Aunque existen varias entidades financieras estatales, a la fecha el estado peruano no cuenta con una efectiva banca de desarrollo como instrumento de política pública de largo plazo. A nivel internacional, las actividades de banca de desarrollo de las entidades financieras estatales son, por definición, el instrumento de política gubernamental para contribuir a mitigar las fallas de mercado que puedan inhibir una suficiente y adecuada oferta de créditos a la economía, especialmente en países donde los mercados de valores son aún muy poco desarrollados.
En el Perú, la visión prevaleciente del papel del estado en la economía está marcada por la radical experiencia de privatización de empresas estatales y desregulación financiera del gobierno dictatorial de Fujimori. Los procesos básicos que transformaron el sistema financiero peruano en los 90 fueron dos: el proceso de privatización y el proceso de dolarización crediticia.
La Constitución de 1993 estableció que el estado podría realizar subsidiariamente actividades empresariales sólo si era autorizado por ley expresa. Este peculiar contexto político-legal explica el desempeño de la banca de desarrollo en el Perú desde los 90, donde se asume que las empresas públicas sólo pueden hacer lo que expresa y específicamente la ley les faculte, a diferencia de las empresas privadas que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba.