Por una sociedad más comprometida con ‘lo común’: agua y ética

4.00 p m| 20 jun 13 (MENSAJE/BV).- En la última reunión de la Red Global de Incidencia Ignaciana de Ecología, en noviembre de 2012, se decidió darle prioridad en los próximos dos o tres años al tema del agua. La perspectiva más profunda detrás de todo este debate es la necesidad de que nuestras sociedades se impliquen cada vez más en la supervisión y gestión de “lo común”.

En el mencionado encuentro se llegó a un acuerdo, con el objetivo de intentar contribuir en la medida de lo posible a que la cuestión del agua (desde la sensibilización hasta la incidencia) entren en la agenda de todos los participantes de la Red. Son conscientes que los contextos son muy diferentes, y que la problemática a la que se debe hacer frente es muy diversa: fenómenos de escasez; gestión de crisis por inundaciones; contaminación de acuíferos; mercantilización del agua. Junto al objetivo de contribuir positivamente a tomar conciencia sobre la problemática en torno al agua, está también el interés por aprender a trabajar unidos como red, algo no sencillo.

En el presente texto la perspectiva es centrarse en las implicaciones éticas que subyacen a las distintas situaciones en las que se hace necesario gestionar o decidir sobre el acceso, el consumo o la conservación del agua. Así, la Fundación Nueva Cultura del Agua propone cuatro categorías para caracterizar una nueva “ética del agua”; la Red de Incidencia Ignaciana de Ecología agregó una.

* El agua-vida: En funciones de supervivencia de la humanidad y de los demás seres vivos, debe tener prioridad para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos, como un derecho humano, a cuotas básicas de agua potable. Forma parte de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para el 2015 (Objetivo 7, Meta 7.C), y se proponía reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Y aunque se han dado grandes avances, siendo uno de los objetivos que tiene mayor perspectiva de cumplimiento, sigue habiendo importantes diferencias regionales en su implantación. Así, África del Sur (60%) y Oceanía (50%) están lejos de lograr los objetivos. Igualmente la diferencia en el acceso al agua entre las zonas rurales y las urbanas es muy grande. De hecho el 80% de las personas que no tienen acceso a agua potable viven en zonas rurales.

* El agua-ciudadanía: En actividades de interés general, como los servicios de agua y saneamiento, debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en el ámbito de los derechos ciudadanos, con sus correspondientes deberes ciudadanos. Mientras que el “agua-vida” estaría asegurada con el acceso a una fuente pública de agua, en este nivel de “agua-ciudadanía” se quiere situar el abastecimiento y el saneamiento en el propio domicilio, en cada hogar. Se trata de servicios que hoy parecen necesarios para una gran mayoría, y que en cierto sentido van más allá del “agua-vida”. En este nivel se pueden identificar costos de abastecimiento que se individualizan según familias. La contribución al sistema debería considerar el consumo pero todavía más el nivel de renta del consumidor. Además, el “agua-ciudadanía” sitúa al agua como un “bien común” que, debido a su carácter crítico para la supervivencia y múltiples usos, no puede ser considerado como una mercancía más.

* El agua-catástrofe: Se refiere a todos los acontecimientos naturales, como inundaciones o sequías, en los que el agua se convierte en protagonista. Estos fenómenos, recurrentes en muchos lugares del planeta, se han visto exacerbados por efecto del cambio climático. Huracanes, tifones, tormentas tropicales se hacen más intensos y frecuentes; las sequías amplían sus zonas de influencia y son más persistentes. ¿Cómo preparar planes de prevención ante las catástrofes? ¿Cómo reforzar la resiliencia de las comunidades para adaptarse a nuevas situaciones climáticas o para que se recuperen con más facilidad de las crisis? ¿Cómo ayudar más y mejor a los más vulnerables en estas situaciones de emergencia? ¿Cómo puede implicarse mejor la comunidad internacional para prevenir estos acontecimientos o ayudar a recuperarse una vez producidos? Todo ello exige de eficaz planificación y prevención pues, cuando la crisis se produce, la capacidad de reacción es siempre limitada.

* El agua-economía: En funciones productivas, más allá de los niveles de suficiencia para una vida digna. Ésta es una enorme zona de conflicto. Una vez asegurado el suministro de agua para el consumo humano, todo el resto está abierto al debate. La construcción de grandes infraestructuras para el transporte o la producción eléctrica; el uso del agua en la agricultura (e indirectamente en la ganadería que se alimenta también de la producción agrícola); la escasez del agua —aumentada por consumos desproporcionados e irresponsables— lleva a incorporar la lógica de mercado como reguladora de un bien escaso. El lucrativo negocio de las aguas embotelladas sería su apariencia más evidente. El “agua-economía” se debate entre la eficiencia de un mercado y la necesaria protección del bien común.

* El agua-delito: Cuando el agua se convierte en el medio para actuaciones ilegales como vertidos de residuos, contaminación o extracciones ilícitas. Es necesario desarrollar sistemas legales que hagan frente a estas situaciones y disponer de sistemas administrativos y judiciales capaces de hacer que la ley se respete.

Ésos serían cinco ámbitos para el debate moral sobre el agua. Sin embargo, es importante considerar dos perspectivas necesarias para este análisis:

La primera se refiere a la gestión del agua. Inmersa en un debate entre la privatización o la desregulación. En el primer caso, el Estado conservaría la última responsabilidad aunque se encargue a empresas privadas de la gestión. No está claro que esta gestión privada termine siendo más eficiente, como se suele argumentar. En el caso de la desregulación, el Estado da un paso atrás y retira la condición de bien común al agua para transformarla en una mercancía más. Las implicaciones son fáciles de imaginar.

Una perspectiva más profunda detrás de todo este debate es la necesidad de que nuestras sociedades se impliquen cada vez en la supervisión y gestión de “lo común”. La gestión del agua es uno de los ejemplos más claros de esta necesidad de implicación de la sociedad civil; por ser un bien primario resulta muy evidente.

En el caso de Europa se pudo comprobar que cuando la sociedad es preguntada directamente, ésta rechaza que el agua pueda ser privatizada. Es el caso del referendum celebrado en Italia en 2011 en el cual un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil, muchas cristianas, se unieron para rechazar la propuesta de privatización que buscaba el gobierno.

Otro ejemplo muy interesante es la primera iniciativa ciudadana de Europa, un sofisticado sistema de participación de la población de la Unión Europea (es necesario un determinado número de firmas repartido proporcionalmente en al menos siete Estados miembros). La primera iniciativa ciudadana aprobada (que está ahora en proceso de recoger firmas) es precisamente la que se opone a la privatización del agua en el seno de la UE.

Texto de José Ignacio García, S.J. Publicado en la web de la Revista Mensaje.