El pueblo donde la mitad de los habitantes son agresores sexuales
Linda Pressly
BBC
Miracle Village está en medio de un mar de vegetación verde, donde se planta caña de azúcar, en el sur de Florida, Estados Unidos. En el borde de los Everglades y a más de tres kilómetros de la población más cercana, unas 200 personas viven en pequeños y pulcros bungalows.
Más de 100 son agresores sexuales, gente que ha sido declarada culpable y usualmente ha servido una pena de prisión por un delito sexual.
Hay una mujer y el resto son hombres. Algunos vieron pornografía infantil o acosaron sexualmente a sus hijos. Otros abusaron de menores cuando estaban en posiciones de poder: un profesor, un pastor y un entrenador de deportes. Hay quienes estuvieron en la cárcel por desnudarse en público y varios sentenciados por tener relaciones sexuales con novias que aún no habían cumplido la edad legal.
Según la ley del estado de Florida, ninguno de ellos puede vivir a menos de 300 metros de una escuela, guardería, parque o lugar de juegos. Algunas ciudades y condados han extendido esas restricciones a 760 metros y en algunos casos han añadido lugares como piscinas, paradas de autobús y bibliotecas.
Las medidas han sacado a los agresores sexuales de las áreas densamente pobladas, y han hecho de Miracle Village una opción atractiva. Aunque pueden viajar a casi todas partes durante el día, en la noche estos delincuentes tienen que estar en un domicilio que cumpla con las restricciones.
Constantemente llegan solicitudes de residentes potenciales a Miracle Village, “entre 10 y 20 a la semana”, le dice a la BBC Jerry Youmans, el coordinador de admisiones y delincuente sexual inscrito.
“Tratamos de no aceptar gente con historial de violencia o drogas o a personas diagnosticadas como pederastas -alguien que sólo se excita sexualmente con niños-. Queremos proteger a los que ya están aquí y a los que estaban antes de que llegáramos”.
El que estaba antes
Edgar Walford llegó hace 10 años, cuando el lugar era conocido como Pelican Lake y era el hogar de cortadores de caña y sus familias. Había llegado al sur de Florida desde Jamaica en 1962 y pasó su vida cosechando el azúcar que brotaba de la tierra en cultivos que se perdían en el horizonte.
Ahora está retirado y pasa sus días cuidando su jardín sembrado de yuca, patatas, bananos y muchas otras frutas y vegetales que regala a sus vecinos.
“Es un lugar muy plácido, nadie molesta a nadie”, le dice a la BBC. ¿Qué opinión tiene de las decenas de agresores sexuales que han llegado en los últimos años? “Son buenas personas. Tengo muchos amigos. Lo único que extrañamos son los niños, y el bus del colegio ya no viene aquí”.
Hay unos pocos chicos que viven en Miracle Village; las leyes de Florida no impiden que delincuentes sexuales vivan en la misma vecindad que menores, aunque los términos de su libertad condicional pueden vetar todo contacto.
El agresor sexual
Christopher Dawson, de 22 años de edad, es un agresor sexual inscrito que tiene prohibido hablarle a quienes tengan menos de 18 años. Cuando él tenía 19 tuvo relaciones sexuales que él dice fueron consensuales con una chica de 14 años. Él creía que ella era mayor.
“La conocí por un año y estuvimos juntos unos pocos meses”, recuerda en conversación con la BBC. “Sus padres testificaron en mi contra y fui sentenciado a dos años de arresto domiciliario seguidos de ocho años de libertad condicional”.
Cuando violó los términos de su libertad condicional al hablar con el hermano menor de un amigo, pasó cuatro meses en la cárcel. Luego un juez ordenó que se fuera a vivir a Miracle Village, como alternativa a una larga sentencia en prisión.
“A fin de cuentas, ha sido una bendición. Fue difícil dejar a mis padres pero siento que tengo un destino en Miracle Village. Me siento en casa y a salvo aquí… quiero a la gente”, expresa.
“A pesar de que tengo la etiqueta de agresor sexual, no soy un monstruo. Cometí un error y enfrenté las consecuencias”.
