Los católicos en las protestas económicas de América Latina
1:00 p.m. | 6 dic 20 (NCR).- La pandemia ha tenido efectos devastadores en América Latina: son más de 400.000 muertes y 11 millones de infectados. Y siendo una región azotada por notorias desigualdades sociales, ahora se suman graves consecuencias económicas. En países que la disparidad ya generaba agitación social, se han alcanzado niveles críticos. Sumado a lo que ocurre en Perú y Chile, en Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil, el descontento también se ha manifestado masivamente en las calles. Un artículo del NCR observa esta coyuntura y resalta cómo los católicos, desde lo individual e institucional, se han manifestado en medio de las circunstancias. Además, reunimos mensajes recientes que ha dirigido Francisco a fieles y gobernantes latinoamericanos, a propósito de la crisis mencionada.
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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el segundo trimestre de 2020 se perdieron por lo menos 47 millones de puestos de trabajo. En los países que ya sufrían de agitación económica, el nivel de crisis social ha aumentado drásticamente en los últimos meses. Los católicos se han mostrado activos en diversas convocatorias pacíficas, en algunos casos seguramente inspirados por las enseñanzas del Papa contra el capitalismo no regulado.
En Guatemala, la repentina aprobación (el 18 de noviembre) del Presupuesto nacional para el 2021, considerado por muchos como inadecuado para atender las necesidades más urgentes de la población, provocó fuertes reacciones en la oposición y dio lugar a una protesta masiva dos días después. Los legisladores guatemaltecos que se oponen a la administración del Presidente Alejandro Giammattei acusaron a sus partidarios en el Congreso de aprobar el presupuesto de manera poco transparente y sin el debate necesario. El presupuesto se enfocaba en la reducción de los gastos del gobierno, al tiempo que recortaba la ayuda social. La indignación se expresó en las calles, de la mano con represión y violencia, e incluso un grupo de manifestantes terminó incendiando el Congreso.
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“La propuesta incorporaba la financiación de la alimentación de los congresistas y, al mismo tiempo, recortaba el dinero destinado a un programa contra la desnutrición infantil”, dijo Mario Arévalo, secretario ejecutivo de Caritas Guatemala. Los obispos guatemaltecos emitieron un comunicado el 19 de noviembre, condenando la forma “precipitada y presuntamente irresponsable” en que el Congreso aprobó el presupuesto. “Hemos tenido la aprobación de presupuestos subfinanciados durante 10 años consecutivos, pero nunca antes en montos tan desproporcionados como este año”, decía el comunicado. “El endeudamiento del país está alcanzando niveles francamente preocupantes, y las deudas hoy significan hambre mañana”.
Arévalo dijo que la crisis económica del país ha ido en aumento durante las últimas tres administraciones, con “una creciente brecha entre los ricos y los pobres” que ha culminado ahora en una “explosión de descontento”. Por lo pronto, una semana de protestas masivas ha conseguido que el Congreso anule y archive el polémico presupuesto, aunque la tensión no ha disminuido del todo, al incrementar el malestar por la sombra de corrupción y mala gestión del gobierno.
Y en Costa Rica, el creciente déficit fiscal de los últimos años llevó al país centroamericano a promover una reforma tributaria en 2018, en un proceso que produjo un descontento social generalizado. “Ahora, por la pandemia, el gobierno ha negociado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene previsto un nuevo aumento de los impuestos, lo que afectará especialmente a los pobres”, dijo el Padre David Solano, sacerdote de la capital San José.
Solano, que es el delegado de su obispo en la Comisión de Pastoral Social de Cáritas de la Arquidiócesis de San José, dijo que el gobierno inicialmente planeaba subir los impuestos relacionados con los ingresos y el uso de bienes y servicios. “Esos son impuestos regresivos, que son perjudiciales para los pobres”, dijo Solano. “No se ha mencionado alguna idea sobre la creación de impuestos para los ricos”. En septiembre, algunas personas comenzaron a protestar bloqueando las carreteras de todo el país. Solano dijo que tales manifestaciones se intensificaron rápidamente y que los católicos -incluso los ministros de pastoral- formaban parte de ellas.
“El nivel de conflicto social se hizo tan fuerte que la conferencia de obispos decidió emitir una declaración llamando al país a trabajar por el diálogo y la paz”, dijo el sacerdote. La declaración titulada “La política no debe estar sujeta a la economía” -una cita de la encíclica de Francisco 2015 Laudato Si- pedía al gobierno que protegiera a los más vulnerables de la sociedad evitando impuestos que pudieran afectar sus condiciones de vida. “Estamos en contra de los impuestos que afectan a los pobres”, dijo el obispo Javier Román de Limón, Costa Rica. “Los ricos deben pagar impuestos como ricos y los pobres deben pagar impuestos como pobres”, dijo el prelado. “Los impuestos deben ser cobrados a las grandes empresas que no los han pagado adecuadamente.”
A mediados de octubre, el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada decidió convocar a líderes sociales -incluyendo a Solano- para un amplio diálogo nacional. Todavía no se ha definido nada, pero Solano cree que el gobierno quiere aprobar otra propuesta que involucre al FMI, esta vez con más apoyo a las instituciones sociales. “Todavía esperamos que haya otras soluciones que no impliquen un préstamo del FMI”, dijo Solano.
