Me pregunto dónde están los defensores de la libertad y la democracia?, acaso solo salen levantar la voz contra a quellos que piensan muy distinta al sistema imperante?, qué, los asesinatos perpetrados durante las dictaduras por militares afines al sistema no son delitos de lesa humanidad para los adalids de la libertad y la democracia?
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Uruguay: Plebiscito sobre Ley de Caducidad en Uruguay
Publicado el : 16 Junio 2009 – 8:18de la tarde | Por Redacción InformaRN
Los uruguayos podrán decidir el próximo 25 de octubre si se anula o no la ley de Caducidad que, desde hace 20 años, obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Uruguay.
Beatriz Díez
La Corte Electoral uruguaya dio luz verde este lunes a la celebración de un plebiscito sobre la Ley de Caducidad que fue aprobada por el Parlamento en 1986 y posteriormente fue ratificada por la ciudadanía en 1989. El ministro de la Corte, Wilfredo Penco, informó que se han alcanzado las firmas necesarias para realizar la convocatoria, que coincidirá con las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Firmas necesarias
El pasado 24 de abril, la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad -integrada por sindicatos y organizaciones sociales- presentó a la Asamblea General del Uruguay 341.043 firmas para pedir la convocatoria a un referéndum sobre la anulación de la norma. La campaña de recolección de firmas se había iniciado en septiembre del 2007.
Una vez se supo que la Coordinadora había conseguido las firmas suficientes, se esperaba la convocatoria del plebiscito, pero no por esperada, la noticia ha sido recibida con menor satisfacción.
El abogado Pablo Chargoña, especializado en causas de derechos humanos, dice a Radio Nederland que la satisfacción que siente es grande por cuanto existe la posibilidad de que Uruguay adapte sus normas jurídicas internas a los tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
“En ese sentido”, señala Chargoña, “estamos en presencia de la culminación de un importante ejercicio de democracia directa que implica la convocatoria, junto con las elecciones nacionales, para reformar la Constitución de modo tal que se elimine del orden jurídico interno una ley nacida de la misma presión de los militares violadores de los derechos humanos y que implicaba una vergüenza internacional”.
Una ley de 20 años
Según la ley de Caducidad, los jueces deben consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no. La norma fue votada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986, y fue ratificada en consulta popular el 16 de abril de 1989 por un margen del 57% de los votos a favor frente a un 43% que dijo no a la ley.
Hay que tener en cuenta el contexto en el que se votó la ley, con la llegada de Julio Sanguinetti a la presidencia del gobierno en marzo de 1985. Eran años de gran inestabilidad institucional, con la dictadura aún muy reciente, y la tensión causada por la actitud del entonces comandante en jefe del Ejército, general Hugo Medina, quien, en un claro desacato a la Justicia, dijo que las citaciones judiciales a militares por violaciones de los derechos humanos “estaban en un cajón de su despacho y allí se quedarían”.
¿Margen para la victoria del no a la anulación?
Quedan cuatro meses para la celebración del plebiscito, y según encuestas recientes, el 60% de la población uruguaya está a favor de anular la ley.
Sobre el posible resultado del referéndum, el abogado Chargoña subraya que es muy importante la oportunidad en que se convoca a la ciudadanía, junto a las elecciones nacionales, porque la decisión de las dirigencias partidarias puede tener incidencia en la misma reforma constitucional.
En opinión del abogado uruguayo, ha pasado mucho tiempo desde la ratificación de la ley, y la sociedad uruguaya ha reflexionado sobre la importancia de acceder a los tribunales en estos casos y no dejarlos ocultos o en silencio.
“Hace pocos años se pudo ingresar a los cuarteles y se advirtió que en los establecimientos militares en Uruguay existen cementerios clandestinos, situación aberrante que generó un profundo rechazo en la sociedad uruguaya, que adoptó una postura diferente a la del año 1989”, explica Chargoña.
Apoyo de Tabaré Vázquez a la anulación
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo en Costa Rica el pasado abril que “el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos” y dijo esperar “fervientemente como ciudadano uruguayo que el pueblo anule esta ley”.
Durante el mandato de Tabaré Vázquez, ocho ex militares y policías fueron condenados a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, y se ha procesado a los ex dictadores Gregorio Álvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976).
Varios dirigentes de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio firmaron a favor del plebiscito y algunos sectores minoritarios del Partido Nacional, actualmente el principal partido de la oposición, también respaldaron la posible anulación de la ley. Para que la norma sea anulada se necesita la mitad más uno de los votos válidos en el referéndum.
Apertura de más casos
De confirmarse la anulación de la ley de Caducidad en la consulta de octubre, cabe esperar efectos prácticos sobre muchos casos que han sido archivados en aplicación de la ley y también la aparición de otras denuncias que no se presentaban por el desestímulo que suponía la ley.
El abogado Pablo Chargoña va más allá y espera que, además de anularse la ley, se encare otro tema, como es el de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Para ello, Uruguay tendrá que acometer una reforma constitucional más amplia que tome en consideración las características particulares de los crímenes de lesa humanidad, para que no prescriban. “El paso del tiempo no puede operar como una defensa del terrorista de Estado”, concluye Chargoña.
Escuche la entrevista a Pablo Chargoña, abogado uruguayo especializado en causas de derechos humanos.
Fuente: radio nederland