CONVOCATORIA A ELECCIONES. RAZONES Y SINRAZONES.

Mediante Decreto Supremo 122-2020-PCM, publicado ayer 09/07/2020, el Presidente Martin Vizcarra convocó a elecciones generales para el domingo 11 de abril de 2021, y abrió el inicio del fin de su mandato presidencial y una nueva etapa del quinquenio de gobierno PPK-Vizcarra que acabará el 28 de julio de 2021.

Las sinrazones de la incertidumbre. Una de las palabras que definirán la gestión del Presidente Vizcarra será la incertidumbre. En su única gran base de poder -la opinión pública- ha caminado entre el afecto y desafecto ciudadanos. Por otro lado, desde el cierre del Congreso anterior y la elección del actual, una corriente de opinólogos contrarios a él, no tuvieron límite para aventurar y denunciar su supuesta intención de “alargar su dictadura” más allá del plazo constitucional. El decreto supremo corta por lo sano esos vandálicos augurios. Había una segunda sinrazón en el escenario: por increíble que parezca, en el actual Congreso hubo ímpetus para permanecer más allá del 28/07/2021, alegando la pandemia del coronavirus. Además, el Congreso aprobó la Ley 31010, con lo que puede hacer modificaciones para las elecciones de abril hasta el 28 de setiembre, vía por la cual se podrían cambiar las reglas de juego vigentes. Por si no fuera suficiente, un analista político planteó -me parece irrealmente- que se eliminara la segunda vuelta. La convocatoria cancela la incertidumbre y todas estas sinrazones.

¿Una decisión táctica? No han dejado de haber opiniones en las redes de que la convocatoria ha sido una jugada táctica del Presidente para dejar en off-side a sus críticos y lograr un nuevo respaldo ciudadano, en medio de la actual pugna con el Poder Legislativo que le eliminó la inmunidad presidencial, dejándolos con el menor margen de maniobra para realizar modificaciones a la Constitución y al proceso electoral. No sé si algún día se podrán conocer las intrigas palaciegas, pero por el momento cuenta principalmente el hecho que el plazo de convocarlas era el miércoles 15 de julio. Adelantar la decisión seis días y firmar el decreto supremo en público puede darles la razón a esas teorías. Una suerte de convocatoria con gel y mascarilla: se limpia de los liosos cubriendo su real intención. Si fue deliberado, creo que lo ha hecho simbolizando apropiadamente esta coyuntura pandémica.

Los nuevos actores. Al darse el pistoletazo de salida, el gran cambio que propiciará esta decisión es que obliga a los que quieren ser protagonistas del nuevo quinquenio 2021-2026 a salir de sus cuarteles de invierno. El coronavirus ha sido la excusa o el límite, en primer lugar, de los futuros candidatos presidenciales. Ahora ya no hay excusa, y en verdad, el país necesita escucharlos. En segundo lugar, obligará a los partidos políticos a iniciar el siempre accidentado proceso interno de selección de candidatos, aunque una mejor frase podría ser: “luchas intestinas a chaveta limpia”. Que nadie dude que así serán. Y finalmente, deja en ficha al actual Congreso, cuyos integrantes tendrán que seguir lejos de los reflectores mediáticos ya hasta el final de su mandato.

¿El fin de Vizcarra? La convocatoria, si bien por lógica reducirá la atención mediática que ha venido gozando el Presidente, trae otra consecuencia: Martin Vizcarra puede estar seguro de que concluirá su mandato el 2021. Los nuevos candidatos necesitan el escenario más normalizado posible, el piso más parejo, sin batallas entre otros actores, para que la campaña se centre en ellos. Vizcarra sólo necesita controlar bien la pandemia, empujar fuerte la reactivación y no caer en un escándalo grave de corrupción para llegar sentado en el sillón de Pizarro hasta julio de 2021, sin mayores problemas. Y me atrevo a aventurar que puede llegar con niveles superiores al 50% de aprobación. No es su única fortaleza: Martin Vizcarra logra acumular el capital político suficiente para una próxima aventura política el 2026. En resumen, el decreto supremo tiene el significado político que es un doble salto adelante de Martin Vizcarra: a corto y a largo plazo.

Una tercera gran responsabilidad. Con esta decisión el gobierno asume, además de la lucha contra el Covid-19 y la reactivación económica, la tercera gran responsabilidad con que deberá culminar su gestión: garantizar unas elecciones limpias y transparentes, que den lugar a un traspaso del poder sin ninguna sombra de duda. Si apreciamos la escena internacional, no es un tema menor o de puro trámite. Hace unos días, Vladimir Putin cambió la Constitución Rusa para poder permanecer en el poder hasta el 2036. Si los cumpliera, duraría más que Stalin y solo el Zar Iván el Terrible lo superaría. Eso sí, Putin, ahora un gran conservador, no olvida los modales soviéticos: goza de mínimos de aprobación, pero ganó con el 78% de los votos. En el 2018, el Presidente Xi-Jinping también reformó la Constitución de China para poder reelegirse indefinidamente. En Turquía, el Presidente Recep Erdogan, con una reforma constitucional que se aplica desde el 2019, podrá gobernar hasta el 2034. En Bolivia, el intento de Evo Morales de continuar indefinidamente en la Presidencia, le costó perder el poder. Y Venezuela. Bueno, Venezuela sólo se supera a sí misma. El régimen de partido único ahora va a un nuevo proceso electoral interviniendo los principales partidos de oposición, para hacer una ficción de elecciones.

Epílogo. La llegada del Bicentenario debería ser una excelente oportunidad para debatir una nueva visión del Perú para continuar su historia milenaria, para iniciar el nuevo centenario y para unirnos frente a los grandes problemas que necesitamos enfrentar y superar. Más parece que, a tenor de lo que vivimos en el país y en el mundo, hacer un traspaso limpio e incuestionable del poder político, es ya una gran hazaña en estos tiempos tumultuosos.