Month: julio 2009

Colombia rechazó reparar a víctimas de la violencia

Curiosa coincidencia, pues el MEF cerrò e caño para las reparaciones a las víctimas de la violencia
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Publicado el 19 Junio 2009 – 3:21de la mañana

El Congreso de Colombia rechazó un proyecto de ley de reparación a las víctimas de la violencia política en ese país.

Luego de una reunión del Presidente Álvaro Uribe con varios legisladores oficialistas, el senador Armando Benedetti declaró que se había decidido votar contra la propuesta que obligaría a resarcir a las víctimas de agentes del estado. Uribe se opone a que las víctimas del estado sean indemnizadas sin una sentencia previa contra los culpables. La decisión del Senado impide su aprobación en Diputados, porque el proyecto debía contar con el apoyo de ambas cámaras legislativas. Para el Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, la decisión es incongruente con el derecho internacional sobre derechos humanos. Alston deploró que los familiares de víctimas de agentes estatales deban esperar un fallo judicial, que puede demorar muchos años. El presidente Uribe dijo que la ley hubiese obligado al gobierno a pagar más de 38 mil millones de dólares, lo que crearía un trauma en las finanzas del estado. El mandatario sostiene que en Colombia no hay un conflicto armado ya que las guerrillas no tienen objetivos políticos.

Fuente. Radio Nederland (más…)

Con razón Alan garcía se obsesiona con Chile, pues el estilo de represión es pura coincidencia ¿Creen?

http://www.tu.tv/videos-ext/-7pa4PtxPEs-as-reprimen-al-pueblo-mapuche

fUENTE: http://www.tu.tv/videos-ext/-7pa4PtxPEs-as-reprimen-al-pueblo-mapuche (más…)

Así reprimen al Pueblo Mapuche

Fuente: http://www.tu.tv/videos-ext/-7pa4PtxPEs-as-reprimen-al-pueblo-mapuche (más…)

Me pregunto dónde están los defensores de la libertad y la democracia?, acaso solo salen levantar la voz contra a quellos que piensan muy distinta al sistema imperante?, qué, los asesinatos perpetrados durante las dictaduras por militares afines al sistema no son delitos de lesa humanidad para los adalids de la libertad y la democracia?
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Uruguay: Plebiscito sobre Ley de Caducidad en Uruguay
Publicado el : 16 Junio 2009 – 8:18de la tarde | Por Redacción InformaRN

Los uruguayos podrán decidir el próximo 25 de octubre si se anula o no la ley de Caducidad que, desde hace 20 años, obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Uruguay.

Beatriz Díez

La Corte Electoral uruguaya dio luz verde este lunes a la celebración de un plebiscito sobre la Ley de Caducidad que fue aprobada por el Parlamento en 1986 y posteriormente fue ratificada por la ciudadanía en 1989. El ministro de la Corte, Wilfredo Penco, informó que se han alcanzado las firmas necesarias para realizar la convocatoria, que coincidirá con las elecciones nacionales del 25 de octubre.

Firmas necesarias
El pasado 24 de abril, la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad -integrada por sindicatos y organizaciones sociales- presentó a la Asamblea General del Uruguay 341.043 firmas para pedir la convocatoria a un referéndum sobre la anulación de la norma. La campaña de recolección de firmas se había iniciado en septiembre del 2007.

Una vez se supo que la Coordinadora había conseguido las firmas suficientes, se esperaba la convocatoria del plebiscito, pero no por esperada, la noticia ha sido recibida con menor satisfacción.

El abogado Pablo Chargoña, especializado en causas de derechos humanos, dice a Radio Nederland que la satisfacción que siente es grande por cuanto existe la posibilidad de que Uruguay adapte sus normas jurídicas internas a los tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos.

“En ese sentido”, señala Chargoña, “estamos en presencia de la culminación de un importante ejercicio de democracia directa que implica la convocatoria, junto con las elecciones nacionales, para reformar la Constitución de modo tal que se elimine del orden jurídico interno una ley nacida de la misma presión de los militares violadores de los derechos humanos y que implicaba una vergüenza internacional”.

Una ley de 20 años
Según la ley de Caducidad, los jueces deben consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no. La norma fue votada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986, y fue ratificada en consulta popular el 16 de abril de 1989 por un margen del 57% de los votos a favor frente a un 43% que dijo no a la ley.

Hay que tener en cuenta el contexto en el que se votó la ley, con la llegada de Julio Sanguinetti a la presidencia del gobierno en marzo de 1985. Eran años de gran inestabilidad institucional, con la dictadura aún muy reciente, y la tensión causada por la actitud del entonces comandante en jefe del Ejército, general Hugo Medina, quien, en un claro desacato a la Justicia, dijo que las citaciones judiciales a militares por violaciones de los derechos humanos “estaban en un cajón de su despacho y allí se quedarían”.

¿Margen para la victoria del no a la anulación?
Quedan cuatro meses para la celebración del plebiscito, y según encuestas recientes, el 60% de la población uruguaya está a favor de anular la ley.

Sobre el posible resultado del referéndum, el abogado Chargoña subraya que es muy importante la oportunidad en que se convoca a la ciudadanía, junto a las elecciones nacionales, porque la decisión de las dirigencias partidarias puede tener incidencia en la misma reforma constitucional.

En opinión del abogado uruguayo, ha pasado mucho tiempo desde la ratificación de la ley, y la sociedad uruguaya ha reflexionado sobre la importancia de acceder a los tribunales en estos casos y no dejarlos ocultos o en silencio.

“Hace pocos años se pudo ingresar a los cuarteles y se advirtió que en los establecimientos militares en Uruguay existen cementerios clandestinos, situación aberrante que generó un profundo rechazo en la sociedad uruguaya, que adoptó una postura diferente a la del año 1989”, explica Chargoña.

Apoyo de Tabaré Vázquez a la anulación
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo en Costa Rica el pasado abril que “el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos” y dijo esperar “fervientemente como ciudadano uruguayo que el pueblo anule esta ley”.

Durante el mandato de Tabaré Vázquez, ocho ex militares y policías fueron condenados a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, y se ha procesado a los ex dictadores Gregorio Álvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976).

Varios dirigentes de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio firmaron a favor del plebiscito y algunos sectores minoritarios del Partido Nacional, actualmente el principal partido de la oposición, también respaldaron la posible anulación de la ley. Para que la norma sea anulada se necesita la mitad más uno de los votos válidos en el referéndum.

Apertura de más casos
De confirmarse la anulación de la ley de Caducidad en la consulta de octubre, cabe esperar efectos prácticos sobre muchos casos que han sido archivados en aplicación de la ley y también la aparición de otras denuncias que no se presentaban por el desestímulo que suponía la ley.

El abogado Pablo Chargoña va más allá y espera que, además de anularse la ley, se encare otro tema, como es el de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Para ello, Uruguay tendrá que acometer una reforma constitucional más amplia que tome en consideración las características particulares de los crímenes de lesa humanidad, para que no prescriban. “El paso del tiempo no puede operar como una defensa del terrorista de Estado”, concluye Chargoña.

Escuche la entrevista a Pablo Chargoña, abogado uruguayo especializado en causas de derechos humanos.