La comunidad
Los agresores sexuales son bienvenidos.
Dawson es un músico talentoso y toca los tambores para la banda que anima las ceremonias en la pequeña iglesia de Miracle Village.
Ésta es una comunidad cristiana dedicada a ayudar a los agresores sexuales a reconstruir sus vidas, pero los que no son cristianos son aceptados y todo el mundo es bienvenido en la iglesia. Hay clases de manejo de la ira y se estudia la Biblia. Y, como estipula la libertad condicional, la mayoría de los delincuentes asisten a programas de tratamiento psicológico.
Algunos de los condenados trabajan en pueblos locales.
Con su césped cuidadosamente cortado y su frondosa vegetación tropical, esta es una comunidad rural idílica.
Es fácil olvidar que algunos de sus residentes han cometido crímenes graves y chocantes.
Pat Powers, de la organización humanitaria Matthew 25 Ministries, solía ser un entrenador de raquetbol. A principios de la década de los 90 fue condenado por contacto sexual con 11 menores. Como cristiano renacido asegura que aprovecha su experiencia como agresor sexual para influir a otros.
“Puedo ver la verdad tras las historias de estos tipos. Si alguien viene a decir ‘no soy culpable, lo único que hice fue mirar una foto’, yo le digo: ‘no, usted es culpable y punto’, pues la única forma de cambiar es admitiendo que uno ha errado”.
El pueblo vecino
En la iglesia metodista del vecino pueblo de Pahokee, algunos de los delincuentes de Miracle Village tocan música en vivo durante los servicios. Son preciados miembros de la congregación y uno de ellos es un predicador.
Pero tener a tantos agresores sexuales como vecinos pone nerviosos a algunos de los locales.
Kathy fue violada cuando era adolescente mientras la amenazaban con un cuchillo. Décadas después del incidente, aún le es difícil vivir con los recuerdos. No asocia al pueblo del milagro -como se traduciría el nombre de Miracle Village- con nada tan positivo.
“No pienso que sea ningún milagro”, le dice a la BBC. “Quizás lo es para los delincuentes sexuales de Miracle Village pero para mí es más como ‘la pesadilla en Elm Street'”.
El alcalde de Pahokee, Colin Walkes, cree que la gente está empezando a aceptar a sus inusuales vecinos.
“Sé que al principio había mucha oposición, pues se trataba de proteger nuestro principal bien: nuestros niños. Pero estamos avanzando y este es un país de segundas y terceras oportunidades para la gente que comente errores”, opina.
“Si las autoridades están involucradas y no hay problemas, la comunidad los aceptará”, anticipa.
Las autoridades
Es responsabilidad de la detective Courtney Minton, de la Unidad de seguimiento de delincuentes sexuales del condado de Palm Beach, controlar a los agresores sexuales que viven en Miracle Village.
Semanalmente verifica direcciones y se asegura de que los residentes registraron todos sus datos de acuerdo con la ley.
En una calurosa mañana de junio recorre las calles en su camioneta roja, deteniéndose en las casas que tiene en la lista. Algunos de los requeridos no están pues tienen empleo, así que les deja una nota. En una de las viviendas, habla con la esposa del delincuente.
De vuelta en su camioneta, reflexiona sobre su trabajo: a menudo, conoce muy de cerca los crímenes cometidos.
“El exconvicto que acabo de chequear es un caso en el que trabajé hace unos años como detective: estaba abusando de sus hijas. Presenté cargos en su contra, trabajé en la investigación y luego estuvo en la cárcel y salió. Ahora me corresponde vigilarlo”, le cuenta a la BBC.
El costo
La detective Minton tiene 300 casos a su cargo. Hay 900 agresores sexuales inscritos en el condado de Palm Beach. En Florida, hay unos 55.000. La aplicación de las leyes de residencia es costosa.
Además, se debate si las restricciones realmente proveen más seguridad para la población.
