La semana pasada, el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció su política en materia de lucha antiterrorista, en especial respecto a los presos que están en Guantánamo sin ninguna acusación, y acerca del cierre de esta prisión en la isla de Cuba.
Las líneas generales de su política abarcan el cierre de Guantánamo, la transferencia de los presos a cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, así como enjuiciamiento penal en tribunales civiles o militares a esos presos que, en algunos casos llevan ocho años sin que se les haya abierto ninguna causa, y crear “un marco legal legítimo” para tratar esos casos.
Según el Partido Republicano, el ex vicepresidente Dick Cheney y tanto medios como comentaristas de la derecha, Obama está poniendo en riesgo la seguridad nacional. En estos días, Cheney ha estado insistiendo en que los interrogatorios “reforzados”, o sea, usando tortura, fueron útiles para prevenir más ataques terroristas contra Estados Unidos. Al mismo tiempo, los críticos de la derecha y una parte de la población creen que es un error traer presos peligrosos al territorio de Estados Unidos. Parte del Congreso le está bloqueando los fondos al Presidente para cerrar Guantánamo.
Pasos irregulares
Las organizaciones de derechos humanos, parte del Partido Demócrata y medios como el New York Times, advierten que Obama está cometiendo el error de seguir los pasos legalmente irregulares del Gobierno de George W. Bush.
Desde enero pasado, Obama ha prohibido el uso de la tortura, ha revelado las notas internas que los asesores jurídicos de Cheney y del ex ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, prepararon para justificar el uso de la tortura, la anulación del habeas corpus y la no vigencia de los principios de la Convención de Ginebra en tiempos de “guerra contra el terror”.
Pero junto a estas medidas positivas, el Gobierno actual no ha permitido que se divulguen más fotos sobre las violaciones de derechos humanos en las prisiones de Guantánamo, Abu Ghraib y otras, y ha dejado abierta la puerta a que se puedan transferir prisioneros entre países, la práctica denominada extraordinary renditions, para torturarlos fuera de Estados Unidos.
Convención de Ginebra
La cuestión más polémica del discurso de Obama, la semana pasada, es que tribunales especiales militares juzgarán a algunos de los presos de Guantánamo. Según la lógica ilegal que aplicaron Bush y su Gobierno, estos presos eran “combatientes sin ley” y terroristas internacionales no asociados a las fuerzas armadas de ningún país. Por lo tanto, debían ser juzgados por tribunales especiales y no regirían para ellos convenciones, como la de Ginebra, firmadas entre Estados.

La Convención de Ginebra, sin embargo, se aplica para todo tipo de combatientes y, por otro lado, Estados Unidos cuenta con una infraestructura, tradición, y cuerpo jurídico técnico suficientemente cualificado, además de las prisiones de alta seguridad, para juzgar a estos prisioneros en tribunales ordinarios.
Los tribunales militares que creó Bush aceptaban como evidencia confesiones obtenidas bajo tortura. Obama ha indicado que los presos sometidos a estos tribunales especiales tendrán más garantías, pero eso no ha conformado a las organizaciones de derechos humanos y juristas estadounidenses que ven, en los pasos que está dando el Presidente, un intento de quedar bien con todo el mundo pero que van en contra de los principios legales a los que Estados Unidos se ha adherido desde hace décadas, y a los que debe volver urgentemente.
* Mariano Aguirre es director del Centro Noruego de Construcción de la Paz (NOREF), Oslo.
Fuente: Radio Nederland