Fuente: radio nederland (más…)

Richard Stallman sobre Bagua

enviado por Jona publicado a las 6:51 pm

Richard Stallman, el fundador del Software Libre, comentó los sucesos ocurridos en Bagua.

http://www.youtube.com/watch?v=ZZpN9xndnbY&feature=player_embedded

Fuente: http://lamula.pe/mulapress/2009/06/16/richard-stallman-sobre-bagua/
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El desatino solo se le puede ocurrir a donAntero Florez Araoz, demuestra cada vez su lado gansteril y mercader de la muerte. Probablemente quiere reclutar a escolares para que aprendan a manejar armas para su partido Orden y Democracia. Es indignante.
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El Ministerio de Defensa organizó una feria de armas de guerra hace unas semanas, y NAPA la visitó para conocer mejor esta siniestra y poderosa industria.

Es increíble que el Ministerio de Defensa haya cometido el desatino de invitar a escolares al SITDEF, una feria de mercaderes de la muerte que se realizó a fines de mayo en el Pentagonito. Sobre el caso, una buena nota de No Apto Para Adultos:

Un paseo colegial por la Feria de Armas

http://www.youtube.com/watch?v=Kpr__ddwDcg&feature=player_embedded

FUENTE: http://utero.pe/ (más…)

Democracia vs Mediocracia
Las democracias progresistas que han surgido en América Latina se ven atacadas a diario por los medios de comunicación privados, que ven en peligro sus intereses hegemónicos ante la prioridad que éstos gobiernos otorgan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

TeleSUR _ 04/06/2009 A veces como aparatos de hegemonía y dirigentes de la conciencia de parte de la sociedad civil, otras como partidos políticos y defensores de intereses económicos de grupos de poder, los medios de comunicación privados han emergido en Latinoamérica como entes que atentan contra las democracias progresistas que se han establecido en la región.
Mientras existe una permanente y abierta campaña mediática en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela contra sus gobiernos; que en el caso venezolano incluye el llamado al Magnicidio, éstos son constantemente acusados por los medios de comunicación de violar el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión.

Desde los sectores oficiales se denuncia a los medios de ejercer un papel de empresa mediática que, lejos de cumplir la función esencial de llevar a cabo una acción social, defienden intereses económicos y políticos que se han visto afectados por los procesos de cambios que impulsan las democracias progresistas.

Existe en estas naciones una realidad y es que las famosas banderas éticas del periodismo: imparcialidad, objetividad, libertad de expresión, no son nada más que mitos encubridores de un negocio mediático que, en nombre de la libertad, emprende a diario acciones contra gobiernos democráticamente electos.

A partir de esta situación se ha comenzado a hablar en la región de terrorismo mediático, figura en la que se aglomeran todas las acciones desestabilizadoras que se emprenden a través de los medios de comunicación, que incluye, según expertos, violaciones a la normativa del ejercicio periodístico.

Los medios de comunicación privados constantemente minimizan los logros y avances de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, pese a que estos han emprendido procesos de profunda transformación e inclusión social, gracias a lo cual gozan de un amplio respaldo popular, como se ha observado en procesos electorales recientes.

Vivimos en mediocracias

En entrevista concedida a teleSUR, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, sostuvo que los medios de comunicación modernos tienen la capacidad de poner y quitar gobiernos democráticamente electos, lo que significa que los ciudadanos viven en un sistema de mediocracias.

Monedero argumentó que quienes manejan los medios de comunicación han sido capaces de convencer a la ciudadanía de que la libertad de expresión no es sino la que les permite a ellos (dueños de medios) defender intereses particulares a través del negocio mediático.

“Los medios de comunicación de hoy ponen y quitan gobiernos, vivimos en mediocracias. Es obligatorio y es una asignatura pendiente de todas las democracias, por eso emociona que por vez primera se agarre el toro por los cuernos y controlemos todo esto, que tiene poder económico, político y cultural”,

En ese sentido, resaltó que el poder de los medios de comunicación es tal que organismos de derechos humanos internacionales sancionan sobre la base de informaciones de prensa y al final toman decisiones contra legítimos gobiernos.

Monedero se refirió a los informes que realizan organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), los cuales están basados en su mayoría en informaciones de medios de comunicación con una clara postura política.

Al respecto, el catedrático indicó que es necesario recordar que la información es un bien público, no es una mercancía ni algo que se pueda particularizar.
El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual, arremetió contra Venezuela al dictaminar que ese país “necesita mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos”, además de acusar al Gobierno venezolano de propiciar, entre otros aspectos negativos, obstáculos a la libertad de expresión.

Pese a su condición de organismo garante de los derechos humanos, la CIDH condena a Venezuela en la materia de libertad de expresión, mientras en ese país se desarrolla una permanente campaña contra el Gobierno desde los medios de comunicación, donde incluso se ha incitado al magnicidio y por lo que nunca han recibido sanción alguna.

Los medios de comunicación en Venezuela ejercieron un papel activo el 11 de abril de 2002 en un golpe de Estado que sacó del poder por 48 horas al presidente de ese país, Hugo Chávez, y en cuyo proceso se produjo una serie de hechos violentos, en los que murió más de una decena de civiles.

Ante esa conducta antidemocrática de los medios, que estimularon la violencia en las calles de la ciudad capital venezolana en abril de 2002, no se ha producido ningún pronunciamiento de la CIDH ni de algún otro organismo internacional de derechos humanos.

Por ello, Monedero justificó la propuesta de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, que en un encuentro que sostuvieron el pasado mes de mayo en territorio ecuatoriano propusieron la creación de un organismo subregional de derechos humanos, para atender, entre otras cosas, el papel que han jugado los medios en la desestabilización de gobiernos progresistas.

“Los medios de comunicación de hoy ponen y quitan gobiernos, vivimos en mediocracias. Es obligatorio y es una asignatura pendiente de todas las democracias, por eso emociona que por vez primera se agarre el toro por los cuernos y controlemos todo esto, que tiene poder económico, político y cultural”, dijo Monedero a teleSUR.

“La propuesta de los presidentes Chávez y Correa va abriendo camino en algo que debía estar abierto hace mucho tiempo”, agregó.

Enfatizó que los medios de comunicación han creado un sistema impune, a través de un blindaje que los protege de cualquier tipo de acción que busque regular sus ataques contra las democracias o sanciones por sus continuas irresponsabilidades mediáticas.

Insisitió en que “es tan importante que se creen organismos supranacionales para fiscalizar ésto que en el ámbito nacional es muy difícil de controlar, porque en el momento que se tocan intereses se comienza a decir que se viola la libertad de expresión y se pone en peligro la democracia”.

Responsabilidad legal

Según el periodista cubano-ecuatoriano José Ignacio López Vigil, los medios de comunicación en Latinoamérica se han tomado la atribución de evaluar, fiscalizar y sentenciar cualquier cosa, sin que se establezca un marco legal sobre la responsabilidad de esas empresas mediáticas en sus operaciones.

“El problema es que los medios en América Latina y en otros continentes se han engreído mucho, se han imaginado que son jueces de vivos y muertos, que pueden evaluar, fiscalizar y sentenciar a todo el mundo y nadie les puede toca ni con el pétalo de una rosa”, señaló López Vigil.

Por tal motivo, aseguró que es necesario cuestionar ese papel de los medios, a los cuales, a su juicio, no se les debe permitir degradar el ejercicio periodístico de la manera en que lo hacen, lo cual no quiere decir que se les censure.

Puntualizó que a los medios se les debe exigir una información verificada, que no esté basada en rumores o fantasías, al tiempo que la nueva Constitución ecuatoriana establece ese principio, que, según dijo, no está cobijado en ninguna otra Carta Magna de Latinoamérica.