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El nivel de malestar social en Panamá, justo al sur de Costa Rica, es menor, pero muchos en el país han expresado su frustración por la corrupción gubernamental y por el impacto de la pandemia en la clase trabajadora. “Miles de trabajadores han sido despedidos desde el brote de COVID-19”, dijo Maribel Jaén, directora de Caritas Panamá. “La mayoría teme no volver a tener su trabajo cuando pase la pandemia”. El gobierno convocó a los delegados laborales y a las empresas para debatir la situación, pero no se han logrado resultados concretos, dijo Jaén, que también es socióloga. Los proyectos de reforma del sistema de pensiones del país también han sido objeto de protestas por parte de activistas laborales.
“Lamentablemente, nuestra estructura económica es neoliberal, aunque la actual administración se presenta como socialdemócrata”, dijo el director de Cáritas. “Incluso los servicios públicos podrían terminar siendo transferidos al sector privado”. Durante su asamblea general de septiembre, los obispos panameños emitieron una declaración resaltando el “clamor popular contra la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública” y las “continuas demandas de mejores condiciones de vida”.
En Colombia, al sur de Panamá, hace un año que grandes multitudes comenzaron a protestar contra la administración del Presidente Iván Duque. Organizadas por decenas de asociaciones cívicas, las marchas han ido reuniendo a activistas laborales que quieren llamar la atención sobre la alta tasa de desempleo en el país; estudiantes y profesores que exigen que la educación superior sea pagada por el gobierno; y activistas sociales que denuncian los asesinatos de líderes comunitarios y ambientalistas.
Los manifestantes también han exigido el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de izquierda FARC. Después de más de 50 años de conflicto, el gobierno y los rebeldes llegaron a un acuerdo para poner fin a la organización, pero el plan no se ha llevado a cabo como se esperaba. Monseñor Héctor Henao, director de Caritas Colombia, dijo que la Iglesia ha sido un actor clave en el proceso, tratando de restablecer el diálogo entre las dos partes. “La Iglesia ha promovido acuerdos humanitarios en varias partes del país”, dijo Henao a NCR. “En la crisis actual, hemos pedido al gobierno que escuche las demandas de los manifestantes”.
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Los problemas históricos experimentados por los colombianos se intensificaron con la pandemia, dijo Henao. “La gente ha quedado en una difícil situación económica después de siete meses de cuarentena”, dijo. “Muchos propietarios de tiendas tuvieron que cerrar sus negocios y las personas que dependían de la economía informal están sufriendo mucho”. Activistas laborales están exigiendo que el gobierno revoque los recientes decretos que, según ellos, han reducido los derechos de los trabajadores. También quieren que se cree un programa de ingresos básicos para ayudar a unos 30 millones de colombianos que se encuentran en situaciones vulnerables debido a la pandemia.
La búsqueda de nuevas soluciones económicas para los problemas de América Latina se ha fortalecido en Brasil con la organización del grupo de delegados locales que asistieron a la convocatoria de la iniciativa La Economía de Francisco, que planteó la necesidad de renovar el sistema económico global. El sociólogo Eduardo Brasileiro, miembro fundador de la Organización Brasileña para La Economía de Francisco, dijo que su iniciativa ha involucrado a las fuerzas políticas que se oponen a las políticas sociales y económicas del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. “No sólo en Brasil, sino en toda América Latina, los grupos locales de delegados han involucrado a movimientos sociales y activistas comunitarios para pensar en nuevos caminos para la región”, dijo Brasileiro.
En 2017, el gobierno del expresidente Michel Temer aprobó una reforma laboral que redujo el número de protecciones a los derechos de los trabajadores. En 2019, el presidente Bolsonaro introdujo una reforma de las pensiones que aumentó la edad mínima de jubilación. La tasa de desempleo actual en Brasil es oficialmente reportada como 14.4%, pero el porcentaje real es ciertamente mucho más alto, dado que los arreglos de trabajo informal son la norma. Según el instituto de encuestas Datafolha, la pandemia redujo el número de brasileños económicamente activos del 78% al 69%. “Por eso hemos estado discutiendo el desempleo y las formas en que la economía solidaria puede servir como una alternativa para los brasileños”, dijo Brasileiro.
La activista católica Dai Zito, que también es representante brasileña para la Economía de Francisco, dijo que en el encuentro de noviembre se recopiló iniciativas existentes para replantear el modelo económico, impulsadas a nivel comunitario en diferentes partes de Brasil. “Pero para luchar contra el estado actual de las cosas, también necesitamos protestar, influenciar a la gente a través de los medios de comunicación social y hacer que activistas como nosotros sean elegidos para el Congreso y el poder ejecutivo”.
Por último, esta semana en el Perú se intensificaron las protestas en el marco de un paro agrario. Recién después de cinco días de manifestaciones, que dejaron dos víctimas en el norte del país, el Congreso procedió a derogar la Ley de Promoción del Sector Agrario, norma que estaba en el centro de la escalada de protestas. Esto solamente ha calmado el panorama, que todavía necesita un mayor trabajo en la mejora de condiciones laborales del sector agrario.
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Precisamente a ello se ha referido el Arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo, en su homilía del segundo domingo de Adviento. El episcopado peruano también se manifestó a través de un comunicado.
ENLACES. Homilía de Mons. Carlos Castillo (minuto 35:00) / Comunicado del episcopado peruano
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Fuente:
Artículo “Francis’ teachings inspire Catholics in Latin America’s economic protests” de Eduardo Campos Lima, tomado del National Catholic Reporter. Traducción libre de Buena Voz Noticias.
