreas costeras, debido al aumento del nivel del mar.
Crisis financiera y las fuerzas del mercado: ¿qué modelo de desarrollo queremos?
Con el gran número de huracanes, inundaciones, incendios y sequías en las más variadas partes del planeta, parece que el clima está cambiando a pasos más rápidos de lo que avanzan las negociaciones. La crisis financiera no debe ser usada por los gobiernos como disculpa para no asumir compromisos claros para enfrentar la crisis climática que es más grave y permanente que la financiera. Se junta a este escenario la crisis alimentaria y la crisis de los recursos naturales, que se refiere a la degradación de los ecosistemas y uso irresponsable de los recursos naturales. En cuanto a las crisis que se relacionan con la naturaleza, podemos decir que forman parte de una crisis más amplia, la crisis ambiental global, que es fruto de la insostenibilidad del modelo de producción y consumo hegemónico en el mundo.
En la propia discusión para reducir los impactos de los cambios climáticos ha surgido la propuesta de la agroenergía, como alternativa de energía renovable en sustitución a los combustibles fósiles. Debido a la variedad de granos, Brasil y otros países de la región presentan condiciones favorables para la producción de agrocombustibles, especialmente etanol. Se espera un crecimiento del mercado internacional debido al incremento del precio del petróleo y también porque los países desarrollados están obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
El propio Plan Nacional de Cambios Climáticos de Brasil, lanzado el año pasado, afirma que “la expansión de la producción brasileña de etanol deberá acompañar el crecimiento del consumo en los mercados interno y externo”. Así, considerando la demanda nacional, se estima un incremento de la producción de 25,6 mil millones de litros en 2008 a 53,2 mil millones de litros en 2017. La proyección de las exportaciones en el mismo periodo salta de 4,2 a más de 8 mil millones de litros. La producción de etanol no sólo presiona enormemente sobre tierras e infraestructuras de transporte, sino que presenta graves problemas sociales, como el trabajo-esclavo y ambientales, como la quema durante la cosecha y la competencia por recursos naturales.
Otro gran riesgo en la discusión sobre la solución de la crisis climática es colocarla solamente bajo la óptica de mercado, aún más en tiempos de la crisis financiera que mostró el fracaso del neoliberalismo. En este contexto, existen varios mecanismos hoy, entre ellos el Mecanismo de Desarrollo Limpio, creado por el Protocolo de Kioto para auxiliar el proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países industrializados, a partir de la implantación de tecnologías limpias en países en desarrollo. Aunque esos mecanismos tengan que contribuir al desarrollo sostenible en estos países, permite a los países ricos continuar con su modelo de producción y consumo, perpetuando el modelo capitalista mundial con una fachada “verde”. Además de cuestionar el predominio del mercado, que también permea otros debates actuales en las negociaciones internacionales sobre cambios climáticos, como REDD (Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y de la Degradación de Bosques), se hace necesaria una discusión sobre el modelo de desarrollo que queremos para nuestra región, el mundo y para las presentes y futuras generaciones.
El movimiento por la justicia climática y por el pago de la deuda climática Felizmente, existen propuestas más vinculadas al campo popular para enfrentar la crisis climática. En los últimos años, la sociedad civil se ha involucrado cada vez más en el debate, presentando soluciones innovadoras, siempre basadas en la defensa de la justicia climática. Una de las contribuciones gubernamentales más interesantes fue lanzada este año por Bolivia en la que propone que los países desarrollados reconozcan la deuda ecológica histórica y climática que tienen con el planeta y crear un mecanismo financiero para apoyar a los países en desarrollo en la implementación de sus planes y programas de adaptación y mitigación de los cambios climáticos; en la conservación de sus ecosistemas y en la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología. Bolivia define la deuda climática como la suma de la deuda de emisión (histórica, presente y también futura) y de la deuda de adaptación, que representa el costo con el cual los países en desarrollo deben luchar para adaptarse a los impactos de los cambios climáticos generados por los países ricos.
En la visión de Bolivia, el mecanismo financiero para el pago de esta deuda debería contar con un aporte de, por lo menos, el 1% del PIB de los países desarrollados, sin contar otros recursos provenientes de impuestos sobre combustibles, transnacionales financieras, transporte marítimo y aéreo y bienes de empresas transnacionales. Bolivia defiende claramente que los financiamientos tienen que estar dirigidos a los planes y programas nacionales de los Estados y no para proyectos que siguen la lógica del mercado.
La senadora brasileña Marina Silva, igualmente, cuando era Ministra de Medio Ambiente propuso un pago por parte de los países ricos a los países en desarrollo que han preservado sus bosques. La propuesta es reconocer los servicios ambientales que esas áreas prestan al planeta y garantizar incentivos financieros para mantenerlas, incluyendo apoyo a las poblaciones tradicionales que viven y trabajan de forma sostenible en esas áreas.
El papel de los movimientos populares y de las ONGS en la lucha contra los cambios climáticos Una actuación firme y constante de la sociedad civil es crucial para garantizar un buen acuerdo como resultado de las negociaciones en Copenhague, tanto en el sentido de presionar a los gobiernos para que asuman metas y compromisos consistentes para enfrentar los cambios climáticos, como en la movilización y sensibilización de la sociedad en general.
Respecto a la presión interna, es importante recordar que las reglas actuales de la Convención de clima no obligan a los países en desarrollo a asumir metas cuantificadas de reducción de emisiones; sin embargo, deben elaborar planes y programas nacionales mesurables que apunten a reducir las emisiones y contribuyan al desarrollo sostenible. En este sentido, el lanzamiento del Plan Nacional de Cambios Climáticos de Brasil, en la última conferencia del clima que se realizó el año pasado en Polonia, fue muy aplaudido y elogiado.
Vale decir que no será suficiente que Brasil divulgue sus propósitos fuera del país y no cumpla con la agenda nacional asumida y divulgada. Reconocemos, obviamente, el hecho de que sea un país en desarrollo él que establezca alguna meta para reducir la deforestación, que es responsable del 75% de las emisiones del país, pero el Plan no debe quedar en el papel. Serán necesarios mecanismos y estructuras de gobernanza y monitoreo del Plan, con fuerte participación de la sociedad civil y de las comunidades afectadas por los cambios climáticos. A la vez, es necesario denunciar la falta de coherencia entre el Plan y los compromisos asumidos por Brasil en la Convención del clima, y otros planes y políticas gubernamentales como el Plan Decenal de Expansión de Energía 2008-2017 y el propio Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
Es también necesario y viable que otros países de América Latina se comprometan a enfrentar los cambios climáticos; es coherente que cada una cumpla su parte para disminuir las emisiones de CO2 y el peso del carbono en sus economías.
Entre las muchas iniciativas lanzadas por organizaciones de la sociedad civil, destacamos la Campaña Global del Clima (Global Campaign for Climate Action/GCCA) que busca movilizar la opinión pública para apoyar procesos de transformación y acción rápida para evitar cambios climáticos peligrosos, centrándose inicialmente en un acuerdo justo y equitativo en la Cop-15. Varias organizaciones brasileñas ya están involucradas en el capítulo nacional de la campaña, e invitan a todas las organizaciones y personas interesadas a colaborar, con acciones cotidianas, estrategias políticas y movilización masiva, en la lucha contra los cambios climáticos.
Ese tipo de iniciativas demuestra que sólo la sociedad civil y los movimientos sociales organizados pueden conducir a que los gobiernos tengan posiciones más firmes para enfrentar la crisis ambiental y los cambios climáticos. (Traducción ALAI)
* Pedro: Coord. de la Red Bras. de Ecosocialistas; miembro del Cons. Edit. del Brasil de Fato / Esther: geógrafa; periodista; Gerente-Ejec. del Fórum Bras. de ONGs e Mov. Sociais pelo Meio Amb. e o Desenvolvimento. ambos del Cons. Consult. de Terrazul
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=39860