“Esa arrogancia mediática hay que cuestionarla, porque el Estado no puede censurar a los medios, pero tampoco los medios pueden vivir en un fantasía o en periodismo, que ya no es sensacionalista, sino que cae en chisme y verdurería barata”, sentenció López Vigil.

“En el artículo número 18 de la Carta Magna ecuatoriana, hay una palabra que no la he encontrado en ninguna Constitución latinoamericana, cuando habla de la información dice que la misma debe ser veraz, pero verificada”, añadió.

Expuso que el rol de los medios ante el Estado y la sociedad debe ser el de informar con la utilización de una variedad de fuentes, sin incurrir en ocurrencias personales ni en ocultamientos de la realidad.

“Usted no puede decir lo que se le ocurre, que no puede inventar lo que no pasa ni puede ocultar lo que pasa, sino informar tomando todas las fuentes, verificando la información. Ese es el rol de los medios ante el Estado y ante toda la sociedad”, aseveró.

Valoró también que el artículo 18 del Texto Constitucional ecuatoriano establece que el periodismo debe ejercerse sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior.

Detalló que lo establecido en la Legislación del país andino quiere decir que un periodista no puede tener censura previa, “pero tiene una responsabilidad ulterior que lo obliga a dar cuenta y responder, ante la ciudadanía, de lo que dice o publica.

“El problema está en que se cree que la libertad de expresión es un privilegio de los periodistas, cuando en realidad es un derecho universal”, resaltó.

Abogó por la creación de instancias en Latinoamérica para la supervisión de los medios de comunicación, observatorios ciudadanos que le hagan frente a la arrogancia mediática presente en la región.

“Necesitamos observatorios de medios, veedurías ciudadanas de la comunicación social para que le pongan el cascabel a gatos y gatas arrogantes que existen en nuestros medios de comunicación social”, expresó el comunicador cubano-ecuatoriano.

Destacó que en Venezuela, Ecuador y el resto de América Latina, se está entrando en una nueva época de la comunicación en la que se expresa que el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión debe ser universal y bien ejercida por todos los ciudadanos.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha calificado en reiteradas oportunidades a los medios de comunicación como los principales enemigos de los cambios que se desarrollan en su país y de la integración regional.

Degradación del oficio periodístico

En cuanto al oficio periodístico, el periodista y analista político boliviano Carlos Soria, sostiene que los medios de comunicación han abandonado la esencia de su función social para ocupar un vacío político que han dejado partidos de derecha.

“Ha sido de manera categórica que ante la declinación, prácticamente el desbaratamiento de las expresiones políticas de la derecha, los medios de comunicación han comenzado a ocupar ese vacío, ese lugar”, dijo Soria en entrevista concedida a teleSUR.

Es decir, según el experto boliviano, los medios de comunicación, especialmente las grandes cadenas de televisión y algunas redes de periódicos están jugando el rol que los partidos de derecha deberían jugar en el ámbito democrático.

En su incursión política, según Soria, los medios de comunicación han degradado el oficio periodísitco, dejando a un lado la función de informar y toda la normativa que el desempeño de esas funciones implica.

De acuerdo con el periodista boliviano, se ha pasado a confundir directamente opininón e información, al difundir comentarios maliciosos en su afán de atacar a gobiernos progresistas, “violando toda la normativa, degradando el oficio periodístico”.

“Antes de hacer información, están haciendo propaganda todo el tiempo, disminuyendo cualquier logro, adelanto, iniciativa política, social o económica del Gobierno, o ignorando todo este tipo de aspectos”, recalcó Soria.

Recordó que, en el caso boliviano, el pasado mes de abril la Policía de ese país desarticuló una banda terrorista en el departamento de Santa Cruz (este) que planeaba asesinar al presidente de Bolivia, Evo Morales, ante lo cual los medios de comunicación social intentaron desviar la atención sobre el hecho.

Soria denunció que esa postura mediática obedece a vínculos del grupo terrorista desmantelado con sectores empresariales de derecha, entre ellos propietarios de medios de comunicación.

“En Bolivia lo hemos visto, en los últimos meses, luego de que en abril la policía descubrió un grupo terrorista en Santa Cruz, los medios han hecho todo lo posible por desviar la atención de los verdaderos responsables, de los vínculos de este grupo terrorista con núcleos empresariales de la derecha en Santa Cruz”, detalló Soria a teleSUR.

Este tipo de acciones las catalogó como una especie de terrorismo mediático al que se enfrenta el pueblo boliviano a diario, y recordó que algo similar ha ocurrido otros países, particularmente en Venezuela cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002.

Conspiraciones, golpes de Estado y planes injerencistas, son maquillados informativamente para justificar al mundo la necesidad de frenar cualquier visión o acción progresista en la región.

En América Latina, los medios de comunicación han emergido como aparatos de hegemonía dominante que, prioritariamente, persiguen moldear y dirigir la conciencia de la sociedad civil contra el orden democrático.

Ante la realidad, se plantea un tema de revisión no sólo para las instancias nacionales, sino para los organismos que a nivel internacional les interesan los derechos humanos y el respeto por la democracia.

“Usted no puede decir lo que se le ocurre, que no puede inventar lo que no pasa ni puede ocultar lo que pasa, sino informar tomando todas las fuentes, verificando la información. Ese es el rol de los medios ante el Estado y ante toda la sociedad”

Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/entrev-reportajes/index.php?ckl=291

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El conflicto amazónico y el papel de las mujeres

Las mujeres se han convertido en protagonistas de primera línea en el conflicto amazónico que mantiene enfrentado al estado peruano con las etnias de la selva de este país.

Por: Zoraida Portillo
::SEMlac

La única persona dentro del gabinete de Alan García que ha tenido el gesto de renunciar, por estar en desacuerdo con el tratamiento que el gobierno viene dando al conflicto, ha sido la Ministra de la Mujer, Carmen Vildoso. En contraste, otra mujer, Mercedes Cabanillas, dirige el ministerio del Interior desde donde se ordenó el operativo de desalojo de los nativos en el nororiente peruano, el viernes 5 de junio, que dejó un saldo oficial de 34 personas hasta el momento. (ver: ”Perú: Desconcierto impera entre nativos tras masacre”).

La Defensoría del Pueblo, entidad que realiza denodados esfuerzos por atender los derechos humanos de ambos bandos y averiguar el número exacto de víctimas, también está dirigida por una mujer: Beatriz Merino y, la Fiscalía de la Nación, que debe investigar los sucesos ya mencionados, también tiene como jefe a una mujer, Gladys Echaíz.
Por el lado de los nativos, una diminuta mujer de la etnia yine, Daysi Zapata, ha asumido la representatividad de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), debido a que su presidente, Alberto Pizango, se ha asilado en la embajada de Nicaragua. Finalmente, quienes tocan puertas y buscan desesperadamente información sobre sus familiares desaparecidos durante estos enfrentamientos son desconsoladas mujeres nativas.

Una renuncia digna

Inmediatamente después de su renuncia, Carmen Vildoso recibió una andanada de críticas de parte de voceros del partido gobernante, del cual ella no es miembro. Jorge del Castillo, ex primer ministro, llegó a calificarla de ”cobarde” e ”incapaz”, poniendo en tela de juicio su gestión, lo que de inmediato fue refutado por diversos sectores.

