Iglesia de Brasil condena la violencia hacia pueblos indígenas

9.00 p m| 31 jul 14 (LA CROIX/ADITAL/BV).- “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil – Datos de 2013” es el título del informe que presentó el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) -organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB)- el jueves 17 de julio en Brasilia, en la misma sede de la CNBB. El documento implica la responsabilidad del gobierno de Brasil en violaciónes de derechos humanos contra nativos y cuestiona la proliferación de ocupación ilegal de sus territorios, y el lento proceso de demarcación y asignación de los mismos, factor esencial para evitar los desalojos.

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Las tierras indígenas se han demarcado desde 1993 de acuerdo con la Constitución Federal de 1988. Pero debido al enfoque en las políticas económicas que favorecen a los agronegocios, compañías mineras, empresas de energía eléctrica y de construcción civil, las obligaciones legales no se han cumplido, acusa el informe del CIMI.

“Esos sectores son, precisamente, los enemigos históricos de los pueblos indígenas y son los principales responsables de los asesinatos, el etnocidio y el saqueo de los territorios de los pueblos indígenas, además de otras formas de violencia”, dice Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del CIMI, quien establece un vínculo entre los intereses de política económica y pública.

“El Gobierno brasileño adoptó un modelo de crecimiento basado en las exportaciones agrarias y dejó de lado a los pueblos indígenas”, explicó a EFE Luiz Enrique Eloy, asesor jurídico del CIMI.

La sistematización de los datos fue realizada a partir de relatos y denuncias de los pueblos, de los líderes y organizaciones indígenas; de informaciones de misioneras y misioneros del CIMI, y de noticias difundidas por los medios convencionales de comunicación, sitios de Internet y por las agencias de noticias de las más diversas ciudades y regiones del país.También fue posible obtener informaciones ante los órganos públicos que prestan asistencia a los pueblos indígenas y ante el Ministerio Público, además de informaciones que constan en informes y boletines policiales.

Otro punto que el documento denuncia hace referencia a los índices de mortalidad. Aunque el presupuesto de salud se ha cuadruplicado en cuatro años, se percibe la falta de servicios asistenciales básicos disponibles. De acuerdo con la Secretaría de Salud Indígena (Sesai), 693 niños indígenas entre 0 y 5 años murieron entre enero y noviembre del 2013.

El obispo Erwin Kräutler, Prelado de Xingu (estado de Pará) y presidente del CIMI, advierte por su parte sobre la tasa de suicidio de los niños indígenas: “De un centenar de nativos que se quitan la vida en Brasil, cuarenta son niños”.

Respecto al recismo y discriminación, la antropóloga y coordinadora de la investigación para el informe, Lucía Rangel, se han enumerado en el 2013 diferentes formas de discriminación contra los indígenas: “Impedir el uso del transporte público, se niegan puestos de trabajo, agresiones y ofensas verbales, la falta de acceso a la asistencia social y la negativa a proporcionar atención médica”.

El informe de 128 páginas indica también que dos de cada tres actos violentos contra indígenas el año pasado tuvieron lugar en Mato Grosso do Sul, estado ubicado en la frontera de Brasil con Bolivia y Paraguay y con una importante población indígena, principalmente de la etnia guaraní. En total, perdieron la vida en este estado 33 indios, mientras que otros 73 se suicidaron, en su mayoría de entre 15 y 30 años pertenecientes a la etnia guaraní-kaiowá.

El líder indígena Lindomar Terena dijo a Efe que “la violencia contra nuestro pueblo es resultado del descuido del Gobierno frente a los indígenas”.

Terena, un destacado activista incluido en el programa de protección del Gobierno tras haber recibido varias amenazas de muerte por parte de terratenientes de Mato Grosso do Sul, denunció no tener “libertad ni para pasear con mi familia, pero la esperanza por una vida mejor siempre está presente entre nosotros”.

En Brasil hay 896.917 indios que representan el 0,5 % de la población, según el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (2010).

Repercusión en comunidades

Considerando las circunstancias antes descritas, el CIMI resalta lo ocurrido en la ciudad de Humaitá, en el Estado del Amazonas, donde habita el pueblo indígena Tenharim. Recientemente, incitada por madereros, la población se levantó en contra de los indios, quemando un barco, varios vehículos y los edificios de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai), además de amenazar y discriminar a los indígenas, quienes fueron maltratados también en su propia aldea por la fuerza policial.

El indígena Ivanildo Tenharim, líder de la comunidad, cuenta que desde que fue iniciada la construcción de la Carretera Transamazónica, proyectada durante el gobierno del presidente Emilio Garrastazu Médidi (1969-1974), la comunidad sufrió fuertes pérdidas. “Esto hizo aumentar la inmigración, la población y la explotación de los recursos de la región, principalmente de madera, de manera ilegal, y la pecuaria”. De 10 mil miembros, hoy, cuenta con sólo cerca de 900, llegando a contabilizar sólo 250 integrantes, en cierto período.

Por las mismas causas, la población de la comunidad étnica vecina, del pueblo Jiahui, según Ivanildo, disminuyó de 3 mil miembros a menos de 30, durante ese período. “Hubo masacre, esclavitud, explotación”, afirma el líder indígena. Aún así, la población indígena de la región permanece organizada, contando con diversas asociaciones de barrios en la defensa de los derechos indígenas ante las instituciones públicas.

Registro de casos contra el pueblo indígena:

– Violencia contra el patrimonio: 97 casos
– Conflictos relativos a derechos territoriales: 10 casos
– Invasiones de posesión, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio: 36 casos
– Asesinato: 46 casos (53 víctimas)
– Intento de asesinato: 29 casos (328 víctimas indígenas, estudiantes y 4 comunidades)
– Homicidio culposo: 10 casos (13 víctimas)
– Amenaza de muerte: 10 casos (14 víctimas indígenas y varias comunidades)
– Amenazas variadas: 10 casos (35 víctimas indígenas y varias comunidades)
– Lesiones corporales dolosas: 7 registros (8 víctimas y 1 comunidad)
– Abuso de poder: 2 casos (6 víctimas y 1 comunidad)
– Racismo y discriminación étnica cultural: 23 casos (3.618 víctimas indígenas, varias comunidades y pueblos de Brasil)
– Violencia sexual: 11 casos (10 víctimas y 1 comunidad)
– Suicidio: 54 casos (56 víctimas)
– Desasistencia en el área de salud: 44 casos (437 víctimas)
– Muerte por desasistencia de salud: 6 casos (7 víctimas)
– Mortalidad infantil: 5 casos (6 víctimas)
– Diseminación de bebidas alcohólicas y otras drogas: 4 casos (3.215 víctimas)
– Desasistencia en el área de educación escolar indígena: 22 casos (467 víctimas)
– Desasistencia general: 39 casos (3.826 víctimas)

Fuentes:

La Croix / Adital / Informe CIMI