Aunque la voz de los movimientos ambientalistas, redes sociales, movimientos campesinos, indígenas, e incluso algún gobierno periférico se había alzado tempranamente contra la extensión de los agrocombustibles dadas sus diversas consecuencias negativas, sorprende que a similares conclusiones haya llegado, con cierto retraso, el grupo de Estados super-desarrollados encuadrados en la OCDE.
De hecho la tendencia a reemplazar de forma progresiva, al menos en un porcentaje significativo, el petróleo por combustibles elaborados en base a materias primas agrícolas –soja, colza, girasol, sorgo, maíz, y un largo etcétera- se enfrenta a una creciente oposición. Según el madrileño periódico ABC “desde relevantes científicos hasta instituciones internacionales independientes”, pasando por el movimiento ambientalista internacional se han pronunciado claramente en contra.
Ahora parece llegado el momento de reconocer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) los negativos resultados de las políticas de incentivo a esos carburantes agrícolas dentro de sus treinta estados miembro, los más ricos del Planeta.
Según el informe difundido el 16 de julio las actuales políticas públicas de fomento a los agrocombustibles dentro de la OCDE tienen un “impacto limitado” en la reducción de gases de efecto invernadero y en mejorar la seguridad energética, mientras que tienen un “considerable impacto” negativo en los precios de los granos y demás materias primas y de los alimentos en general.
En España, por ejemplo, el gobierno defiende una cuota creciente en el consumo de agrocombustibles en detrimento del petróleo -del 5,75 por ciento en 2010, y del 10 por ciento para 2020, en consonancia con la Unión Europea (UE).
Fuente: http://www.ecoportal.net/content/view/full/80159En este sentido, el informe de la OCDE señala que la producción de agrocombustibles es “altamente dependiente” de la financiación pública para ser viable y apunta que las ayudas públicas en EE.UU., Canadá y la Unión Europea para la producción y empleo de agrocombustibles alcanzarán los 25 000 millones de dólares (15 705 millones de euros) anuales hasta 2015, frente a los 11 000 millones de dólares de 2006 (6910 millones de euros), lo que implica “un coste de entre 960 y 1700 dólares por cada tonelada de gases de efecto invernadero ahorrada”.
La OCDE sostiene en el informe que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es una de las razones esgrimidas para fomentar el desarrollo de los “combustibles verdes” pero admite que los ahorros “son limitados”.
“Los agrocombustibles producidos con trigo, remolacha azucarera o aceites vegetales raramente proporcionan un ahorro de emisiones superior al 30% ó 60%, mientras que la reducción obtenida a través de los producidos con maíz generalmente es inferior al 30%. En general, el mantenimiento de las actuales políticas de apoyo a los agrocombustibles reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en no más del 0,8% hasta 2015”, afirma la OCDE.
Asimismo, la organización advierte de que el impacto de las actuales políticas de agrocombustibles sobre el precio mundial de los cereales, ante el incremento de la demanda, es significativo, “pero no debería sobrevalorarse”.
“Las actuales medidas de apoyo a los agrocombustibles supondrán por sí solas en los diez próximos años un encarecimiento medio del trigo del 5%, del 7% en el caso del maíz y del 19% en los aceites vegetales”, señala el informe.
Además, la OCDE indica que, teniendo en cuenta las medidas contempladas en la ley de independencia energética de EE.UU. y la directiva europea de energías renovables, el 13 por ciento de la producción mundial de grano y un 20 por ciento de la de aceites vegetales se destinarán a la producción de biocombustibles en los diez próximos años, frente al 8 y 9 por ciento, respectivamente, de 2007.
De este modo, el informe reclama a los gobiernos que reconduzcan sus políticas hacia la promoción del ahorro energético, especialmente en el sector de transportes, y demanda una mayor apertura de los mercados de agrocombustibles y piensos. Asimismo, sugiere la necesidad acelerar el desarrollo de una segunda generación de agrocombustibles que no requieran el uso de alimentos como materia prima.
