Una tarde Hilda ayudó a su madre a cargar cubetas con agua hasta su casa en Las Palmas, una zona rural de San Luis Potosí, México. El esfuerzo le provocó una hemorragia al día siguiente y, asustada, fue a un hospital a pedir ayuda.

No la encontró. Una doctora la acusó de haberse provocado un aborto, aunque la chica de 18 años lo negó. Luego le dijo que sólo le ayudaría si confesaba haberse tomado una píldora para interrumpir el embarazo. Adolorida, con la hemorragia cada vez más intensa, Hilda aceptó.

Horas después, vestida con una bata del hospital, la joven fue encarcelada por haberse provocado un aborto, algo prohibido en las leyes de San Luis Potosí.

“Empezaron a tomarme fotos, dijeron que era una asesina”, cuenta la chica en un video difundido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización civil a favor de los derechos de las mujeres.

Eso ocurrió en 2009. En ese momento el fiscal no pudo probar que el aborto había sido provocado y dejó libre a Hilda, pero hace unos meses un juez ordenó su encarcelamiento y después, sin audiencias de por medio, la sentenció a un año de prisión.

Los abogados de GIRE dicen que es una decisión injusta. “Fue condenada sin pruebas suficientes ni científicas que demuestren su responsabilidad en los hechos, y su confesión fue arrancada bajo presión médica y sin presencia de un abogado”, le explica a BBC Mundo Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica de la organización.

Actualmente Hilda cumple su sentencia en libertad, aunque GIRE solicitó al Tribunal Supremo de Justicia del estado que se le someta a un nuevo juicio imparcial donde pueda defenderse.

Castigar sólo a pobres

Casos como el de Hilda son comunes en México. Organizaciones civiles han documentado que desde 2009 decenas de mujeres han sido encarceladas porque su embarazo fue interrumpido.

No existe una cifra concreta pues México carece de un registro nacional de las mujeres en prisión por abortar. Las estadísticas corresponden a cada procuraduría (fiscalía) estatal pero son pocas las que lo hacen, dicen las organizaciones.

Muchas son acusadas de cometer homicidio en razón de parentesco, pero en las estadísticas locales no se hace una depuración. Eso hace muy difícil distinguir a las mujeres que abortaron, pues en ese delito se incluye a quienes efectivamente asesinaron a algún pariente.

Lo que es claro, aseguran las organizaciones civiles, es que entre las encarceladas abundan los casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos por enfermedad, desnutrición o por trabajar en el campo en condiciones insalubres, pero aún así fueron detenidas y recibieron sentencias de hasta 35 años en prisión.

En todas, el común denominador es que son mujeres pobres, le comenta a BBC Mundo Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres. “En este delito la justicia es selectiva, sólo focaliza sus esfuerzos para criminalizar a mujeres pobres. Es un dato que sucede en todo el país”, asegura.

Los médicos también contribuyen al problema, sobre todo en los casos donde las mujeres deciden interrumpir su embarazo pero fallan en el proceso.

Cuando acuden a algún hospital público los médicos, enfermeras o trabajadoras sociales las denuncian ante las autoridades.

“Hacen un tipo de tortura psicológica y emocional para que digan qué se hicieron, cuando lo que tienen que hacer en principio es salvaguardar la vida de las mujeres”, dice la activista.

“Ellos no tienen que denunciar, aunque tuvieran la sospecha de que están frente a un delito es una presunción, no tienen por qué criminalizar o juzgar”.

Criterios

En México el aborto está permitido bajo ciertas condiciones: cuando el embarazo es producto de un abuso sexual, por riesgo de muerte de la madre, malformaciones congénitas o genéticas del feto, inseminación artificial no permitida o en los casos de los llamados “abortos imprudenciales”, que suceden por accidente, enfermedad o porque su cuerpo rechaza el embarazo.

El problema es que se aplique la ley, advierte Alma Beltrán de GIRE, pues en muchos casos los médicos o autoridades locales no permiten que el embarazo se interrumpa incluso en los casos de violación o riesgo de salud.

Y es que no existe una norma que les obligue a cumplir con esas disposiciones. Hacerlo o no está bajo su criterio, coinciden las activistas. Así, muchas mujeres sentenciadas por cometer un aborto cumplen su pena en libertad, mientras que a otras se les acusa de homicidio en razón de parentesco considerado delito grave y por ello pueden pasar hasta 25 años en la cárcel.

La decisión de elegir entre un delito y otro depende de los fiscales quienes frecuentemente tienen prejuicios respecto al problema, asegura la directora de Las Libres.

Además la legislación sobre el tema varía en el país. En 17 de los 32 estados se protege a la vida desde el momento de la concepción, mientras que en Ciudad de México se permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

En el fondo, la diferencia en la aplicación de las leyes es una forma de criminalización a las mujeres, especialmente en condición de pobreza o con escasos estudios, asegura Verónica Cruz.

Su organización, por ejemplo, ha documentado muchos casos en regiones indígenas de Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí, así como en municipios marginados de Guanajuato.

Allí “las mujeres no tienen nunca la posibilidad de demostrar su inocencia”, insiste. Eso ocurrió con Hilda a quien las acusaciones que enfrenta la causaron un daño difícil de reparar.

“Ya no puedo salir igual que antes sin que me juzguen o sin que me señalen”, cuenta. “Quisiera estudiar, quisiera llegar a ser alguien en la vida”.