En declaraciones a la prensa, Vildoso aclaró que renunció porque el ejecutivo trató los problemas de la amazonía con ‘incomprensión’, sin tomar en cuenta las advertencias que el interlocutor de las etnias amazónicas, Alberto Pizango, había advertido con anterioridad sobre la posibilidad de un enfrentamiento armado, porque los nativos estaban dispuestos a defender sus tierras con su vida.

Posteriormente a su renuncia, la periodista Rosa María Palacios, en su programa de TV Prensa Libre, reveló que el Instituto Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (INDEPA), adscrito al Ministerio de la Mujer y mediador natural en el conflicto, estaba dirigido por un alto militante del partido gobernante, Miguel de Loayza, quien utilizaba esas oficinas para sus asuntos partidarios.

Aunque la ministra dijo desconocer la filiación política de Loayza, sí señaló que el INDEPA nunca se pronunció ni sobre los decretos legislativos causantes del conflicto ni sobre éste. Una de las primeras acciones de la nueva ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, quien fue trasladada del Ministerio de Vivienda, ha sido declarar en reorganización a INDEPA.

Sin embargo, los observadores no creen que Vílchez vaya más allá, puesto que ella es también militante del partido de gobierno.

Ministra del Interior: no fue mi culpa

Por su parte, la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ha dicho que no renunciará y ha tenido frases desafortunadas contra Pizango, del que dijo debería tener ‘cadena perpetua’ -lo que según fuentes de la AIDISEP habría precipitado su asilo en la embajada de Nicaragua-, y contra una congresista de la oposición a la que le preguntó ”¿Qué hace una vendedora de gas en el Congreso?”.

Sin embargo, ha intentado hacer un descargo de su responsabilidad sobre los sucesos del viernes 5 de junio. En declaraciones al diario La República señaló que el operativo policial de desalojo no fue ni de su conocimiento ni del Presidente de la República, sino una decisión del comando policial y que ni siquiera conocía al detalle el informe de Inteligencia sobre el lugar.

Pero, si con esa entrevista Cabanillas pretendía tomar distancias del cruento desalojo, inmediatamente un sector de la prensa y los analistas le han recordado que los ministros son los responsables políticos de los actos que competen a su sector.

En respuesta, Cabanillas ha dicho que quienes la critican pretenden desacreditar su probable candidatura presidencial en 2011. Es un secreto a voces que Cabanillas es una de las mejores opciones del partido gobernante para hacerse nuevamente con la presidencia de la república, dada no solamente su condición de mujer sino el ascendiente del que gozaba entre las mujeres antes de estos sucesos.

Pero, a decir de muchas feministas, con estos actos Cabanillas no ha hecho sino revelar lo que ocurre a muchas militantes políticas: que su accionar es típicamente masculino y dista bastante de una perspectiva de género.

Razones estrictamente humanitarias

Diametralmente opuesto ha sido el comportamiento de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien desde el primer momento dispuso el traslado de defensores a la zona en conflicto, donde la Defensoría no tiene oficinas.

”Nunca hubiera querido tener que hablar con los nativos, con los policías y sus familiares… ha sido una situación muy dolorosa”, reconoció durante una reunión con los corresponsales extranjeros en la que SEMlac estuvo presente. Ella se trasladó a Bagua al día siguiente de los sangrientos enfrentamientos.

”Nuestra obligación es prestar apoyo para que se esclarezca la verdad de los hechos, la evaluación de lo ocurrido no nos corresponde”, afirmó cuando se le preguntó por la cifra tan baja de nativos muertos, cinco, pese a haber más de cien nativos heridos de bala y denuncias de muchos desaparecidos. La relación de muertos, heridos y personas sin reubicar ha sido colgada en la página web de la Defensoría (www.defensoria.gob.pe) y se va actualizando conforme se reciben nuevos informes.

A quien sí corresponde la evaluación de lo ocurrido en Bagua y otras localidades de la selva peruana es a la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien sin embargo ha preferido guardar un perfil bajo frente a los enfrentamientos. Desde que se conocieron las primeras informaciones, Echaíz fue requerida por medios de prensa nacionales y extranjeros, SEMlac entre ellos, pero sin resultado. Recién el sábado se reunió con representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), a los que garantizó una investigación ”con total autonomía y de acuerdo a ley”.

El llanto de las nativas

”Estoy aquí como mujer, con la conciencia limpia para recuperar los cadáveres de mis familiares y de mis paisanos, y llevarlos a enterrar allá adentro, en su tierra, eso para nosotros es muy importante…”. Con estas palabras, Nélida Calvo se dirigió a las autoridades de Bagua, a fin de que le brinden facilidades a ella y a otras mujeres wambisa para buscar a sus fallecidos.

Como ella, decenas de mujeres de diferentes etnias han iniciado un doloroso peregrinaje ante las defensorías, los hospitales, la morgue y las iglesias de las zonas nororientales del país en busca de sus compañeros. Muchos llevan ausentes de sus comunidades desde el inicio del conflicto, el 9 de abril, y no se conoce su paradero.

”Para las mujeres esta es una tarea doblemente difícil. En primer lugar porque muchas están llegando por primera vez a los centros poblados fuera de sus comunidades, no conocen el idioma, tienen sus propias costumbres, y en segundo lugar porque para cualquier ser humano la búsqueda de un familiar desaparecido es algo desgarrador”, dijo a SEMlac Felipe Buendía, antropólogo que trabaja con comunidades awajuns.

El número exacto de víctimas es algo difícil de determinar para las autoridades, dirigentes indígenas y periodistas. Los rumores sobre fosas comunes han sido desvirtuados uno a uno, sin embargo, más difícil de probar -o de descartar- son las versiones sobre nativos arrojados al río por la policía.

”Si un cuerpo es arrojado a un río de la selva, las probabilidades de que su cuerpo aparezca son remotas porque existen muchos animales que darían fácil cuenta de él, como las pirañas, los caimanes, etc. a lo que se añade que el cuerpo puede ser varado en la inmensidad de la selva”, dijo a SEMlac Lucero Schmidt, enfermera oriunda de San Martín, departamento de la selva peruana.

Por su parte, Cecilia Vignolo, defensora adjunta de Derechos Humanos de la Defensoría, confirmó que los rumores de nativos tirados al río o incluso quemados es una constante en el relato de los nativos, ”pero lo cierto es que hasta ahora no hemos podido probar un solo caso”, dijo a SEMlac. Y la Defensoría trabaja solo sobre hechos concretos.

Diez días después de la masacre de Bagua, los pronósticos no son buenos. La semana comienza con un paro de las etnias de la selva central (yaneshas y asháninkas, principalmente) que ya han bloqueado algunas carreteras y cortado el suministro de alimentos y combustibles a y desde los Andes centrales.

Nuevamente las protagonistas son mujeres: desde las propias nativas -que esta vez están decididas a acompañar a sus esposos y familiares-, hasta alcaldesas, como la de Yurimaguas, Juanita Tuesta, que ha llegado a un acuerdo con los nativos para abrir la carretera en horarios respetados por ambas partes; o la vice presidenta de AIDESEP, Daysi Zapata, de la etnia Yine, madre de 3 hijos y con la difícil misión de mantener la vigencia de la mayor organización de los nativos amazónicos frente a los intentos gubernamentales de desacreditarla.

Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/contexto/1024/el-conflicto-amazonico-y-el-papel-de-las-mujeres/

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Esta batalla es por el planeta

BONN. Las negociaciones para definir un nuevo orden climático avanzan contrarreloj. En menos de seis meses debería firmarse un acuerdo global destinado a tomar la posta al Protocolo de Kioto, sin embargo son todavía muchos y de gran calado los obstáculos que quedan por superar. Esta semana en la conferencia de la ONU sobre el clima que tuvo lugar en Bonn, varios países industrializados se mostraron poco dispuestos a cortar drásticamente sus emisiones de CO2. Mientras tanto, se siguen acumulando pruebas irrefutables de que el cambio climático ya está entre nosotros.

“Es la primera vez en dos años y medio en este trabajo que no sé qué decir”. Con estas palabras, Ivo de Boer, la máxima autoridad de la ONU sobre el cambio climático, respondió a los periodistas que le pidieron una reacción sobre la recién anunciada “meta japonesa” de reducir solo en un 8% sus emisiones de CO2 hasta el 2020 con respecto a 1990. El anuncio del primer ministro Taro Aso cayó como un baldazo de agua fría sobre la cabeza de las centenas de delegados, activistas y periodistas reunidos en Bonn con el objetivo de allanar el camino a Copenhague, la ciudad donde en diciembre se espera firmar un acuerdo histórico para mitigar el calentamiento global.

No era para menos. Existe consenso entre la comunidad científica sobre la necesidad de que los países industrializados reduzcan entre 25% y 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero [GEI] hasta el 2020 respecto de 1990 si se quiere evitar los más terribles impactos del cambio climático. “Con las metas de recortes avanzadas hasta hoy estamos todavía muy lejos de los rangos de ambición conformes con las recomendaciones del IPCC [Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU]”, sostuvo De Boer esta semana.

Al día de hoy sólo la Unión Europea ha presentado un compromiso razonable de reducciones de GEI entre -20% y -30%. Rusia y Nueva Zelanda todavía no han revelado sus metas. Australia ofrece un -5%. Canadá, sin empacho, ha anunciado un incremento de sus emisiones. Estados Unidos tramita un proyecto de ley en el Congreso que prevé un recorte del 17% hasta el 2020, pero tomando como base el 2005 en lugar de 1990.

“Con estas metas llegamos a un recorte total para los países industrializados de entre el 8% y 15%, lo que nos llevaría a un escenario de calentamiento del planeta superior a 2 grados centígrados”, explica Gustavo Ampugnani, coordinador para América Latina de Greenpeace. “Un incremento de la temperatura de 3 grados implicaría la pérdida de un tercio de las especies del planeta y de la mayor parte de los bosques amazónicos, así como el deshielo irreversible de Groenlandia y la Antártida occidental”, añadió.

ACUERDO HISTÓRICO
Las negociaciones para acordar un nuevo orden climático, además de ser consideradas las más trascendentales que la humanidad haya emprendido, puesto que está en juego nuestro único hábitat, se cuentan también entre las más complicadas: nada se da por decidido hasta que la totalidad del acuerdo sea adoptado y las piedras angulares de este son interdependientes. Los países industrializados, además de calcular sus metas mirando de reojo las contribuciones del vecino, condicionan el apoyo financiero indispensable para promover el desarrollo limpio de los países emergentes a que estos también fijen sus objetivos de reducción de gases. Pero los países en desarrollo se niegan a asumir compromisos hasta que las naciones desarrolladas reconozcan sus responsabilidades históricas de contaminación y pongan sobre la mesa los recursos suficientes para ayudarlos a disminuir las emisiones de GEI y a adaptarse a los impactos del cambio climático. La agencia de la ONU para el clima cifra en 250 mil millones de dólares anuales esta tarea.

El 1 de junio, en Bonn, 188 delegaciones de igual número de países retomaron el diálogo con miras a Copenhague sobre la base de un primer borrador del acuerdo. Diez días después, en la mitad de la segunda semana de la conferencia, el documento había quedado totalmente desfigurado por la cantidad de adendas, reparos y tachaduras que le introdujeron las partes.

Eduardo Durán, director general de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y jefe de la comitiva peruana presente en la otrora capital alemana, manifestó cierto malestar hacia el final de las dos semanas de negociación: “Estamos algo frustrados porque no somos un país pequeño ni una potencia, nos vapulean por ambos lados”, declaró en referencia a la situación incómoda del Perú en el G77+ China, un numeroso grupo de países que incluye naciones en desarrollo, pero también grandes potencias emergentes que no tienen un prontuario histórico contra el medio ambiente, pero que en la actualidad son altamente contaminadoras.

No obstante, Durán rescató el hecho de que a estas alturas de las negociaciones se ha enriquecido la visión sobre cómo enfrentar la deforestación y degradación de los bosques que son responsables de aproximadamente el 20% de las emisiones de carbono: “Ahora ya no se ve a los bosques como un simple sumidero de CO2 sino como una realidad mucho más compleja en la que se incorpora el desarrollo de sus poblaciones y la protección de la biodiversidad y el agua”. Esta evolución es fundamental para el Perú, que, junto con Brasil e Indonesia, concentra las mayores extensiones de bosques tropicales en el mundo.

SEPA MÁS:

Los acuerdos de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático de Bali 2007 abrieron el camino, vía Poznan 2008, hacia la cumbre de Copenhague 2009 del 7 al 18 de diciembre del 2009.
En Copenhague se ha de negociar un nuevo protocolo que sustituya en el 2012 al de Kioto. Puede ser la última oportunidad para el planeta.

Erik Struyf Palacios

El Comercio

14/06/09

Fuente: Juan Alberto Llaguno Betancourt (más…)

La trascendencia global de la protesta en la Amazonía peruana

Algunos informes estiman hasta 250 muertos por la masacre indígena, y más de 100 desaparecidos en la región del Amazonas. Pero mientras aumenta la cantidad de muertos, y la Amazonía es militarizada, la resistencia aumenta en todo Perú contra una serie de leyes hechas para abrir la selva a la inversión en energía y para desbaratar las propiedades de tierras indígenas.

Por: Sam Urquhart
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La región del Amazonas de Perú ha sido aislada, después de la muerte de posiblemente 40 manifestantes indígenas y de 20 policías durante un intento de dispersar un bloque de carretera el viernes pasado. Algunos informes estiman la cantidad de muertos en hasta 250, y más de 100 desaparecidos en la peor violencia que haya visto la región del Amazonas desde el clímax de la insurgencia de Sendero Luminoso en los años ochenta.

Pero mientras aumenta la cantidad de muertos, y la Amazonía es militarizada, la resistencia aumenta en todo Perú contra una serie de leyes hechas para abrir la selva a la inversión en energía y para desbaratar las propiedades de tierras indígenas.

El 6 de junio, se informa que helicópteros del ejército peruano dispararon contra un bloqueo pacífico. La mayoría de los muertos fueron manifestantes indígenas, parte de un contingente en el bloqueo en la provincia Bagua que ascendía a miles – todos ellos para oponerse a la expansión de la exploración energética y de la tala de árboles en la región del Amazonas de Perú. Y parece que muchos de ellos no sólo eran pacíficos, sino que estaban dormidos.

Como informó la ONG Amazon Watch: “Aproximadamente a las 5 de la mañana, la policía militar peruana realizó una violenta incursión” durante la cual “varios miles de indígenas aguarunas y huambisas fueron dispersados por la fuerza mediante gas lacrimógeno y munición de guerra.” En un brutal ataque, los helicópteros lanzaron gas lacrimógeno desde la altura mientras la policía atacaba a los manifestantes -disparando contra algunos al hacerlo. La ONG también informa que “mientras mataban y herían a manifestantes desarmados, algunos se opusieron a la policía, les arrebataron sus armas y contraatacaron en autodefensa lo que llevó a la muerte de varios agentes de la policía.”

