LA METASTASIS DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ: Estado débil, desigualdad social y moral

Efraín Gonzales de Olarte

La corrupción en el Perú se ha extendido y ramificado de tal manera que se asemeja a la metástasis de los cánceres malignos. El problema es que los países no se mueren de cáncer, pero si pueden convertirse en sociedades en las cuales las reglas éticas y morales pueden cambiar y lo que antes era una falta a la ética y una excepción, hoy el “coimear” o corromper es una práctica corriente y generalizada. Estamos frente a otros códigos éticos a los cuales nos estamos acostumbrado sin prisa y sin pausa y el resultado será un país que todo funciona con “aceite”. Toda acción con el estado tendrá su precio y se establecerá un mercado paralelo para todo trámite con el estado, que probablemente funcionará mejor que nuestro débil aparato estatal.

No es éste el lugar para hurgar sobre los orígenes de la corrupción, pero intuimos que está implícitamente ligada a la construcción del estado peruano desde la colonia hasta hoy y a las desigualdades económicas y sociales que no permiten erradicar la pobreza y que generan condiciones objetivas para el cálculo de cuánto se gana en algo material y cuánto se pierde en moral y dignidad. Para un pobre extremo o para un político o funcionario avezado la dignidad no vale nada.

El estado en lugar de ser un igualador de oportunidades, se ha convertido en un desigualador pues la corrupción tiene sus tarifas en función del grado de riqueza del corruptor. Observamos en el Perú, que el club de la construcción, Oderbrecht, etc. han favorecido a los sectores económicos más poderosos y a los funcionarios estatales de los más altos niveles del poder. Con seguridad también hay corrupción en niveles inferiores, pero las coimas y los “porcentajes” son bajos en términos absolutos, pero altos en términos relativos. Un alcalde distrital que gana 3,500 soles al mes y debe ejecutar una obra, obviamente va a estar tentado de “acumular” a partir de las licitaciones, pues tiene la única oportunidad durante cuatro años de hacerse de un patrimonio, que no se lo podría hacer en toda la vida si actúa con ética y dignidad.

Las soluciones clínicas frente a este cáncer serían la quimioterapia, la radiación o la quirúrgica.La quimioterapia equivaldría a generar una serie de desincentivos muy disuasivos, de tal manera que el tentado de “romper la mano” o el que se deja romper tenga que pensarlo dos veces. Obviamente, estos desincentivos no deberían pasar por el pesado y no siempre justo poder judicial, debería estar en el control de los funcionarios, los unos a los otros, a los políticos los unos a los otros, y las organizaciones sociales que estén en permanente vigilia y que se pueda comunicar de inmediato cualquier acto “torcido”. Para ello, se requiere de liderazgos y referentes morales, que podrían estar algunas instituciones de prestigio o en personas de intachable moralidad. La acción colectiva podría ser el gran antídoto contra la corrupción.

La radiación que apuntaría a los “peces gordos”, con tribunales especiales, distintos a los existentes, una suerte de tribunales sin rostro, que trabajarían con presteza. La dificultad de esta opción es que la radiación puede afectar también a inocentes, por confusión o por delación.

El método quirúrgico es el que se está aplicando actualmente, se identifica al corrupto, se hace una buena investigación, se lo condena dentro de un debido proceso. El problema de este método es que hay demasiada gente dentro y fuera de la sala de operaciones, que tratan de distorsionar la información, de atrasar la investigación y de distraer la intención, es decir, el club de los hermanitos, los jueces y vocales cuya moral se condice con el ordenamiento jurídico.

Estas metáforas nos permiten buscar salidas. Las primeras requieren de una decidida acción colectiva, de una toma de conciencia y de un rearme moral que permita volver a pensar en lo “malo” que es aprovecharse privadamente de lo que es público o colectivo. La segunda requiere de una reforma, aunque sea parcial, del poder judicial, para establecer una judicatura especial para los temas de corrupción. La tercera, debe ser apoyada con toda firmeza hasta que los fiscales y el poder judicial lleven a juicio a todos los sospechosos y los condenen.

Si no hacemos nada como sociedad, como instituciones y como personas el futuro del Perú es ófrico y siempre habrá la tentación de un gobierno dictatorial de derecha o de izquierda que tome las banderas de la anticorrupción como su plataforma política, para llegar al poder. Una vez allí, la historia se repetirá. Sino veamos el caso de Venezuela o Nicaragua.

Lima, 11 marzo 2020

EL LABORATORIO PERUANO Y LA ATOMIZACIÓN POLÍTICA:

Efraín Gonzales de Olarte

La atomización de la política en el Perú, mostrada en las elecciones congresales recientes, con 21 organizaciones políticas compitiendo por 130 curules en el congreso, es un hecho digno de la mayor atención y preocupación, por sus repercusiones sobre la gobernabilidad y sobre el desarrollo del Perú.

Este proceso electoral puede ser visto como un experimento social, casi de laboratorio, que consiste en cómo elegir 130 congresistas –por un año y medio- que representen los deseos, las expectativas, las frustraciones y las esperanzas de más de 20 millones de electores. Es necesario, sin embargo, tomar en cuenta que el contexto en el cual se dieron las elecciones tenían cuatro grandes componentes que ciertamente han condicionado la votación. En primer lugar, venimos de una crisis política de representación,  que concluyó en la disolución del congreso de la república, luego vivimos un período inédito de lucha contra la corrupción con fiscales que tienen investigados a los ex presidentes de la república y algunos políticos notables, en tercer lugar, la economía ha comenzado a estancarse en parte por factores externos – guerra comercial USA versus China- y por factores internos la incapacidad relativa del gobierno de ejecutar sus presupuestos de inversión, y finalmente vivimos en una atmósfera de inseguridad ciudadana y de violencia de género y delictiva inédita en el Perú. Con estos grandes problemas en mente, se inscribieron 21 organizaciones electorales de las cuales máximo tres podrían ser acreditadas como “partidos políticos”, el resto fueron organizaciones con fines electorales, sin doctrina, sin organización, sin todos aquellos atributos que se requiere para aspirar a alterar en política seria.

