Las mexicanas que son encarceladas por abortar

Alberto Nájar

BBC Mundo, Ciudad de México

 Miércoles, 7 de agosto de 2013

Hilda, mexicana encarcelada por abortarHilda fue encarcelada por un aborto. Imágenes cortesía de GIRE.

Una tarde Hilda ayudó a su madre a cargar cubetas con agua hasta su casa en Las Palmas, una zona rural de San Luis Potosí, México. El esfuerzo le provocó una hemorragia al día siguiente y, asustada, fue a un hospital a pedir ayuda.

No la encontró. Una doctora la acusó de haberse provocado un aborto, aunque la chica de 18 años lo negó. Luego le dijo que sólo le ayudaría si confesaba haberse tomado una píldora para interrumpir el embarazo. Adolorida, con la hemorragia cada vez más intensa, Hilda aceptó.

Horas después, vestida con una bata del hospital, la joven fue encarcelada por haberse provocado un aborto, algo prohibido en las leyes de San Luis Potosí.

“Empezaron a tomarme fotos, dijeron que era una asesina”, cuenta la chica en un video difundido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización civil a favor de los derechos de las mujeres.

Eso ocurrió en 2009. En ese momento el fiscal no pudo probar que el aborto había sido provocado y dejó libre a Hilda, pero hace unos meses un juez ordenó su encarcelamiento y después, sin audiencias de por medio, la sentenció a un año de prisión.

Los abogados de GIRE dicen que es una decisión injusta. “Fue condenada sin pruebas suficientes ni científicas que demuestren su responsabilidad en los hechos, y su confesión fue arrancada bajo presión médica y sin presencia de un abogado”, le explica a BBC Mundo Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica de la organización.

Actualmente Hilda cumple su sentencia en libertad, aunque GIRE solicitó al Tribunal Supremo de Justicia del estado que se le someta a un nuevo juicio imparcial donde pueda defenderse.

Castigar sólo a pobres

“Ya no puedo salir igual que antes sin que me juzguen o sin que me señalen”

Hilda, mexicana encarcelada por un aborto

Casos como el de Hilda son comunes en México. Organizaciones civiles han documentado que desde 2009 decenas de mujeres han sido encarceladas porque su embarazo fue interrumpido.

No existe una cifra concreta pues México carece de un registro nacional de las mujeres en prisión por abortar. Las estadísticas corresponden a cada procuraduría (fiscalía) estatal pero son pocas las que lo hacen, dicen las organizaciones.

Muchas son acusadas de cometer homicidio en razón de parentesco, pero en las estadísticas locales no se hace una depuración. Eso hace muy difícil distinguir a las mujeres que abortaron, pues en ese delito se incluye a quienes efectivamente asesinaron a algún pariente.

Lo que es claro, aseguran las organizaciones civiles, es que entre las encarceladas abundan los casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos por enfermedad, desnutrición o por trabajar en el campo en condiciones insalubres, pero aún así fueron detenidas y recibieron sentencias de hasta 35 años en prisión.

En todas, el común denominador es que son mujeres pobres, le comenta a BBC Mundo Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres. “En este delito la justicia es selectiva, sólo focaliza sus esfuerzos para criminalizar a mujeres pobres. Es un dato que sucede en todo el país”, asegura.

Los médicos también contribuyen al problema, sobre todo en los casos donde las mujeres deciden interrumpir su embarazo pero fallan en el proceso.

Cuando acuden a algún hospital público los médicos, enfermeras o trabajadoras sociales las denuncian ante las autoridades.

“Hacen un tipo de tortura psicológica y emocional para que digan qué se hicieron, cuando lo que tienen que hacer en principio es salvaguardar la vida de las mujeres”, dice la activista.

“Ellos no tienen que denunciar, aunque tuvieran la sospecha de que están frente a un delito es una presunción, no tienen por qué criminalizar o juzgar”.

Criterios

Hilda, mexicana encarcelada por un abortoHilda vive en una comunidad marginada de San Luis Potosí.

En México el aborto está permitido bajo ciertas condiciones: cuando el embarazo es producto de un abuso sexual, por riesgo de muerte de la madre, malformaciones congénitas o genéticas del feto, inseminación artificial no permitida o en los casos de los llamados “abortos imprudenciales”, que suceden por accidente, enfermedad o porque su cuerpo rechaza el embarazo.

El problema es que se aplique la ley, advierte Alma Beltrán de GIRE, pues en muchos casos los médicos o autoridades locales no permiten que el embarazo se interrumpa incluso en los casos de violación o riesgo de salud.

Y es que no existe una norma que les obligue a cumplir con esas disposiciones. Hacerlo o no está bajo su criterio, coinciden las activistas. Así, muchas mujeres sentenciadas por cometer un aborto cumplen su pena en libertad, mientras que a otras se les acusa de homicidio en razón de parentesco considerado delito grave y por ello pueden pasar hasta 25 años en la cárcel.