Quienes se oponen dicen que no hay evidencia empírica que muestre que la tasa de reincidencia es menor entre los delincuentes sexuales que viven lejos de lugares como los colegios.
Quienes apoyan la ley argumentan que es cuestión de sentido común: si uno deja a agresores sexuales merodear por donde se reúnen menores, el riesgo aumenta.
Muchos de quienes residen en Miracle Village lo hacen pues no pueden encontrar ningún otro lugar en Florida que cumpla con la ley.
Para otros, es su hogar.
¿Qué pasaría si se revocaran las leyes de residencia y los agresores sexuales fueran libres para vivir donde quieran?
“Se quedarían a vivir aquí”, asegura Pat Powers. “Es muy tranquilo aquí, en la mitad de la nada”.
Fuente: BBc Mundo
Refugiados sirios en Turquía sufren abusos sexuales y tráfico de órganos
La fuente agregó que hasta el momento se ha encontrado los cadáveres de decenas de niños sirios cuyos órganos han sido vendidos.
El 20 del pasado febrero, el diputado del opositor Partido Republicano Popular de Turquía (CHP, por sus siglas en turco), Faruq Logoglu, informó de la venta de mujeres y niñas desplazadas sirias en Turquía a los jeques ricos de los países árabes.
Tras referirse a la presencia de unos 180 mil desplazados sirios en Turquía, el diputado de CHP reveló, también que los niños refugiados reciben entrenamientos para usar armas de fuego y ser enviados a Siria para luchar contra las fuerzas de seguridad sirias.
Los sirios que viven actualmente en los campos de refugiados en Turquía enfrentan varios problemas. La semana pasada, el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan autorizó la deportación de entre 600 y 700 refugiados sirios, tras los disturbios registrados el miércoles en el campo de Suleyman Shah.
La muerte de un menor en un incendio por un fallo en el suministro eléctrico en una de las tiendas de refugiados, dio inicio a unos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad turcas y los sirios que confirman el fallecimiento de hasta 16 menores de edad en este campamento por la misma causa.
Desde el comienzo de los disturbios en Siria, a mediados de marzo de 2011, Ankara ha apoyado abiertamente a los grupos armados que luchan contra el Gobierno de Damasco y ha pedido explícitamente la renuncia del presidente de Siria, Bashar al-Asad.
ka/rh/msf
Perú: Condenan a 20 años de prisión a mujer que violó a joven esquizofrénico
Silvia Lozada Vila (35) abusó sexualmente de Carlos Saenz Gálvez cuando este tenía 19 años de edad. Producto de la violación nació un niño. La defensa de la mujer sostuvo que apelará la condena.
El 17° Juzgado Penal de Lima sentenció a 20 años de prisión a Silvia Lozado Vila (35) por violar a un joven con esquizofrenia paranoide y retardo mental en el 2004.
La mujer trabajó años atrás en la vivienda de Carlos Sáenz Gálvez (27), en donde lo violó cuando este tenía 19 años. Luego de cometer el hecho, la mujer desapareció, informó Primera edición.
En el 2007, Lozano volvió a la casa de Sáenz, pero esta vez acompañada por un niño, a quien identificó como hijo del joven. Actualmente, el menor tiene ocho años de edad.
Fue entonces que la madre del joven inició un proceso legal en el que se declaró que Saenz era incapaz absoluto de haber tenido relaciones sexuales con Lozada. Además, se confirmó por una prueba de ADN que el niño era efectivamente su hijo.
Tras la sentencia, Lozada Vila fue detenida y trasladada a la carceleta del Poder Judicial. La defensa de la mujer señaló que apelará la condena.
Fuente: Perú21
Perú: Mujeres denuncian que jueces no atienden casos de violación sexual
Huánuco se ha convertido en el espejo más cruel de nuestra sociedad. La cantidad de denuncias de violación sexual contra menores de edad se incrementa cada mes, el 30 por ciento de internos del penal de Huánuco son acusados por ese delito. Sin embargo, lo más grave, es que un número considerable de delincuentes termina libre o con sanciones que no se ajustan a la gravedad de su delito.