Doctores en Bagua afirman que se obstruyó la evacuación de las víctimas. Como el doctor José Sequén Reyes dijo a El Mundo: “Durante gran parte de la mañana, la policía no permitía el paso de las ambulancias para la evacuación” La corresponsal de El Mundo, Beatriz Jiménez también informó que: “El dirigente amazónico Zebelio Kayap, desde la zona del conflicto denuncia que los cuerpos de los fallecidos están siendo ”desaparecidos” por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales. También que la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger los heridos y trasladarlos a las ciudades cercanas y que tampoco deja recoger los cadáveres desperdigados.” Afirmaciones que son respaldadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú que publicó esas denuncias de brutalidad policial en su blog diciendo que: “se han recibido denuncias extraoficiales sobre la posible quema de cadáveres por parte de efectivos policiales.”

Amazon Watch manifestó al respecto el 8 de junio que “numerosos testigos presenciales informan que Fuerzas Especiales de la policía del Perú han estado eliminando los cuerpos de manifestantes indígenas que fueron muertos,” en lo que el portavoz de Amazon Watch, Gregor McClennan, llama “un aparente intento del Gobierno de subestimar el número de indígenas muertos por la policía.”

Más de cien manifestantes siguen detenidos mientras, según McClennan, “testigos presenciales también confirman que la policía sacó por la fuerza a algunos de los manifestantes heridos de los hospitales, llevándolos a destinos desconocidos.” Aumentan los temores de que otros bloques, como el que tiene lugar en las afueras de la localidad de Yutimaguas, podrían ser objeto de una represión similar, ya que una atmósfera de miedo e intimidación se extiende por la Amazonía peruana.

Como lo señala una declaración publicada el 5 de junio por la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de los Andes (CAOI): “El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy.” Para la CAOI, las muertes en Bagua constituyen “Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión.”

El dirigente indígena Walter Kategari expresó sentimientos similares, cuando declaró al periódico mexicano El Universal que: “Comenzaron a disparar contra nuestra gente. Y el gobierno sabe que los indígenas somos pacíficos, pero cuando hay una acción contra nosotros siempre encontrarán una reacción. Y nos hicieron reaccionar.” Kategari se hace eco de las palabras de Alberto Pizango, uno de los principales organizadores del movimiento indígena en Perú, quien ha dicho que la policía derribó a tiros a “hermanos” indígenas como si no fueran otra cosa que animales.

El gobierno, mientras tanto, ha replicado con ataques verbales contra los manifestantes. El presidente Alan García dijo, hablando del líder de la manifestación, Alberto Pizango, que éste era culpable de “caer a un nivel criminal: atacar un puesto de la policía, arrebatar armas a la policía, matar a policías que cumplían con su deber.” (El gobierno mantiene que 24 policías murieron en los choques, y sólo 9 manifestantes – cifras cuestionadas por los informes de testigos presenciales.)

Según el periódico La República de Perú: García echó en cara que algunos nativos fueron engañados con información inexacta sobre las normas que han llevado a la controversia entre el Estado y los nativos, diciendo que espera que esto termine. Y también que del lado de los nativos han sido engañados, para que se pronunciaran sin haber leído los decretos, agregando que espera que no haya más víctimas.

Mientras tanto, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, ha dicho que las protestas son puramente por motivos políticos – producto de los oponentes a García – y por lo tanto maduras para la represión. El propio García ha dicho lo mismo. Como dice La República, el presidente ha implicado que tras las protestas existen intereses nacionales de competencia para impedir el desarrollo de la industria extractiva en la selva.

En otra dirección, el ministro del trabajo de Perú ha atacado a los dirigentes del movimiento indígena, y aconsejado a los peruanos que recuerden a los policías caídos así como a las víctimas indígenas, argumentando que “Pizango con su intolerancia ha llevado esta situación al país.”

Por su parte, Pizango dijo a la prensa que responsabiliza al gobierno del presidente Alan García por ordenar este genocidio,” y por haberlo hecho ha sido calumniado en la radio nacional, y la estación CNR dijo que “podría pedir asilo en Bolivia, Venezuela o Ecuador en las próximas horas.” Al final resultó que Pizango pidió asilo en la embajada de Nicaragua, después de amenazas a su vida.

La guerra de palabras, bombas lacrimógenas, helicópteros y balas, nos pone al borde de un precipicio. Ante una grave amenaza a su programa económico centrado en las inversiones a través de un movimiento indígena de una vitalidad y organización sin precedentes, García responde mediante la violencia. ¿Pero cómo hemos llegado a esta situación?

Apertura de la Amazonía

El ritmo de la movilización y de la resistencia indígena en Perú se ha acelerado durante los últimos tres años desde que Alan García llegó por segunda vez al poder como presidente de Perú. García se lanzó a una estrategia económica de doble vía que ha enajenado a amplios sectores de la sociedad peruana, pero sobre todo a los 14 millones de indígenas del país.

Por una parte, García ha hecho aprobar un Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU., promulgando varios “decretos” a fin de remodelar la economía para ajustarse a los términos del acuerdo. Por la otra, ha promovido agresivamente la apertura de la Amazonía a la exploración y el desarrollo energético, una estrategia que plantea una amenaza inmediata al modo de vida indígena y a las ecologías nativas.

Como informó un estudio publicado en 2008, García ha destinado más de un 70% de la Amazonía peruana a firmas petroleras como Pluspetrol de Argentina, y Perenco de Francia. Tales acuerdos también han sido obtenidos sin consultar a las comunidades indígenas que serán afectadas. De hecho, Alan García ha pasado por sobre las preocupaciones por los derechos indígenas diciendo que “Tenemos que entender que cuando hay recursos como el petróleo, el gas y la madera, no pertenecen sólo a la gente que ha tenido la suerte de haber nacido allí.”

Los decretos que García promulgó a fin de preparar a Perú para la integración con la economía de EE.UU. van a facilitar considerablemente la expropiación de tierras indígenas.

El Decreto 1064, por ejemplo, apuntaba a pasar por alto a las comunidades locales, permitiendo que compañías con concesiones amañaran cambios a los permisos de zonificación en la Amazonía con el gobierno central de Perú, evitando potencialmente toda forma de consulta local. Amazon Watch señala que eso coloca a Perú en contravención con la regulación 169 de la OIT que exige que los gobiernos “consulten con los pueblos indígenas antes de firmar contratos y de establecer cualesquiera proyectos de desarrollo que los afecten” – algo que “nunca ha sucedido, pero que siempre ha habido un requerimiento de que las compañías por lo menos negocien un arreglo financiero con una comunidad antes de llegar al lugar.”

El Artículo 7 del Decreto 1064 también apunta a “(reclasificar) los derechos comunales a la tierra como subordinado a la propiedad individual y privada” mientras que “sub-cláusulas del artículo 7 dan el favor en cualquier conflicto a individuos y compañías, y a colonos que han invadido territorio indígena.” Se suponía que esto funcionara en conjunto con el decreto 1089, que expandía el papel del servicio COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), cuya política “ha sido promover títulos de propiedad individuales a la tierra, ofreciendo créditos a individuos que renuncien a su tierra comunal a favor de títulos individuales.” Los decretos 1015 y 1073, además, facilitarían el fraccionamiento de tierras comunales indígenas al requerir una simple mayoría en las comunidades, en lugar de dos tercios como era el caso previamente.