Normalmente, los países serios tienen sistemas bipartidistas, en algunos tienen hasta cuatro partidos o movimientos políticos que aspiran a gobernar, lo que permite proponer grandes orientaciones de política y de gobernanza. Pero tener 21 organizaciones significa que el sistema político se ha fragmentado al extremo y que las preferencias electorales ya no pasan por las grandes opciones de políticas – conservadora, liberal, social demócrata o socialista- sino por las pequeñas necesidades de la población, que en el caso peruano son muchas.

Estas elecciones experimentales nos han mostrado que la inseguridad es un gran problema, por ello la gente ha votado por la organización y por el líder que les ofrece seguridad, por aquellos que representan al peruano olvidado y discriminado que además tiene una ideología religiosa con una ética bíblica, pero también han votado por aquellos que están descontentos con las estructuras económica y políticas, que en el extremo proponen gobiernos de “mano dura”, es decir, un grupo importante de peruanos no creen en este estado y quieren uno más autoritario y recio. Pero también han votado por algunas organizaciones con cierta experiencia y con propuestas globales para gobernar el Perú. Además, estas elecciones han castigado a los políticos y sus organizaciones que hicieron del congreso una máquina favorable a la corrupción, a la política de baja ley. Esta elección ha sido, pues, un proceso de catarsis social.

En el fondo, todas las propuestas convergen en que se requiere de más estado, pero sobre todo de un estado fuerte.

Estas elecciones nos dicen, que el Perú está fragmentado al extremo y dado que nadie ha logrado una mayoría más allá del 10%, se presenta la interrogante: ¿será posible que 10 organizaciones políticas se puedan poner de acuerdo sobre una agenda común? No lo sabemos, es una situación inédita e interesante, casi de laboratorio social.

Presumo que una agenda común sería la lista de promesas de cada grupo: lucha contra la inseguridad, políticas de inclusión para los menos favorecidos sobre todo en el ámbito rural, continuidad de la lucha contra la corrupción, más y mejores políticas sociales –educación y salud- y mayor eficiencia y eficacia del estado. Es una incógnita si la necesaria reforma del sistema político y sus partidos, y los mecanismos de elección futura se podrán aprobar rápidamente con este congreso.

El gobierno del presidente Vizcarra tendrá que sintonizar con esta agenda. Sin embargo, este congreso no sólo será de un año y más, sino que además este año comienza la campaña presidencial para las elecciones generales del 2021 y hay varios nuevos congresistas que se sienten presidenciables. Esto me hace pensar que seguiremos más o menos igual, pues se cruzan demasiados escenarios y el tiempo de este congreso y del gobierno es ya corto.

Finalmente, en una situación de atomización de las representaciones políticas y con bastante improvisación, lo que va a contar es quienes son los representantes con nombre propio, de alguna manera los más votados contarán para los posibles acuerdos, más que sus plataformas. Cuando se presentan crisis en las que las instituciones dejan de funcionar, éstas son reemplazadas por lo notables, que en este caso son los más votados.

Volveré sobre el tema en un mes, cuando sepamos la composición del congreso, el gobierno haya tomado nota de los resultados y el Perú haya digerido estos resultados de laboratorio. No puedo dejar de reconocer que pese a todo el Perú está procesando sus crisis manteniendo su sistema democrático, casi un milagro.

28.01.2020

LOS PRINCIPIOS Y LOS INTERESES Y EL DESARROLLO HUMANO

Efraín Gonzales de Olarte[1]

Existe una vieja tensión entre intereses y principios. Los países se desarrollan si los segundos subordinan a los primeros.

 El comportamiento humano oscila entre la defensa de intereses  particulares y principios éticos y morales. En general los intereses tienen como base el egoísmo, a menudo llevados por instintos de sobrevivencia, pero también por el deseo de poder económico o político. Los principios son códigos éticos que provienen de la necesidad de una convivencia humana civilizada y, muy a menudo, basada en sentimientos de solidaridad, cooperación, competencia, compasión.

Veamos un ejemplo para comprender la importancia de este tema para el desarrollo de un país y para el desarrollo humano. Hoy se ha generado o impuesto en el sentido común que la inversión es la única solución para el desarrollo del Perú, venga de donde venga, lo importante es que se invierta. Obviamente, los interesados en tal idea son los propietarios del capital, que con sus inversiones obtendrán las ganancias correspondientes. Sin embargo, observamos que en el Perú se ha invertido como nunca en los últimos veinte años, pero que esto ha generado que una minoría incremente drásticamente sus ingresos, mientras que las mayorías sólo han recibido aumentos muy modestos, es decir, la inversión que ha servido para crecer no ha servido para reducir las desigualdades, es decir el interés de la ganancia se ha contrapuesto al principio de la equidad.

En estas circunstancias si a alguien se le ocurre proponer mayores impuestos sobre las ganancias para tener mayores recursos para redistribuir, inmediatamente los intereses dicen que tales impuestos reducirían el crecimiento. El problema es que los inversionistas no pueden pensar en el bien común a partir de sus intereses, por definición pensarán en sus futuras ganancias y si los trabajadores se benefician proporcionalmente será una casualidad. Frente a ello, los principios de justicia social, de equidad y de compasión, aparecen como las ideas que podrían lograr los equilibrios sociales, para lo cual se requiere un pacto social distinto (quizás un modelo económico reajustado) y un estado equilibrador.