Esto ocurrió en un distrito del centro de Huánuco con “María”, una adolescente de 12 años que fue violada el 5 de marzo de 2007 por Miquer Daza Melgarejo, vecino suyo.
“Si dices algo elimino a tu mamá”, le dijo el violador para intimidarla. Lo logró. La niña calló su dolor. Quince días después, Daza volvió al ataque, la cogió a la fuerza y la metió a su domicilio. Mercedes, madre de la niña, alertada por un vecino, llegó al domicilio de Daza y luego de insistir logró que el delincuente abriera la puerta. Al principio dijo estar sólo, pero vio a su hija amarrada debajo de su cama. Los vecinos fueron testigos del hecho, llamaron a la policía y el sujeto fue recluido en el centro penitenciario de la ciudad.
Ese sería solo el comienzo de la historia. Luego de que tanto Mercedes como su hija, acudieran a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial, la defensa del violador “convenció” a los jueces de que no existían pruebas.
Los médicos legistas confirmaron la violación, los vecinos vieron a la niña amarrada debajo de la cama, Daza declaró que fue la niña quien lo sedujo. Sin embargo, su defensa alegó impotencia.
Según los abogados de la ONG Paz y Esperanza, la prueba médica que presentó Daza es absurda y revela la forma cómo son tratados estos casos en esa ciudad. “Un doctor manipula el miembro del violador y si éste no logra una erección, es declarado impotente. Con esta metodología, la mayoría de violadores tienen una vía de acceso a la impunidad”. Este método se le aplicó a Daza. Y éste fue una de las razones que llevaron al presidente de la Corte Superior de Huánuco, Jorge Picón, a dejarlo en libertad.
“Si usted hiciera una investigación de todos los casos de violación a nivel nacional, vería la cantidad de jueces que están procesados por este tipo de acciones”, dijo Picón. Asimismo, justificó su decisión afirmando que “mi especialidad no es la penal. Siempre he sido magistrado civil, ese no es mi tema”.
El juez Jorge Picón, junto a Vergara Malqui y a la magistrada Cecilia Garay decidieron absolver a Daza por falta de pruebas.
Pero este es sólo un pequeño ejemplo de lo que ocurre en Huánuco. La cantidad de denuncias de violación frustradas es tan alta que, aunque parezca insólito, se ha conformado una asociación de madres cuyos hijos han sido abusados sexualmente y cuyas denuncias no obtienen la debida justicia. Esta asociación se llama Tamar y cuenta con más de 150 representantes. La mayoría de mujeres que integran esta asociación denuncian que todo el sistema legal beneficia a los violadores, desde el policía que acusa a la madre de dejar sola a su hija, hasta los médicos legistas, fiscales y jueces.
Este grupo de madres, junto a la ONG Paz y Esperanza y otras ONGs que velan por los derechos de mujeres y niños presentaron en setiembre del 2011 ante el Consejo Nacional de la Magistratura documentos referidos a los fallos de Jorge Picón y el resto de jueces que integran la Sala Penal de Huánuco.
Ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Picón dijo que no especialista en materia penal. Esta, entre otras consideraciones, llevó al Consejo a no ratificarlo. Sin embargo, el magistrado ha demandado ante un juzgado civil por 3 millones de soles a las ONGs que presentaron documentos ante el órgano fiscalizador de jueces. “Han dañado mi imagen y el CNM me saca porque le da la gana, simplemente”, nos dijo Picón en una entrevista.
El proceso que Mercedes Tucto Ramírez inició en contra de Daza por la violación a su hija fue evaluado por la Corte Suprema y ésta encontró tal cantidad de vicios y errores que ha ordenado que se reinicie el juicio. El acusado, sin embargo, ya huyó.
Lo que más le preocupa a Mercedes y a las mujeres de Tamar, sin embargo, es que el magistrado Picón, quien ha presentado una acción de amparo en Huánuco, pueda volver al cargo. Ellas están dispuestas a venir a Lima para pedir justicia.
Jerónimo Centurión
Fuente: diario16 (más…)