Tal vez el más controvertido de todos, el decreto 1090 apuntaba a reducir drásticamente la cantidad de Amazonía cubierta por el sistema de protección del patrimonio forestal del Perú, “liberando” unas 45 millones de hectáreas para el desarrollo económico (incluyendo cerca de un 60% de las selvas de Perú).

Esta determinación ha provocado resistencia. Los pueblos indígenas han luchado hace tiempo contra firmas energéticas. Los achuar, por ejemplo, han llevado ante los tribunales en Los Ángeles al gigante estadounidense Occidental Petroleum por la contaminación de su tierra. Pero esa resistencia nunca ha sido unificada.

Como me dijera el experto en Latinoamérica John Crabtree de la Universidad Oxford: “Perú, a diferencia de Bolivia y Ecuador, carece de un poderoso movimiento indígena que una a los grupos favorables a los indígenas en las tierras altas y en la selva de la Amazonía.” Los grupos en la Amazonía han estado frecuentemente divididos y “siempre han tendido a concentrarse en su propia realidad en lugar de formar alianzas con otros,” pero esto podría estar cambiando debido a la “Ley de la Selva” de García (decreto 1090).

Los últimos dos años han visto una profundización de la cooperación entre pueblos dispares en la Amazonía peruana. En agosto de 2008, encabezados por el agrupamiento indígena AIDESEP, los manifestantes bloquearon algunas de las más importantes vías fluviales y arterias de transporte de Perú. Un puente en Bagua fue ocupado, separando a la Amazonía peruana de la costa, provocando choques en los que más de 800 manifestantes se enfrentaron a la policía con decenas de heridos. En el sur del país, manifestantes rodearon y bloquearon la instalación de gas natural Camisea, así como otras plataformas de perforación y un proyecto de represa hidroeléctrica, extendiendo la lucha contra las reformas de García a todo el país.

Portavoces de los manifestantes exigieron la cancelación de más de 30 decretos, y una consulta sustantiva sobre proyectos específicos. Como dijera el portavoz de AIDESEP, Alberto Pizango, los manifestantes se estaban “movilizando por el derecho a la vida, el derecho a conservar su territorio y a defender el entorno – la selva tropical amazónica que es el pulmón del mundo.”

En un determinado momento, el gobierno trató de conducir a los dirigentes de AIDESEP a un “diálogo” sobre temas del desarrollo, pero las protestas continuaron cuando el gobierno convirtió su cese en una condición previa para conversaciones. Voces en los medios comenzaron a hacer absurdas comparaciones entre los manifestantes indígenas y Sendero Luminoso, un brutal grupo maoísta activo en los años ochenta y a comienzos de los noventa.

La situación escaló, y los activistas indígenas se negaron a echar marcha atrás. El gobierno no había logrado cooptar a sus representantes, o lanzar una respuesta efectiva a las protestas que habían sido casi totalmente no violentas y que gozaban de apoyo en todo Perú. De modo que cuando García declaró un estado de emergencia el 19 de agosto, en lugar de lograr eliminar las protestas mediante acciones policiales, llevó al enardecimiento de los activistas.

Un dirigente de AIDESEP, Alberto Pizango, calificó la proclamación de “declaración de guerra abierta.” Pero los peruanos indígenas no se rindieron. Lejos de ello, de hecho. Como relató la periodista Sandra Cuffe: “Las ocupaciones, bloques y protestas continuaron; y otros se sumaron por solidaridad. Un Comité de Lucha provincial en La Convención (Cusco) incluyendo una Federación de Trabajadores Agrícolas anunció acciones indefinidas en apoyo a las comunidades en la Amazonía, incluyendo bloques de carreteras y del transporte inter-provincial.”

El 20 de agosto, AIDESEP se reunió con el presidente del Congreso de Perú, Javier Velásquez Quesquén, quien aceptó convocar a una sesión plenaria extraordinaria para discutir los decretos contenciosos. Al llegar el 22 de agosto, el Congreso había aprobado el decreto legislativo 2440, que revocó los decretos 1073 y 1015 de García. La presión de los movimientos indígenas había derribado dos de los decretos más controvertidos – que tenían que ver con cambios de la propiedad de la tierra – pero muchos seguían en pie.

A pesar de todo, como dijera Alberto Pizango: “El pueblo de Perú, indígena o no, ha demostrado una vez más que es posible reclamar nuestros derechos a la vida, a la dignidad, y a un desarrollo duradero y sostenible. Es un nuevo amanecer para los Pueblos Indígenas del país.”

Vendiendo la selva

Nuevo amanecer o no, muchos de los decretos siguieron vigentes y continuaron posando una grave amenaza para las comunidades indígenas. Además, en enero de 2009, el Tratado de Libre Comercio entre Washington y Lima entró en vigor después de recibir la firma de George W. Bush, y quedó en claro que el TLC aumentaría la presión sobre la región del Amazonas.

A juicio de Will Petrik, analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos, las consecuencias serán trascendentales. “A medida que los agricultores en pequeña y mediana escala sean obligados a competir con las importaciones agrícolas subvencionadas de EE.UU.,” escribió en enero, “se estima que innumerables agricultores serán obligados a abandonar sus tierras, exacerbando los problemas, como ser la pobreza urbana, el narcotráfico, y la emigración obligada.”

La integración de la economía de Perú a un área comercial más amplia tendrá profundas implicaciones para la Amazonía. De hecho, como me dijo Farid Matuk, ex director del Instituto Nacional Peruano de Estadística e Informática, mientras “Toda la idea del TLC es expandir la frontera agrícola de la economía de EE.UU.,” tendrá el efecto de impulsar la producción alimentaria de la costa a la región de la Amazonía peruana. Mientras “las áreas pasarán a cultivar alimentos para la exportación,” me dijo, “menos tierra disponible para alimentos para el consumo interno puede llevar a demanda de tierra en las selvas (y) habrá que talar más bosques para producir más alimento para el consumo interno.”

Como agregó Petrik: “Como el nuevo TLC asegura protecciones para las inversiones de las corporaciones multinacionales, más de esas corporaciones y su modelo industrial, que marginaliza los derechos laborales y el entorno como simples externalidades, probablemente invalidarán todos los obstáculos a la expansión del comercio a cualquier precio.”

De modo que el TLC lleva consigo un movimiento de pinzas implícito concentrado en las tierras de la Amazonía. Por una parte, existe una creciente presión sobre las tierras del Perú para producir alimentos para el consumo interno. Por la otra, está la apertura de la región a la inversión corporativa y al debilitamiento de las salvaguardas regulatorias.

El camino a Bagua

El 8 de abril de 2009, AIDESEP surgió de nuevo con un llamado a las comunidades indígenas en todo Perú, movilizando a 1.350 de ellas para lanzar otra campaña contra los decretos de García y el TLC. Bloqueando los ríos Napo y Corrientes, AIDESEP exigió la revocación de los decretos restantes, llevando a 30.000 o más personas a las calles y a las barricadas, mientras dejaba a 40 embarcaciones de las firmas energéticas bloqueadas sin poder llegar al mercado.

El 28 de abril, como informó Intercontinental Cry, “protestas y otros bloques habían tenido lugar a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago, en una línea férrea que lleva a Machu Picchu, y en otras varias áreas de importancia para el comercio en los departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín.”