El problema central es cómo se establecen los principios en el funcionamiento de una sociedad, para que se logre que los intereses privados, sectoriales o particulares no reduzcan la creación de oportunidades para todos. Normalmente, las grandes normas (Constitución, leyes y decretos gubernamentales) se inspiran en los principios democráticos de igualdad de oportunidades, promoción de la equidad, cuidado por el medio ambiente y mejora del bienestar de las personas, es decir, casi todas las normas peruanas tienen como bases éticas estos principios. Sin embargo, en la realidad no se cumplen o se cumplen parcialmente, creo que por tres razones: 1. Porque el Estado peruano no tiene la capacidad y autonomía de hacerlo, es decir o tiene debilidades institucionales o es “asediado” por intereses particulares. Es decir, un estado débil es manejado por los intereses. 2. Porque los grupos con intereses particulares (empresas, partidos políticos, gremios) tratan de manejar los gobiernos (nacional, regionales o locales) en función de sus intereses. 3. La cosa empeora si los intereses particulares se sirven del estado corrompiendo a sus funcionarios.  El resultado colectivo es, en general, mayor inequidad, menor integración, mayor conflicto social y hasta menor democracia.

La crisis actual en realidad se da porque los intereses particulares se han impuesto a los principios de equidad, inclusión, respeto a la ley y no hay un estado con sus tres poderes capaz de llevar al equilibrio entre estos intereses, el bienestar colectivo y el bien común.

Pando, diciembre 2019

[1] Profesor, Departamento de Economía PUCP

PRINCIPLES, INTERESTS AND HUMAN DEVELOPMENT

Efraín Gonzales de Olarte 

There is an old tension between interests and principles. Countries develop if the latter prevail over the former.

Human behavior oscillates between the defense of particular interests and ethical and moral principles. In general, interests are based on selfishness, often driven by survival instincts, but also by the desire for economic or political power. The principles are ethical codes that come from the need for a civilized human coexistence and, very often, based on feelings of solidarity, cooperation, competition, compassion.

Let’s look at an example to understand the importance of this issue for the development of a country and for human development. Today it has been generated or imposed in the common sense that investment is the only solution for the development of Peru, wherever it comes from, the important thing is that it be invested. Obviously, those interested in such an idea are the owners of capital, who with their investments will obtain their corresponding profits. However, we observe that Peru has invested as never in the last twenty years, but that this has led to a minority drastically increasing its income, while the majority have only received very modest increases, that is, the investment that has served to grow has not served to reduce inequalities, that is, the interest of profit is opposed to the principle of equity.

In these circumstances, if someone occurs to propose higher income taxes to have greater resources to redistribute, interest immediately says that such taxes would reduce growth. The problem is that the quality of the investment is not taken into account, since it could be said that the interests of the capitalists do not contradict that of the workers, provided that the latter are proportionally favored. But when this does not happen, then the principles of social justice, equity and compassion appear as the ideas that social equilibrium could achieve.

The central problem is how the principles are established in the operation of a society, so that private, sectoral or private interests do not reduce the creation of opportunities for all. Normally, the important norms (Constitution, laws and government decrees) are inspired by democratic principles of equal opportunities, promotion of equity, care for the environment and improvement of people’s well-being, that is, almost all Peruvian norms. They have as ethical bases these principles. However, in reality they are not partially fulfilled or fulfilled at all, I believe that for two reasons: 1. Because the Peruvian State does not have the capacity and autonomy to do so, that is, it has institutional weaknesses or is “besieged” by particular interests. Thus, a weak state is managed by interests. 2. Because groups with particular interests (companies, political parties, unions) try to manage governments (national, regional or local) according to their interests. The collective result is, in general, greater inequality, less integration and in many cases less democracy. The current crisis actually occurs because private interests have been imposed on the principles of equity, inclusion, respect for the law and there is no Peruvian state, with its three powers, capable of bringing the balance between these interests and collective well-being.

EL EXPERIMENTO NEOLIBERAL CHILENO EN CUESTIÓN: LAS COSAS Y LAS PERSONAS

Efraín Gonzales de Olarte[1]

Las sucesivas crisis económicas de los años ochenta del siglo pasado, en América Latina, llevaron a la aplicación de las recetas del “Consenso de Washington (CW)”, opinión colegiada de organismos multilaterales, economistas de renombre y el Departamento del Tesoro americano de 1989. Este consenso tenía en esencia tres puntos centrales: la liberación de todos los mercados intervenidos o regulados por los estados, la privatización y el retiro del estado de las actividades productivas, la promoción de la libre empresa y de la inversión privada, que en su conjunto y amplitud generó el denominado neoliberalismo económico o modelo neoliberal.

El conjunto de diez recetas que contenía el CW fue aplicado de manera variada en casi todos los países de latino-américa. El que sobresalió por su aplicación temprana y dentro de un gobierno dictatorial fue Chile y, con el correr del tiempo, el modelo fue mantenido incluso por los gobiernos democráticos que reemplazaron al pinochetismo, tanto de derecha como de izquierda. El crecimiento de Chile fue paradigmático y se convirtió en el “modelo” a imitar, no sólo en el manejo macro económico, la reducción de la pobreza, sino también en varias de las reformas institucionales: el sistema de pensiones, la regulación del mercado laboral, la quasi privatización de la educación superior, etc. El modelo neoliberal funcionaba mucho mejor en Chile que en los otros países de América Latina. Hubo sin embargo, un tema crítico: la desigualdad de la riqueza y de los ingresos, que con el correr del tiempo se incrementó. Este tema parecía de menor preocupación, pues el PBI per cápita pasó de US$ 2,500 en 1990 a $22,000 en 2018, lo que cubría los otros resultados, el problema fue que los ingresos personales no crecieron como el producto, hoy el ingreso mensual promedio es de sólo 550 dólares. Adicionalmente, los programas sociales (educación y salud) no ayudaron a reducir las desigualdades del desarrollo humano. Al parecer en Chile se convalidó la tesis de desigualdad señalada por Thomas Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI, es decir, el crecimiento de las ganancias fue mayor que el crecimiento de los ingresos.

