Tradicionalmente, la elección de los presidentes de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores era un procedimiento rígido que consistía en escoger al magistrado más antiguo en el cargo. Esta situación ha cambiado, en gran parte, debido, entre otras causas, a la exigencia de diversos sectores sociales para que dichas elecciones tengan la suficiente transparencia, y así se sepa qué calidades y qué programa de gobierno tienen los candidatos. La transparencia supone tanto publicidad del desarrollo del proceso electoral como la posibilidad de comentar e informar sobre este último.

Como dicha elección está en manos de la Sala Plena constituida por los magistrados titulares presentes, las informaciones sobre los candidatos y sus programas están destinados a condicionar la manera cómo aquellos ejercen su derecho de votar y de ser elegidos. Como el número de magistrados es reducido, y entre ellos se conocen muy bien, puede pensarse que las intervenciones de ciudadanos externos no tendrían gran influencia en la elección. Sin embargo, cuando esos terceros son personalidades con poder político, económico o religioso, la situación es diferente por las relaciones ideológicas y los intereses personales que pueden vincularlos con los magistrados miembros de la Sala Plena.