Las tensiones permanecieron relativamente bajas, a pesar de continuos bloques y protestas, pero el 8 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia – cuando los manifestantes comenzaron a cuestionar grandes inversiones. Convenios como la inversión de 2.000 millones de dólares de la firma francesa Perenco en la exploración petrolera fueron cuestionados por miles de manifestantes que exigían un “desarrollo desde nuestra perspectiva,” como dijo Alberto Pizango.

Después de la ruptura de las conversaciones con el gobierno, una semana más tarde, se presentó Pizango, y dijo a los periodistas que los manifestantes indígenas “se niegan a reconocer la autoridad” del gobierno. En su lugar, obedecerían a sus leyes ancestrales y verían cualesquiera fuerzas de seguridad del gobierno en sus tierras como una “agresión externa” mientras “el gobierno quiere apoderarse de nuestras tierras y entregarlas a gigantescas multinacionales por el petróleo, la madera, el oro y otras riquezas codiciadas por los ricos del mundo.”

Pero Pizango también usó la palabra con “I” como reacción ante la intransigencia del gobierno, calificando la campaña indígena de “insurgencia” – una etiqueta aprovechada por el gobierno. El presidente García hizo un raro discurso por televisión, llamando egoístas a las comunidades indígenas por guardar bajo llave los recursos de sus tierras que por propio derecho debían ser aprovechadas por todos los peruanos. “Tenemos que comprender,” dijo, que “cuando hay recursos como petróleo, gas y madera, no pertenecen sólo a la gente que tuvo la suerte de haber nacido allí porque significaría que más de la mitad del territorio de Perú pertenece a unos pocos miles.”

García combinó su llamado al nacionalismo con una escalada de fuerzas, enviando a los militares de Perú a la región de la Amazonía durante 30 días para aplastar las protestas en sitios estratégicos, mientras Pizango y la AIDESEP seguían llamando al diálogo. Como informó Irene Claux de Upside Down World: ”Pizango subrayó que el gobierno debe levantar el estado de emergencia que ha sido establecido desde el 9 de mayo en cinco regiones amazónicas, el Congreso debe revocar los decretos controvertidos, y debe haber una discusión respecto a un diferente camino en el desarrollo de la Amazonía.”

Mientras tanto, “el partido de García se negó a respaldar una moción que abriría el debate sobre los decretos presidencial, una acción que su principal oponente político, el nacionalista de centro-izquierda Ollanta Humala, había calificado de “craso error.” En otras palabras, García, había elegido como su estrategia la confrontación.

A pesar de su falta de disposición a iniciar conversaciones honestas con AIDESEP o discutir el asunto en el Congreso, desde entonces García se ha vuelto más desesperado por terminar con los bloques indígenas, que están teniendo un efecto directo en la producción de energía y el transporte. Aunque los manifestantes no han logrado conservar el gasoducto que sale del proyecto de gas natural Camisea en el sur de Perú después de casi dos semanas de ocupación, otros gasoductos siguen bloqueados. Sin embargo, incluso antes de esa ocupación, como informa Financial Times, “las manifestacionesÂ… habían provocado advertencias de racionamiento de combustible dentro de una quincena,” mientras que las operaciones han sido suspendidas en el Bloque 1A, de la firma argentina Pluspetrol.

García ha ido cayendo en los sondeos de opinión en las últimas semanas, lo que ha sido otro estímulo para la acción. Un sondeo realizado por Ipsos, Apoyo y Opinión y Mercado estima su tasa de aprobación en sólo un 30% – lo que difícilmente representa un mandato para imponer decretos que remodelarían toda una nación.

Ante este trasfondo – resultados deprimentes en los sondeos y amenazas a las inversiones – García lanzó su ataque contra los manifestantes durmientes en Bagua.

Defensores de la tierra

Al decidirse por la militarización del conflicto con manifestantes indígenas, García no sólo ataca los cuerpos físicos de peruanos indígenas. Su gobierno se ha lanzado a desafiar, y potencialmente desmantelar, una constelación de culturas diversas, pero relacionadas, todas las cuales ven el “desarrollo” y el “entorno” de modos marcadamente ajenos a los estrategas corporativos y a los políticos neoliberales.

Como lo describe Ricardo Carrere, coordinador del Movimiento mundial por los bosques tropicales (WRM): “si se quiere hacer algo respecto al cambio climático, hay que detener la extracción de petróleo y la realidad muestra que la única gente del mundo que hacer realmente algo por proteger al mundo contra el cambio climático son los pueblos indígenas que dicen “no más petróleo.”

Según Carrere, los pueblos indígenas se levantan contra fuerzas que son incompatibles con la sostenibilidad medioambiental y la justicia social. Se oponen a una “lógica económica que significa que tenemos que destruir” y ofrecer un modelo diferente de desarrollo, que “tiene que ser descentralizado, que haga volver a la tierra a la gente de las ciudades, donde puede tener un mejor modo de vida,” y exige que “se necesita un cambio muy profundo en todos los países.”

Si, como señala Carrere, “nos empobrecemos con cada barril de petróleo que exportamos,” nos estamos enriqueciendo con cada persona indígena que se alza por sus tierras y sus derechos contra firmas energéticas. No son sólo ejemplos locales de resistencia, sino acciones de importancia global.

También representan la continuación de siglos de resistencia anticolonial. Como dice Stephen Corry de Survival, “las protestas muestran que la era colonial ha terminado por llegar a su fin. Los indígenas del Amazonas ya no están dispuestos a tolerar el tratamiento ilegal y brutal que se ha hecho rutinario. Eso se acabó.”

Por ello las protestas en Perú tienen una importancia global – tanto en términos de la resistencia contra leyes de inversión neocoloniales y en términos de sostenibilidad ecológica. La matanza de Bagua se dirige a todos nosotros. Como lo expresa elocuentemente el portavoz de los indios yanomani, Davi Kopenawa Yanomami:

“Debemos escuchar el grito de la tierra que pide ayuda. La tierra no tiene precio. No puede ser comprada, o vendida o cambiada. Es muy importante que los pueblos blanco, negro e indígena luchen juntos por salvar la vida de la selva y de la tierra. Si no luchamos juntos ¿cuál será nuestro futuro? Nuestros hijos necesitan la tierra y la naturaleza viva y erguida. Nosotros, indígenas, queremos respeto para nuestros derechos. Podéis aprender con nosotros y nuestros chamanes. Es importante no sólo para los yanomami sino para el futuro de todo el mundo.”

Y ponerse de pie es el único remedio efectivo. En medio del derramamiento de sangre en Bagua, el Congreso de Perú actuó esta semana para suspender dos de los decretos de García – los que tienden a abrir la región de la Amazonía peruana a las firmas de la energía y de la minería. La suspensión es temporal (García tiene quince días para firmarlos antes de que sean enviados de vuelta al Congreso, que puede o no enfrentarlo) pero la resistencia crece.

Hoy, 20.000 o más estudiantes, sindicalistas y defensores de los derechos humanos se unieron a los manifestantes indígenas en Lima gritando “la selva no está en venta” y exigiendo una investigación de los acontecimientos en Bagua. Un movimiento sin precedentes está vinculando a los pueblos de la selva peruana con las selvas de sus ciudades, pero queda por ver si Alan García se retractará.

Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/1022/la-trascendencia-global-de-la-protesta-en-la-amazonia-peruana/ (más…)