Se podría decir que a Chile, considerado ya un país de ingresos altos, sólo le quedaba como tarea mejorar la equidad, mejorar la política social y el acceso a oportunidades para todos los chilenos.

Sin embargo, cuando se aumentó 30 pesos (unos cuantos centavos de dólar) el boleto del metro de Santiago, nadie pensaría que se desencadenaría una revuelta social de dimensiones y violencia absolutamente desconocidas en América Latina. ¿Cómo explicar que el país ejemplar, reviente como una bomba social y ponga en cuestión el modelo y la experiencia más exitosa del neoliberalismo?

Tratando de responder a esta pregunta, tengo algunas hipótesis a proponer. La primera es que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, la producción en Chile creció de manera sostenida, mejoró su infraestructura física, se redujo la pobreza, pero no mejoró el bienestar de los chilenos de abajo tanto como mejoró el bienestar de los chilenos de arriba, es decir no ha sido un crecimiento equitativo, no hubo desarrollo para todos y las desigualdades generan resentimiento y envidia. La segunda es que a la Ciencia Económica predominante le importa más las cosas que las personas, pues los objetivos de las políticas son siempre: incremento del producto (cosa), mejora de la competitividad (abaratamiento de las cosas para vender), el incremento de la inversión (cosas nuevas), estabilidad económica reflejada en bajas tasas de inflación (que las cosas no cuesten más) y etc. El crecimiento es cómo lograr tener cada vez más cosas y más baratas, lo secundario es si estas cosas se reparten con criterios privados o con criterios sociales, y aún más si estas cosas están al alcance de todos, en consecuencia, lo que pase con las personas estará en función de cómo evolucionan y se manejan las cosas. Las personas fueron la variable de ajuste de las cosas, el mundo sólo visto desde lo alto de la pirámide social. La tercera es que el excesivo individualismo promovido por las tesis neoliberales lleva al debilitamiento de las relaciones humanas y a la reducción de los principios de la convivencia: la solidaridad, la empatía, la caridad, la dignidad y finalmente la justicia social. Esta última se ha hecho funcional a la justicia económica definida por el modelo económico predominante, lo que ciertamente ha generado una crisis de los valores morales.

Creo que este conjunto de factores están en el origen de la indignación de los chilenos que los ha llevado a romper las buenas maneras, pero sobre todo a mostrar que los mecanismos democráticos e institucionales están fuertemente debilitados en sus bases esenciales, así como sus fundamentos éticos. La salida de esta crisis pasa por la restitución de los valores humanos, el cambio de los referentes morales y democráticos y por anteponer a las personas sobre las cosas. Es decir, toda una revisión del modelo neoliberal y en general de la idea del desarrollo.

Lima, octubre 219

[1] Departamento de Economía de la PUCP

EL LEGADO DE JULIO COTLER
Efraín Gonzales de Olarte
Pontificia Universidad Católica del Perú

La partida de Julio Cotler deja un gran vacío para la comprensión de nuestro país. Julio nos decía, a menudo, ¿por qué? la gente al referirse al Perú habla de “este país” y no de “nuestro país”, para él era la prueba de la escasa identidad nacional y, por cierto, de la falta de integración social. Por momentos, el Perú luce como un país dual (moderno vs tradicional), otras veces fragmentado y sólo pocas veces como una nación. Estas percepciones generan desencuentros y no ayudan a convertir este país en nuestro país.
De esta pregunta se desprende una de mayor calibre ¿por qué? no hemos logrado construir una nación, una sociedad integrada durante los doscientos años de república. Es decir, porque no hemos construido lazos que nos unan y porque no se ha logrado superar las brechas que nos separan.
Las causas son varias y Julio planteó las principales. La primera: la herencia colonial, es decir el legado cultural de trescientos años de colonización, que nos hacen sentir que nos gobiernan terceros y que el Estado es de ellos y no nuestro. El principal efecto de esta herencia ha sido la persistencia de una jerarquía social y étnica, que aún organiza al Perú. Su origen estuvo en la “mecánica de la dominación interna”, basada en el “triángulo sin base”, es decir, las relaciones de poder se establecían de arriba hacia abajo y se impedía que se relacionaran los de abajo. Esto ha producido una sociedad estamental, jerárquica y rentista. Una buena ilustración actual es que para resolver los problemas de Tia María o las Bambas se pide la presencia del Presidente o del Ministro, los gobiernos locales y regionales no han logrado generar relaciones horizontales, pese al proceso de descentralización que les da poder. La herencia colonial pareciera seguir vigente.

