He estado tentado de escribir hace varias semanas sobre este tema que ha logrado cierta notoriedad pública, pero existían vacíos importantes de información sobre las posiciones de los distintos sectores en el tema. Pero las declaraciones del Asesor del Ministro de Agricultura, Alexander Grobman me han animado finalmente a precisar algunos puntos del debate, no desde una mirada de las ciencias naturales, sino desde la ciencia política, acompañada con algunas notas jurídicas.
Archivo por meses: julio 2008
Un Mensaje a la Nación con (muy poco) ambiente
Debo reconocer que esperaba más anuncios “ambientales” en el Mensaje a la Nación de Fiestas Patrias. El escenario post ALC-UE y la creación del Ministerio del Ambiente, así como el protagonismo alcanzado por el tema de los transgénicos, el problema de los biocombustibles y el aumento mundial en los precios de los alimentos, y especialmente la cada vez más sentida presencia del cambio climático global, daban razones para que no sólo se rompiera la absoluta ausencia del tema en los mensajes a la nación de los presidentes, sino que iba a ser una primera aparición con algún nivel de notoriedad. Lamentablemente nos equivocamos. Las menciones fuera escasas: una muy general, otra vinculada con el sector pesquero, y una de infraestructura vinculada con la solución de un problema ambiental (la contaminación del litoral de Lima y del Callao). A pesar de las referencias a la necesidad de generar más energía, no se mencionaron sus implicancias ambientales, e incluso en el tema minero, se hizo un llamado a resolver los problemas laborales y de formalización, sin indicar nada sobre los ambientales.
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Los LMPs y los ECAs y los decretos legislativos para implementar el APC Perú – EEUU
He recibido varias comunicaciones consultándome sobre los cambios que han introducido los Decretos Legislativos N°s 1013, 1039 y 1055°, que crean el Ministerio del Ambiente y que modifican la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, respecto a la aprobación y aplicación de las normas de calidad ambiental. Las preguntas a responder son bastante simples:
a) ¿Cuáles son las funciones del Ministerio del Ambiente con relación a la elaboración y aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP).
b) ¿Mediante qué norma se deben aprobar los ECA y los LMP?
c) ¿Qué nivel de injerencia en este proceso mantienen los otros ministerios?
Desde ya mi disculpas si este post resulta muy “jurídico”, pero el análisis obliga a dicho abordaje. Espero que esto no atente contra la claridad de los argumentos.
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La reforma sigue pendiente
El Ejecutivo ha dictado casi una veintena de decretos legislativos que han creado el Ministerio del Ambiente y otras entidades con funciones que van desde la fiscalización hasta la protección de las áreas naturales protegidas; e introducido cambios en la regulación de los recursos naturales (agua, energías renovables, suelo, recursos pesqueros, flora y fauna silvestre), de la biotecnología, los residuos sólidos, los pasivos ambientales, entre otros.
No obstante, no se ha producido una redistribución significativa de las competencias, ni dentro del gobierno nacional, ni mediante la descentralización de funciones ambientales relevantes a los gobiernos regionales y municipalidades. Así, los ministerios responsables de la producción y la infraestructura seguirán aprobando la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión; y el sector agricultura seguirá gestionando las aguas y la flora y fauna silvestre. Los gobiernos regionales apenas son mencionados y están ausentes de espacios claves como el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Aguas.
En resumen, el CONAM es ahora un Ministerio (con un poco más de presupuesto), manteniendo en líneas generales el modelo de gestión sectorial y centralista que no ha logrado una mejora sustancial del desempeño ambiental del país. Carente de instrumentos de gestión claves, el nuevo Ministerio definirá políticas y planes, pero tendrá grandes dificultades para hacer que el Estado y los particulares sigan la senda que marque. La reciente discusión sobre los transgénicos es una muestra del problema. Llama la atención que el financiamiento de la gestión ambiental y el cambio climático no merecieran algún decreto legislativo. Por lo tanto, la reforma que necesitamos sigue pendiente.
Una versión corta de este texto fue publicada en El Comercio, edición del 1° de julio. Sigue leyendo