Otra verdad incómoda
A todo esto, la ONG Intermón Oxfam ha denunciado que los agrocombustibles agravan la crisis de los precios de alimentos y en el informe Otra verdad incómoda intenta demostrar que no son una solución al cambio climático ni a la crisis del petróleo.
La política actual de agrocombustibles empeora la seguridad alimentaria y la inflación en los países más pobres, y no es la solución al cambio climático ni a la crisis del petróleo, según la ONG. Esta es una de las principales conclusiones del informe Otra verdad incómoda, que Oxfam Internacional presentó recientemente en Madrid, España.
“El incremento de la demanda de agrocombustibles para su uso en el transporte en los países ricos hace que se dispare la producción de agrocombustibles a costa del aumento de precios de los alimentos”, declaró el portavoz de Intermón Oxfam para agricultura y cambio climático, José A. Hernández de Toro. “Si un cultivo vale más como combustible que como alimento, será utilizado para producir combustible”, añadió. Además, resaltó el portavoz que los subsidios y las deducciones fiscales a favor de los agrocombustibles siguen existiendo mientras que las reservas mundiales de cereales se encuentran en la actualidad en niveles muy bajos. Los países ricos están dando apoyo a su propia producción de agrocombustibles no sólo mediante subsidios y deducciones fiscales, sino también con metas de consumo y aranceles a las importaciones, indicó.
Estas medidas actúan como un nuevo “impuesto sobre los alimentos”. “Es un impuesto regresivo porque afecta sobre todo a las poblaciones más pobres porque lo que gastan en alimentos representa una gran parte de sus ingresos”, denunció Hernández de Toro.
Los biocombustibles están ocupando terrenos de cultivo y forzando la agricultura a expandirse hacia tierras que actualmente son sumideros de carbono, como bosques y humedales, afirmó la ONG. Esto dispara la emisión del anhídrido carbónico (CO2) contenido en la tierra y la vegetación, que tardará décadas en compensarse. Oxfam calcula que hacia 2020, como consecuencia de la meta de la UE de cubrir con agrocombustibles un 10 por ciento de las necesidades energéticas del sector de transporte, las emisiones de carbono procedentes del cambio de uso de la tierra para producir aceite de palma podrían ser casi 70 veces más que el ahorro energético anual que la UE confía en alcanzar con el uso de agrocombustibles.
Indonesia, Malasia, Tanzania
Indonesia y Malasia esperan cubrir juntas un quinto de la demanda europea de biodiésel a partir de aceite de palma, para lo cual van a triplicar la superficie actualmente en cultivo. La producción para la exportación estará certificada como sostenible según estándares de la UE, pero desplazará las plantaciones no certificadas a zonas previamente cubiertas de bosque tropical y turberas, lo que resultará en aún más emisiones de gases de efecto invernadero. Por si esto fuera poco, la expansión del cultivo amenaza con el desplazamiento a millones de indígenas que habitan esas tierras, advirtió la ONG.
Mientras, en Tanzania, un alud de inversiones está llegando de la mano de empresas europeas que buscan tierras donde producir materia prima para los agrocombustibles, atraídos por un floreciente mercado. Además, Oxfam aseguró que en un contexto de escasa transparencia en el proceso de asignación de tierras y debilidad del Estado para regular las inversiones, miles de campesinos han cedido sus tierras sin haber recibido las compensaciones y las ofertas de empleo prometidas.
Por otro lado, Hernández de Toro sostuvo que los agrocombustibles no satisfarán la necesidad de independencia energética de los países ricos. “Incluso si todo el grano y todo el azúcar que se produce en el mundo se convirtiera mañana en etanol – y en el proceso todos nosotros tendríamos menos para comer- sólo seríamos capaces de reemplazar el 40 por ciento de nuestro consumo de gasolina y de diésel”. “Los gobiernos de los países ricos no deberían utilizar los agrocombustibles como una excusa para evitar decisiones urgentes sobre cómo reducir su demanda desbocada de gasolina y gasoil”, añadió. www.ecoportal.net
Fuentes: Europa Press, ABC, La Jornada