La segunda, que en realidad se desprende de lo anterior es la desigualdad socio-económica que generar distancias económicas, sociales y culturales. Para entender este tema Julio convenció a José Matos Mar de conformar un área de estudios económicos en el IEP. El estaba convencido que los cambios en la propiedad, el desarrollo de los mercados y la transformación del estado, es decir los cambios económicos llevarían a cambios institucionales que permitirían, en el largo plazo, la integración económica de las personas, el desarrollo del capitalismo y la superación del estado colonial. Por cierto, parte de esta herencia ha tenido como característica central que la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales fue el eje del funcionamiento de la economía colonial, casi como ahora. El principal rasgo de una economía rentista es que sus niveles dependen de la propiedad de los recursos naturales, tierra, mina, mar o gas (renta absoluta) y de la calidad de los mismos (renta diferencial). De alguna manera es un tipo de ingreso precapitalista.
Por otro lado, la economía de renta, genera el “rentismo”, es decir, la cultura de recibir beneficios más o menos ciertos, basados en la propiedad y en el poder de manejar los recursos de manera privada, con poca relación con la productividad del trabajo. El tema importante es que un estado sostenido por impuesto a la renta de recursos naturales es muy dependiente de los precios oscilantes de los minerales, lo productos agrícolas, el gas, etc., tiende a ser inestable, con todas las repercusiones sobre los ciclos políticos. Creo que Julio había intuido la naturaleza inestable de un estado derivado de la herencia colonial y asentado en la renta como base de su funcionamiento económico. De lo cual se podría inferir su naturaleza inestable y, como consecuencia, de las posibilidades de generar movimientos pendulares en la economía y la sociedad.
La tercera, es el papel del estado peruano, que para Julio era el que “creaba” la sociedad y probablemente esta sería la principal herencia institucional colonial. Su idea era que las decisiones más importantes de transformación de la sociedad, no eran procesadas desde abajo, sino desde arriba, desde el gobierno de turno. Así las reformas velasquistas de corte estatista, como las reformas neoliberales se hicieron desde el estado. No fueron procesadas desde abajo por los partidos políticos, los gremios o cualquier otra forma de organización colectiva de base.

De ahí la gran importancia de su libro “Clase, Estado y Nación”, en el que trata de explicar la forma y los procesos del poder político y la travesía de más de un siglo sin llegar a conformar un estado moderno. El haber planteado esta compleja conexión de temas para explicar que es el Perú en los últimos 100 años, es la gran contribución de Julio Cotler. Es al mismo tiempo una agenda de trabajo, por un lado, una agenda de investigación a continuar y, por otro, una agenda de acción para orientar la política en el Perú.

Día a día constatamos que no podrá haber progreso en el Perú hacia una sociedad más equitativa, si el estado no evoluciona de un estado rentista a uno moderno basado en relaciones más horizontales, en las que la participación de la sociedad no sea canalizada institucionalmente y sin corrupción.
Los países se construyen sobre los hombros de grandes pensadores, Julio Cotler es uno de ellos, tratemos de aquilatar sus aportes en pro de un mejor estado y un país que sea el nuestro.

Lima, julio2019

Educación superior e interdisciplinariedad: la necesidad de un cambio de paradigma

Efraín Gonzales de Olarte

Introducción
Quisiera compartir un conjunto de reflexiones y preocupaciones sobre el tema de la interdisciplinariedad y presentar algunas de las experiencias que estamos impulsando desde la PUCP; reflexiones de si bien tienen algunos años, aún están en proceso de definición.
Podríamos decir, en el sentido de Thomas Kuhn, que la interdisciplinariedad, hoy en día, está surgiendo y desarrollándose como un “nuevo paradigma”: se está constituyendo una comunidad que comparte, teorías, metodologías, y también acción colectiva. En la medida que se consolide, podría configurarse como un nuevo paradigma desde el cual mirar el mundo.
Desde el trívium y el quadrivium griegos, hemos tratado de conocer el mundo y a nosotros mismos, teniendo como eje una visión disciplinaria, proveniente del siglo de la ilustración, con cada vez mayor especialización (algunas fuentes estadísticas han llegado a contabilizar cerca de 1200 disciplinas que se imparten en las universidades del mundo). Y si bien los académicos de diferentes disciplinas conversan y dialogan para enfrentar algunos problemas comunes, el diálogo se hace sobre la base de la afirmación de cada uno en su propia disciplina y la parcela de conocimientos especializado que domina; esto tiene la ventaja que da seguridad al especialista, pero tiene la desventaja que sólo se ven los problemas desde un solo ángulo.
El hecho de que el mundo de hoy requiere afrontar problemas complejos y multidimensionales está exigiendo nuevos enfoques, nuevos paradigmas que permitan articular las diferentes miradas para entenderlos y poder actuar sobre ellos. Hoy es necesario articular e integrar lo avanzado en el campo tecnológico y científico, y también en el campo social e institucional.
En esta perspectiva, las universidades tenemos el gran desafío de impulsar la interdisciplinariedad en las investigaciones y de ver cómo llevar esta experiencia al campo de la formación.
Por el momento, aún tenemos más preguntas que respuestas, por tanto, el reto es hacer camino al andar, y este Congreso es un momento importante para ello.

