La Defensoría del Pueblo abordará en su blog durante los próximos días la agenda del cambio climático y los derechos humanos, a raíz del inicio de la COP 15 en Copenhague. Los invito a visitar el blog de la Defensoría y leer el primer post sobre el tema: Copenhague, nuestro futuro, nuestros derechos, el cual incluye links a las principales fuentes de información sobre el tema.

Ivan Lanegra

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Uno de los conceptos cuya comprensión genera muchas dificultades es el de “daño ambiental”. La Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, lo define como “…todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales” (Artículo 142.2). ¿Qué significa esto?

En primer lugar debemos distinguir el daño ambiental del daño que se origina a otros bienes jurídicos a través del ambiente, por ejemplo la salud, la vida, o la propiedad. Incluso derechos colectivos como la identidad cultural pueden ser afectados como consecuencia del daño ambiental. Pero no son parte de él.

El daño ambiental lo sufre el ambiente o sus componentes, y representa por lo tanto un “menoscabo material”. Sus efectos pueden incluir daños “no materiales”, pero, nuevamente, ellos no forman parte de aquel. ¿Qué es el ambiente y sus componentes? La Ley General del Ambiente señala que lo comprenden “…los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida”. Pero son muchos los elementos que conforman el medio. Por ello la Ley precisa que son “…los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.” (Artículo 2.3). Así, cuando uno introduce un contaminante al ambiente que tuviera la posibilidad de modificar el medio humano y dañar su salud, está generando un daño ambiental. También lo hará si contamina una laguna, destruyendo un ecosistema, aunque no se afecte la salud de ninguna persona. Sigue leyendo →

El Ministerio del Ambiente ha puesto a disposición de todos y todas los 9 volúmenes de lo que ha denominado “Compendio de la Legislación Ambiental del Peruana”. Aunque todavía aparecen como “Documentos Preliminares” (incluyendo errores de tipeo) es un documento bastante útil y extenso, que incluye prácticamente toda la legislación ambiental del país. Este será un documento muy apreciado por quienes se inician en el estudio del Derecho Ambiental, y en general por toda persona interesada conocer más de nuestra normativa.

Los 9 volúmenes tocan los siguientes temas:

VOLUMEN I Marco Normativo General

VOLUMEN II Institucionalidad Ambiental

VOLUMEN III Gestion Ambiental

VOLUMEN IV Aprovechamiento de RRNN

VOLUMEN V Calidad Ambiental

VOLUMEN VI Legislacion Ambiental Sectorial

VOLUMEN VII Defensa de los Derechos Ambientales

VOLUMEN VIII Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental

VOLUMEN IX Areas Naturales Protegidas

Excelente iniciativa del Ministerio del Ambiente, y esperamos pronto pongan a disposición las versiones finales de esta importante herramienta. Y de pasada también respondo una constante inquietud de los visitantes de este blog que siempre me solicitaban distintas normas ambientales. Servidos.

Ivan Lanegra
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Hoy retorno, después de un largo tiempo, a la tarea de escribirles a través de este pequeño espacio de diálogo y debate. Durante los últimos meses han ocurrido múltiples cambios en las políticas y normas ambientales, y creo que es tiempo de empezar a discutir con ustedes estos cambios. Empezaré por la reciente decisión del Poder Ejecutivo respecto de la comercialización de combustible Diesel con altos niveles de azufre.

En marzo del 2006 se dictó la Ley Nº 28694, Ley que regula el contenido de azufre en el combustible diesel. Esta norma estableció tres cosas.

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En 1996 se fijaron por primera vez objetivos de desempeño ambiental específicos para la minería: los límites máximos permisibles. El Complejo Metalúrgico de La Oroya, estatizado en 1974, formaba parte de la empresa estatal Centromín Perú y se encontraba, en 1996, muy lejos de dicha meta legal, por lo que requería un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para planificar su cumplimiento. El PAMA fue aprobado el mismo año y debía cumplirse en un plazo máximo de 10 años.

Un año después, el Estado vendió el complejo (con su PAMA) a Doe Run Resources y Renco Group (EE.UU.), luego Doe Run Perú. La obligación de reparar los pasivos ambientales acumulados en dicho momento luego de décadas de operaciones quedó con el Estado.

Trece años después de aprobarse el PAMA, tras cuatro modificaciones y una “prórroga excepcional”, obtenida mediante una norma que solo se aplicó a Doe Run Perú, no se ha cerrado la brecha ambiental. Por ello, la salud de las personas, en especial la de los más vulnerables, sigue en riesgo. Es evidente que la regulación ambiental en este caso ha sido ineficaz. Sigue leyendo →