La decisión de elegir entre un delito y otro depende de los fiscales quienes frecuentemente tienen prejuicios respecto al problema, asegura la directora de Las Libres.

Además la legislación sobre el tema varía en el país. En 17 de los 32 estados se protege a la vida desde el momento de la concepción, mientras que en Ciudad de México se permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

En el fondo, la diferencia en la aplicación de las leyes es una forma de criminalización a las mujeres, especialmente en condición de pobreza o con escasos estudios, asegura Verónica Cruz.

Su organización, por ejemplo, ha documentado muchos casos en regiones indígenas de Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí, así como en municipios marginados de Guanajuato.

Allí “las mujeres no tienen nunca la posibilidad de demostrar su inocencia”, insiste. Eso ocurrió con Hilda a quien las acusaciones que enfrenta la causaron un daño difícil de reparar.

“Ya no puedo salir igual que antes sin que me juzguen o sin que me señalen”, cuenta. “Quisiera estudiar, quisiera llegar a ser alguien en la vida”.

 

Fuente: BBC Mundo

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Los hijos del encierro

Problemas para establecer lazos afectivos, desconfianza del entorno, embarazos precoces y proyectos de vida truncados, sufren los hijos de las presas.

ESTUDIO”
El daño emocional y los problemas de salud mental que afectan a los hijos de las mujeres encarceladas, es analizado en el trabajo “Reconstruyendo Historias: un estudio sobre las consecuencias sicosociales de la detención durante el conflicto armado en el Perú”, elaborado por el Centro de Atención Psicosocial (CAPS).

Para Carmen Wurst Calle, directora de Desarrollo Institucional de CAPS, el principal daño que soportará un niño que sufre la separación violenta de su progenitora porque ésta es encarcelada recaerá sobre su posibilidad futura de establecer lazos afectivos con los demás, su confianza en sí mismo y su autoestima.

“En el estudio, 34% de las madres refirieron que sus hijos estaban afectados y que el principal problema que presentaban era en relación al afecto, la tristeza, llanto y depresión, así como una fuerte carga de resentimiento. A esto se suma la inseguridad, los temores y la interrupción de un proyecto de vida, porque muchos de estos chicos pudieron lograr un futuro distinto a una vida con problemas mentales”, explica Wurst.

Otro aspecto crucial que detectó el estudio de CAPS es que la mayoría de niños que se vieron de golpe bajo el cuidado de personas distintas a sus madres, pese a que en la mayoría de casos quedaron bajo custodia de familiares, se sintieron insatisfechos y desarrollaron la urgencia de formar sus propias familias e iniciaron tempranamente una vida de pareja, trayendo embarazos adolescentes.

TRISTES SECUELAS
La especialista comenta que los mayores daños se dan en los niños más pequeños, pues sufren traumas en torno a la confianza. “Son chicos a quienes les es difícil hacer vínculos de afecto, pasan de una pareja a otra, básicamente esa contención inicial que necesita todo ser humano para poder vivir y tener seguridad en su entorno. En esos casos sí hay más secuelas”, detalló la especialista de CAPS.

La representante de CAPS aclara que si bien en nuestro país se ha establecido el estudio tomando como base a las mujeres presas durante el conflicto armado interno, los daños en los hijos se pueden presentar en cualquier caso en que son separados de forma violenta de sus progenitoras.

Más aún, dice, cuando el familiar que queda a cargo del cuidado del menor le miente sobre el paradero de la madre, ya que cuando el niño descubre la verdad rompe la posibilidad de confiar en los demás.

OTRA SECUELA
El fantasma del suicidio
Aunque los daños a nivel de salud mental que padecen los menores que fueron separados de sus madres porque éstas tuvieron que ser recluidas en un penal son de nivel emocional y de confianza, un grave indicador en común enmarca a un 41% de estos menores, pues ellos mostraron intentos de suicidio, mientras que un 55% ha tenido ideas suicidas.

Otro de los daños que el reporte de CAPS señala es que los menores afectados por este trauma indicaron durante las entrevistas hechas para elaborar el informe que el 68% tiene tendencia a decir mentiras y el 64% continuó su vida diciendo mentiras.

Wurst explicó que este tema se basa en la confianza, pues en la mayoría de casos a los niños se les miente sobre el paradero de las madres. “Al final el menor descubre la verdad y las consecuencias son peores porque no podrá recobrar la confianza en su círculo familiar ni establecer lazos de confianza con su entorno”.

CAPS estableció que en el Perú, al menos el 80% de las mujeres presas son madres, por lo que ha diseñado una serie de recomendaciones al Estado para atender el problema.

“Acá los niños solo pueden estar con sus madres en los penales hasta los tres años, pero en otros países les permiten estar hasta los 12, aunque no hay un estándar, se podría elevar el rango en nuestro país”, precisó la especialista.

Omar Olivares
Redacción

Fuente: laprimera Continúa leyendo “Los hijos del encierro”