¿Cómo transitar de un paradigma disciplinario a uno inter o transdisciplinario?
Tenemos como sociedad problemas como los efectos del cambio climático, el desarrollo humano, superar las condiciones de pobreza de un porcentaje importante de la población, la institucionalidad política para que garantice una gobernanza en beneficio del bien común, la corrupción, la globalización, el crecimiento demográfico, las migraciones,… todos ellos son problemas complejos, multidimensionales y multinacionales, todos interrelacionados y todos son urgentes.
El reto es cómo afrontamos estos problemas desde la universidad: en sus facetas de espacios de formación, de investigación y también de proyección, partiendo del hecho que desde sus inicios las universidades, hace mil años, han sido y siguen siendo espacios disciplinarios es su forma de ser.
Un primer paso es la promoción y desarrollo de investigaciones interdisciplinarias para que de allí surja el conocimiento que haya que llevar a la enseñanza.
Pero ¿qué entendemos por “interdisciplinar”? hay muchas definiciones y no hay consenso, por ello propongo la siguiente definición como hipótesis de trabajo:
• La interdisciplinariedad es un enfoque y un proceso pedagógico e investigativo, que relaciona distintas disciplinas, a través del diálogo abierto, que superen las visiones unidisciplinarias para integrarse en un nuevo conocimiento distinto y más rico que la suma de las partes.
Remarco en ella el concepto de “proceso” utilizado por Kuhn; la necesidad de un diálogo científico abierto, diálogo que permita crear nuevo conocimiento (distinto al conocimiento multidisciplinario que es el producto de la suma de las partes); conocimientos que nos ayuden a entender procesos naturales y sociales complejos e interactivos. Y que tenga un profundo sentido ético, porque lo que está en juego es el desarrollo humano sostenible, con dignidad para todos.
Para este propósito hay varios escollos a vencer:
• ¿Cómo integramos las disciplinas? ¿Qué metodologías utilizamos? Quizá un camino es ir definiendo cuáles son los temas sobre los cuales distintas disciplinas deben sentarse a dialogar y a conversas; definir con claridad los objetivos de esta conversación.
• Hay que trabajar más sobre la epistemología de la interdisciplinariedad, que es distinta a la epistemología que tiene cada ciencia, cada arte.
• Cómo avanzar con la construcción de un conocimiento interrelacionado, interactivo e interpersonal, que evite los egos y celos personales. Construir una inteligencia colectiva integrada, es el primer objetivo académico de la interdisciplinariedad
• El ir de la tradicional división del objeto de estudio por disciplinas, a la integración de disciplinas para estudiarlo en su totalidad implica avanzar en generar un lenguaje común.
• Cómo generar algoritmos interdisciplinarios: procedimientos y reglas que nos permitan entender e identificar lo interdisciplinar
• Cómo pasar de la soberbia disciplinaria a la humildad interdisciplinaria
• La interdisciplinariedad requiere de competencias adicionales: aprendizaje autónomo, comunicación y lenguaje común, trabajo en equipo, uso creativo de las TICs, entre otros.

Interdisciplinariedad en la formación: los progresos de la PUCP
En nuestra experiencia, los primeros pasos se dieron con la creación de maestrías interdisciplinarias (por ejemplo: Desarrollo humano, Biocomercio); luego se ha avanzado a crear carreras interdisciplinarias (Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Biomédica, Relaciones Internacionales, Ingeniería Ambiental), y más recientemente hemos creado la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Facultad que hoy alberga la carrera de Gastronomía y que debe ser el espacio para generar nuevas carreras interdisciplinarias y se constituye en primer eje de este nuevo paradigma.
En todo este proceso, y también al interior de diversas carreras hay un esfuerzo progresivo por flexibilizar las mallas curriculares, para lograr mayores diálogos entre disciplinas en provecho de una formación más amplia de nuestros estudiantes.
Cabe resaltar que el proceso de creación de la Facultad de Estudios interdisciplinarios implica y nos plantea el desafío de:
• Aprender a pensar y enseñar de otra manera; aprender haciendo e investigando.
• Dar una formación interdisciplinaria con la misma duración de una carrera disciplinaria o multidisciplinaria (10 ciclos), implica el arte de escoger las materias más relevantes para la nueva formación.
• Convertir profesores disciplinarios en profesores interdisciplinarios a través de la interacción y de la investigación compartida.
• Encontrar espacios para discutir y resolver problemas epistemológicos del nuevo paradigma.
• Definir un perfil de egresado con un bagaje académico y científico combinado con competencias profesionales, capaz de afronta de manera flexible diversos problemas complejos
• Integrar las disciplinas, los departamentos y las facultades, lo cual cambiará la universidad misma.

Reflexiones finales
Creo que estamos en medio de la construcción de un nuevo paradigma que, desde algunas disciplinas, acepta la necesidad de conversar e integrarse con otras, en función de problemas dimensiones múltiples y cambiantes, cuyo entendimiento y remediación son una necesidad para el desarrollo humano sostenible. Para que este paradigma se desarrolle tenemos el desafío de crear pensamientos y cursos interdisciplinarios, crear una comunidad que promueva esta visión y generar un pensamiento doctrinario común, que motive a las nuevas generaciones.
Sin embargo, habrá que convencer al enfoque disciplinario que el interdisciplinario no lo va reemplazar sino revolucionar y enriquecer. No sería posible la interdisciplinariedad si no tenemos solidez en las distintas disciplinas, las cuales deben seguir avanzando en dos rutas, profundizando sus propios temas, pero al mismo tiempo conversando e integrándose a temas multidimensionales.
Las universidades no sólo estamos obligadas a promover la formación e investigación compleja (multi, inter y trans disciplinar) por nuestra propia esencia de comunidades académicas, sino y sobre todo, porque hay un imperativo ético y moral para hacerlo, es decir, debemos contribuir al Bien Común futuro y este es multidimensional.
Finalmente, creo que el contexto tecnológico y científico se ha hecho muy propicio para acometer problema de alta complejidad. Ahora contamos con la inteligencia artificial, Big Data, el aprendizaje profundo, la internet de las cosas, y estoy seguro vendrán más innovaciones en la info-tecnología, que creo van a facilitar la investigación y formación interdisciplinaria. Un nuevo paradigma se vislumbra en el horizonte.

¿UN PAÍS CON UNA GRAN CRISIS MORAL Y ÉTICA PUEDE ASPIRAR AL DESARROLLO?

Efraín Gonzales de Olarte

Los hechos denunciados en el Poder Judicial peruano han dado suficientes pruebas de un fenómeno casi generalizado en toda la administración pública: la corrupción. En el gobierno central tenemos cuatro ex presidentes con juicios por presunta corrupción, hay varios gobernadores regionales en la cárcel o con juicios por uso indebido de los fondos públicos, igualmente decenas de alcaldes, es decir es casi una bacteria que ha estado infectando la administración pública y, obviamente, ha contaminado  a la sociedad que, para recibir servicios del estado, se confronta a funcionarios cuya moral pública y personal va en contra de los principios éticos sobre los cuales se fundan la Constitución, las leyes, el Estado peruano y la educación cívica de las personas.

Obviamente, la pregunta que se plantea es: ¿Qué ha sucedido en el Perú, que tanto el estado como la sociedad han pasado a una situación de transgresión ética corrosiva, generando una crisis moral que está cambiado los resultados de las relaciones sociales y, sobre todo, está alterando los códigos de conducta social?

Para tratar de responder esta difícil pregunta es necesario recordar los recientes orígenes de la corrupción. Si bien este fenómeno tiene una larga historia, analizada por Alfonso Quiroz, este nuevo ciclo de corrupción comenzó el año 1990, cuando el Perú estuvo a punto de colapsar cuando, durante el gobierno de Alan García, se combinaron tres crisis: la hiperinflación y la incapacidad de pago de la deuda peruana, la crisis política y el debilitamiento de los partidos políticos y la guerra terrorista interna desatada por Sendero Luminoso y el MRTA. De dicha crisis se salió, gracias al apoyo internacional, a la aplicación de las reformas propuestas por el Consenso de Washington y al sufrimiento del pueblo peruano.

Es importante señalar que los ajustes económicos efectuados coincidieron con un ciclo económico internacional muy favorable, lo que permitió superar la crisis financiera, pero sobre todo, las reformas neoliberales -que promovieron las privatizaciones de las empresas públicas- comenzaron a atraer los capitales del exterior y, el gobierno, tuvo ingresos extraordinarios por las privatizaciones, que en parte fueron utilizadas para distintos programas de pobrezas, pero una buena parta fue utilizada de manera “poco santa” por el gobierno fujimorista y su principal asesor Vladimiro Montesinos. Los peruanos vimos cómo dicho asesor comenzó a sobornar a congresistas para que pasen a las filas oficialistas, pagar sueldos extraordinarios a funcionarios del estado por fuera de la administración normal, etc. Es decir, un primer componente para que haya corrupción ha sido la bonanza de las finanzas del estado.

Un segundo componente fue el carácter quasi dictatorial del gobierno que no era fiscalizado por ningún otro poder del estado, lo que permitió un desarrollo de la corrupción sobre todo en la cúpula gubernamental y en las autoridades que se supone debían fiscalizar al gobierno, el congreso, la contraloría, el ministerio público, estuvieron no sólo cooptados por el ejecutivo sino sumisos a él.

Bajo estas circunstancias las principales instituciones del estado se debilitaron, debido al asedio interno, pero sobre todo asistimos a una declinación alarmante del respeto por las normas éticas y, consecuentemente, la conducta moral de gobernantes y funcionarios se contagiaron al punto de generar una de las peores crisis éticas de los últimos tiempos en el Perú. La crisis ética originada en negocios turbios hechos desde el gobierno, ha sido probablemente el peor resultado de un ajuste neoliberal combinado con una pseudo democracia y una total ausencia de equilibrio de poderes (checks and balances) en el estado peruano. Esta primera etapa concluyó con la renuncia intempestiva del Ing. Fujimori en el extranjero, ante la amenaza de juicios y probable vacancia de su presidencia. El resultado de felonía mayor es que el asesor Montesinos había expatriado fondos estatales abriendo cuentas bancarias personales millonarias tanto en Suiza como en Luxemburgo. Hoy sigue en prisión este asesor y el ex presidente fue juzgado y puesto en prisión por temas de derechos humanos, pero no por temas de corrupción.

Luego del impecable gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, las elecciones del 2001 favorecieron al Dr. Alejandro Toledo, quien tuvo la suerte de entrar al gobierno durante la fase más expansiva del ciclo económico internacional, lo que obviamente hizo que las finanzas del estado se recuperan después de los últimos años malos del gobierno anterior. Nuevamente, las finanzas del estado florecieron y el gobierno central, los gobiernos regionales (creados por este gobierno) y las municipalidades volvieron a tener ingresos extraordinarios, en consecuencia, el primer requisito para la corrupción –recursos fiscales extraordinarios – estaba dado.

Pero ya habíamos heredado la crisis moral bajo la forma de una cultura proclive a la corrupción, a la impunidad y a aprovecharse del estado. Es sobre esta base que empieza una nueva fase.

La principal puerta para la corrupción de esta nueva etapa fue las múltiples obras de infraestructura que emprendieron los tres niveles de gobierno. Pero la mayor parte de estas inversiones se hicieron desde el gobierno central y apareció en el escenario las empresas brasileñas encabezadas por Oderbrecht, que generaron un modelo de corrupción en los niveles donde se tomaban las decisiones de inversión que generó casi un protocolo de corrupción organizada a nivel internacional. El resto de la historia es conocida. Obviamente, la capacidad de fiscalización de las instituciones que deberían haberlo hecho –contraloría, poder judicial, el ministerio público- simplemente no existió y, en muchos casos, contribuyeron a formalizar las coimas y demás pagos ilegales e inmorales.

El problema es que, actualmente, el Perú se encuentra en una encrucijada que podría ayudar a resolver el problema, si los que participan en las reformas propuestas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra no tuvieran intereses particulares que defender frente a la justicia y, aún peor, si no tuvieran la ambición de llegar al gobierno para que las cosas sigan como están y se siga medrando del estado, aunque probablemente con otros métodos.

Mi conclusión es bastante pesimista, pues las bacterias de la corrupción han permeado a casi toda la “clase política” y se ha convertido en una especie de “modos operandi” que es difícil extirpar sin un liderazgo fuerte, un apoyo decidido de la población, una recomposición política y una participación de la intelligentzia mucho menos temerosa y más activa. Un país sin reservas morales es un país sin futuro. Necesitamos de un rearme moral.

Lima, octubre 2018

REFORMA CONSTITUCIONAL, CONGRESO Y DESCENTRALIZACIÓN

Efraín Gonzales de Olarte[1]

La reforma constitucional que está en proceso, propone tener dos cámaras (diputados y senadores) y pretende cambiar la representación de la población en el congreso de manera territorial (regiones y provincias). Es una buena ocasión para conectar el estado con la economía de manera descentralizada, con el propósito de promover un desarrollo descentralizado y redistributivo, además de consolidar el sistema democrático descentralizado.

La idea central que propongo es relacionar las economías regionales y locales con el Estado peruano a través de un nuevo sistema de representación en el gobierno nacional, de tal manera que en el Congreso de la República los diputados y senadores representen a los habitantes de las regiones económicas, para que se den iniciativas legislativas, se fiscalice y se promueva una coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales.

La economía fiscal se basa en los impuestos que cobra el estado en sus diferentes niveles de gobierno. Es decir, depende de la base tributaria de cada lugar del país y ésta, a su vez, se basa en la economía regional y local, es decir una región con altos niveles de producción y de ingresos ha de generar los impuestos necesarios para financiar el gasto público tanto nacional como regional y local. Por ello, es imprescindible que la representación política no sólo tome en cuenta aspectos sociales y políticos, sino también que represente los intereses económicos de las poblaciones asentadas en las distintas regiones y localidades del Perú.

Dadas las funciones vigentes de los gobiernos regionales y locales, los primeros deben promover el desarrollo regional, sobre todo a través de la inversión pública y en estrecha asociación con el sector privado. Los segundos deben promover el bienestar de la población local a través de las funciones municipales establecidas. En consecuencia, es importante los aspectos económicos macro-regionales tengan una voz en el Congreso, sobre todo en el senado, y los intereses locales lo tengan en la cámara baja, de tal manera que haya una representación de estos niveles de población en el legislativo para mejorar la supervisión, la coordinación y la promoción del desarrollo regional y del desarrollo humano. Esto además permitiría mejorar la coordinación con al gobierno central, en la medida que los representantes de las regiones provincias tendrían acceso a los altos niveles del gobierno y, en general, del estado.

Por ello, la reforma constitucional debería definir no sólo el número de senadores y de diputados que representen a regiones y provincias, sino también las funciones de ellos en su conexión con sus representados regionales y provinciales, además de su relación con los gobiernos regionales y locales. Es decir, la reforma constitucional debe contribuir a redefinir las relaciones del congreso con los pobladores de las regiones y las provincias, así como con los gobiernos sub-nacionales. Esto permitiría mantener el carácter unitario establecido en la Constitución del Perú y, al mismo tiempo, permitir un ejercicio parlamentario con una proyección descentralizada, de tal manera que el congreso nacional cumpla mejor sus funciones en favor de las regiones y provincias.

El siguiente tema es cómo definir las regiones para que sus senadores respondan a las necesidades de la población regional y a los intereses económicos de cada región. Para ello es necesario pensar en economías regionales, definidas como espacios geográficos de dos o más departamentos, con una o más ciudades de más de 500 mil habitantes, con poblaciones de más de 2 millones de habitantes y, sobre todo, con un mercado regional donde se produce, intercambia y consume entre 2/3 y 4/5 de la producción de la región. Es decir, estamos hablando de economías articuladas territorial y económicamente que tienen potencialidades para crecer y desarrollarse y que tienen una demanda interna con escalas suficientes para promover la inversión, con acción concertada de los tres niveles de gobierno y del congreso.

Obviamente las 25 regiones definidas actualmente (los ex – departamentos) no tienen los requerimientos necesarios. Por ello y basado en nuestros estudios[2] proponemos 9 “regiones integradas”: 1. Piura-Tumbes, 2. Lambayeque-Cajamarca-Amazonas, 3. La Libertad-Ancash, 4. Ica-Ayacucho-Huancavelica, 5. Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno, 6. Junín-Pasco-Huánuco, 7. Cusco-Apurímac-Madre de Dios, 8. Loreto-San Martín- Ucayali, 9. Lima-Callao.

Así, el número de representantes en las dos cámaras debería estar en función de la población y del número de electores por cada región. Si fuere así, en el siguiente cuadro presentamos dos hipótesis, A. Una representación política de 130 (30 senadores y 100 diputados) y B. Otra con 180 (120 diputados y 60 senadores), distribuida en las 9 regiones integradas, con sus respectivos números de representantes por región.

Un tema adicional que quedaría por definir es el reparto de senadores y diputados en cada región. Se puede seguir el criterio anterior, sin embargo, para que la representatividad sea equitativa, la hipótesis B de 120 diputados y 60 senadores, es la que más se adecúa, pues cada región actual (ex –departamento) debería tener por lo menos un senador y los diputados serían elegidos en listas agregadas por regiones, de tal manera que los candidatos tengan la obligación de conocer las necesidades de su región actual y de las otras a la que pretende representar. Queda claro que tener dos cámaras con el mismo número de representantes actuales (130) no es ni técnicamente aceptable y menos políticamente viable.

Finalmente, el peso de Lima-Callao se ve en el número de senadores y diputados, sin embargo, resulta siendo minoría frente a la representación regional.

[1] Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú

[2] Ver: Efraín Gonzales (2003): “Lineamientos económicos y políticos para la ley de incentivos para la conformación e integración de regiones”, en: Walter Alejos (compilador): Regiones Integradas, Fondo Editorial del Congreso del Perú